Pagar por ver Facebook, así la vida en los penales de Sinaloa
Pagar por ver Facebook, así la vida en los penales de Sinaloa
El INEGI reveló un incremento de la corrupción y el autogobierno dentro de los centros penitenciarios en México y Sinaloa no es la excepción.
Por Marcos Vizcarra en Revista Espejo
Desde cualquier penal en México se puede revisar redes sociales, ver televisión, escuchar la radio o usar cualquier cualquier otro aparato eléctrico, siempre y cuando se pague a quienes están a cargo de la readaptación social.
También se puede pagar por que se haga un cambio de celda, para acceder a servicios básicos o más, así lo reveló la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) del INEGI, cuyo hallazgo principal es el incremento de la corrupción dentro de los centros penitenciarios.
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Esa corrupción no solo es dentro, sino fuera de los penales, previo a la reclusión de los reos, indicó el estudio.
“En términos generales, el porcentaje de población que fue víctima de actos de corrupción en al menos una de las etapas del proceso penal desde su detención hasta la realización de su juicio y vida intracarcelaria fue de 36.2 por ciento. La población que sufrió actos de corrupción al interior de los centros penitenciarios se ubicó en 17.2 por ciento“, indicó la encuesta levantada en 203 centros penitenciarios entre julio de 2020 y julio de 2021.
Las penitenciarías son espacios donde las personas que están privadas de la libertad se readapten para estar en la sociedad, luego de haber sido sentenciados por delitos o mientras tienen abiertos sus juicios.
Durante esa privación de libertad, no deberían contar con acceso a teléfonos celulares, computadoras y demás aparatos electrónicos, con la intención de que obedezcan la regla de privarse de cualquier contacto social fuera de prisión.
Sin embargo, eso en la realidad no ocurre, de acuerdo con la ENPOL el 43 por ciento de las personas encuestadas ha pagado por tener acceso a aparatos eléctricos.
En Sinaloa no es la excepción la situación de corrupción en cualquiera de los niveles de la encarcelación.
Aquí el 15.4 por ciento de los presos expresaron haber sido víctimas de esa corrupción dentro de los penales de Los Mochis, Culiacán y Mazatlán.
La encuesta pone a discusión de nueva cuenta el problema del autogobierno al interior de las instituciones de readaptación, eso explica también que la corrupción siga en aumento.
Un ejemplo es el penal de Aguaruto, en Culiacán.
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En 12 años se han escapado 87 presos en 12 casos de fugas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa otorgados por transparencia.
En el oficio SSP/04245/2018, del cual ESPEJO tuvo acceso, se informó al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad, las deficiencias y la vulnerabilidad que enfrenta la cárcel estatal.
Prueba de ello, se expuso, es que desde 2010 a 2018 se habían registrado tres intentos de evasión, 10 fugas y 32 evadidos.
“Sobre el Centro Penitenciario ‘Aguaruto’ de esta ciudad pueden señalarse múltiples circunstancias que revelan no sólo su vulnerabilidad, sino también las condiciones idóneas que le caracterizan y que imposibilitan para cumplir la finalidad de la pena de prisión, y aún de la prisión preventiva”, se indicó en el documento enviado en mayo pasado a la Consejo Nacional de Seguridad.
“En él se protagonizan constantemente incidentes que trastocan la seguridad, como lo son, entre otros, riñas, homicidios, supuestos homicidios y fugas”.
La carta sirvió de nada. La intención de la Secretaría de Seguridad Pública era evitar traslado de reos federales, catalogados como de alta peligrosidad.
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La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública en Sinaloa (CESP) documentó que desde 1999 hasta 2020 se han fugado 111 personas del penal de Aguaruto. La mayor fuga se dio el 17 de octubre de 2019 con 49 personas, de las cuales dos decidieron regresar.
La administración estatal con el récord de fugas es la de Quirino Ordaz Coppel, con 55 reos.
En el mismo periodo de 2019 a 2020 se reportaron 71 asesinatos al interior del penal. Si se agregan los últimos tres, la cifra crece a 74. También se aseguraron 68 armas. El mayor número de aseguramientos ocurrió en 2008 con 21 armas.
Dentro de los penales de Sinaloa existe un problema documentado por organizaciones civiles y organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el INEGI.
La muestra más cercana es la otorgada por la ENPOL 2021, la cual puede servir para la medición y creación de políticas públicas.
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