Gobierno de Veracruz rechaza oficialmente la minería metálica tóxica

Gobierno de Veracruz rechaza oficialmente la minería metálica tóxica.
Foto: La Marea

Pronunciamiento en la Gaceta Oficial no es vinculante, pero podría usarse en litigios contra empresas que busquen instalarse en Veracruz con proyectos de minería a cielo abierto.

Por Rodrigo Soberanes en La Marea

El gobierno de Veracruz publicó un pronunciamiento donde informa que, hasta donde le alcancen de sus atribuciones legales, rechazará proyectos de minería metálica tóxica en territorio estatal. Esa postura -publicada en la Gaceta Oficial- es una herramienta legal en futuros litigios contra mineras.

El gobernador, Cuitláhuac García, firmó un documento titulado Pronunciamiento del gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave acerca de la minería metálica tóxica donde expresa su rechazo a esta actividad económica.

“El Gobierno del Estado reitera su rechazo a la minería metálica tóxica, toda vez que su explotación genera daños adversos e irreversibles a la biodiversidad, a los ecosistemas y a la salud de las veracruzanas y los veracruzanos”, dice el documento.

El pronunciamiento no es vinculante, más bien “es una posición política frente a la minería”, advierte la abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Yoatzin Popoca Hernández. De hecho, una empresa minera no queda impedida para solicitar una nueva concesión.

Pero ahora -dijo la abogada a La Marea- las mineras pierden un gran incentivo para venir a Veracruz, ya que enfrentarían diversas trabas, como negativas de cambio de uso de suelo.

Además, el pronunciamiento puede ser una arma en contra de las empresas mineras en posibles litigios.

“El pronunciamiento sí podría ser un argumento en los litigios ante un juez. Puede acompañar las causas como pronunciamiento público y oficial. Ya no va a ser lo mismo para las mineras en Veracruz”, opinó Yaotzin Popoca.

La base de concesiones mineras del gobierno federal tiene registradas un total de 88 concesiones vigentes en Veracruz que suman un total de 206 mil 677 hectáreas. El proyecto Caballo Blanco-La Paila registra un total de 12 concesiones vigentes que suman un total superior a las 17 mil 869 hectáreas entre Actopan y Alto Lucero.

El proyecto más grande de Veracruz, y que causó un fuerte descontento social, es el de la minera Caballo Blanco, de la canadiense Goldgroup Mining, que se estableció en Alto Lucero y Actopan para extraer plata a través de las empresas Candymin y Minera Cardel.

La minera como tal se canceló por defectos en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que fueron señalados por la protesta social, pero de acuerdo con testimonios en la región, la minera sigue haciendo trabajos de exploración todos los días, lo cual es calificado ya como “minería hormiga”.

La “zona cero” de Caballo blanco está en la comunidad de Los Baños, en Actopan. Ahí vive el señor Crescencio Sánchez, Lleva más de dos décadas de oponerse a la minería, primero por su cuenta y años más tarde dentro de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), organización que interpuso una denuncia popular contra Goldgroup Mining en 2012.

“El pronunciamiento no es la solución pero (el gobierno) se dignó a publicar unas palabras”, dijo Ascención desde su comunidad, donde han visto cómo la minera canadiense la extraído muestras desde hace 22 años.

“Las consecuencias principales son que se han secado los manantiales, pozos y la Laguna del Farallón. Desde octubre de 2021 se terminaron de secar todos. Si no hubiera resistencia nuestros pueblos ya no existirían”.

A cinco kilómetros de Los Baños, frente a extinta Laguna del Farallón, está el señor “Roberto” (pidió anonimato por las frecuentes amenazas en la región) acostado en su hamaca. Él es originario de la comunidad de El Porvenir, que también tiene sus arroyos secos por la exploración minera.

No quiere que se le nombre y tampoco quiere profundizar en cómo han sido sus décadas de oposición a la minería tóxica en su pueblo. De hecho se está recuperando de un infarto que -dice- podría tener relación con la tensión vivida durante tantos años de marchas, declaraciones en medios, recorridos por su comunidad y reuniones en lejanas oficinas de gobierno que no dieron resultado.

“Ahorita sigue la minera en la comunidad y se secaron los arroyos y la laguna”, dijo, resignado, reposando en una hamaca.

El pronunciamiento del gobierno se basó en la Ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente, la Ley Minera, la Constitución local de Veracruz y la Ley estatal de protección ambiental para exponer abiertamente la intención de Veracruz de declararse territorio libre de minería metálica tóxica.

El Ejecutivo de Veracruz justificó su postura con varios puntos. Unos de ellos es que la minería metálica tóxica a cielo abierto “es cualquier tipo de explotación minera donde se utilizan y generan sustancias o elementos químicos altamente tóxicos”.

También se describen algunos de los daños que las empresas mineras dejan a su paso, como montones de tierra o desperdicio llamados terreros, y depósitos de residuos llamados presas de jales que se usan para confinar sólidos y líquidos sobrantes.

Se nombra la destrucción irreversible e irremediable de grandes extensiones de terreno, como ha sucedido, en el caso de Veracruz, principalmente en los municipios de Alto Lucero y Actopan, donde se encuentran las 12 concesiones para el proyecto Caballo Blanco-La Paila.

“Es importante describir que por lo común este tipo de minería utiliza cianuro de sodio, una sustancia en extremo tóxica, que se mezcla con agua para separar el metal de la roca madre”, agrega el documento publicado en la Gaceta.

René Belin Capitaine, presidente del Consejo de la Alianza de Comunidades en defensa de las cuencas de los ríos Nautla, Bobos y Tecolutla, dijo que el Pronunciamiento es positivo pero, con 26 años de lucha a cuestas contra proyectos mineros e hidroeléctricos, no lo ve como un triunfo aún.

“Es una lucha titánica que llevamos a cabo. Sabemos que tenemos las amenazas latentes, son empresas poderosas y depredadoras”.

Las organizaciones de la región, que han logrado frenar 14 presas hidroeléctricas tienen el objetivo de lograr modificar el Artículo 6 de la Ley Minera donde se establece que la exploración, explotación y beneficio de los minerales “son de utilidad pública y serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento de terreno”.

“Le da el poder a las mineras por encima de los derechos ciudadanos. El agua es primero para la mina y después para el pueblo. Es muy relevante que se hagan los cambios que se están promoviendo”, dijo el activista.

Por lo pronto, dentro del Pronunciamiento del gobierno de Veracruz, hay una petición formal al Gobierno Federal para detener la minería tóxica.

“Dentro del ámbito de competencias del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, respetuosamente se pronuncia por poner un límite a los permisos y erogaciones correspondientes que permitan la prospección, exploración, explotación y beneficio de minerales metálicos por procedimientos tóxicos que destruyan el medio ambiente de manera irremediable en territorio veracruzano”.