Con eufemismos, autoridades federales esconden abusos a migrantes

Con eufemismos, autoridades federales esconden abusos a migrantes

Las autoridades migratorias y el gobierno mexicano han utilizado términos diferentes para referirse a sus prácticas de detención migrante y deportación, tales como “rescate” y “repatriación humanitaria”, cuando la realidad de su política migratoria, antes de defender a la persona migrante, es una política de criminalización y contención

Por Ray Ricardez en Lado B

A través de su discurso, el Instituto Nacional de Migración (INM) matiza sus prácticas anti-inmigrantes bajo un enfoque de protección, al menos en concepto, con tal de acoplarlas a los estatutos de derechos humanos. A las detenciones les llama “rescates”; a la deportación le llama “repatriación”; a los centros de detención les llama “estaciones migratorias” o “albergues temporales”. Así lo explica Marco Castillo, antropólogo y activista por los derechos de las personas en situación de movilidad.

Estos eufemismos confunden a la sociedad en general, creando una falsa imagen de que el Instituto Nacional de Migración protege y defiende a las y los migrantes, señalan desde Sin Fronteras IAP, organización que trabaja por los derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional desde hace más de 25 años.

Incluso, con la finalidad de replantear estos conceptos, Sin Fronteras IAP, en conjunto con otros colectivos, publicó recientemente en sus redes sociales un diccionario para informar a la población acerca de cómo la autoridad migratoria utiliza estos eufemismos.

“La política migratoria en México carece de sentido de respeto y protección de los derechos humanos”, dice, por su parte, Sergio Luna, director del albergue migrante La Sagrada Familia, ubicado en Apizaco, Tlaxcala. Él advierte que el INM hace operativos para identificar a personas que vienen en condición migratoria “irregular” y que, en efecto, lo que existe es una detención disfrazada por el eufemismo de “aseguramiento” o “rescate”.

De acuerdo con la Ley de Migración (artículo 3) una persona está en situación migratoria “regular” cuando porta ya sea una tarjeta de residencia, un trámite migratorio o visa. En caso de que no, su situación es considerada como “irregular”.

Acerca de estos “aseguramientos”, Luna agrega que “la realidad, en ese tipo de casos, es que es una detención tal cual en donde muchos de ellos [y ellas] van a terminar detenidos [y detenidas] en una estación migratoria”.

“Lo que no saben es que los están llevando a unas cárceles, básicamente, llamadas ‘estaciones migratorias’, en donde ni siquiera hay medidas de sana distancia, ni asesoría para darles a conocer sus derechos”, denuncia Fernanda Benfield, quien funge como coordinadora de comunicación de Sin Fronteras IAP.

Así, la frontera sur, por ejemplo, se ha vuelto un bastión de contención a costa de los derechos de las personas en situación de movilidad (tal como se ha denunciado en los últimos días por organizaciones, activistas y medios de comunicación). De acuerdo con Castillo, las autoridades han convertido a Tapachula, Chiapas, en una “ciudad cárcel” para las y los migrantes, que se encuentran desesperados y sin ninguna garantía de integración o inclusión a la sociedad.

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“Estamos totalmente consternados desde Sin Fronteras, pero realmente para nosotros no es una sorpresa: ya lo habíamos estado documentado, ya le habíamos estado exigiendo cuentas al INM por su actuar en total opacidad”, cuenta Benfield.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo sobre lo ocurrido en Tapachula, durante su Tercer Informe de Gobierno, que “no se han violado los derechos humanos de migrantes. El caso excepcional de hace unos días, en que dos funcionarios de Migración patearon a un ciudadano haitiano, ese mismo día se atendió y fueron dados de baja y puestos a disposición del Órgano Interno de Control correspondiente”. Sin embargo, Castillo asegura que estos comportamientos son sistemáticos y muy comunes por parte de la autoridad migratoria en México.

“La relación que tiene el Estado mexicano con [las y] los migrantes es una relación de policía, criminalizante, que persigue a la migración”, puntualiza Castillo; hay un proceso de tensión, de persecución y deportación que está muy lejos de darse bajo una perspectiva de derechos humanos que ponga en el centro a las personas, agrega.

Esto incluso cuando el INM reporta que se han “identificado” a 147 mil 33 personas migrantes que “transitaban en condición irregular por México” entre enero y agosto de este año, mismas a quienes se les trató bajo el compromiso de “respeto irrestricto a los derechos de las personas en contexto de movilidad”.

Del “rescate” a la detención y deportación

“Es un momento muy complicado, muy tenso, de mucha incertidumbre y hasta violencia; el migrante está nervioso [nerviosa], está enojado [enojada], está muy molesto [molesta] por haber sido maltratado [maltratada] en el sur”, cuenta Sergio Luna, quien narra cómo desde el albergue han documentado estas detenciones que hacen llamarse “rescates” o “aseguramientos”.

En el caso de Puebla, precisamente el 23 de junio el INM publicó en sus redes sociales que, en conjunto con la Fiscalía General de la República y la Policía Estatal, “rescataron” a 241 personas para después concluir que “no acreditaron su estancia regular en México”.

Marco Castillo advierte que estas personas no buscan ser rescatadas de nada, ni que se les lleve a alguna instancia migratoria ni mucho menos que se les deporte a sus países de origen (de los que vienen huyendo). Lo que en realidad buscan es que se les permita transitar rumbo a los Estados Unidos o, en su defecto, pedir asilo en México.

Pero esta aplicación de términos se da porque los gobiernos de los países han cambiado sus discursos y las formas en las que llaman a sus políticas migratorias para adecuarlas al marco de protección y respeto de derechos humanos; esto debido a la firma de tratados internacionales y la presión de las organizaciones que defienden a las y los migrantes, de acuerdo con Castillo.

México ha firmado y sido parte de diferentes instrumentos internacionales bilaterales y multilaterales en materia de migración, mismos en los que en repetidas ocasiones apelan a políticas enfocadas en el respeto a los derechos humanos. No obstante, Benfield denuncia que el gobierno no ha respetado estos pactos en los cuales se ha comprometido a proteger a las personas refugiadas y migrantes. Además, cabe destacar que con los vecinos fronterizos con quienes comparte su crisis migratoria (Estados Unidos y Guatemala) no se ha podido concretar ningún acuerdo bilateral desde hace 17 años.

A su vez, Benfield advierte que hoy en día parece que el INM ya se está “mandando solo”, debido a que ha hecho caso omiso de todo comunicado o recomendación realizada por instancias nacionales (como la Comisión Nacional de Derechos Humanos) e internacionales (como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) en relación a su actuar.

Sin embargo, se tratan de detenciones, mismas que se justifican bajo el argumento de que se está protegiendo a las y los migrantes de delitos que pueden ocurrirles en su tránsito por México, explica Luna. “El instituto [INM] utiliza este discurso, que a veces es un poco engañoso, en el hecho de decir que [las y] los detectan o aseguran ya que en su tránsito pueden ser víctimas de muchas circunstancias como delitos”.

Por otro lado, Sergio Luna aclara que sí existen operativos de las autoridades migratorias para detectar casas de seguridad o autobuses particulares que presuntamente gestionan los grupos de la delincuencia organizada y obtienen un beneficio por transportar a personas migrantes (a pesar de que estos transportes son contratados por las y los mismos migrantes). De ahí que se utiliza el término “aseguramiento” o “rescate” debido a que se considera que la autoridad “salvaguardó” a este grupo de una actividad delincuencial.

“Nosotros sabemos que en la práctica estos ‘rescates’ se refieren a la detención de las personas migrantes; supuestamente las rescatan de los círculos de trata (u otro grupo criminal), donde los ‘rescatan’ de camiones, de autobuses, de trenes, pero en realidad todos sabemos que los migrantes contratan los servicios de estas personas para poder llegar a los Estados Unidos; no están buscando la deportación”, asegura Castillo. Lo mismo sucede cuando hacen referencia a que “identificaron” migrantes, cuando en realidad se refiere a que los detuvieron.

“No se niega que el [o la] migrante en tránsito sea objeto o potencial víctima de cualquier abuso o delito como siempre se ha denunciado, esa es una realidad; pero tampoco la respuesta es ‘entonces para que no les pase nada les detengo y les deporto’”, sentencia Luna.

Así, a este sector se le deja en completa indefensión, según el director del albergue migrante, ya que si bien no fueron víctimas de algún delito, sí lo fueron de una deportación arbitraria por parte de la autoridad migratoria.

Paradójicamente, Luna considera que en la medida en que el INM mantenga esta política de detención, aseguramiento y deportación, las personas migrantes van a continuar solicitando e incrementando sus acercamientos a estos grupos delictivos con tal de recibir ayuda para llegar a su destino con mayores posibilidades, ya que no ven en las autoridades un espacio seguro.

Práctica selectiva de la migración

Foto: Albergue de la Sagrada Familia

Históricamente a México se le ha considerado como un país que da asilo a las personas que solicitan refugio, de acuerdo con Sergio Luna. Sin embargo, él advierte que la realidad es que existe una política selectiva sobre quién puede pedir asilo y transitar en el país y quién no.

Luna ejemplifica que días atrás el gobierno recibió a un grupo de personas refugiadas provenientes de Afganistán, mismo que, considera, fue un acto a reconocer del gobierno. Sin embargo, él explica que se hizo dando énfasis en que son personas de la comunidad  científica o académica y que “pueden contribuir al país”.

El presidente del refugio asegura que México siempre ha castigado, limitado y perseguido a los perfiles migrantes que no cuentan con cartas que impliquen que “aportarán” al país. “¿Qué se está castigando? La pobreza ¿Qué se discrimina? La pobreza del que migra”, sentencia. De ahí que las personas provenientes de Centroamérica sean invisibilizadas, detenidas, deportadas o violentadas.

Respecto a esto, Fernanda Benfield advierte que existe en las autoridades una xenofobia vinculada a la aporofobia (fobia a las y los pobres) con un clasismo detrás, que persigue a las y los migrantes en la frontera sur del país. Utilizan el miedo y la desinformación, asegurando que están “salvaguardando las fronteras” para justificar su actuar en contra de ellas y ellos, cuenta la activista.

Además, comenta que “algo que se piensa es que el asilo es un privilegio, pero no, es un derecho; no podemos diferenciar a quién sí le damos asilo y a quién no”, dice Benfield. “Esto no es de ‘a los afganos sí y a los haitianos, no’, es a [todas y] todos parejos no importa de la nacionalidad que sea”, comenta.

La olla exprés del sur: Tapachula

Según Castillo lo que se ha visto en Tapachula en los últimos días es una de las expresiones más cínicas de la estrategia de criminalización de migrantes por parte del Instituto Nacional de Migración. Él cuenta que la gente está desesperada pues lo único que piden es poder transitar libremente por el país.

“Ahora están en el ‘ojo del huracán’; gracias al trabajo periodístico y al de las organizaciones sociales que se encuentran en el sur se pudo evidenciar y mostrar las atrocidades que está haciendo el INM”, apunta Benfield.

Por su parte, mediante un comunicado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) informó que “resultan profundamente preocupantes las imágenes mostradas en los videos difundidos en medios de comunicación, el pasado 28 de agosto, que muestran a elementos del INM haciendo un uso de la fuerza en contra de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo —incluyendo niñas y niños—, contrario a los estándares internacionales en la materia, en presencia de elementos de la Guardia Nacional”.

Castillo advierte que estos no fueron hechos aislados, sino una realidad sistemática del actuar de las autoridades migratorias frente a las personas en situación de movilidad que ingresan al país.

Mientras tanto, “el INM genera una olla de presión que termina explotando con todas estas familias de migrantes”, según Castillo, ya que mientras unas personas son expulsadas, muchas más quedan a la deriva esperando una resolución a sus solicitudes de asilo.

Sobre la narrativa del rescate, Castillo dice que en esta caravana (como en casi todas las que ingresan al país) no había que rescatar de nada a nadie porque son personas libres con estatus migratorio. Esto a pesar de que el INM y la Guardia Nacional no les reconozca su derecho al libre tránsito.

De acuerdo con la Doctora Cristina Gómez Johnson, coordinadora de la Maestría en Historia en la Universidad Iberoamericana, la política migratoria de México y Estados Unidos está centrada desde hace 20 años en la seguridad fronteriza y no en la gestión de las migraciones, creando un escenario en donde se violan sistemáticamente los derechos humanos de las personas en situación de movilidad por parte de las autoridades y crimen organizado.

“Los hechos son muy distintos al discurso”, dice Marco Castillo. “La realidad habla por sí sola: México le está haciendo el trabajo sucio a los Estados Unidos más que antes, mucho más que antes, y la persecución de la migración está en uno de sus niveles más altos y más penosos de la historia de un país que presumía su tradición de asilo”, agrega.

*Foto de portada: Albergue de la Sagrada Familia