Llaman a presionar para incluir visión de género en Telecom

nomaspoder04cesarmartinezlopezAnayeli García Martínez

El retraso en la discusión de las leyes secundarias de telecomunicaciones y radiodifusión es una oportunidad para que la sociedad presione para evidenciar las inconsistencias de la propuesta, consideró Aimée Vega Montiel, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM.

Al participar en un foro virtual organizado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), la también coordinadora académica y de investigación de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) destacó que hay que hacer notar que las propuestas no garantizan los derechos de las mujeres a comunicar, acceder a las tecnologías, ni a ser propietarias de medios.

Estaba previsto que ayer las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Radio, Televisión y Cinematografía, así como de Estudios Legislativos, iniciaran la discusión de un dictamen, pero los líderes parlamentarios informaron que ante la falta de acuerdos y tiempo el tema se discutirá en un periodo extraordinario de sesiones en junio próximo.

Al respecto, Vega Montiel señaló que el anuncio de los coordinadores fue resultado de la presión social contra las leyes secundarias que atentan contra la libertad de expresión en internet, sin embargo destacó que también tuvo que ver la inconformidad de los empresarios del sector de las telecomunicaciones.

Explicó que el retraso en la discusión no significa necesariamente que el dictamen final incluya todas las observaciones que desde la sociedad civil y la academia se hicieron, en particular la propuesta de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres y del Frente por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar.

Aseguró que las movilizaciones sociales tuvieron efecto y si bien hay posibilidades de que se apruebe el mismo dictamen que atenta contra los derechos ciudadanos, la sociedad deberá apoyar –en su momento– que se interponga una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La académica criticó que en la discusión de esta reforma prevalezcan los análisis desde un enfoque de “cables y dineros”, es decir, en un lenguaje difícil de entender para la ciudadanía, lo cual en consecuencia dificultó que se apropiara del tema.

Aimée Vega explicó que además de la intención de regular internet, con la propuesta enviada por el Ejecutivo al Senado el pasado 24 de marzo se corre el riesgo de no garantizar un sistema nacional de medios públicos, relegar a los medios comunitarios y restar facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones, además de negar derechos a las audiencias.

Agregó que no hay una mención específica a la promoción de la igualdad de género en la legislación y sólo en una línea se alude a la no discriminación en los contenidos por razón de género, raza, clase social y edad.

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