Un sexenio de desdén en Guerrero para despenalizar el aborto

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Texto: Alina Navarrete Fernández de Amapola

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo 

El aborto se sigue penalizando en Guerrero. A seis años de la iniciativa para despenalizar la interrupción del embarazo y a un año de la petición para que se homologue la NOM-046-SSA2-2005 –sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres–, el Congreso local y el gobierno estatal continúan rezagando el tema.

Esta norma federal es obligatoria para los prestadores de servicios de salud del sector público, social y privado que componen el Sistema Nacional de Salud.

El Código Penal de Guerrero considera el aborto dentro de los delitos contra el individuo y establece que: “comete el delito de aborto el que cause la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”.

Las penas son de tres años de prisión para quien hiciere abortar a una mujer con su consentimiento, de cuatro en casos sin su autorización; tres años para la mujer que se procure o consienta que otro la haga abortar y, finalmente, cuando es un médico o un auxiliar de este quien causa el “aborto punible”, además de la condena correspondiente, no podrá ejercer su profesión de uno a cinco años.

Aunque lo mandatado por el código penal en el estado se contrapone a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, y fuertes protestas, sobre todo de grupos feministas y organizaciones que señalan las muertes por aborto, como una de las violencias feminicidas en Guerrero, la iniciativa sigue en la congeladora.

En 2011, la Constitución fue reformada y el artículo 1º establece que, en el país: “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte […]”.

En el artículo 4º indica que: “La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”.

Gracias a la incidencia de organizaciones feministas de la entidad y el país, el 5 de mayo del 2014 el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero presentó ante el Congreso la iniciativa para hacer legal la interrupción del embarazo.

La propuesta es reformar el Código Penal para que las instituciones públicas procedan a la solicitud de una interrupción del embarazo “en forma gratuita y en condiciones de calidad”, siempre y cuando ésta sea antes de las 12 semanas de gestación; pasado el tiempo se interpondrá una condena de tres días a tres meses de prisión a la mujer que aborte.

El 8 de marzo del 2019, el Observatorio Ciudadano de violencia contra las mujeres en Guerrero y Justicia, Derechos Humanos y Género solicitó a la Secretaría de Gobernación una segunda Alerta de Violencia de Género (AVG), esta vez por agravio comparado, debido a que han registrado diversos casos de negación de aborto legal a víctimas de violación, con el argumento de que deben realizar una denuncia en el Ministerio Público y éste debe autorizar la práctica.

Guerrero, junto otros 18 estados del país, incluidos Veracruz, Estado de México, Colima y Sinaloa, que además presentan las tasas de homicidios dolosos más elevadas, cuenta con AVG: es una de las entidades con más casos de feminicidio en México.

Para el 30 de mayo del 2019, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) notificaron al gobierno del priista Héctor Astudillo Flores y al Congreso local las recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo en el Informe de AVG Guerrero por agravio comparado, entre ellas la homologación de la NOM-046.

Ante este contexto, las mujeres en una situación de embarazo no deseado –por cualquier razón– han tenido que tomar una decisión sin la protección de un marco legal, debido a que en Guerrero sólo se permite abortar cuando el aborto sea espontáneo, el embarazo sea resultado de una violación y este sea autorizado por el Ministerio Público o de una inseminación artificial indebida.

También, cuando a juicio de dos médicos exista razón suficiente para suponer que el producto padece alteraciones genéticas o congénitas, que den por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves.

Oaxaca y Ciudad de México son las únicas entidades del país que despenalizaron el aborto. La Ciudad de México lo hizo en abril del 2007 y Oaxaca en octubre del 2019.

Hoy miércoles 29 de julio, Veracruz se quedó a un paso de ser el tercer estado en despenalizar el aborto.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el proyecto que buscaba erradicar las obstaculizaciones legislativas en Veracruz en materia de interrupción del embarazo, un estado, donde se penaliza el aborto, incluso, antes de las 12 semanas de gestación.

Decidir sobre tu propio cuerpo

En diciembre del 2018, Lilia vivía en Chilpancingo, tenía 30 años y dos hijos cuando supo que estaba embarazada, mediante una prueba que hizo a las 12 semanas de gestación. Hasta entonces no había tenido ningún síntoma.

Su menstruación llegaba de manera normal, al igual que le pasó en dos embarazos anteriores, su pareja no le permitía usar ningún tipo de método anticonceptivo.

Tomó la decisión de abortar de inmediato. “No dudé ni un minuto”, recuerda. Una amiga suya formaba parte del movimiento feminista a favor de los derechos de las mujeres, acudió a ella para pedirle ayuda y la respuesta fue rápida.

De inmediato la contactaron con otras mujeres que le informaron acerca de la interrupción del embarazo y el uso del Misoprotol, un medicamento empleado para el tratamiento de las úlceras gástricas y en muchos países del mundo no está registrado para indicaciones obstétricas como la interrupción del embarazo.

“Una desconociendo de estos procedimientos, a veces como que te invade el miedo, los miedos, obviamente no estás informada y no sabes lo que va a pasar”, comparte.

Lilia cree que no tuvo obstáculos “porque en cuanto contactamos a las chicas todo fue súper rápido, totalmente a discreción, me apoyaron con el medicamento, la asesoría fue súper rápida y entendible”.

El proceso comenzó el 24 de diciembre día de la Navidad. Entonces, mientras muchas personas se alistaban para las celebraciones decembrinas, Lilia tomaba los primeros medicamentos que le servirían para interrumpir su embarazo.

Su madre la apoyó en su decisión y estuvo a su lado durante todo el procedimiento; mientras que un médico y dos mujeres activistas, una de Chilpancingo y otra de Acapulco, monitoreaban todo a distancia.

“Fue una sensación de bastante miedo, por los riesgos de que me fuera a desangrar, que fuera a parar al hospital, mi mamá fue el gran apoyo”.

Después de unas semanas Lilia acudió a practicarse un ultrasonido para corroborar que no tenía nada de qué preocuparse. Todo marchó bien.

Existen campañas sobre el procedimiento de aborto que indican que este siempre es sangriento, con pinzas despedazando fetos, pero no es así, existe medicamento autorizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que hace la práctica no traumática como se sugiere.

La palabra “aborto” es automáticamente relacionada con imágenes violentas, según han sustentado organizaciones a favor de su despenalización en todo el país.

Lilia siempre pensó que no era una salida fácil. “Cuando una decide abortar es por ciertas circunstancias, porque simple y sencillamente no se puede traer a un niño a sufrir. Es un derecho de la mujer. Es totalmente su derecho y ella decide cómo manejar estas situaciones: tenerlo, no tenerlo. Esa es decisión de cada una”.

En la actualidad, con la pandemia de la Covid-19 y la nueva normalidad “a las mujeres en situación de embarazo no deseado les tocó un tiempo muy difícil”, piensa Lilia.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) prevé que la pandemia de coronavirus puede tener un impacto “catastrófico en la vida de millones de mujeres”, por la incapacidad de obtener anticonceptivos que puede llevar a siete millones de embarazos no deseados en apenas los próximos meses, alrededor del mundo.

Lilia cree necesario, por todas estas previsiones y por su experiencia propia, que las autoridades deben tomar una decisión a favor de sus derechos.

“Me gustaría que contáramos con que aquí (en Guerrero) el aborto fuera legal para no tener que pasar por este tipo de procesos en casas, clandestinamente, a veces corremos más peligro”.

Ninguna mujer debería morir o ir a la cárcel por abortar

Ángela era Provida, un grupo de personas en contra de la despenalización del aborto. Tuvo una educación católica en una familia tradicional en su pueblo natal en la Costa Chica. Creció con mitos sobre la virginidad y entendiendo su sexualidad como un pecado. Esta formación le hizo pensar que interrumpir un embarazo era de las cosas “más horribles de la vida”, hasta que le tocó vivirlo.

En el año 2000 tomó una decisión: ser madre o terminar la Universidad. Optó por continuar con su carrera profesional y buscó ayuda. En esa búsqueda se encontró con el movimiento feminista, con información sobre los derechos de las mujeres que hasta entonces desconocía y se volvió parte de esa lucha.

En su trayecto conoció y se acercó a Católicas por el Derecho a Decidir, aunque no es integrante, se unió a la Red de Acompañamiento a mujeres para el acceso al aborto legal. Comenzó a capacitarse para ayudar a otras a enfrentar esa situación bajo los lineamientos de la organización: “lo hacemos desde la fe, desde la religión, como es que las religiones no deberían estar peleadas con que las mujeres podamos decidir sobre nuestro cuerpo”.

La organización proporciona información pública para que las mujeres decidan con libertad y seguridad, como las opciones que tienen para interrumpir el embarazo.

Podrían hacerlo en un hospital de la Ciudad de México donde sí es legal, o bien, por una de las causales en las que no es punible como lo indica el Código Penal en Guerrero.

“El acompañamiento yo lo describo como el empoderamiento de la mujer a través de la información, entre más información tengan, serán capaces de tomar decisiones asertivas que no las pongan en riesgo y podrán decidir libremente sobre su cuerpo”, dice.

La Red de acompañamiento de católicas por el derecho a decidir, la integran mujeres y hombres de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí, Estado de México, la Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Sonora, entre otros estados.

Desde que se integró a la red en el 2015, Ángela ha hecho acompañamientos de manera gradual. El primer año fueron dos casos y, en 2019: 24. En 2020, en el periodo de los primeros tres meses en que se decretaron las medidas sanitarias ante la pandemia, ha acompañado seis casos, uno de ellos de probable embarazo por violación que al final no se confirmó, pero sí la violencia sexual contra una menor de edad con discapacidad cognitiva.

Ángela formó parte del grupo que acompañó a Lilia y continúa apoyando a otras mujeres. “El acompañamiento es el ejercicio de sororidad –solidaridad entre mujeres– más puro y genuino que puedo tener”.

Muchas veces no conoce en persona a las mujeres, tampoco las cuestiona sobre cómo fue que llegaron a embarazarse, aunque sí procura estar al pendiente por si se tratara de alguna víctima de violación.

No todas las mujeres que acuden a la red por información abortan, algunas deciden continuar con su embarazo, después de escuchar todo lo que necesitan saber.

Defunciones en Guerrero por aborto

De acuerdo con las últimas cifras obtenidas y publicadas por IPAS (Salud, Acceso, Derechos) México, entre 2002 y 2017, en Guerrero se registraron 58 defunciones por aborto en mujeres de todas las edades. En promedio, cuatro defunciones cada año. Del total de defunciones, el 19 por ciento ocurrió en adolescentes. La cifra supera a la media nacional.

Sin embargo, la organización reconoce que la atención del aborto aumentó en Guerrero, como en todos los estados, independientemente de su estatus legal.

“Es evidente que la criminalización del aborto no reduce su incidencia, pero sí aumenta el riesgo de muerte y de complicaciones para las mujeres”, sostiene IPAS.

Agrega que el aborto legal y acceso a servicios seguros se traducen en una disminución de la mortalidad materna, reducción de hospitalizaciones, ahorros para el sistema de salud, descriminalización; así también, en equidad social y reducción del estigma.

Para ello se requieren recursos humanos capacitados, presupuestos institucionales, sistemas de distribución de insumos eficientes y, sobre todo, voluntad política.

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