Estado mexicano debe reconocer la crisis humanitaria que afrontan niñas y adolescentes migrantes

Conversatorio “El acceso a derechos e integración de Niñas y Adolescentes en contexto de movilidad”.

*Las niñas, adolescentes y mujeres migrantes son violentadas de distintas maneras durante su tránsito por el territorio. En México, se enfrentan a la negación de acceso a derechos y servicios, como salud y educación.

*En el 2015, el Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C. (IMUMI), denunció que, en estados y municipios de la ruta migrante, autoridades escolares condicionaban la inscripción a niños y niñas migrantes, por no contar con acta legalizada, lo que provocó que padres se resignaran al rechazo, por temor a la expulsión del país o por desconocimiento.

Por Redacción Alma Martínez

El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova e Iniciativas para el Desarrollo Humano, llevaron a cabo un conversatorio sobre el acceso a derechos e integración de niñas y adolescentes en contexto de movilidad, con el objetivo de promover espacios de diálogo que permitan entender la situación en la que viven y proponer recomendaciones para los distintos niveles de Gobierno.

En el conversatorio participaron Nancy Roblero, Asociación para el cambio Social JXC; Karla Montoya, Movilidades Libres y Elegidas A.C.; Nellie González, Iniciativas para el Desarrollo Humano A.C.; Diana De León, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C; Elizabeth Limón, Colectiva Mapas; Gysela Feliciano y Karla González, quienes fungieron como moderadoras.

La abogada Diana De León, explicó que de 2013 a 2020 han aumentado el número de solicitudes de refugio en cuanto a niñas, niños y adolescentes acompañados, no acompañados y a sus familias en México por razones de violencia social, patriarcal y política: violencia masiva de derechos humanos en el país que residen, violencia familiar, delincuencia, motivos ambientales, por opiniones políticas, por pertenecer a la comunidad LGBT+, entre otros.

Agregó que, todas las niñas, niños y adolescentes en condición de movilidad tienen derechos que deben cumplirse, establecerse relaciones sin discriminación por raza, religión o nacionalidad, derecho a una alimentación, vivienda y atención médica.

Por ejemplo, con la educación gratuita, por lo menos en las etapas elementales o básicas, en la cual las escuelas tienen que ser abiertas a otras culturas, permitir acciones de igualdad de oportunidades, porque a veces las y los niños que vienen de otros países quieren compartir su cultura y conocimiento, y les resulta demasiado complicado.

Detalló sobre los centros de alojamiento deben permitir la salida del establecimiento a los que lleguen por condición de movilidad, es decir, están obligados a ser ambientes no privativos, deben contar con personal debidamente capacitado y priorizar un tratamiento adecuado a las necesidades de protección integral.

Por su parte, Nellie González compartió su labor en la defensoría del derecho a la salud, concretamente sobre la higiene menstrual.  A través de charlas y talleres ha buscado que las niñas y adolescentes reciban la información necesaria, puedan sentirse cómodas y entendidas, puesto que en algunos lugares la menstruación es un tema tabú y es visto como algo sucio que debe ocultarse y callarse.

Explicó que, de acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), hay 300 millones de niñas, adolescentes y mujeres que menstrúan diariamente, sin embargo, pese a ser un proceso natural, las niñas y adolescentes migrantes se enfrentan a situaciones de discriminación y desigualdad.

Por su parte, Montoya mencionó que durante la migración de estas niñas y adolescentes existen multitud de violencias a las que son sometidas, entre ellas la trata y tráfico de personas, violencia sexual, secuestro, xenofobia, discriminación y desaparición forzada.

Consideró a la violencia digital como una de las violencias de las que poco se habla, incluyendo que muchas de las niñas, adolescentes y mujeres no tienen acceso a internet que deriva en una obstrucción al derecho a la información, además que el no poder comunicarse durante su tránsito resulta en un riesgo para sus vidas.

Finalmente, Elizabet Limón señaló la importancia de reconocer la existencia de las niñas, niños y adolescentes migrantes por Chiapas, que implica que el Estado reconozca y asuma sus responsabilidades. No solo con discursos pronunciados en días festivos que solo folclorizan a las infancias, sino establecer mecanismos y acciones claras que garanticen la protección de sus derechos, se destinen recursos económicos, hagan políticas públicas y reglas de operación para que puedan ejecutarse.

Cabe mencionar que, en el 2019, organizaciones civiles gubernamentales y no gubernamentales exigieron al gobierno mexicano construir de forma urgente mecanismos de atención y canalización de personas en especial mujeres y niñas que solicitaran atención a la salud, apoyo legal, refugio, acceso a la educación, revalidación de estudios y demás.

Diana Damián, dirigente de Formación y Capacitación, A.C. (FOCA), indicó como más del 50 por ciento de solicitantes de asilo en México en 2018 fueron mujeres, niñas y niños; en ese 2019 habían observado un drástico y sostenido incremento de personas, en especial mujeres, incluyendo mujeres afrodescendientes, que viajaban acompañadas de sus hijas e hijos.

Expuso que la violencia estructural que vivía específicamente las mujeres tanto en el espacio público como en el privado las había forzado a dejar sus hogares y sus países en busca de protección y seguridad tanto de ellas como de sus familias.

Existe una gran urgencia de reconocer una crisis humanitaria de dimensiones inimaginables. Por lo que, es necesario transitar de un enfoque de seguridad nacional hacia un enfoque de seguridad humana, dijo Damián.