Mineras, las ganadoras de la pandemia

Acacoyagua, Chiapas. Marcha contra proyectos mineros. Foto: REMA

Las empresas mineras aprovecharon la parálisis que provocó la pandemia y extrajeron más oro, plata, hierro, carbón, litio, cobre, uranio. Su modus operandi fue el cabildeo político para que esta industria fuera declarada por el Estado mexicano como “actividad esencial”, y la conformación de actores armados -entre ellos cuerpos policiacos y militares- para inhibir la protesta de cientos de comunidades que buscaron proteger su tierra de las afectaciones que deja la minería.

A estos factores se sumaron las medidas oficiales de “distanciamiento social”, que restringieron y obstaculizaron los esfuerzos comunitarios para reunirse y gestionar información sobre los nuevos permisos y avances que las empresas fueron consiguiendo en sus tierras.

En síntesis, mientras millones de personas se empobrecieron y perdieron parte de su territorio, empresarios mineros multiplicaron sus ganancias y avanzaron en los proyectos extractivos de estados como Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Sonora y Guanajuato.

El informe “La lucha por lo escencial”, de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), da cuenta de cómo es que la minería se benefició con la pandemia.

Este es el informe:

 

Manifestación contra Proyecto Cerro del Gallo. Foto: REMA

La Lucha por lo Esencial[1]

A dos años del inicio de la pandemia del COVID-19, hemos visto cómo los grandes capitales han podido beneficiarse de las restricciones sociales impuestas en nombre de nuestra salud y seguridad para posicionarse con más fuerza ahora y en el futuro. No ha sido solamente el sector farmacéutico el que está generando ganancias históricas con nuestra desgracia sanitaria,[i] sino que ésta también parece ser una pandemia hecha a modo para el sector minero.[ii]

Pero ¿cómo es que la minería se benefició con la pandemia? En este informe documentamos la forma en que en México la minería logró una posición privilegiada al ser incluida dentro de las actividades “esenciales”. Se lo hizo echando mano de su poder político y jurídico ya instalado y reforzado con la entrada de vigencia en julio del 2020 del renegociado Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC y, poco después, por el anuncio de la creación de la Policía Minera. Además, la misma incertidumbre generada por la pandemia y el cierre económico que se dio al inicio, favoreció el aumento de los precios de los metales como oro y plata. Luego, con la reactivación económica, también hubo un importante aumento en el precio de cobre y, en paralelo, con la especulación alrededor del “oro blanco” – el litio – en el contexto de la transición energética. Y a pesar de la insistencia de la administración actual de no seguir otorgando concesiones mineras, hubo solamente una breve pausa de dos meses en 2020 en los trámites de permisos ambientales para la exploración y explotación minera.

A pesar de que rápidamente a inicios de la pandemia surgieron reflexiones acerca de que la pandemia develaba las consecuencias más nefastas de la depredación del capitalismo, y que resultaba más urgente que nunca el trabajo en defensa del territorio y la naturaleza; las medidas de contingencia decididas por los gobiernos, privilegiaron a las grandes empresas, logrando obstaculizar estos esfuerzos comunitarios tan necesarios para la salud, la alimentación y el medio ambiente. El encierro, la generación de miedo a enfermarse y la imposición del distanciamiento social, medidas impulsadas para prevenir los contagios a través de la campaña de la “Sana distancia” y “Quédate en casa”, generaron condiciones aun más asimétricas para defender la salud comunitaria y el territorio, mientras las empresas continuaban operando.

Especialmente durante el primer año de la pandemia, mientras las familias atendían las urgencias económicas y de cuidados de la salud, muchas comunidades y organizaciones no pudieron acceder a información sobre los proyectos mineros, realizar reuniones de discusión o hacer gestiones con las autoridades para detener los proyectos y atender sus grandes daños. Los testimonios de comunidades donde ya hay minas impuestas en operación, como Zimapán en Hidalgo y el valle de Ocotlán en Oaxaca, recopilados para este informe, narran cómo estas empresas siguieron operando con impunidad y generando daños a la salud y a los territorios. En donde aún no han logrado establecerse, como Epazoyucan en Hidalgo, la Cuenca de la Independencia en Guanajuato y Acacoyagua en Chiapas, se documenta cómo las empresas buscaron permisos u otras oportunidades para ganar más apoyo o avanzar sus proyectos.

Por otra parte, en muchas partes del país, como el ejido El Bajío, en Sonora, el aumento de violencia tuvo repercusiones graves y actores armados fortalecieron su control del territorio. en este contexto, el estado federal justificó la creación de la Policía Minera en el contexto de la reactivación económica y, a la vez, se aumentó la militarización del país con un gran despliegue de la Guardia Nacional, a la vez que el crimen organizado se fortaleció en muchos lugares, trastocando la vida y la resistencia de las comunidades, tal como describimos en más detalle en adelante.

Con este documento queremos visibilizar la profundización de la asimetría que durante esta pandemia hubo entre los actores que promueven lo que llamamos modelo extractivo minero y a las comunidades que se oponen a éste. También buscamos volver a plantear lo que debe ser considerado realmente esencial ante los tremendos impactos de este sistema capitalista depredador del bienestar de los pueblos y la salud colectiva.

 

Protesta ciudad de México. Foto: REMA

La llegada de la pandemia a México y medidas de contingencia social

El 17 de noviembre de 2019 es la fecha del primer caso en el mundo de coronavirus (COVID-19). El paciente cero sería una persona de 55 años que vive en la provincia de Hubei, epicentro de la epidemia que tiene en vilo al mundo”,[iii] de la cual su capital es la ya célebre Wuhan, China. El primer caso, o caso índice de COVID-19 en México, se detectó el 27 de febrero de 2020 en la Ciudad de México.[iv] El 27 de marzo de 2020 fue la primera declaración de medidas sanitarias en México.

El eje de la estrategia sanitaria en el país se fundamentó en disminuir las cadenas de contagios, por lo que se implementó la estrategia social y de comunicación llamada “Quédate en casa” y un semáforo de riesgo epidemiológico[v] que indicaba la graduada reapertura de actividades educativas, sociales y económicas para la población. Por otra parte, se aplicaron diferentes criterios para definir el tipo actividades económicas y sectores productivos se consideraban “esenciales”.[vi]

Los resultados en términos de salud pública han sido poco alentadores. Hasta la fecha en México, se ha contabilizado oficialmente 323 223 muertes por COVID-19.[vii] Además, el gobierno ha contabilizado un exceso de muertes[viii] por arriba de lo anticipado en 2020 y 2021 de 667 240 personas, comparado con lo esperado basado en el promedio de defunciones entre 2015 a 2019.[ix]

Las cifras totales son impactantes. Según la base de datos de la Universidad de John Hopkins,[x] solamente tres países de América Latina – Brasil, México y Perú – han contribuido con la quinta parte de las muertes confirmadas por COVID-19 a nivel mundial. Por sí solo, México está en quinto lugar en el mundo por muertes confirmadas por COVID-19 y en cuarto lugar por la mortalidad de esta enfermedad, un porcentaje que se calcula dividiendo el total de difuntos por casos de COVID-19 confirmados.[xi]

 

¿Cómo el modelo extractivo se definió como “esencial”?

La definición de las actividades esenciales y no esenciales fue una de las primeras medidas y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de México el 31 de marzo de 2020.[xii] Esta clasificación estableció la suspensión inmediata o continuidad de actividades y marcó de manera contundente un nuevo incremento en las asimetrías impuestas entre comunidades y empresas, con tenues maquillajes de protección social.

Salud, seguridad pública, economía, programas sociales del gobierno, y la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables, fueron clasificadas como esenciales. Mientras que, en el paquete de lo “no esencial” entraron la educación, cultura, recreación -incluyendo el turismo-, deportes y prácticamente todos los servicios gubernamentales generales. En esa primera clasificación, la trilogía industria automotriz, minería y la construcción también fueron designadas como “no esenciales”, aunque se exceptuó de esto a los proyectos insignia del presidente, presentes en el paquete económico 2020 y 2021, tales como el Tren Maya, el Corredor Transístmico y la Refinería de Dos Bocas.

No obstante, para estas tres industrias – automotriz, minería y construcción- la suspensión duró tan solo entre seis ynueve semanas, y el camino a su apertura coincidió con una carta enviada por once senadores estadounidenses al entonces secretario de estado Michael Pompeo, en donde se presionó para un cambio en la clasificación que había decidido del gobierno mexicano.[xiii] A esta acción de presión del gobierno estadounidense se sumó la de la Asociación Nacional de Fabricantes (National Association of Manufacturers), también de los EEUU.[xiv]

En este mismo sentido, la Cámara Minera Mexicana (CAMIMEX), cuyos miembros incluyen grandes empresas mineras mexicanas, estadounidenses y canadienses, realizaron diversas gestiones para lograr la inmunidad frente a las medidas sanitarias, entre ellas, escribir al entonces embajador de los Estados Unidos en México Christopher Landau, para solicitar que la minería fuera considerada “esencial”. Argumentaron su importancia como proveedores de industrias como la automotriz, aeroespacial, agroindustrial y de la construcción,[xv] y la necesidad de mantener activa la industria ante la entrada en vigencia del renegociado tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) previamente anunciado para el 1 de julio de 2020.[xvi] Dos semanas después, en el Diario Oficial del Estado del 14 de mayo del 2020, en su artículo cuarto, esta triada se incorporó dentro del grupo de las actividades esenciales,[xvii] bajo las premisas de su relevante rol en la reactivación económica y, para el caso de la minería, en su supuesta importancia en la cadena de suministros de metales para diversas industrias.

Con esta apertura, y aprovechando las circunstancias de cierre y distanciamiento social que se impusieron con la pandemia, se fortalecieron las relaciones públicas del sector minero, ya que durante los primeros meses impulsaron campañas a nivel local, nacional e internacional donde, buscando limpiar su imagen frente a los daños a la salud y ambientales que ocasionan, se presentaban preocupados por la salud de las poblaciones, regalando equipo médico como guantes de latex, lentes de protección y respiradores,[xviii] mostrando la prestación de servicios de salud en las comunidades en donde operan, distribuyendo gel, cubrebocas y sanitizadores, y contratando servicios médicos temporales para dar atención básica en las comunidades adscritas a proyectos mineros.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se apresuró a presentar protocolos de actuación para el sector minero.[xix] En suma, un panorama de atención muy diferente a la constante desidia y minimización que las empresas mineras tienen en lo cotidiano frente a la salud de las comunidades afectadas por la operación minera.

 

La salud de los y las afectadas por la minería nunca fue esencial, tampoco durante la pandemia

Testimonio desde Zimapán, Hidalgo

En la comunidad de San Miguel, municipio de Zimapán, Hidalgo, pobladores narran que el miedo y la enfermedad relacionada con la cercanía a sus casas del patio de secado de plomo y de las presas de jales, llenas de arsénico, plomo y otros metales pesados, ha sido más fuerte que la posibilidad de contagiarse por COVID-19.

En Zimapán, ha habido extracción minera de plata, zinc y plomo durante siglos. Gran parte de los operadores de las minas y plantas de procesamiento son de pequeña y mediana escala y sus dueños frecuentemente son miembros de familias locales con posiciones políticas, especialmente en el ayuntamiento municipal.[xx] Desde 1945, la gran empresa mexicana Industrias Peñoles operaba la mina Zimapán en la municipalidad, hasta que, a inicios de la pandemia, en julio de 2020, anunció su venta a la empresa canadiense Santacruz Silver Mining.[xxi]

En San Miguel, la presa de jales de la empresa minera local Espíritu queda desde 2009 a pocos metros de las viviendas de los pobladores, exponiendo a la comunidad a ruido, olores, humo y polvo, con graves impactos en la salud, conocidos desde hace años.[xxii] Esta y otra presa de la minera La Purísima hacen descargas que van al arroyo y que han provocado que la producción agrícola de las huertas aguas abajo se haya visto mermada.

Los pobladores de San Miguel, y de otras comunidades cercanas, temen mucho la temporada de vientos cuando la situación se agrava, porque los polvos de los jales se hacen más volátiles.[xxiii] Según un poblador, si uno sale de la casa en esta temporada, el polvo se mete por la boca, los ojos y la nariz. Esta exposición genera enfermedades respiratorias, además de ser factor de riesgo para varias enfermedades degenerativas ya presentes en la comunidad, como conjuntivitis, hipertensión, diabetes, osteoporosis, y glaucoma. Los pobladores han denunciado esta situación continuamente ante las autoridades durante años, y creen que ya      deberían haber clausurado la presa de la minera Espíritu en 2017.

Las empresas logran operar con impunidad dada la estrecha relación con el gobierno y la falta de respuesta efectiva de las autoridades ambientales, con la excusa de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) no tiene un titular en el estado desde 2019. A      pesar de existir muchas irregularidades en estas operaciones mineras, nada han hecho las instituciones del Estado para detenerlas. Mientras tanto, las empresas se presentan como “el sustento del municipio y proveedores de trabajo”. Sin embargo, en las palabras de un representante de Comunidades Unidas de Zimapán, “Son los [familiares] migrantes que dejan millones de pesos [en remesas] a la comunidad, mientras lo que dejan las empresas mineras son millones de toneladas de desechos tóxicos”.

En la pandemia, mientras los daños a la salud de muy larga envergadura siguen sin respuesta y a pesar del aumento de los fallecimientos, los pobladores no vieron la más mínima respuesta de los empresarios para ayudarles a enfrentar sus necesidades adicionales, más allá de su pequeña campaña para “limpiar su imagen” y algunas dispensas dirigidas a ciertas familias. En lugar de mitigar los impactos ambientales, las dos empresas continúan trabajando con retroexcavadoras sobre sus presas de jales, exponiendo a la población a estos desechos tóxicos volátiles.

 

Para las empresas no hay pandemia, sólo más privilegios y ganancias  

Dos meses después de que la actividad minera fue señalada como esencial, entró en vigor el T-MEC. Ello significó “apuntalar” la reactivación económica de varios sectores que habían sufrido caídas al inicio de la pandemia y es altamente probable que las empresas mineras norteamericanas en México, además de sus asociaciones empresariales y embajadas, amenazaran con demandar a México por grandes cantidades de dinero utilizando este tratado y otros que México ha ratificado, si el gobierno no les hubiera declarado esencial y permitido que se reanudara sus actividades.[xxiv] Lo mismo sucedió con el sector automotriz, el principal generador de divisas netas para México, y del cual la actividad minera es un importante proveedor. Como es sabido, la industria automotriz de la región depende en buena medida de la larga cadena de suministros de autopartes en México, que se compone de más de 800 empresas localizadas principalmente en 15 entidades federativas.[xxv]

Durante el poco tiempo que la industria minera quedó fuera de la lista de las actividades esenciales, las empresas mineras no pudieron contar con el trámite de nuevos permisos. Sin embargo, una vez que lograron esta categorización privilegiada, las ventanillas administrativas les fueron abriendo nuevamente.[xxvi] Desde el 4 de junio del 2020, poco a poco las empresas empezaron a presentar sus informes y estudios a la SEMARNAT para su revisión y aprobación.[xxvii] Desde junio 2020 a diciembre 2021, la SEMARNAT ha autorizado docenas de permisos ambientales para actividades mineras en, por lo menos, 14 estados, incluyendo Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero,  Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, y Zacatecas. Esto sin incluir los proyectos de extracción de materiales pétreos.

Otro elemento que jugó a favor del modelo extractivo minero fue la declaratoria de crisis económica mundial, porque fortaleció la especulación de varios metales, sobre todo del oro[xxviii] y la plata.[xxix] Además, el precio de minerales como el cobre aumentó,[xxx] siguiendo la reactivación económica en China.[xxxi] Este crecimiento acelerado de precios permitió que, a pesar de la crisis, el sector minero se recompusiera rápido, hasta obtener ganancias históricas en varios casos. En este contexto, las principales explotadoras de oro en México reportaron enormes ganancias en 2020, mismas que para varias de ellas fueron ganancias récord. Fresnillo plc reportó ganancias netas de US$375.6 millones de dólares, un aumento de 82.5% sobre 2019[xxxii] y las empresas mineras canadienses Agnico Eagles Mines, Torex Gold, y Alamos Gold reportaron ganancias históricas en 2020.[xxxiii] En el caso de Alamos Gold, la empresa participó en un programa especial de subsidios federales en Canadá, creado durante la pandemia, y gracias a esto logró pagar dividendos más altos a sus accionistas en 2020, al final, los reales beneficiarios de este subsidio.

En general para la industria minera en México, CAMIMEX reportó en su Informe Anual 2021 que, a pesar de una caída de 1.3% en la producción minera en el país, en 2020 comparado con 2019, el valor de producción minero-metalúrgico creció a su punto más alto desde 2010, subiendo 42.5% comparado con el crecimiento del 2019 para un total de 281 mil 515.9 millones de pesos (13,095 millones de dólares estadounidenses).[xxxiv]

Como resultado, el minero fue uno de los pocos sectores económicos en el país que experimentó crecimiento en 2020, además del sector agropecuario,[xxxv] con aún mejores pronósticos para 2021.[xxxvi] Por esto, y haciendo hincapié del “altruismo” de las donaciones a hospitales y los servicios de salud que realizaron, CAMIMEX declaró que “la minería continúa siendo un pilar para el desarrollo económico de México y hoy más que nunca, fundamental para la reactivación económica tan necesaria para el país.”[xxxvii]

En forma paralelo con la pandemia, el modelo extractivo minero también confirma su capacidad mediática y se posiciona  como actor estratégico dentro de la llamada “transición energética” y el supuesto viraje hacia el uso de energías “verdes”, “renovables” o “amigables con el ambiente”.  Para ello la minería acompaña al sector automotriz, para ser precursor para      materializar las “virtudes energéticas” del litio – también llamado el “oro blanco” – mineral que, junto con aproximadamente otros 32 metales, estarán en asociación en cada vehículo, argumentando falsas soluciones para eliminar las emisiones de dióxido de carbono.[xxxviii]

La especulación comercial ha elevado los precios del litio y, frente a esto, las naciones que tienen reservas ya discuten al interior de sus parlamentos opciones para lograr un control comercial, al tiempo que al exterior discuten sobre el valor que este mineral tendría para acumular ganancias. En el caso de México, como parte del proyecto de Ley de Reforma Eléctrica, el presidente plantea que se debe nacionalizar la explotación de litio; esto, sin afectar los intereses de las empresas transnacionales que actualmente cuentan con títulos en proyectos de este tipo.[xxxix] La iniciativa aún no ha sido aprobada. El único proyecto avanzado en el país queda en manos de la empresa Gangfeng Lithium de China.[xl] Sin embargo, los promoventes del supuesto “cambio verde” son los mismos actores preponderantes de siempre: multinacionales y gobernantes, quienes en sintonía política, comercial y discursiva, se enlazan con las élites empresariales que comandan el poder actual.

Es así que, aun en plena crisis económica, sanitaria y social, el modelo extractivo minero en México goza de cabal salud y continúa inerme ante los daños que ocasiona, galardonada de esencial para la reactivación económica. Ante un creciente violencia en el país, la industria minera también ha sido el beneficiario de la inauguración de un nuevo cuerpo armado puesto a su disposición.

 

Manifestación vs Proyecto Cerro del Gallo. Foto: REMA

Inauguración de la Policía Minera y aumento de inseguridad para las comunidades  

En términos de la violencia en los territorios, los pueblos han presenciado que ésta ha seguido creciendo, tanto en su expresión generalizada como en su uso selectivo, en contra de los procesos de defensa ambiental y territorial.[xli]Durante 2020, los niveles de violencia llegaron a niveles récord con un total de 36,773 asesinatos a nivel del país[xlii]con 60% relacionados de forma directa o indirecta con el crimen organizado.[xliii] Específicamente, se documentó el asesinato de 30 defensores y defensoras en 2020, un aumento de 67% en relación con las cifras para 2019.[xliv] El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de México estima que 99% de los asesinatos de defensores quedan en impunidad.[xlv] Esta situación se mantuvo en niveles muy graves durante 2021, alcanzando un total de homicidios por arriba de 33 mil.[xlvi] Grupos de defensa ambiental de los diversos estados consultados para este informe, observaron una profundización en el control territorial por el crimen organizado a nivel local desde el inicio de la pandemia, con serias implicaciones para su trabajo.

La principal respuesta a estos graves niveles de violencia ha sido una mayor militarización con el despliegue de casi 100 mil efectivos de la Guardia Nacional bajo la dirección de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.[xlvii] A la vez, entre 2020 y 2021, hubo recortes importantes en el presupuesto de entidades del gobierno responsables de la protección ambiental,[xlviii] se eliminaron dos instancias ambientales[xlix] y se aprobó la desaparición de fideicomisos relevantes para la protección de defensores del ambiente y el territorio.[l]

En el ámbito minero, mientras los riesgos aumentan para las comunidades y las organizaciones que defienden su tierra y territorio con menos protecciones cada vez, se inauguró en 2020 un grupo especial denominado Policía Minera, una policía destinada especialmente a la protección de las instalaciones mineras. El reclutamiento de efectivos fue publicado por primera vez en julio de ese año durante un evento virtual titulado “La reactivación de la minería ante la nueva normalidad”.[li] Para fines de septiembre de 2020, se graduaron los primeros 118 efectivos federales con entrenamiento militar[lii] bajo la dirección del Servicio de Protección Federal (SPF) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la cual supone tener responsabilidad de resguardar instalaciones públicas, no privadas.[liii] La SSPC en ese momento estaba dirigida por Alfonso Durazo Montaño, actual gobernador de Sonora, el mismo estado en donde han sido desplegados 118 de los efectivos graduados, para que resguarden la mina de oro La Herradura, propiedad de la empresa mexicana Fresnillo plc, que cotiza en la bolsa de Londres y, a su vez, propiedad de Industrias Peñoles.[liv]

Este esfuerzo fue justificado por el gobierno argumentando que “La minería representa una de las industrias clave para el desarrollo del país y para su economía, pues México está entre los primeros lugares en la producción y exportación de diversos materiales”, y que tal medida ayudaría a disminuir el hurto de minerales desde las instalaciones mineras.[lv] En contraste, no se ha tomado ninguna medida para bajar los niveles de sometimiento, extorsión, desplazamiento forzado y violencia en contra de las comunidades que habitan estas mismas zonas, como el ejido El Bajío, vecino de la mina La Herradura, donde la empresa Penmont, del mismo grupo empresarial, operó ilegalmente hasta 2013.

 

Falta de acceso a la justicia y marginación en contextos de violencia extrema

Testimonio desde Caborca, Sonora

En el ejido El Bajío, Sonora, la campaña de salud “Quédate en casa” no ha significado más que la intensificación del aislamiento y el olvido, la soledad, el letargo de la posibilidad de acceder a la justicia para que sus tierras les sean devueltas, les sea resarcido el daño causado por la empresa, pero sobre todo que sus muertos encuentren paz.

Miembros del ejido El Bajío han enfrentado un entorno de violencia desde 2013, cuando lograron una serie de 67 sentencias favorables que declararon nulos e inexistentes los convenios de ocupación de tierras de los ejidatarios afectados por la empresa mexicana Penmont (filial de Fresnillo plc). Estas sentencias ordenan resarcir los daños generados por la extracción de oro en las tierras del ejido,[lvi] sin embargo, la justicia no ha llegado y los riesgos para el ejido se han intensificado. Las y los ejidatarios han sido víctimas de hechos violentos como: secuestros, desaparición forzada, amenazas, actos que la minera Penmont ha negado, culpando al crimen organizado y el “clima de violencia”.[lvii]

A estas agresiones se suma la campaña de desprestigio en contra del ejido. Esta campaña, aparentemente impulsada por la empresa, ha generado que los pueblos alrededor “cierren las puertas” y “hagan oídos sordos” ante la situación de la población, categorizada como “anti-desarrollo” por negarse a ser parte de lo que llaman “el negocio más importante en el desierto”. Una campaña que ha incrementado la falta de protección social e institucional, pero especialmente la solidaridad y el apoyo a un ejido que terminó cercado por el gobierno estatal, la empresa y la delincuencia armada.

Durante la pandemia, la violencia no ha parado. El 27 de abril de 2021, casi el mismo día de la jubilación de Alberto Baillères, recién fallecido y entonces dueño de Penmont y Fresnillo plc, y quien fuera celebrado como el cuarto empresario más rico de México con una fortuna de 9 mil 200 millones de dólares, fueron asesinados María de Jesús Gómez Vega y José de Jesús Robles Cruz, habitantes del Ejido el Bajío. Los cuerpos fueron encontrados con un cartón donde se escribieron los nombres de otros ejidatarios.[lviii] Mientras todos quedaban en casa para evitar la cadena de contagios, la actividad minera y el crimen organizado actuó en contubernio con las autoridades para amedrentar a las y los ejidatarios. Este caso sigue impune, como tantos otros asesinatos de defensores y defensoras en México. El estado tampoco ha proporcionado alguna protección a los familiares, aunque sí provee constantes rondines de la policía estatal, la Guardia Nacional y el ejército, para intimidar a la población. La única vigilancia con la que cuentan es aquella que envía el gobierno y las empresas para sembrar terror psicológico y actuar punitivamente contra la comunidad.

 

Las consecuencias del distanciamiento social para la Defensa del Territorio

El “quédate en casa” en conjunto con la categorización de la minería como esencial, profundizó la asimetría existente entre las comunidades en la lucha por la salud, la defensa del territorio y las exigencias por la rendición de cuentas por daños mineros, frente al influyentismo del sector minero y la continuidad de las operaciones de minas en fase de operación y/o exploración.

El uso de gel, lavarse las manos, usar cubrebocas, asegurar baños y recámaras separadas para el aislamiento de personas enfermas, fueron medidas que de inmediato encontraron restricciones de uso masivo, creando nuevos problemas en la mayor parte de la población, quienes además del poco acceso a un sistema adecuado de salud pública, tuvieron que asumir la pérdida de empleo, la disminución de ingresos, el abandono de sus viviendas y la carga familiar de cuidar a sus enfermos. Mientras, a los grandes empresarios se les permitió obligar a sus trabajadores a asistir a sus actividades, como fue el caso del empresario Salinas Pliego[lix] y su administración de sus empresas o sectores económicos, analistas, políticos y académicos tipificaron a las y los trabajadores del sector económico informal como gente necia, imprudente, desobediente, que no entiende la dimensión de la problemática.[lx]

Los miedos generados ante la incidencia de contagios, el distanciamiento creado tras el aislamiento social, la parálisis de muchas partes de la administración pública, la pronta reanudación de las actividades de las empresas extractivas, junto con la profundización de la violencia y la militarización en el país representaron grandes obstáculos. Tal como una de las personas entrevistadas para este informe comentó, “nos cayó como si nos hubieran sumido en una alberca totalmente congelada”. Las secuelas psicológicas y sociales e interrelacionales sociales de este periodo ya es otra carga que tocó asumir en los mismos procesos de defensa.

Al mismo tiempo, las y los afectados por la minería y por los proyectos del modelo extractivo (represas, gasoductos, infraestructura, agroindustria), poblaciones defensoras del ambiente y el territorio, que bajo condiciones de aún más desigualdad económica y política, en la mayoría de los casos con impactos a la salud física y emocional, continuaron desarrollando estrategias para proteger la vida comunitaria y el patrimonio biocultural del que dependemos todas y todos. A continuación presentamos las experiencias de algunos de las y los afectados durante la pandemia y las consecuencias de una gestión de salud para los pueblos y territorios.

 

Ausencia de instituciones públicas para la protección a derechos y acceso a la justicia

Testimonio desde el valle de Ocotlán, Oaxaca

En el valle de Ocotlán, Oaxaca, la mina San José de la empresa minera canadiense Fortuna Silver Mines, que empezó a explotar la mina en 2011, fue impuesta con represión y violencia en contra de la resistencia de varias comunidades zapotecas en 2009. Durante estos trece años, las autoridades del municipio de San Pedro Apóstol relatan que “han comenzado a surgir problemas graves por la contaminación del ambiente: pérdida de flora y fauna, enfermedades y muerte de ganado, erosión de la tierra y pérdida de cosechas”, entre otros impactos.[lxi]

El 8 de octubre del 2018, ocurrió un derrame de relaves mineros en el río El Coyote, agudizando esta situación y afectando a unas siete comunidades zapotecas aguas abajo. Desde ese entonces, se han reportado afectaciones en la fauna y un aumento en problemas de salud gastrointestinales, de hígado, bucodentales y alergias en la piel.[lxii] A pesar de contar con evidencias de laboratorio sobre los contaminantes en el cauce del Río Coyote, las autoridades exoneraron a la empresa. Pero a nivel local, las autoridades y organizaciones como el grupo Articulación por la vida contra la minería del valle de Ocotlán, han estado trabajando para exigir atención a la salud y la remediación ambiental.

Durante la pandemia, sus esfuerzos se dirigieron hacia la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para exigir una revisión de lo ocurrido con el derrame e implementar un proceso de remediación. Sin embargo, la propia SEMARNAT ha dilatado el proceso, administrando el conflicto sin avances significativos. En este proceso, el “quédate en casa” resultó contraproducente para las resistencias ya que la empresa continuó operando mientras las oficinas del gobierno pararon, contribuyendo al estancamiento de procesos durante prácticamente un año. Otro efecto de la pandemia que afecta a las comunidades ha sido la nueva forma de atención al público mediante plataformas virtuales, obviando las dificultades de acceso, la falta de habilidades, tiempo y la carencia de internet en las comunidades. No es casual que todo ello haya complejizado aún más los procesos para fincar responsabilidades a la empresa y lograr la mitigación de los daños. Menos aún pensar en que se establecerán las condiciones necesarias para dar inicio a un proceso de remediación de las aguas contaminadas por la empresa Fortuna Silver Mines.

Por su parte, la empresa informa que solamente tuvo que dejar de trabajar por ocho semanas debido al COVID-19.[lxiii] Al inicio de la pandemia, como muchas otras empresas, distribuyó paquetes de limpieza con jabón y gel antibacterial, anunciando que ello evitaría que se propagara el contagio, en un burdo intento de limpiar su imagen pública.[lxiv] Además, durante toda la pandemia, la empresa ha continuado con un buen acceso a los medios de comunicación y promocionándose como actor de desarrollo, contando además con el apoyo de políticos de todos los partidos, diversas autoridades municipales y el gobernador del estado, quienes se reúnen con frecuencia con los directores de la empresa. Sin embargo, en julio de 2021, los intereses de la firma fueron frenados por la negación por parte de SEMARNAT de la Manifestación de Impacto Ambiental para la ampliación de la mina. Ante este escenario, las tensiones en la zona aumentaron por diversos esfuerzos de la empresa para generar presión sobre las autoridades en un intento exitoso de revertir esta decisión. En diciembre del 2021, la empresa anunció la extensión por 12 años de su licencia ambiental.[lxv]

……

Falta de acceso a la información e incertidumbre 

Testimonio desde Epazoyucan, Hidalgo

La Asociación por la Protección de la Tierra y el Bienestar de Epazoyucan A.C. (APTyBE) de Epazoyucan, Hidalgo se ha organizado para resistir el Proyecto Pachuca de la Minera del Norte S.A. de C.V. (MINOSA), subsidiaria de la empresa mexicana Altos Hornos de México (AHMSA). Este proyecto minero, que fue anunciado por primera vez en 2010, consiste en el traslado y depósito de 100 millones de toneladas de jales mineros desde los municipios de Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma al municipio de Epazoyucan a través de una red de ductos (o jaleoductos) de 36 km de extensión. Además, este proyecto pretende ocupar 417 hectáreas en Epazoyucan para construir y operar una planta de beneficio por lixiviación y una presa de jales en la que depositaría los desechos resultantes del proceso de beneficio metálico. Epazoyucan recibiría los jales trasladados de otros municipios, además de materiales provenientes de las minas de MINOSA.

Hasta ahora, la APTyBE ha logrado frenar este proyecto, declarando el municipio de Epazoyucan como libre de minería metálica en 2018. Sin embargo, la amenaza sigue vigente, dado que la empresa ha seguido tramitando permisos y autorizaciones, además de que se pueden observar algunas obras en los municipios de Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma que probablemente están relacionados con el Proyecto Pachuca.[lxvi]

En noviembre de 2020, se supo que tres empleados de la empresa minera que trabajaban en la construcción de un jaleoducto que conecta con una presa de jales en Pachuca de Soto fallecieron al ser sepultados a cuatro metros de profundidad por un alud de tierra durante el desarrollo de las obras de la excavación de una zanja. El conocimiento de estas muertes generó preocupación por el posible vínculo de esta construcción con el Proyecto Pachuca, sin embargo, no se pudo verificar qué estaba pasando realmente, ya que diversos medios señalaron que estas obras estaban relacionadas con la construcción de un drenaje pluvial de un centro comercial. Sin embargo, los dueños del centro comercial salieron a desmentir esta versión y afirmaron que las obras eran para la construcción de un jaleoducto de una empresa minera, Al respecto, un Diputado Local señaló que el jaleoducto que construye MINOSA-AHMSA en el Boulevard Nuevo Hidalgo en la Ciudad de Pachuca no cuenta con los permisos municipales necesarios. Frente a esto, la Procuraduría de Justicia del estado de Hidalgo y Protección Civil de Pachuca se limitó a describir de forma muy general los hechos y asegurar que llevarían a cabo el rescate de los cuerpos con las diligencias necesarias. Hasta el momento, APTyBE no ha podido indagar más en esta situación.

Además de dificultar obtener información y solicitar documentación durante un periodo de tiempo, la pandemia también frenó la organización social. A pesar de que Epazoyucan es un municipio relativamente pequeño, algunos miembros de APTyBE son adultos mayores y por el riesgo de contagio del COVID-19, han dejado de reunirse y sostener diálogos con las comunidades y las autoridades municipales, estatales y federales. A pesar de estas medidas, algunos miembros de la Asociación y personas cercanas se contagiaron y hubo decesos. Si bien la vacunación permitió que los integrantes de APTyBE retomaran sus actividades, la desarticulación que ha generado el largo periodo de confinamiento ha sido difícil de sortear y la Asociación deberá volver a tejer relaciones y a retomar los procesos de obtención de información.

En general, las medidas restrictivas para contener los contagios tuvieron el efecto de contener las luchas sociales, quienes aún se dirimen desde varios enfoques y efectos sobre, por ejemplo, si participarán de forma presencial en protestas, reuniones, talleres, denuncias, etcétera, o si pierden movilidad, organización y presencia social a causa de las restricciones sanitarias relacionadas al COVID-19. Además, al tiempo que las organizaciones encuentran la forma de sostener o reanudar los procesos de organización y denuncia, tienen que sumar aún más el trabajo para cuidar la salud familiar y comunitaria, especialmente las mujeres que suelen asumir esta labor debido a los roles de género establecidos por el patriarcado. Entretanto, las empresas mineras, sin restricciones, continúan amenazando e invadiendo territorios a toda marcha gozando de íntegra inmunidad. A la suma de esto, se observó el crecimiento de grupos relacionados con fuerzas armadas legales e ilegales, quienes no en pocos casos actúan en contubernio o en el mejor de los casos son omisos ante flagrantes actos de violencia contra defensores del territorio.

 

Reunión en Acacoyagua, Chiapas. Foto: REMA

Avanzar el la Defensa del Territorio, Fortalecer la Salud

Al inicio de la pandemia, cuando muchas de las grandes ciudades e industrias pausaron por un momento, como lo mencionó Arundhati Roy, se apreció la pandemia como “un portal” que nos permitiría imaginar nuevos futuros mejores para todxs:[lxvii]

“Es un portal, una puerta entre un mundo y el siguiente. Podemos optar por cruzarlo arrastrando tras nosotros las carcasas de nuestro prejuicio y odio, nuestra avaricia, nuestros bancos de datos e ideas muertas, nuestros ríos muertos y cielos llenos de humo. O podemos atravesarlo caminando ligeros, con escaso equipaje, listos para imaginar otro mundo. Y listos para luchar por él.”

En tiempos de emergencia y crisis sanitaria son los pueblos, las y los defensores ambientales quienes a través de la organización comunitaria vencen obstáculos. Podemos narrar muchas experiencias que surgieron a partir del COVID-19, especialmente sobre las reflexiones de los pueblos que desde hace años nos han venido advirtiendo sobre la necesidad inmediata de parar el sistema.

 

Organización y fuerza comunitaria  

Testimonio de la Cuenca de la Independencia, Guanajuato

La organización Acción Colectiva Socioambiental y la Hermandad de la Cuenca de la Independencia se han unido para defender el territorio conocido como la Cuenca de la Independencia en Guanajuato, que abarca siete municipios del norte de ese estado. Entre ellos se encuentran Dolores Hidalgo, C.I.N. (Cuna de la Independencia Nacional) y San Miguel de Allende. Esta región tiene una población aproximada de 680 000 habitantes, que dependen de un solo acuífero subterráneo que ya está gravemente sobre explotado. Su situación se agravará si, además, la empresa minera canadiense Argonaut Gold logra poner en marcha su proyecto Cerro del Gallo, proyecto que buscaba la explotación de oro a tajo abierto. Ubicado en la comunidad rural San Antón de las Minas, municipio de Dolores Hidalgo, este proyecto afectaría de manera directa a otras 20 comunidades.[lxviii] Hasta antes de la pandemia, la SEMARNAT había negado en tres ocasiones distintas el permiso en materia de impacto ambiental para este proyecto.[lxix] Sin embargo, la empresa presentó una nueva solicitud en noviembre de 2020, aprovechando el contexto de la pandemia.

Dado que hasta el segundo semestre de 2021 fue imposible celebrar reuniones y asambleas en las comunidades afectadas, se abrieron nuevos retos y obstáculos para la organización comunitaria por el fuerte impacto de COVID-19, tanto entre los integrantes de la Hermandad de la Cuenca como entre las comunidades campesinas. Por ejemplo, no lograron solicitar la consulta pública que prevé la legislación mexicana en materia de evaluación de impacto ambiental. De hecho, fue hasta abril de 2021 cuando lograron tener su primera reunión. Desde entonces, un conjunto de actividades ha reanimado la organización social. En julio de 2021, hubo preocupación cuando la empresa envió algunos directivos a reunirse con el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.[lxx] El Gobernador, a pesar de no tener facultades para otorgar permisos mineros, ha generado presión sobre el municipio de Dolores Hidalgo, quien sostenía un compromiso verbal con el movimiento movilizado en defensa de la Cuenca de la Independencia para no entregar ningún tipo de permiso para la mina.

Con el aumento en la precariedad económica de la zona rural por efecto de la pandemia, las comunidades se preocuparon e indignaron ante el hecho de que la empresa, junto con una representante de la secretaría de educación pública del gobierno estatal, ofreciera útiles escolares y mochilas a niñas y niños de San Antón de las Minas, a través de su programa Argonaut Gold Becarios. A pesar de todo, y gracias al proceso de movilización social de habitantes de las comunidades afectadas de toda la Cuenca, en octubre y noviembre del 2021, la autoridad ambiental resolvió nuevamente rechazar la solicitud del permiso ambiental a la empresa.[lxxi]

…. 

Decidir sobre el territorio, mirar el futuro, aunque la minería avance

Testimonio desde Acacoyagua, Chiapas

El Frente Popular en Defensa del Soconusco ‘20 de junio’ (FPDS) de Acacoyagua, Chiapas se conformó en el 2015 para suspender la explotación de la mina Casas Viejas de la empresa mexicana Grupo Minero El Puntal y evitar el avance de la extracción en veinte concesiones más en sus tierras autorizadas por el gobierno federal.

No es la primera vez que la minería se establece en la región. Desde el 2012 llegaron algunas empresas a solicitar autorizaciones a los ejidos, cuando el Grupo Male S.A de C.V. de México logró establecer la mina Cristina de ilmenita durante tres años. En este proceso, la empresa trituraba el material y descargaba sus desechos en el río Cacaluta, una cuenca que también sufre contaminación por plaguicidas usados para el monocultivo de mango, plátano y palma aceitera.

En 2014, los habitantes de los municipios de Escuintla y Acacoyagua notaron que el agua del Río Cacaluta causaba distintas lesiones en la piel, e identificaron el incremento significativo de cáncer y enfermedades renales entre sus poblaciones. En 2016 exigieron un estudio al sector público de salud y distintos estudios de calidad del agua a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), mismos que no fueron atendidos, además exigieron a algunos representantes de las empresas mineras rendir cuentas acerca de la legalidad de sus permisos. Ante el respaldo del gobierno de Chiapas a las empresas y la falta de la respuesta de las instituciones federales, la población decidió cerrar diálogo con las empresas y las instituciones del Estado para iniciar un plantón permanente que logró la suspensión del proyecto Casas Viejas y, además, la no reanudación de la explotación de la Mina Cristina.

En el contexto de la pandemia, la actividad minera en Acacoyagua hizo su reaparición en abril del 2020, en momentos en que la estrategia nacional declaraba la minería actividad “no esencial”. Con la ayuda del gobierno de Chiapas, las empresas citaron a las comunidades con el pretexto de “reanudar el diálogo”, convocando a dieciséis líderes comunitarios que las empresas en el 2017 habían criminalizado y deslegitimado. Mientras las escuelas suspendían actividades y las comunidades cerraban su entrada para protegerse de los contagios, incluso suspendiendo las faenas en las huertas; las autoridades estatales insistieron en convencer a las y los habitantes para establecer comunicación con las empresas. En estos momentos integrantes del FPDS advirtieron el riesgo de volver a ser criminalizados y amenazados por las empresas, pero la empresa decidió hacer una campaña informativa silenciosa visitando algunas comunidades y prometiendo caminos y escuelas para reiniciar operaciones en la Mina Cristina.

Pese a estos esfuerzos de la empresa, la conciencia que la lucha en Acacoyagua ha generado sobre la salud socio-ambiental ha cobrado más sentido en pandemia, organizando a las comunidades para ampliar su trabajo en la defensa del territorio, no solo en relación a la suspensión de los proyectos extractivos, sino apostando por construir formas de vida en equilibrio con su territorio y sus bienes naturales, lo que implica deconstruir un pensamiento de desarrollo hegemónico impuesto por el modelo extractivo y desafiar a las estructuras de dominación de las cuales este depende.

Como la población chiapaneca de distintas regiones del estado, las comunidades en Acacoyagua tomaron sus propias decisiones para procurar su salud y prevenir que el coronavirus llegara a sus territorios. El FPDS decidió fortalecer su organización convocando a mujeres para capacitarse en el uso de medicina tradicional y con el objetivo de generar un proceso de concientización para la valorización de los conocimientos comunitarios y los bienes naturales del territorio. Por primera vez, mujeres, niñas y niños integrantes del FPDS conocieron las formas de transmisión del COVID-19 o la diferencia entre enfermedades por bacterias y por virus. Esta experiencia puso en marcha la recuperación del conocimiento para la siembra de la milpa y la concientización de la alimentación sana. Así, mientras la OMS se enfocó en la medicina convencional para enfrentar el COVID-19 y los servicios de salud de atención primaria fueron suspendidos durante la pandemia, la medicina tradicional fue la herramienta más cercana para que las familias fortalecieron el sistema inmunológico y atendieran sus enfermedades, incluyendo las crónicas.

 

Denuncia a Exgobernadora Pavlovich. Foto: REMA

CONCLUSIONES

Con la imposición de prioridades y medidas impuestas desde los centros de poder, se reafirmó el orden impuesto, para asegurar los intereses de las grandes empresas a la expensa de la salud y la vida de la mayoría. Entre quienes han ido beneficiándose, el modelo minero extractivo quedó intacto y las empresas mineras han ganado muy bien de esta calamidad sanitaria.

En México, pudieron contar con el gobierno, que siguió el guion impuesto por los Estados Unidos y el marco del Tratado de Libre Comercio para acceder a sus demandas, categorizando como “esencial” la muerte segura garantizada por los proyectos mineros, sin importar o cuestionar los impactos en las vidas de las poblaciones afectadas. Las empresas mineras contaban con toda la protección de las fuerzas del estado, y hasta nuevas, entre ellas la flamante Policía Minera y el enorme despliegue de la Guardia Nacional. Mientras, las comunidades cuentan con más y más inseguridad ante la ola de violencia a la par de los contagios, secuelas y muertes por COVID-19.

Y aunque varios hablaron de la posibilidad de transitar de un mundo dirigido por prejuicios y avaricia a otro mejor, las poblaciones ya puestas para luchar, para imaginar, para cuidar la salud colectiva y hacer todo para defender sus territorios, aguas, tierras, bosques y vidas para futuras generaciones, tuvieron que encerrarse para evitar el contagio de sus comunidades primero. Esto también fue un acto de defensa, facilitada en muchos casos por las experiencias anteriores de organización y sus estructuras de toma de decisión como las asambleas de los ejidos y bienes comunales de tomar decisiones en conjunto y decidir sobre su futuro colectivo.

Sin embargo, después de que la actividad minera fuera declarada como esencial y necesaria para reactivar la economía no hubo tregua. No cuestionaron los paradigmas de libre comercio al servicio de los mercados internacionales e intereses privados, la sobreexplotación de nuestros cuerpos y bienes comunes, o el consumo más allá de los límites del planeta. Tampoco se ha movido un dedo para romper la impunidad de que gozan las empresas y los gobernantes para responsabilizar quienes han generado tantos daños al agua, tierra, la salud y la vida en los territorios afectados por la minería u otros megaproyectos. Este sector, una de las industrias que más destruyen lo que necesitamos para vivir bien, siguió      con más fuerza por las restricciones sociales que fueron aplicadas para las poblaciones.

A pesar de estas condiciones adversas, las organizaciones y las comunidades siguieron y siguen luchando, buscando la forma de cuidarse y no perder su territorio. Pero no ha sido fácil, las asimetrías se han profundizado, y ha habido terribles pérdidas de las y los defensores del territorio que fueron abatidos por el COVID-19 y así también por la violencia.

Desde organizaciones como la Red Mexicana de Afectados/as por la Minería (REMA), se tiene más clara la importancia de prevenir la entrada de las empresas mineras, de informar a las comunidades, dialogar, documentar los daños y desmitificar las mentiras del modelo minero; dado que construir el futuro previniendo los daños de los proyectos extractivos es lo que da un respiro para quienes viven los daños de la minería. Una estrategia que nos abre la posibilidad de generar alternativas de vida al sistema capitalista, desde la agroecología hasta los sistemas de energía comunitarios. Estas acciones para defender un ambiente sano, la vivienda digna, el agua limpia, la salud comunitaria y la soberanía alimentaria son imprescindibles en los territorios. Esto es lo verdaderamente esencial.

[1]   Este informe forma parte de una iniciativa de documentación a nivel global coordinada por la Coalición en Contra de la Pandemia Minera: https://miningpandemic.org/es/.

[i]           Amnistía Internacional, “Un nuevo informe muestra que las principales empresas farmacéuticas que desarrollan las vacunas contra la COVID-19 avivan una crisis sin precedente de derechos humanos”, 24 de septiembre del 2021; https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/09/test-new-report-shows-leading-covid-19-vaccine-pharma-companies-fuelling-unprecedented-human-rights-crisis/; France24, “El director general de la OMS insta a la equidad de vacunas para que 2022 sea el fin de la pandemia”, 21 de diciembre del 2021; https://www.france24.com/es/%C3%A1frica/20211220-oms-pandemia-2022-omicron-navidad ; McKeever, Amy, National Geographic, “COVID-19: nuevas variantes pueden seguir apareciendo hasta que el acceso a las vacunas sea para todo el mundo”, 4 de enero del 2022; https://www.nationalgeographicla.com/Ciencia/2022/01/COVID-19-nuevas-variantes-pueden-seguir-apareciendo-hasta-que-el-acceso-a-las-vacunas-sea-para-todo-el-mundo

[ii]          PwC, “Mine 2021: Great expectations, seizing tomorrow”, junio del 2021; https://www.pwc.com/gx/en/industries/energy-utilities-resources/publications/mine.html

[iii]          INFOBAE, “Una investigación dio con la fecha exacta del primer caso de coronavirus en el mundo”, 13 de marzo del 2020;  https://www.infobae.com/america/mundo/2020/03/13/una-investigacion-dio-con-la-fecha-exacta-del-primer-caso-de-coronavirus-en-el-mundo/

[iv]         Suárez, V., Quezada, M.S., Oros Ruiz, S., y Ronquillo De Jesús, E., “Epidemiología de COVID-19 en México: del 27 de febrero al 30 de abril de 2020”, Rev Clin Esp, 2020 Nov; 220(8): 463-371; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7250750/#

[v]           https://coronavirus.gob.mx/semaforo/

[vi]  El Economista, “¿Cuáles son las actividades esenciales que no pararán en la contingencia del Covid-19?”, 31 de marzo de 2021; https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cuales-son-las-actividades-esenciales-que-no-pararan-en-la-contingencia-del-Covid-19-20200331-0061.html

[vii]         CONACYT, “COVID-19 México”, Consultado el 4 de abril del 2022; ​​https://datos.covid-19.conacyt.mx

[viii]        El exceso de mortalidad se define como la diferencia entre el número total de muertes en una crisis y las esperadas en condiciones normales.

[ix]         Gobierno de México, “Exceso de mortalidad en México”, Consultado el 4 de abril del 2022; https://coronavirus.gob.mx/exceso-de-mortalidad-en-mexico/

[x]          John Hopkins University, “Mortality Analysis”, Consultado el 4 de abril del 2022; https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality

[xi]  Ibid.

[xii]         Diario Oficial de la Federación, “Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria”, 31 de marzo del 2020; https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020

[xiii]        El Financiero, “Senadores le solicitan a Pompeo definir con México actividades esenciales”, 29 de abril del 2020; https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/senadores-le-solicitan-a-pompeo-definir-con-mexico-actividades-esenciales/

[xiv]        National Association of Manufacturers, Carta dirigida al Presidente López Obrador, 22 de abril del 2020; http://documents.nam.org/GR/NAM%20CEO%20Letter%20to%20Mexican%20President%20Lopez%20Obrador.pdf

[xv] Prominería, “Minería de México pide ayuda a EU para reiniciar actividades”, 2 de mayo del 2020;  https://www.promineria.com/?p=nota&id=12830

[xvi]        Beatriz Olivera, Fundar, “Las malas prácticas de las empresas mineras durante la pandemia”, 4 de junio del 2020;  https://www.animalpolitico.com/res-publica/las-malas-practicas-de-las-empresas-mineras-durante-la-pandemia/

[xvii]       Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas…”, 14 de mayo del 2020; https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020

[xviii]      CAMIMEX, “Presentación del Informe de Sustentabilidad 2021”; https://camimex.org.mx/application/files/8316/3095/0368/Pres_inf_sutentabilidad_2021.pdf

[xix] Organización Internacional de Trabajo (OIT), “La COVID-19 y la minería: Lista de control y prevención”, mayo de 2020; https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_dialogue/—sector/documents/publication/wcms_747963.pdf

[xx] Flores Hernández, B.J. y Sánchez-Salazar, M.T., “La Pequeña y la Mediana Minería Metálica de Zimapán, Hidalgo, en el Contexto del Proyecto Neoliberal: Implicaciones Sociales y Territoriales”, 2019; http://ru.iiec.unam.mx/4691/

[xxi]        Santacruz Silver Mining, “Santacruz Silver Signs Agreement to Acuire the Zimapan Mining Assets from Grupo Peñoles,” 28 de julio del 2020; https://www.santacruzsilver.com/news/santacruz-silver-signs-agreement-to-acquire-the-zimapan-mining-assets-from-grupo-penoles/

[xxii]       Montoya, J.R, La Jornada, “Acumulación de jales en Zimapán ya afecta salud y ambiente: vecinos”, 20 de julio de 2015; https://www.jornada.com.mx/2015/07/20/estados/027n1est

[xxiii]      Flores, G., La Silla Rota Hidalgo, “Piden que autoridades se reúnan para atender contaminación por minería en Zimapán”, 14 de enero del 2020; https://hidalgo.lasillarota.com/piden-autoridades-reunan-contaminacion-zimapan/352491

[xxiv]      Moore, J. y Peréz Rocha Loyo, M., “Casino del Extractivismo: Las empresas mineras apuestan con la vida de los pueblos y la soberanía de los países de América Latina usando el arbitraje supranacional”, abril de 2019; https://miningwatch.ca/sites/default/files/isds_reporte_espanol_final.pdf

[xxv]       Modern Machine Shop Mexico, “COVID-19 “En Norteamérica no se puede fabricar un solo auto sin autopartes mexicanas”: Óscar Albin”, 4 de mayo de 2020;  https://www.mms-mexico.com/noticias/post/covid-19-en-norteamerica-no-se-puede-fabricar-un-solo-auto-sin-autopartes-mexicanas-oscar-albin

[xxvi]      Gaceta Ecológica 2020 N° 17 de 28 de mayo al 2 de junio de 2020 incluye “las actividades relacionadas con la industria de la construcción, la minería y la referencia a la fabricación de equipo de transporte…” dentro de los trámites que se publicarán. http://sinat.semarnat.gob.mx/Gacetas/archivos2020/gaceta_17-20.pdf

[xxvii]     Gaceta Ecológica 2020 N° 20 de 18 de junio al 24 de junio de 2020 registra el ingreso del primer proyecto minero durante la pandemia para la “Ampliación de la unidad minera San Agustín” por la empresa Minera Real del Oro, S.A. De C.V. en Durango;  http://sinat.semarnat.gob.mx/Gacetas/archivos2020/gaceta_18-20.pdf; Gaceta Ecológica 2020 N° 18 de 04 de junio al 10 de junio de 2020 publica el primer proyecto minero aprobado, la minería subterránea Argos 2 del promoviente Cesar Mejía Rivera por 27 años y 11 meses; http://sinat.semarnat.gob.mx/Gacetas/archivos2020/gaceta_20-20.pdf

[xxviii]     World Economic Forum, “Gold eyes $2,000 mark in speedy record-breaking run”, 28 de julio del 2020; https://www.weforum.org/agenda/2020/07/gold-price-covid19-fiscal-policy-response/; Akhlaqul Karomah, AZO Materials, “How Has Coverage of the COVID-19 Pandemic Affected Oil and Gold Prices?”, 8 de noviembre del 2021; https://www.azom.com/news.aspx?newsID=57226;

[xxix]      Gallagher, Tyler, Forbes, “How Precious Metals Have Performed During Coronavirus: A Year in Review”, 13 de enero del 2021: https://www.forbes.com/sites/theyec/2021/01/13/how-precious-metals-have-performed-during-coronavirus-a-year-in-review/?sh=26bc9e85b171; Ellyatt, Holly, CNBC, “Silver is up over 70% in a year. Here’s why experts say it could have further to go”, 13 de mayo del 2021; https://www.cnbc.com/2021/05/13/silver-price-rockets-as-investment-and-industrial-demand-continues.html; The Silver Institute, “Industrial Demand for Silver Rebounding to a New High in 2021”, 17 de noviembre del 2021; https://www.silverinstitute.org/wp-content/uploads/2021/11/SI2019InterimMktPRNov19_III.pdf

[xxx]       S&P Global Intelligence, “Impact of COVID-19 pandemic on industrial metal markets – one year on”, 24 de junio del 2021; https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/research/impact-of-covid-19-pandemic-on-industrial-metals-markets-one-year-on; Dhall, Rajan, Kitco News, “Demand for electric vehicles will keep copper afloat in 2022”, 3 de enero del 2022; https://www.kitco.com/news/2022-01-03/Demand-for-electric-vehicles-will-keep-copper-afloat-in-2022.html

[xxxi]      CAMIMEX, “Informe Anual CAMIMEX 2021”, febrero del 2021; https://camimex.org.mx/index.php/publicaciones/informe-anual/informe/98

[xxxii]     Fresnillo plc, “Financial results for the year ended 31 December 2020,” 2 de marzo del 2021.

[xxxiii]     Cochrane, D.T., “Pandemic Profits and the Public Purse,” Canadians for Tax Fairness, mayo del 2021; https://www.taxfairness.ca/en/news/c4tf-report-pandemic-profits-and-public-purse

[xxxiv]    CAMIMEX, febrero del 2021.

[xxxv]     Ibid.

[xxxvi]    pwc, “Mine 2021: Great expectations, seizing tomorrow”, junio del 2021; https://www.pwc.com/gx/en/industries/energy-utilities-resources/publications/mine.html

[xxxvii]    CAMIMEX, febrero del 2021.

[xxxviii]   Colectivo Geocomunes, REMA y MiningWatch Canada, “El Litio: La nueva disputa comercial dinamizada por el falso mercado verde”, enero del 2020; https://geocomunes.org/Analisis_PDF/Litio_Informe_Final_Enero2021.pdf

[xxxix]    Forbes, “El litio debe quedar bajo dominio de la Nación, no se dejará al mercado: AMLO”, 25 de octubre del 2021; https://www.forbes.com.mx/politica-el-litio-debe-quedar-bajo-dominio-de-la-nacion-no-se-se-pondra-al-mercado-amlo/

[xl]  Environmental Justice Atlas (EJAtlas), “Proyecto minero Sonora Lithium en Sonora, México”, Consultado el 17 de diciembre del 2021; https://ejatlas.org/conflict/proyecto-sonora-lithium-en-sonora-mexico; Alliance News, “In Brief: Bacanora Lithium takeover by Gangfeng now unconditional”, 17 de diciembre del 2021; https://www.morningstar.co.uk/uk/news/AN_1639776200021633500/in-brief-bacanora-lithium-takeover-by-ganfeng-now-unconditional.aspx

[xli]  Angel, A., Animal Político, En 2020, la violencia en México se mantuvo en niveles récord; en 11 estados aumentaron asesinatos, 29 de diciembre de 2020; https://www.animalpolitico.com/2020/12/violencia-2020-mexico-record-11-estados-aumento-asesinatos/; Alejandro Encinas Rodríguez, Periodistas y defensores de derechos humanos, 26 de octubre de 2021; http://www.alejandroencinas.mx/articulos/periodistas-y-defensores-de-derechos-humanos/

[xlii] El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Defunciones por homicidios 1990 a junio de 2021, Accedido el 5 de abril del 2022; https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=

[xliii] Heidi Osuna, Sol de México, “México, letal para los defensores del medio ambiente”, 16 de noviembre de 2021; https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/mexico-letal-para-los-defensores-del-medio-ambiente-7481620.html

[xliv]       Heidi Osuna, Sol de México, “México, letal para los defensores del medio ambiente”, 16 de noviembre de 2021; https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/mexico-letal-para-los-defensores-del-medio-ambiente-7481620.html

[xlv] Alejandro Encinas Rodríguez, Periodistas y defensores de derechos humanos, 26 de octubre de 2021; http://www.alejandroencinas.mx/articulos/periodistas-y-defensores-de-derechos-humanos/

[xlvi]       Hurtado, J., France24, “México cierra 2021 lejos de revertir la violencia y la impunidad”, 27 de diciembre de 2021; https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20211227-m%C3%A9xico-cierra-2021-lejos-de-revertir-la-violencia-y-la-impunidad; DW, “México cierra 2021 con homicidios a la baja”, 21 enero del 2022; https://www.dw.com/es/m%C3%A9xico-cierra-2021-con-homicidios-a-la-baja/a-60503236

[xlvii]      Angel, A., Animal Político, 29 de diciembre de 2020; Diario Oficial de la Federación, “Manual de Organización General de la Guardia Nacional”, 16 de noviembre del 2021; https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635311&fecha=16/11/2021

[xlviii]      Forbes México, “El medio ambiente no es prioridad para AMLO; organismos tienen recortes de 37%”, 27 de abril del 2021; https://www.forbes.com.mx/el-medio-ambiente-no-es-prioridad-para-amlo-organismos-tienen-recortes-de-37/

[xlix]       La Jornada, “Oficial: desaparecen los institutos Nacional de Ecología y del Agua”, 18 de diciembre del 2021; ​​https://www.jornada.com.mx/notas/2021/12/18/sociedad/oficial-desaparecen-los-institutos-nacional-de-ecologia-y-del-agua/

[l]    Artículo 19, “La eliminación de los fideicomisos pone en riesgo la vida de personas defensoras de derechos humanos, periodistias y víctimas”, 21 de octubre del 2020; https://articulo19.org/la-eliminacion-de-los-fideicomisos-pone-en-riesgo-la-vida-de-personas-defensoras-de-derechos-humanos-periodistas-y-victimas/

[li]   Outlet Minero, “México lanza campaña para formar unidad de policía minera,” 14 de julio de 2020; https://outletminero.org/mexico-lanza-campana-para-formar-unidad-de-policia-minera/

[lii]   Morbiato, C., El Sur de Acapulco, Se consolida la policía minera y crecen las dudas sobre el alcance de sus operaciones, 2 de febrero de 2021; https://suracapulco.mx/se-consolida-la-policia-minera-y-crecen-las-dudas-sobre-el-alcance-de-sus-operaciones/

[liii]         Camacho, Z., Contralínea, Nace la “policía minera” en plena “4T”, 8 de octubre de 2020; https://rebelion.org/nace-la-policia-minera-en-plena-4t/

[liv]         Morbiato, C., El Sur de Acapulco, 2 de febrero de 2021.

[lv]         SPF, “En apoyo a la industria minera el SPF especializa a sus elementos”, 28 de septiembre del 2020

            https://www.gob.mx/proteccionfederal/articulos/en-apoyo-a-la-industria-minera-el-spf-especializa-a-sus-elementos-253608?idiom=es

[lvi]  Ejido El Bajío, “Millonario contra campesinos”, 24 de marzo del 2021; https://ejidoelbajio.mx/2021/03/24/millonario-contra-campesinos/

[lvii] La Jornada, “Asesinan a pareja de activistas de la Rema en Sonora; minera se deslinda”, 6 de mayo del 2021; https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/06/estados/asesinan-a-pareja-de-activistas-de-la-rema-en-sonora-minera-se-deslinda/

[lviii] Regeneración, “Demandan justicia por el asesinato de opositores a mina de Bailléres”, 3 de mayo del 2021; https://regeneracion.mx/demandan-justicia-por-el-asesinato-de-opositores-a-mina-de-bailleres/

[lix]  https://www.forbes.com.mx/negocios-grupo-salinas-temor-casos-coronavirus/. Consultado el 12 de enero del 2022.

[lx]  Requena, C., Forbes, “DesobedenciaDesobediencia en tiempos de crisis”, 14 de mayo del 2020; https://www.forbes.com.mx/desobediencia-en-tiempos-de-crisis/

[lxi]  Ayuntamiento municipal de San Pedro Apostol, “Comunicado y Posicionamiento ante Negativa de la SEMARNAT a Ampliación del Proyecto Minero ´San José II´”, agosto del 2021.

[lxii] PiedePágina, Minera Cuzcatlán: con licencia para contaminar, 24 de marzo del 2021; https://piedepagina.mx/minera-cuzcatlan-con-licencia-para-contaminar/#:~:text=16%20comunidades%20bloquearon%20la%20carretera,la%20contaminaci%C3%B3n%20de%20Minera%20Cuzcatl%C3%A1n

[lxiii] La empresa reporta que suspendió labores el 31 de marzo del 2020 y que volvió a trabajar el 26 de mayo de 2020. Ver boletines de prensa: https://fortunasilver.com/investors/news/fortuna-provides-an-update-on-its-response-to-the-worldwide-spread-of-covid-19/, https://fortunasilver.com/investors/news/fortuna-announces-resumption-of-production-at-the-san-jose-mine-mexico/; Ver nota de 7 de junio de 2020: https://www.eluniversal.com.mx/estados/trabajar-bajo-tierra-durante-la-epidemia.

[lxiv]       Minera Cuzcatlán reportó el 1 de junio de 2020 sobre la donación de despensas, paquetes de limpieza familiar y medicamentos. También donó un equipo de ventilación y monitorización respiratorioa en la Unidad de Cuidados Intensivos. Ver: https://mineracuzcatlan.com/2020/06/01/compania-minera-cuzcatlan-dona-ventilador-medico-despensas-medicamentos-y-kits-de-limpieza-en-oaxaca/. También informó en abril de 2020 sobre un fondo para emergencias comunitarias como medicamentos, productos de canasta básica y gastos funerarios; https://www.rotativooaxaca.com.mx/mas-informacion/compania-minera-cuzcatlan-crea-fondo-de-emergencia-comunitario-ante-el-covid-19/

[lxv] Fortuna Silver Mines, “Fortuna Silver Mines receives San José Mine environmental license approval”, 20 de diciembre del 2021;https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/871-tsx/fvi/112781-fortuna-receives-san-jose-mine-environmental-impact-authorization.html?utm_source=newsletter_1263&utm_medium=email&utm_campaign=junior-mining-brief-for-date-b-j-y

[lxvi]       Environmental Justice Atlas, “Proyecto Pachuca y jales mineros tóxicos en Epazoyucan, Hidalgo, México”, 7 de octubre del 2020; https://ejatlas.org/conflict/proyecto-pachuca-reproceso-produccion-y-deposito-de-jales-mineros-altamente-toxicos-en-epazoyucan-hidalgo-mexico

[lxvii]      Roy, A., La Jornada, “La pandemia es un portal”, 13 de abril de 2020; https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/04/13/la-pandemia-es-un-portal-9285.html

[lxviii]      Environmental Justice Atlas, “Proyecto Minero Cerro del Gallo, Guanajuato, México,” 8 del marzo del 2021; https://ejatlas.org/conflict/proyecto-minero-cerro-del-gallo-guanajuato-mexico

[lxix]       Ibid.

[lxx] Ibid.

[lxxi]       Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Gaceta Ecológica 2021, No DGIRA/054/21, 2 de diciembre de 2021.

 

[Libertad 1]Esto puede ser ilustrado en línea del tiempo por una diseñadora?

 

[jen moore2]Reply to Libertad Díaz (03/03/2022, 23:57): «…»

Creo que es buena idea, no para reemplazar el texto, pero para ilustrarlo de otra forma con los eventos del 31 de marzo de 2020 al 14 de mayo del 2020

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