La falta de reconocimiento de los pueblos indígenas, la incapacidad de perseguir delitos ambientales y la presencia abrumadora del crimen organizado en la Sierra Tarahumara, son tan solo algunas de las problemáticas que evidenciaron la incapacidad del Estado por erradicar la crisis forestal en Chihuahua.
El 1 de julio de 2021 se cumplen tres años de la ausencia de María de Jesús Patricio Martínez en la boleta electoral para la presidencia de México. Estas fotografías son un testimonio de los primeros meses del recorrido del Concejo Indígena de Gobierno por el territorio mexicano.
La actual crisis de sequía que vive Chihuahua y el problema recurrente de tala ilegal, se han vuelto la mancuerna perfecta para desatar más de una decena de incendios que arrasan con los bosques del territorio indígena.
Ni el sol abrasador, la dura jornada de pie o la presencia de elementos de seguridad estatal, fueron impedimentos para que los pueblos originarios de la Sierra Tarahumara reclamaran con danzas, música y un espíritu de unión, el respeto a su territorio que se ve amenazado por empresarios y actores priístas.
Amenazas, intimidaciones y un arresto son algunas de las consecuencias que están enfrentando los ejidatarios de Valerio, en Valle de Zaragoza, por bloquear el acceso a la Mina el Gato, en protesta por las afectaciones ambientales.
Docentes, investigadores y un funcionario público, mestizos y rarámuri, reflexionaron y discutieron sobre los procesos de educación en la Sierra Tarahumara, sus logros y dificultades a un año del inicio del confinamiento por COVID-19.
En las puertas del Palacio Nacional en la Ciudad de México, aproximadamente a 1,437 km de distancia de la Sierra Nombre de Dios en ciudad Chihuahua, un ciudadano entregó un oficio dirigido a Andrés Manuel López Obrador para pedirle expropiar la zona del sitio arqueológico de Navacoloaba por el peligro que corre de desaparecer.
A más de 250 kilómetros de la capital chihuahuense, lejos de los reflectores mediáticos y gubernamentales, una mujer rarámuri lucha por los derechos de las mujeres en un territorio confrontado constantemente por la adversidad, todo con tal de asegurar que miles de niñas y mujeres indígenas puedan construir una vida libre, plena y feliz.
El Tribunal acreditó violaciones a derechos humanos de la comunidad indígena rarámuri de Coloradas de la Virgen.