Comunidades se amparan para cambiar la forma en que se consultan los megaproyectos

Comunidades se amparan para cambiar la forma en que se consultan los megaproyectos

Un amparo solicitado por las comunidades de Sonora podría modificar la forma en que se deciden las consultas sobre los megaproyectos en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá votar si lo acepta la próxima semana

Texto: Arturo Contreras Camero de Pie de Página 

Foto: Lucía Vergara

El comité de cuencas del río Sonora quiere cambiar la forma en la que se hacen las consultas ambientales en contra de megaproyectos. Para lograrlo interpusieron un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que será discutido la primera semana de febrero.

Actualmente, las consultas ambientales ante megaproyectos (como una mina, una presa, una carretera o un tren, recaen) completamente en la gente a la que afectan. Esto a pesar de que estas comunidades, la mayoría en contextos rurales, muchas veces no conocen los proyectos hasta que se empiezan a realizar.

De acuerdo con las leyes actuales, las comunidades deben estar pendientes de la Gaceta Ecológica, una publicación en línea donde están las manifestaciones de impacto ambiental aprobadas.

Una vez que una comunidad detecta un proyecto que podría afectarlos, son ellos mismos quienes deben pedir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que lleven a cabo una consulta al respecto, pero podría negarla bajo sus propios criterios.

“Las comunidades son las que deben saber qué proyectos amenazan los espacios que habitan. De ahí ellos mismos tienen que promover la consulta y pedirle a la Semarnat, que la realice”, explica Luis Miguel Cano, abogado que acompaña el proceso legal.

“El punto de equivocación es ese justo. Que supone que la gente conoce la Gaceta Ecológica y no es verdad”.

En su estado actual la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente deja toda la responsabilidad de las consultas ante megaproyectos en las propias comunidades.

Los pobladores suelen estar en zonas rurales sin acceso a internet. Mantenerse pendientes de la publicación de la Gaceta Ecológica es poco viable.

“Muchas comunidades no tienen acceso a internet, ni tienen conocimiento sobre estos procesos. La Ley, como está, es injusta para nosotros”, explica Francisca García de la comunidad de Aconchi, en Sonora, representante de los Comités de cuenca del río Sonora, quienes promueven el amparo. “Las empresas llevan siempre las de ganar”.

Hasta el momento, el proyecto de resolución del amparo, promovido por el ministro Javier Laynez Potisek, apunta a que se va a avalar la situación actual.

“El proyecto dice que porque se publica una información mínima, la gente ya está informada”, se queja el abogado Cano. “Ahorita la corte avala los casos como si estuviéramos en un país como Dinamarca o Japón (en los que una gran parte de la población tiene acceso a internet)”.

“Dejar la ley como está implica mantener un proceso injusto e inequitativo para las comunidades, además de que conlleva la imposibilidad práctica de promover, en muchos casos, la participación”, asegura.

Este amparo estaba programado para discutirse el 29 de enero de 2019 en el pleno de la Suprema Corte, sin embargo, se pospuso su discusión para la próxima semana.

Este tiempo será aprovechado por los promoventes del amparo para ver si logran cambiar la opinión del ministro Laynez.

El resultado óptimo sería que se declarara que las leyes citadas son anticonstitucionales, porque no permiten la participación de los pueblos en la toma de decisiones sobre su territorio.

La Suprema Corte, sin embargo, podría establecer una interpretación conforme, es decir que ella misma determina una manera para que estas consultas se lleven a cabo de tal forma que se garantice la participación de las comunidades.

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