En la inmovilidad, Comisión Especial del Feminicidio

Foto: Isain Mandujano/ Chiapas PARALELO.

A poco más de un año de que la Cámara de Diputados instaló la Comisión Especial del Feminicidio, esta instancia no ha realizado acciones parlamentarias para revertir los asesinatos de mujeres en México.

Tras la demanda de grupos civiles que pidieron que desde el Legislativo se creara una comisión investigadora, el 21 de diciembre de 2012 se creó la Comisión Especial del Feminicidio pero desde su instalación, con tres meses de retraso y con sólo cinco integrantes, no ha tomado medidas contra este flagelo.

A enero de 2014 la instancia no ha publicado su informe semestral ni anual de actividades como lo marca el Reglamento de la Cámara de Diputados, y de acuerdo con el sistema de información parlamentaria no ha recibido ninguna iniciativa, proposición o minuta, por lo que al parecer no tiene actividad legislativa.

A pesar de que la Comisión Especial, presidida por la perredista Guadalupe Socorro Flores Salazar, publicó un plan de trabajo en el que señaló que se impulsarían nuevas estrategias legislativas y acciones transversales para la prevención de la violencia, a la fecha se desconoce si se llevaron a cabo y su impacto.

En su momento, la instancia legislativa propuso trabajar con ONU- Mujeres y los poderes Ejecutivo y Judicial, así como realizar estudios para inhibir y prevenir el feminicidio y acabar con la impunidad. Incluso aseveró que las acciones estarían encaminadas a evitar que las autoridades en sus diferentes niveles desvalorizaran a las víctimas o las culparan de las agresiones.

“Nuestro trabajo será arduo porque desde la diplomacia parlamentaria habremos de impulsar pronunciamientos y acciones en los instrumentos internacionales, que eviten que en el mundo cada 15 segundos una mujer sea agredida y no haya mecanismos de defensa, conforme a lo manifestado por la Organización Mundial de la Salud”, según estipula el programa de labores.

Si bien la comisión se formuló como objetivo primordial coadyuvar con las autoridades de Chihuahua, Michoacán, DF, Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Morelos, Sinaloa, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo y Sonora –por ser las entidades con altos índices de asesinatos de mujeres–, poco o nada se sabe de las políticas acordadas e implementadas con tales entidades.

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