La crisis migratoria en la frontera sur: Niños, niñas y adolescentes

 

El pasado viernes, mujeres migrantes se amotinaron en una bodega habilitada como albergue en Chiapa de Corzo

 

 

FRONTERA SUR MEXICANA, Chis (PROCESO); Hacinados, desesperados, con hambre, sin dinero, con riesgos de brotes de enfermedades y exigiendo su libertad, ya sea para regresar a sus países o los dejen seguir su camino hacia el norte, miles de migrantes centroamericanos y de otros países llevan semanas encerrados en albergues y estaciones migratorias, donde a diferencia de otros éxodos masivos, hoy la presencia de niños, niñas y adolescentes va en aumento.

 

Nery migra con sus dos hijo. Su esposa quedó en Honduras con otros dos de sus hijos.

Nery Rodríguez, de 45 años, fue interceptado por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) el pasado 8 de marzo, junto a sus hijos Jairo Orlando de 17 y Nery Emmanuel de 4 años, a quien lleva en brazos. Atrás, en San Pedro Sula, Honduras, dejó a su esposa con otros dos hijos y al cuidado de su padre.

 

La extrema pobreza en la que viven en ese país centroamericano, las amenazas de las pandillas en las que crecen sus hijos, la crisis económica agudizada por la pandemia, la habían resistido, pero el paso de las tormentas tropicales Iota y Eta, terminaron por completo con sus esperanzas y decidió emprender esta travesía.

 

Señala que prefiere ver a sus hijos sufrir en este viaje que verlos crecer y sufrir de hambre en su tierra, pero sobre todo tiene miedo que sus hijos sean reclutados por las pandillas que se disputan calle a calle en cada pueblo de Honduras. Donde lo que les espera es la muerte, atrapados en el sicariato y las drogas.

Dice que la mayoría de los padres huyen de eso, y traen o mandan a sus hijos, los expulsan, los propios padres los alientan a dejar todo atrás y aventurarse a buscar el sueño americano.

 

“No tienen miedo, porque si regresan de todos modos pueden morir, así que más vale morir en el intento de buscar una vida mejor”, dice Nery con su pequeño hijo en brazos.

 

Lleva 16 días en las instalaciones del INM, durmiendo junto a cientos de migrantes de diversos países que esperan se les resuelva su situación migratoria. Alega que ellos no son delincuentes, que ellos son personas honestas y trabajadoras que buscan una oportunidad para emplearse  y ganar dinero para sus familias que dejaron atrás.

 

Hasta el miércoles 24 de marzo, en la Estación Migratoria de El Cupapé en Tuxtla Gutiérrez, aún no sabe si será deportado o el gobierno de México le dará la oportunidad de solicitar refugió en este país. Les obstaculizan todo trámite, dice, no les dan la oportunidad de buscar ese derecho humano.

 

Cómo Nery Rodríguez, muchos otros padres y madres viajan con sus hijos en brazos.

 

Arminda y su pequeña hija migrantes guatemaltecas

De 31 años, Arminda Vázquez y Vázquez, salió de San Pedro Pinola, Guatemala, con su hija de 7 años y dos chicos más de 16 y 17, sus sobrinos, pero al ser “rescatados”, como refiere el discurso del INM, estos fueron separados de Arminda y ya no sabe nada de ellos.

 

Llorando, desesperada, Arminda dice que no tiene forma de comunicarse con su madre para decirle que sus sobrinos les fueron arrebatados por agentes migratorios mexicanos.

 

Arminda dice que como muchos padres y madres, emprendieron este víacrucis para buscar una mejor oportunidad vida para sus hijos, muy diferente a la que los vio nacer en su respectivos lugares de origen donde sólo se respira pobreza y hambruna.

 

De Islas de la Bahía, Honduras, Nelson Javier Figueroa, viene huyendo de su país pero no por haber cometido delito alguno, sino porque sufrió amenazas y extorsión de pandilleros que querían matarlo.

 

Nelson migra con su pequeño hijo desde Honduras

Ahora viaja con su pequeño hijo de 11 años, José Miguel Figueroa Murillo. Otro hijo mayor se tuvo que quedar con sus abuelos en Honduras.

 

Dice que regresar para él, es como una sentencia de muerte, por lo que pide que México le de refugio en este país o le permitan seguir su camino y reunirse con su esposa que vive en Virginia, Estados Unidos.

 

Nelson dice saber que tiene derechos en este país, como el pedir asilo o refugio, pero que las autoridades migratorias, le han violado en todo momento hacer efectivo ese derecho que le asiste como ciudadano en otro país.

 

Como Nery, Arminda y Nelson, que cuentan sus historias a Proceso, cientos de padres y madres, viajan con sus hijos, algunos más llevan a sus sobrinos, otros más, menores de 18 años, se aventuran a viajar con sus compañeros, hermanos o vecinos del barrio donde nacieron.

 

El pasado viernes 19 de marzo, el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, denunció públicamente el incremento del éxodo migratorio desde la frontera sur, pero sobre todo el incremento del flujo migratorio de niños, niñas y adolescentes, menores de 18 años, muchos acompañados y muchos no acompañados de sus padres.

 

“La preocupación del gobierno mexicano, del estado mexicano del estado de Chiapas es que se está utilizando a los menores de edad como salvoconducto de tránsito para llegar otros migrantes al norte del país. Se han constituido en redes criminales que lucran con el tráfico de personas”, dijo el funcionario federal, en el marco del despliegue de fuerzas policiacas, militares, Guardia Nacional, marinos y diversas instituciones de seguridad, salud y protección civil.

 

Según Garduño Yañez, los supuestos ‘guías’ les sugieren a los padres y madres migrantes viajar con sus hijos, “para facilitar la entrada a México y Estados Unidos”.

 

En estos 572 mil 986 kilómetros de línea fronteriza entre México y Guatemala, solo hay ocho cruces formales en los que se pueden pasar con todas las de la ley, pero hay cientos de pasos ciegos o cruces informales o ilegales, donde a diarios miles de personas cruzan hacia el lado mexicano.

 

Del 1 de enero al 21 de marzo del 2021, al menos 31 mil 492 migrantes fueron interceptados en los diversos operativos de control y verificación por el INM.

Del 1 de enero al 21 de marzo del 2021, al menos 31 mil 492 migrantes fueron interceptados en los diversos operativos de control y verificación por el INM. Foto: Rubén Figueroa H./MMM

 

Esta cifra representa 4 mil 779 migrantes extranjeros irregulares más, localizados en el mismo periodo del año pasado.

 

De los 31 mil 492 identificados este 2021, el mayor número corresponde a Honduras, con 17 mil 598; seguido de Guatemala, con 9 mil 422; El Salvador, 2 mil 348, y otros países con 2 mil 124, como Bangladesh, Senegal, Mauritania, Nepal, Burkina Faso, Federación Rusa, Israel, Egipto, Sri Lanka, Turquía y Palestina.

 

De esos 31 mil 492, unos 4 mil 529 son mujeres adultas y 23 mil 525 hombres adultos. El resto, 3 mil 438 más, son menores de edad, de los cuales 2 mil 141 fueron localizados en compañía de uno o más adultos, y mil 297 no acompañados, quienes quedaron bajo la tutela, atención y asistencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la entidad en la que fueron ubicados.

 

Son tantos, que las instalaciones del INM en Tuxtla, Tapachula, Comitán y otros municipios de la frontera sur, están en su máxima capacidad. El INM se ha tenido que apoyar de los albergues del DIF Estatal chiapaneco, de albergues de organizaciones de la sociedad civil y de bodegas o auditorios del gobierno estatal, donde permanecen los migrantes encerrados a la espera de ser deportados a sus países.

 

La ausencia de  la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos, es reclamada en algunos puntos a los que Proceso pudo arribar para constatar el hacinamiento.

 

María Isabel Cruz Cruz, titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF-Chiapas, dice que el flujo migratorio ha crecido y reconoce que la capacidad de atención ha sido rebasada ante la magnitud del éxodo migratorio.

 

Que este año, con la entrada en vigor el pasado 1 de enero del 2021, de una reforma a la Ley para la protección de los niños, niñas y adolescentes, ellos tienen que intervenir de forma inmediata cuando sean notificados por el INM de la presencia de esos menores de 18 años.

 

Dice que por ley les deben de dar alojo en algún albergue, atención médica, alimentación y atención psicológica, en tanto se define su estatus jurídico migratorio. Y que hace todo lo posible porque así sea.

 

Hasta el 22 de marzo, en los albergues del DIF Estatal tienen 178 niños, niñas y adolescentes no acompañados, aparte los que están en otros albergues de organizaciones de la sociedad civil.

Dice que valoran lo que prevalece para el bienestar el menor en todo momento, ya sea para retornar a su país de origen, si no hay condiciones para que regrese se le da refugió en este país, o bien se reunifica con sus padres acá mismo.

Hasta el 22 de marzo, en los albergues del DIF Estatal tienen 178 niños, niñas y adolescentes no acompañados, aparte los que están en otros albergues de organizaciones de la sociedad civil. Foto: Rubén Figueroa H/MMM

Pero, para esto se coordinan con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) de la Secretaría de Gobernación, que dirige Andrés Ramirez Silva.

 

Ramírez Silva dice que ya preveían este incremento y que han registrado ya una elevada cifra de solicitantes de asilo en México este año. Pero que se debe a algunos factores como el hecho de que la pandemia bajará por las vacunas, el impacto de la crisis económica en los países de origen, el efecto de los desastres naturales, la expectativa de cambio de política de asilo en los EU.

 

Dice en entrevista que al cierre de febrero del 2021, unas 13,513 personas solicitaron a la Comar, la condición de refugiado en Mexico, lo que representa 14.7% más comparado con el mismo periodo del 2020 y 67.5% más que el primer bimestre del 2019.

 

En los dos primeros meses del año, dice, los hondureños representan el 54.16% de los solicitantes de la condición de refugiado en México. Aunque desde el 13 han representado la principal nacionalidad registrada, en el 19 representaron el 42.75% y en el 20 el 37.55% del total.

 

Quienes más piden refugio después de los hondureños, son los ciudadanos que vienen de países como Cuba, Haití, el Salvador, Venezuela y Guatemala, en ese orden descendente. Y que la gran mayoría de los solicitantes de la condición de refugiado en Mexico se concentra en Chiapas: en el 2019, el 65%; en el 2020 el 64.75% y en lo que va del 2021 el 71.24%.

 

En los dos primeros meses del 21 han solicitado la condición de refugiado en México, dos veces más personas que en todo el 2013, 2014 y 2015 juntos. 1.53 veces lo del 2016 , el 92.43% de todo el 2017 y el 45.6% de todo el 2018. “La afluencia este año va ser muy grande”, agrega.

 

Al término de febrero el 71.15% de las mujeres solicitantes de la condición de refugiado en México, han hecho su solicitud en Chiapas. Durante el mismo periodo, el 74.3% de los niños, niñas y adolescentes solicitantes han solicitado la condición de refugiado en ese estado.

 

Precisó que al final de febrero 2, 803 niños, niñas y adolescentes acompañados y 271 más no acompañados, solicitaron la condición de refugiado en México, o sea 3,074 niños, niñas y adolescentes. Esto es el 22.75% del total de solicitantes de este año. El año pasado los niños, niños y adolescentes, representaron el 19.86% del total de los solicitantes.

 

Pero aún con todo esta respuesta del gobierno mexicano, a Yuriria Salvador, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y Ordóñez, lo que le preocupa es la otra cara der la moneda de gobierno federal, al responder con una perspectiva policiaca y militarista para contener la migración.

 

Dice que en el gobierno de México tiene un doble discurso,  por un lado habla del pleno respeto a los derechos humanos de los migrantes, de que va garantizar una migración ordenada, segura y regulada, sin embargo, mandan al Ejército, a la Marina y la Guardia Nacional por delante desplegando en toda la frontera sur.

 

Yuriria Salvador, vocera de una organización defensora de derechos humanos que la semana pasada junto a cientos de organizaciones mexicanas, de Centroamérica y otros países, condenaron esta reacción del gobierno mexicano a petición del gobierno de Estados Unidos, que ha extendido su propia frontera hasta la frontera sur mexicana.

 

Denuncia Salvador que en todo momento se les ha estado negando a los migrantes el derecho a solicitar asilo o refugio. Foto: Rubén Figueroa H/MMM

Denuncia Salvador que en todo momento se les ha estado negando a los migrantes el derecho a solicitar asilo o refugio, contrario al discurso gubernamental. Señala que la pandemia es el mero pretexto, de implementar “restricciones” y filtros sanitarios.

 

Además, dijo, de que se utiliza el discurso del incremento de migrantes niños, niñas y adolescentes, acompañados y no acompañados como herramientas de presuntas redes internacionales de trata de personas.

 

Además de que no se pueden desvincular la negociación de las vacunas que le fueron asignadas a México, con este operativo policiaco militar en la frontera sur, donde una vez más México le hace el trabajo sucio al gobierno de EU, reprimiendo y conteniendo la migración que tiene orígenes que no se quieren comprender y entender.

 

Explica que no sólo es la pobreza y la marginación, no sólo es al crisis económica por malos gobernantes, sino que son las pandillas y la violencia, los efectos de la pandemia y ahora las tormentas tropicales com Iota y Eta que devastaron poblaciones completas en Centroamérica.

 

En este contexto, demandó la activista defensora de derechos humanos que el gobierno mexicano  garantice el derecho a migrar y solicitar asilo en todos los puntos de ingreso al país, en cumplimiento a los compromisos internacionales y las obligaciones del Estado mexicano reconocidas en la Constitución. Así como eliminar toda medida discriminatoria, como la restricción del tránsito en las fronteras terrestres que, por lo anteriormente expuesto, no se justifica por razones sanitarias.

 

Pidió en entrevista con Proceso, Yuriria Salvador, que el gobierno reconozca  las causas estructurales del desplazamiento de las personas en la región y responder de manera efectiva y diferenciada a las necesidades de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional y eliminar toda medida de contención migratoria que afecte de manera directa el tránsito de trabajadores y jornaleros, así como las rutas comerciales, pues constituyen actividades que sostienen la economía de la frontera sur.

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