Aprueban nuevo Código sin tomar en cuenta a las mujeres

Anayeli García Martínez

YAKIRI

La Cámara de Diputados aprobó hoy la expedición de un Código Nacional de Procedimientos Penales, que –a decir de legisladores de oposición– mantiene los vicios del sistema de justicia en la investigación, procesamiento y sanción de delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, además de no considerar los derechos de las personas menores de edad e indígenas.

Con 407 votos a favor, 28 en contra y 5 abstenciones, las y los diputados aprobaron el Código Nacional de Procedimientos Penales, que entre otros temas permite el arraigo, la geolocalización y detención sin orden judicial y la publicidad de los juicios, pero que a decir de un grupo de legisladores no contempla los derechos de las víctimas y los ofendidos del delito.

Aunque en diciembre de 2012 el compromiso del gobierno federal y de los tres principales partidos políticos fue expedir un Código Penal Único a fin crear un catálogo de delitos para todo el país, al final el Congreso optó por expedir un Código Nacional de Procedimientos Penales que establece las normas que deben seguirse en la investigación, procesamiento y sanción de los delitos.

En la sesión de hoy, el pleno discutió el dictamen y aunque se presentaron diversas reservas para incluir la perspectiva de género y proteger a las mujeres ninguna fue aceptada para su discusión.

PERSISTE REVICTIMIZACIÓN

La diputada del PRD y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, presentó 17 reservas para que el nuevo ordenamiento respondiera a las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y del Comité de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

La legisladora solicitó que se incluyera el principio de la debida diligencia, y que se explicitara que todas las personas que participen en un procedimiento penal reciban un trato digno, libre de discriminación y estereotipos de género, y en igualdad de condiciones y oportunidades.

Una demanda más de la perredista fue que se incluyera el derecho a la intimidad y a la privacidad de las mujeres víctimas de delitos sexuales, pues afirmó que esto respondería a la sentencia de la CoIDH que condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en el caso de feminicidio conocido como Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

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