Laguna Larga a cinco años de su desplazamiento y aún sin soluciones viables

Laguna Larga, 5 años de desplazamiento Forzado. Cortesía: RED TDT

*Por casi 30 años, unas 111 familias vivieron en la comunidad de Laguna Larga, llegaron huyendo de la guerra en los ochenta y buscando una mejor forma de vida. Sin embargo, todo cambió cuando les dijeron que ya no podían vivir ahí y que toda la selva era ya un área natural protegida, parte de la Reserva de la Biosfera Maya, decretada así en 1990 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).


A cinco años de su desplazamiento forzado desde Guatemala, pobladoras y pobladores del Campamento en Resistencia de Laguna Larga acompañados por organizaciones civiles, reclamaron que hasta el momento no existe la voluntad para resolver su situación, pues no cuentan con algún plan de atención integral, con soluciones viables y duraderas.

Así mismo, recordaron que, desde el 2017, una población de 111 familias, integrada por un total de 550 personas, fueron desplazadas por mil 500 elementos de las fuerzas estatales, Ejército y Policía Nacional Civil de Guatemala. Derivado de ello, personas campesinas, originarias de los pueblos indígenas Maya Q’eqchi, Chuj y población mestiza, se encuentran desde el 2 de junio del ese año, en un campamento improvisado en la línea fronteriza entre México y Guatemala.

En ese sentido, el pasado 29 de septiembre de 2021, abogados y organizaciones de derechos humanos, realizaron una visita de verificación, para documentar la situación actual en que se encuentran estas familias.

Registraron a 14 personas fallecidas durante y después del desalojo, una falta de condiciones básicas de sobrevivencia y que no cuentan con ningún servicio elemental para una vida digna. También, que las niñas y niños de esa comunidad no se encuentran en el Registro Nacional de las Personas (RENAP).

Aunque han recibido medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han observado la “apatía del Estado de Guatemala y la situación de crisis humanitaria en que se encuentra la comunidad”. No obstante, la población no pierde las esperanzas de encontrar una solución justa y que repare los daños ocasionados a las vidas, tierras y bienes, garantizando el futuro de las presentes y futuras generaciones de la comunidad.

El desalojo

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Cabe recordar que las 111 familias vivieron en la comunidad de Laguna Larga tenían todo para vivir de manera digna, sin pedirle nada al gobierno de su país, consumían lo que cosechaban junto a una laguna de aguas cristalinas a la que cuidaban porque les daba todo: maíz, frijol, chihua (calabaza) y otros productos que comercializaban con sus vecinos más cercanos, los pobladores de la comunidad El Desengaño, municipio de Candelaria Campeche, en el lado mexicano.

El 2 de junio del 2017, todo cambió, pues les avisaron que serían desalojados, cargaron con lo que pudieron en la espalda y en las únicas cuatro camionetas todoterreno del pueblo. Como si fuera poco, unos mil 500 miembros del Ejército y la Policía Nacional Civil, la División Protección a la Naturaleza (DIPRONA) y guarda parques del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) les quemaron sus casas.

El día del desalojo fue una tormenta increíble, lamentos, llantos de niños, de mujeres, se perdieron vidas, las mujeres que iban embarazadas perdieron su bebé, fue increíble ese desalojo, nunca en mi vida había vivido y oído un desalojo como nos sucedió a nosotros, perdimos todo. 17 años para hacer una casita y para que la destruyan en un par de segundos, duele, se quedó todo abandonado, animales, cosas, todo lo que uno tiene en su casita se quedó abandonado, fue el testimonio de un campesino.

Medidas cautelares

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La CIDH otorgó la medida cautelar el 29 de septiembre de 2017, en ella exigió al gobierno guatemalteco de Jimmy Morales, ex presidente de Guatemala, proteger la vida e integridad personal de las 450 personas agrupadas en las 111 familias de la comunidad, así como campesinos y población mestiza.

Además, señaló que los pobladores desalojados y desplazados se encontraban en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que estaban expuestos a una serie de diversos factores de riesgo que incluían la falta de agua potable, energía, y servicios básicos, lo que repercutió en condiciones altas insalubres y carentes de adecuada higiene.

Por ello, solicitó al Estado guatemalteco que adoptara las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de las personas. Así mismo, mejorar entre otros aspectos, las condiciones sanitarias y de salud, en especial de los niños, niñas, mujeres y personas mayores.

En particular, que adoptara medidas que garantizaran el acceso a una alimentación adecuada en términos nutricionales y culturales, así como de agua potable para la población desplazada. También, solicitó adoptar medidas adecuadas en cuanto a habitabilidad y salubridad, ofrecer vestimenta para la protección del calor, lluvia, viento y otras amenazas a la salud.

Adicional, la CIDH solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de la población desplazada frente a posibles actos de violencia por parte de terceros o de agentes del Estado, con el fin de garantizar la protección de los enseres, propiedades y cosechas que fueron abandonadas en la comunidad antes de su desplazamiento.

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