En la Facultad de Derecho hay diferencias históricas, surgieron desde su creación como escuela y subsisten al día de hoy. Tienen que ver con una ineludible realidad: la escuela es un coto de poder político cuyos hilos se mueven desde el Palacio de Gobierno, pasando por la administración central de la Universidad.
El conflicto suscitado en la Selva Lacandona requiere ser analizado y abordado desde la perspectiva de los derechos indígenas. El derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, el derecho al medio ambiente y el derecho al territorio se encuentran interrelacionados y deben ser respetados y garantizados por el Estado.
Asesor de la Comunidad Lacandona es acusado del delito Atentado contra la Paz y la Integridad Corporal y Patrimonial de la Colectividad y del Estado, propio de sociedades con gobiernos autoritarios, y en nuestro contexto tuvo una amplia utilización durante el gobierno de Patrocinio González Garrido, aunque también fue utilizado por “el gobierno de la esperanza” y el de Sabines.
Gobierno determina arbitrariamente que quienes deberían recibir una compensación de 15 millones de pesos a cambio de entregar las tierras es Chenalhó. Tal decisión lejos de abonar a resolver el conflicto lo reactiva, retrocediendo seis años en el proceso de resolución.
En los gobiernos democráticos las libertades se ensanchan, se promueven y se respetan; en los que no lo son se restringen, inhiben y limitan. Esta última es la finalidad del Código que Establece el Uso Legítimo de la Fuerza por las Instituciones de Seguridad Pública en el Estado de Chiapas.
Además de no contar con un organismo eficaz y confiable para la defensa de nuestros derechos, el gobierno de Chiapas ahora pretende dotar a las policías de facultades legales para atropellar nuestros derechos al amparo del Código sobre el uso “legítimo” de la fuerza.
En Chiapas, las violaciones a los derechos humanos continúan presentándose día a día, y la procuración de justicia es el escenario más frecuente en que se presentan. Ello se debe a que existen “espacios oscuros” de la ley que posibilitan que las violaciones se perpetren.
La Red Iberoamericana de Jueces aspira a que los miembros y funcionarios letrados de la judicatura que necesita Latinoamérica sean Jueces y juezas conscientes y comprometidos culturalmente, altermundistas, que rechacen el pensamiento único, que sientan cada injusticia en cualquier parte de nuestra región como propia y urgente, y estén imbuidos de la realidad de los pueblos latinoamericanos.
Es realmente lamentable no contar con políticas públicas diseñadas para hacer efectivo el derecho a la igualdad en una sociedad pluricultural como la de San Cristóbal de las Casas.