Justicia transicional e historia. La 4T y sus fronteras políticas

Andrés Manuel López Obrador

Jesús Solís (Observatorio de las Democracias, sur de México y Centroamérica)

En el proceso de constitución de las sociedades democráticas en el mundo, los mecanismos de justicia transicional han ocupado un lugar central. Las sociedades que han transitado a la democracia han considerado como valor importante la reconciliación con su pasado y sus sucesos traumáticos. En forma técnica, se plantea como un problema jurídico la posición de la sociedad actual ante las violaciones a derechos humanos en el pasado. En tal sentido, se han implementado instrumentos judiciales y no judiciales para resarcir lo que ha sido categorizado como violaciones a derechos humanos. Tribunales populares, juicios ministeriales, comisiones de la verdad, programas de reparación de daños, memoriales oficiales, son algunos de los mecanismos que los gobiernos o la sociedad civil organizada han puesto en marcha para la atención de las víctimas. Cuestión central y relevante en esto es la identificación de las víctimas, y el reconocimiento legítimo de las mismas, sea por acción institucional o por acción directa de los mismos, valga la redundancia, actores sociales.

En México existe en la historia reciente, y más concretamente en el período de transición a la democracia, experiencias y expresiones diversas de implementación de juicios y tribunales populares, comisiones por la verdad e infinidad de programas de atención a víctimas del pasado y memoriales oficiales.

En los últimos meses el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) abrió un debate público cuando solicitó a España y a la Iglesia Católica que ofrecieran disculpas al pueblo de México por los excesos y errores cometidos durante la colonización y evangelización. En septiembre pasado el Papa Francisco, mediante una misiva, ofreció disculpas por los “pecados cometidos que no contribuyeron a la evangelización”. Algo que agradó al jefe de Estado mexicano. Por otra parte, de las representaciones institucionales españolas no ha habido pronunciamiento, pese a la insistencia del presidente AMLO; y más bien ha habido un vivo debate que muestra la herida abierta en el espíritu de ambas naciones.

Pero estas heridas y deudas históricas son también internas y profusas en nuestro país. En la misma postura de reconciliación y reparación de daños, en semanas pasadas el presidente AMLO en una ceremonia oficial solicitó al pueblo Yaqui que perdonara al Estado mexicano por los abusos e injusticias cometidas en el pasado.

Las interrogantes que se abren con esta acción simbólica son muchas; y muchas también las lecturas posibles. ¿Por qué en un país en el que los excesos del poder instituido han sido innumerables y las víctimas no solo incontables sino cultural y étnicamente plurales, el jefe del Estado mexicano resuelve implementar un mecanismo de justicia restaurativa en un pueblo en particular? Se puede alegar, en el estilo coloquial del presidente, que no se puede ser “candil de la calle y oscuridad de su casa” o en sentido proactivo que “por algún lugar se debía empezar”; en otro plano incluso se podrían alegar razonamientos históricos y morales para debatir la legitimidad y trascendencia de los agravios y las víctimas (evaluar quién o quienes debieran ser los elegidos para el acto justiciero). Y de esto estoy seguro que lo único que sacaríamos sería un sentimental moralismo, propicio para las buenas conciencias (de cualquier signo e identidad ideológica). Para eludir esta trampa de fe y no blasfemar, considero más importante, en esta acción estatal, situar al centro la intencionalidad política y la disputa por la historicidad.

La 4T se ha propuesto, en su decir, transformar al país, usando como motor de cambio no solo la administración puesta en marcha mediante acciones de gobierno, sino el nivel ideático. Con las acciones es entonces importante también cambiar los discursos y narrativas que habrán de configurar las percepciones sobre el hecho o los hechos. Y para hacerlo es importante construir el campo del antagonismo político a partir de una dualidad simplificadora: el antes y el ahora. De manera insistente AMLO hace ver, sobretodo en situaciones políticamente espinosas o moralmente comprometedoras de sus adversarios, que el actuar del actual Estado mexicano no es igual al del pasado: “así era antes, ahora no”. Se construye una frontera política; y a partir de la referencia negativa se permite entonces la relectura de toda la historia oficial mexicana. El campo del antagonismo político está construido. Y con ello los márgenes en que deben ser dichas o permitidas las acciones de todos los agentes (sociales, políticos…) No es fortuito que desde esta frontera política, convertida en rasero, tirios y troyanos no salgan bien librados.

Y también no es gratuito el hecho de que pese a equívocos y errores de la 4T, sus niveles de aceptación popular apenas se vean trastocados, en virtud de que con todo, lo que sea que hagan es menos grave que todo lo ocurrido antes.

La retroacción estatal, como la observada en el caso del pueblo Yaqui en septiembre pasado, es un ejemplo de lo que he sostenido antes. No es nueva la acción estatal entre el pueblo Yaqui. Es por el contrario, persistente y pareciera incluso de carácter prioritario. En 1937 el Presidente Lázaro Cárdenas mediante Acuerdo Presidencial reconoció 485 mil hectáreas para el Pueblo Yaqui. En la década de 1970 se diseñó un Plan para el Desarrollo de la tribu Yaqui, que tras fallas fue reformulado y puesto en marcha un Segundo Plan a finales de la década de 1980. Se registraron posterior a este período más acciones gubernamentales. Como he dicho, no hay nada nuevo en la acción estatal de la 4T, incluso porque sigue el mismo esquema del pasado: plan de desarrollo y acciones afirmativas de tipo étnico. Lo nuevo es el contexto global y el local nacional.

En lo global, como indiqué al principio, las sociedades consideradas democráticas sitúan como valor importante el reconocimiento de las víctimas y la conciliación con su pasado. Una sociedad y un Estado que se precie de ser democrático no puede encontrarse en contracorriente de los valores en predominio de lo conceptualmente democráticamente establecido. Y en lo local nacional, es importante para un nuevo proyecto político estatista como la 4T delimitar, con la mayor nitidez posible, el campo de antagonismo político; y agravios como los sufridos por el pueblo Yaqui son materia para esa delimitación. No es mero instrumentalismo político, porque pudo, como también dije antes, ser cualquier otra sociedad o sector social con igual, peor o similares agravios. Es una acción interesada en lo político y en la historia. En marcar y presentar el reverso negativo del pasado en relación con este presente político. Marcar y remarcar las fronteras políticas.

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