Piden en Chiapas llevar a consulta las iniciativas de ley forestal y de biodiversidad

Foto: Ángeles Mariscal

 

De aprobarse en sus actuales términos, indígenas y campesinos perderían el derecho a decidir sobre el uso y destino de sus tierras; y se pondría en riesgo la biodiversidad de áreas naturales protegidas.

Dicen fortalecer la conservación medioambiental, pero abren las puertas para que empresarios de la industria extractiva rompan el ultimo resquicio que les impide explotar los recursos naturales. De aprobarse en el Senado de la República las iniciativas de ley de Desarrollo Forestal Sustentable y de Biodiversidad, le quitan a los pueblos poseedores de las tierras el derecho a decidir sobre su uso y destino, en una clara estrategia de despojo.

¿Qué impide a corporaciones y empresarios explotar los recursos minerales que yacen en el subsuelo de áreas naturales protegidas? ¿Qué les impide perforar pozos petroleros en tierras indígenas? ¿Qué les impide instalar hidroeléctricas, geotérmicas y eólicas?

Las reformas a la ley energética, las condonaciones arancelarias y creación de infraestructura que forma parte de la creación de zonas económicas especiales son algunas de las acciones que el gobierno federal impuso para allanar el camino a la industria extractiva, sin embargo estos proyectos se han detenido principalmente por dos razones: por la existencia de la ley general de equilibrio ecológico que impide la afectación a áreas naturales protegidas, y la soberanía que legalmente tienen los pueblos y comunidades para autorizar o rechazar estos proyectos cuando impacten sus tierras.

En Chiapas estás garantías constitucionales vigentes aún, han impedido, por citar algunos ejemplos, que se abran minas en la zona de amortiguamiento de la Biósfera El Triunfo; y posibilitaron que recientemente indígenas zoques detuvieran el proyecto para abrir 12 pozos para extraer hidrocarburos en su territorio.

El objetivo de empresarios y gobierno es ahora quitar esos obstáculos legales haciendo cambios sutiles o dejando francas omisiones en las dos iniciativas de ley que fueron presentadas a finales de 2016. Cambiar términos como “uso exclusivo para la conservación” a “uso preferente para la conservación”; o quitando el derecho de los pueblos a decidir sobre su territorio cuando se trate de un “interés nacional”, son algunos de los cambios que integran las leyes de Desarrollo Forestal Sustentable y de Biodiversidad.

Y como muestra de esta intencionalidad es que ambas iniciativas fueron orquestadas por integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) vinculados al sector empresarial, y tienen entre sus principales impulsores a Ninfa Salinas, Senadora por este partido, presidenta de la empresa energética Grupo Dragón, e hija de Ricardo Salinas Pliego, poseedor a través de testaferros, de una de cada cuatro concesiones mineras vigentes en Chiapas.

Ante este escenario,  académicos, representantes de grupos conservacionistas y jóvenes universitarios de Chiapas se reunieron en el foro “Diálogos sobre el marco legal para la biodiversidad y manejo sustentables de recursos naturales en Chiapas”, quienes acordaron exigir al Senado de la República una consulta –a los pueblos poseedores de las tierras y a especialistas- para que se revisen las dos iniciativas de ley.

En la reunión donde estuvieron como analistas a Carmen Carmona y Enrique Ongay, especialistas de la UNAM, se argumentó como estas dos iniciativas de ley erogan muchos de los contenidos que ya estaban en la ley general de equilibrio ecológico –entre ellos el capitulo completo de las áreas naturales protegidas-, flexibiliza la ley y da permisos para que corporaciones mercantilicen la flora y la fauna, y crea omisiones y vacíos  que disminuyen las facultades de los pueblos y campesinos dueños de esas tierras para decidir el uso y destino de sus recursos, detalló la bióloga de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), Sandra Urania Moreno Andrade.

Explicó que bajo el argumento del “interés nacional”, se prioriza los intereses económicos de las empresas que ven en los recursos naturales la obtención de riqueza desde una perspectiva mercantilista, en una clara estrategia de despojo.

Por ahora las dos iniciativas ya fueron aprobadas en la Cámara de Diputados, sin embargo aún debe votarse en la Cámara de Senadores. Por ello se exigió al Senado lleva a cabo un proceso de consulta para que se revise y adecúe ambas iniciativas.

Sin comentarios aún.

Deja una respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Comparta su opinión. Su correo no será público y será protegido deacuerdo a nuestras políticas de privacidad.
%d