Los demandantes reclaman la reparación del daño por la presunta actuación irregular de la Fiscalía de Chihuahua durante la fuga masiva que desató una masacre en el Cereso de Ciudad Juárez el pasado primero de enero
El ex fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la SEIDO, está acusado de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos, además fue una pieza clave para la elaboración de la llamada “verdad histórica”
Antonio González Méndez desapareció el 18 de enero de 1999 tras reunirse con un integrante de un grupo paramilitar. Es el primer caso que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones cometidas en el marco de las acciones de contrainsurgencia de la Sedena en Chiapas
Tras casi 40 horas después, el cuerpo el biólogo de 48 años, succionado por una alcantarilla el sábado pasado en un barrio del norte de Tuxtla, fue hallado este lunes flotando en las aguas del Río Grijalva, a más de 12 kilómetros de distancia de donde sufrió el accidente.
La falta de investigaciones y sanciones por tortura se han convertido en las principales razones que impulsan el desplazamiento forzado y afectan de manera significativa a la población en movilidad
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha abierto una puerta para localizar a las personas desaparecidas entre 1965 y 1990, el periodo conocido como la Guerra Sucia. Después de 33 años, Tomas Pérez Francisco será buscado en el municipio de Pantepec. Pero el camino para encontrarlo aún está lleno de obstáculos
Ser muxe, rezadora, portar enagua y huipil dentro de la iglesia del pueblo, es el mérito de Amá Chu Pon de 24 años de edad, por primera vez lo hizo frente a mujeres, hombres y del mismo sacerdote de su natal Juchitán, Oaxaca.
La Red Nacional de Organizaciones Civiles: Todos los Derechos para Todos (RedTDT), lamentó las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que negó hoy la realidad que se vive en Chiapas y de pasó expresó difamaciones y expresiones estigmatizantes en contra de las organizaciones civiles.
San Gerardo, la empresa controlada por la familia, vigila de forma permanente a los habitantes de Santa María Chi y amenaza con intensificar la judicialización de la resistencia popular. Detalles de un modus operandi que avasalla derechos y libertades civiles