Guardianes del río Verde de Oaxaca triunfaron ante tribunales federales contra decreto de Peña Nieto

Guardianes del río Verde de Oaxaca triunfaron ante tribunales federales contra decreto de Peña Nieto.
Foto: Página 3

#AlianzadeMedios | Por Pedro Matías en Página 3

OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Después de 15 años de lucha y resistencia, los pueblos mestizos, chatinos, mixtecos y afro oaxaqueños lograron una victoria legal contra el decreto de Enrique Peña Nieto con el que intentaba quitar la protección de los ríos y cuencas para ponerlo al servicio de particulares o empresas.

Y es que el pasado tres de mayo de 2022, el Diario Oficial de la Federación publicó un decreto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en el que se deja sin efectos el decreto realizado el 6 de junio de 2018 por el entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

De esta forma, las comunidades y ejidos que integran el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) lograron proteger el río Verde ante la amenaza de la construcción del proyecto hidroeléctrico “Presa Paso de la Reina”.

La lucha también enlutó varios hogares al ser asesinados seis defensores comunitario comprometido con la defensa del río y con la articulación de las comunidades para la defensa de la vida defensores del río.

En 2019 fue asesinado Hugo Gómez Cruz y en 2021 Fidel Heras Cruz, Noé Robles Cruz, Raymundo Robles Riaño, Gerardo Mendoza Reyes y Jaime Jiménez Ruiz.

De acuerdo con la abogada Claudia Gómez Godoy desde 2018 que se interpuso el amparo hubo una medida de suspensión, lo que evitó que se dieran concesiones en la región -a pesar del decreto de veda publicado-, situación que significó un primer triunfo para el movimiento.

“Un segundo triunfo sería el haber conseguido que para cualquier medida legislativa o administrativa que el Estado quiera tomar, deberá consultar previamente a los pueblos indígenas y respetar el derecho a la libre determinación y el derecho a la autonomía, los sistemas normativos internos de las comunidades, así como las decisiones de las asambleas”, afirmó Claudia Gómez.

Por lo anterior, la abogada considera que es una sentencia histórica dado que establece que los derechos indígenas son derechos reconocidos nacional e internacionalmente y deja precedente para que las autoridades estatales y federales respeten el derecho de los pueblos indígenas ante temas de derechos territoriales, del derecho al agua y los bienes naturales.

Advirtieron que en los último años, el extractivismo exacerbado mantiene en resistencia a muchos de los pueblos y comunidades indígenas ante la amenaza de megaproyectos mineros, eólicos, supercarreteras, presas hidroeléctricas, entre otros.
Resaltaron que el que en 2007 nació el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER), integrado por pueblos mestizos, chatinos, mixtecos y afro oaxaqueños ante la amenaza de la construcción del proyecto hidroeléctrico “Presa Paso de la Reina”, mismo que amenaza el cauce del río Verde Atoyac.
Mencionaron uno de los megaproyectos más ambiciosos por parte del gobierno y promovido a través de la Comisión Federal de Electricidad, es el denominado “Aprovechamiento hidroeléctrico de usos múltiples Paso de la Reina” o “Presa Paso de la Reina”, mismo que había sido proyectado desde la década de los 60’s del siglo pasado, pero dado a conocer en el año 2006 en pleno contexto del conflicto social en Oaxaca.
La construcción estaba prevista con una cortina de 155 metros de altura, abarcando una superficie de 2,468 hectáreas afectando a más de cuarenta comunidades de seis municipios de las regiones de la Costa y Sierra Sur de Oaxaca, entre ellos: Santiago Jamiltepec, Santiago Ixtayutla, Tataltepec de Valdés, Santiago Tetepec, Santa Cruz Zenzontepec y Villa de Tututepec de Melchor Ocampo.

Pero además de poner en riesgo a la cuenca del río Verde y a la vida comunitaria de quienes ahí han habitado, la construcción de la presa también representa una amenaza para el Parque Nacional Lagunas de Chacahua, una importante reserva natural de la región.

Pero en el 2018, siendo presidente Enrique Peña Nieto (EPN), sin realizar ninguna consulta previa como lo indica el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, emitió un decreto de levantamiento de veda para diversas cuencas del país, entre las que se encontraba la Región Hidrológica RH20, a la que pertenece el río Verde.

De acuerdo a la abogada Claudia Gómez Godoy, con este decreto se suspendían las vedas de diversas cuencas hidrológicas y cualquier particular o empresa podría hacer uso de las aguas, pudiendo llegar a despojar a las comunidades del uso de las mismas.

Este decreto ponía en peligro a el 70% de las cuencas que se encontraban desprotegidas ante la explotación y aprovechamiento para cualquier uso, incluyendo el sector industrial y extractivo.

Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), durante el 2021 Oaxaca ocupó el primer lugar entre los estados con el mayor número de ataques letales contra personas defensoras del medio ambiente registrando un total de ocho.

Cabe mencionar que los asesinatos de Hugo Gómez Cruz, Fidel Heras Cruz, Noé Robles Cruz, Raymundo Robles Riaño, Gerardo Mendoza Reyes y Jaime Jiménez Ruiz, se perpetraron en el tiempo en el que hubo una suspensión de cualquier tipo de concesión del río, esto debido al juicio de amparo promovido por la autoridad agraria del ejido de Paso de la Reina en 2018, justo después del levantamiento de veda hecho por Enrique Peña Nieto (EPN).

A pesar de la violencia recrudecida en la región las y los integrantes del COPUDEVER afirman que los corazones de estos seis defensores de los bienes comunes, del territorio, de la vida, siguen latiendo en las riberas del río Verde y en la memoria del COPUDEVER.

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