Alerta por violencia de género en Guanajuato evidencia las omisiones de los 3 niveles de gobierno

Alerta por violencia de género en Guanajuato evidencia las omisiones de los 3 niveles de gobierno
Ilustración: Pop Lab

*Esta nota fue realizada por Pop Lab, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.

*Por Verónica Espinosa

Pocas esperanzas da a defensoras el informe con recomendaciones para que el gobierno de Diego Sinhue ponga alto de una vez a las brutales y diversas violencias de género, acendradas en los últimos años por la crisis de desaparición de personas en el contexto de la pugna de cárteles

A poco más de un año de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó la solicitud para declarar la Alerta por Violencia de Género en Guanajuato, el gobierno federal entregó al gobernador Diego Sinhue Rodríguez el informe sobre la situación de violencia feminicida elaborado en ese periodo, con una mirada enfática hacia la crisis por la desaparición de mujeres y por la falta de garantías a las buscadoras de sus familiares víctimas de ese delito, con una larga lista de recomendaciones que, en opinión de expertas y de las propias buscadoras, se ven imposibles de cumplir.

A Verónica Cruz Sánchez, fundadora de Las Libres -organización que solicitó todas las anteriores declaratorias de AVG para el estado- le queda claro que el Mecanismo no funciona para lo que fue creado y las recomendaciones surgidas ya se han hecho en el pasado, sin que se logren cumplir eficientemente, básicamente por la incapacidad de todo el sistema de instituciones federales, estatales y municipales para instaurar una verdadera política de prevención.

“Es la Conavim (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género) el sistema que está obligado a garantizar que la política pública sea efectiva en el tema de prevención y otra vez se concentran en la atención. No hay dinero que alcance para atender todos los casos de violencia”, señaló en principio Cruz Sánchez.

En tanto, Bibiana Efigenia Mendoza, integrante de la colectiva Hasta Encontrarte y de la Brigada Independiente de Búsqueda de Personas, ve con desesperanza que se logre cambiar la realidad de Guanajuato como un estado letal para las mujeres, pues los tres niveles de gobierno han sido omisos en prevenir violencias y coordinarse para ello, y en el contexto de las próximas elecciones, el tema puede ser utilizado como una bandera política por partidos y candidatos.

El único aliento que le da este mecanismo es que puede servir para refrendar la memoria de las víctimas, algo fundamental y por lo que luchan las familias de las personas desaparecidas en el territorio estatal. “La gente sabrá que Guanajuato fue mandatado en una solicitud de Alerta de Género por las violencias que estamos viviendo las mujeres en el estado”.

La realidad guanajuatense se refleja en los números reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, que en su estadística de defunciones mostró un crecimiento del 732 por ciento en las muertes de mujeres por homicidio, entre 2011 y 2021.

Esto significa que si en el 2011 fueron asesinadas 63 mujeres, en 2021 murieron asesinadas 541, a pesar de que fue este último un año de confinamiento y limitación de actividades de personas por la pandemia.

Bajo la mirada de la (Conavim), Diego Sinhue debe poner a trabajar a una larga lista de dependencias y organismos como la Fiscalía (FGE), el Instituto de las Mujeres (IMUG), la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) y otras más, junto con autoridades municipales, para fortalecer capacidades, crear áreas especializadas con personal preparado y otros protocolos para atender con verdadera perspectiva de género, tanto las denuncias por las distintas formas de violencia, como la desaparición y la búsqueda de niñas y mujeres.

Con base en la solicitud hecha por la CNDH, el grupo de trabajo revisó el contexto de violencia relacionada con feminicidio y desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en Celaya, Cortazar, Guanajuato, Irapuato, León, Salamanca, Silao y Valle de Santiago.

Pero según el informe entregado al gobernador, de este trabajo resultó que la concentración de las cifras más altas de ambos delitos abarca otros nueve municipios, por lo que se determinó incluirlos también en la solicitud: Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Dolores Hidalgo C. I. N., Pénjamo, Salvatierra, Santa Cruz Juventino Rosas y Villagrán.

Para acatar las recomendaciones se deberá partir de un Programa de trabajo. Los pasos serán coordinados en el estado por el Consejo estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, instancia que preside el propio gobernador Diego Sinhue y de la que es secretaria técnica la directora del IMUG, Anabel Pulido López.

Pulido López, por cierto, llegó a ese cargo después de la última solicitud de declaratoria de AVG hecha por Las Libres (en 2014) nombrada por el entonces gobernador Miguel Márquez, tras fungir como comisionada para la integración y seguimiento del informe derivado de aquella solicitud. En 2018 fue ratificada por Diego Sinhue Rodríguez, con lo que ha cumplido casi una década de estar coordinando o al frente de la instrumentación de la política pública estatal para las mujeres y para prevenir y erradicar la violencia de género.

Paradójicamente, uno de los integrantes del consejo es el alcalde de Guanajuato capital, el panista Alejandro Navarro Saldaña, como representante de alcaldes y alcaldesas de la región II (Norte), quien ha sido denunciado por violencia de género en contra de sus propias compañeras en el Ayuntamiento.

Según la Conavim, el gobierno estatal deberá rendir informes públicos ante la sociedad los días 25 de cada mes, en los siguientes seis meses del cumplimiento.

Estos informes estarán a cargo de la Secretaría de Gobierno, cuyo titular es Jesús Oviedo; de la Coordinación de comunicación social que encabeza Alan Márquez del IMUG que dirige Anabel Pulido y de titulares de los organismos municipales.

Un Estado que no cumple

Pero Bibiana Efigenia Mendoza, quien busca a su hermano Manuel Ojeda Negrete -desaparecido el 8 de enero de 2018- ha vivido en carne propia la formalización de compromisos por parte de todos los niveles de gobierno que después no se cumplen.

“Guanajuato no ha bajado los índices de violencia que llevamos de 2016 en adelante. Y ni la Prodheg, ni el gobierno, la Comisión de búsqueda, los municipios o la Fiscalía (estatal) se han organizado, ni tampoco en el plano federal, para protegernos de estas violencias”, señala.

Con la legislación creada y vigente en materia de desaparición y búsqueda de personas, y el acercamiento de familiares y activistas con autoridades en el estado para que atienda la crisis por desaparición que detonó públicamente a partir de 2020, dice Bibiana Efigenia, “creímos que algo cambiaría. Y cambió porque, aunque supuestamente tenemos protección de la Comisión estatal de búsqueda, seguimos saliendo a encontrar los puntos (de inhumación clandestina de personas) no por la comisión, no por la fiscalía, y estamos siendo asesinadas por buscar”.

Con este contexto que inspira el escepticismo, “se espera muy poco, no porque no lo amerite, sino porque estamos en una época difícil, se avecinan las campañas”, en las cuales “o se hablará del tema para usarlo políticamente, o se seguirán negando estos datos, o se utilizarán como campaña política en papel…pero que se plasme en papel no significa que se plasme en las calles”, dice la buscadora y defensora de derechos humanos.

Y menciona como ejemplo que entre 2021 y 2023 “vimos una baja impresionante que no coincide con la realidad que estamos viviendo” del reporte de personas desaparecidas en Guanajuato en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNDPNO), información que entregan las autoridades estatales.

“Si nosotros como colectiva pequeña en 3 municipios recibimos muchísimos reportes, ahí no se ve reflejada la realidad”, advierte.

Este mismo indicador está reflejado en el informe “Mujeres desaparecidas en el estado de Guanajuato: Historias de olvido y estigmatización sin acceso a la justicia”, publicado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) y elaborado por Marcela Villalobos, que salió a la luz en abril, con apoyo de la Unión Europea.

“En Guanajuato, de acuerdo con datos de la FGE, del 1 de enero de 2012 al 20 de abril de 2022, se registraron 11 342 niñas y mujeres desaparecidas, de las cuales, el 96.35 % se localizaron: 99.13 % con vida y el 0.87 % sin vida. En promedio, tres niñas y mujeres desaparecieron cada día en Guanajuato”, dice el informe.

Y aquí matiza que la propia Fiscalía parece recurrir a una práctica de “doble desaparición” en los reportes, con un subregistro por lo menos en los años 2021 y 2022: “La información analizada en las páginas de Alerta AMBER y Protocolo Alba dan cuenta de un número mayor de registros de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, sobre todo las que tienen que ver con los años recientes”.

Mendoza dice que hasta hace poco tiempo se dieron cuenta de que la Fiscalía ya no es la encargada de reportar la desaparición de personas para el Registro nacional, algo de lo que ni siquiera fueron informadas, sino que ahora lo está haciendo la Comisión estatal de búsqueda, y claramente, sostiene, “no es el número de personas que sabemos que están desapareciendo”.

“Ni siquiera sabemos desde cuándo, apenas nos dimos cuenta, es desde este año…supuestamente la Fiscalía les dice cuántas denuncias recibe, pero no tenemos la certeza. Es una fiscalía tan poderosa que se está deslindando de todo”, refiere.

En tanto, junto con académicos y organizaciones, los colectivos tienen alrededor de un año y medio trabajando con el Congreso del estado para impulsar reformas y leyes para fortalecer la búsqueda y localización de personas. “La respuesta ha sido absolutamente nada”.

Y la Comisión estatal de atención a víctimas, remata, “no tiene manos ni recursos para atender a todas las víctimas de Guanajuato”, cuyo número crece cada día.

Para la defensora, en los alrededor de 4 años de lucha de los colectivos y organizaciones que los acompañan, “se han conseguido algunos frutos pero no los suficientes. La Fiscalía no ha logrado sensibilizar a los funcionarios que reciben las denuncias, sobre todo de mujeres, que siguen siendo estigmatizadas y violentadas, lo mismo que las familiares que denuncian”, y es por eso que afirma que se está lejos de una visión con perspectiva de género “y lejos de la lucha de búsqueda, de verdad y de justicia que hemos llevado las víctimas de Guanajuato”.

Macrocriminalidad empeoró la violencia contra mujeres

Estas circunstancias son reflejadas en el informe “Mujeres desaparecidas en el estado de Guanajuato: Historias de olvido y estigmatización sin acceso a la justicia” que se elaboró con el fin de elaborar un diagnóstico de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en el estado con énfasis en la dimensión de género, para identificar los municipios con más incidencia, los posibles patrones y otros delitos relacionados con estas desapariciones.

A diciembre del año pasado, había un registro activo de al menos 544 niñas y mujeres desaparecidas. Celaya encabeza la lista de municipios con más registros, seguido de León, Irapuato y Salamanca. Es decir, las principales ciudades del corredor industrial del estado, con mayor actividad económica, empresas instaladas y empleos.

El rango de edad en que más niñas, adolescentes y mujeres desaparecen está entre los 15 a 19 años.

El informe incluye un contexto en el que aparece el surgimiento y presencia en el estado de diversos cárteles del narcotráfico dedicados a ésta y otras actividades ilícitas como el robo de combustible, particularmente del cártel de Santa Rosa de Lima y del de Jalisco Nueva Generación.

También apunta la respuesta del Estado con una política de militarización y estrategias basadas en el uso de la fuerza pública y, por otro lado, la forma en que otras instituciones responden al fenómeno de la desaparición, como la FGE y la Comisión estatal de búsqueda, en varios casos documentados, con estigmatización de las víctimas.

Como ejemplo, cita que la página de Protocolo Alba Guanajuato, a cargo de la Fiscalía, “estuvo en “mantenimiento” desde la publicación del protocolo (abril 2020) hasta el mes de noviembre de 2022”, por lo que mientras se presume el propósito de esta institución de visibilizar las alertas, por otro lado esta omisión “da cuenta de la falta de voluntad para evidenciar la problemática”.

Otra información reflejada en el informe se refiere a las causas que tienen que ver con la desaparición de niñas y mujeres: el contexto social, el entorno familiar y la relación con la pareja.

“Por lo que se identificó en las entrevistas realizadas a las familias de mujeres desaparecidas, los perfiles de las víctimas obedecen a mujeres jóvenes, pobres, racializadas no blancas, de las cuales algunas llevaron a cabo su embarazo siendo adolescentes, que abandonaron la educación básica y, la mayoría, vivía en situación de vulnerabilidad”, así como violencia en su entorno, relaciones con hombres mucho mayores, abandono escolar y hasta homicidios de familiares cercanos, en varios casos.

También se identificó el consumo problemático (de sustancias adictivas) como causa de la desaparición de niñas y mujeres, además de la relación con personas posiblemente vinculadas a grupos criminales. “En particular, las familias de al menos diez de las 19 víctimas entrevistadas señalaron a las parejas como las presuntas responsables de la desaparición de sus hijas o hermanas”.

Este es parte de uno de los testimonios en las entrevistas recabadas para el informe del IMDHD:

“Para María, el consumo problemático, del que no se pudo hacer cargo el Estado, la llevó a vivir situaciones extremas de violencia, desde el asesinato de su pareja, vivir en situación de calle, haber sido víctima de violación por policías municipales de Irapuato, hasta su desaparición. Las violencias que atravesó mientras estuvo desaparecida –violencia sexual, violencia física, tortura– y posterior feminicidio, realizado con una saña que manda mensajes de poder y terror al abandonar su cuerpo descuartizado en un lugar público, fue parte de lo que narró su familia”.

Así, concluye el informe, “todas las desapariciones están relacionadas con un contexto de criminalidad y violencia en los cuales se desarrolla la lucha entre cárteles del narcotráfico en Guanajuato, bajo una política punitivista y militarista de la seguridad”.

Una Alerta que no camina

En cuanto al informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de Alerta de violencia de género contra las mujeres en Guanajuato, éste incluye también en su diagnóstico omisiones, carencias e incumplimiento de instituciones como la Fiscalía estatal, la Comisión de búsqueda o los institutos municipales de las mujeres en la atención a las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia en Guanajuato.

En general se menciona la falta de un registro adecuado de los feminicidios y la apertura de carpetas de investigación sin perspectiva de género, de personal capacitado en diversas instituciones como la Comisión estatal de búsqueda o los organismos municipales.

La falta de voluntad e interés se ejemplifica en casos como el de Celaya, uno de los municipios con más asesinatos y desapariciones de mujeres, cuyo instituto municipal fue creado en 2011, pero su reglamento para operar se hizo hasta el 2014.

Por ello, se hacen recomendaciones como “crear un plan de expansión de servicios de atención especializada para mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia, que considere la instalación y operación de nuevos módulos de atención inmediata, centros de justicia para las mujeres, refugios, casas de emergencia, casas de transición, entre otras”, que tenga un diseño para aplicarse en un plazo no mayor a seis meses y así se aumente la cobertura por parte de las autoridades.

Se plantea crear una Fiscalía Especializada de Atención de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género, así como tribunales en cada Partido Judicial para “investigar, perseguir y sancionar los delitos por razones de género que lesionen o pongan en peligro la garantía de los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas”, y que en cada Partido Judicial operen unidades de análisis de contexto, lo mismo que en la FGE.

Y para esta última instancia, el Grupo de Trabajo recomienda conformar un comité de especialistas “para la revisión de carpetas de investigación por los delitos de desaparición y muertes violentas de niñas, adolescentes y mujeres durante el periodo de 2017-2022”.

Precisamente sobre este punto, la fundadora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, quien en principio subraya que desde su conocimiento y experiencia del mecanismo de Alerta de Género, éste “no funciona” y no ha cumplido con el propósito para el que fue creado, advierte un riesgo:

“Esta parte ya la hicimos hace muchos años, sirve para que las personas que estamos interesadas en los temas sepamos un poco más de qué está pasando en el caso por caso; pero si no se acompaña jurídicamente a las víctimas, si no hay representación legal, ¿cuál es la participación y la revisión?. Me preocupa mucho esa intervención de tanta gente revisando carpetas, me preocupa que haya poco conocimiento del sistema de procuración y administración de justicia, pero sobre todo invasión a la privacidad y a datos sensibles de las personas involucradas”, por parte del referido comité.

Cruz Sánchez califica las recomendaciones como repetitivas con respecto a solicitudes anteriores. “No hay dinero que alcance para atender todos los casos de violencia, cada casa de una mujer tendría que ser un refugio, ¿con qué recursos humanos, con qué recursos públicos, con qué expertise?. Otra vez el foco en protocolizar todo, hacer refritos de protocolos, otra vez diagnóstico”.

“No tengo nada de esperanza con este mecanismo; al contrario, es muchísimo dinero tirado a la basura, que no va al fondo del problema y no siento, sé por mucha experiencia, por ser una de las organizaciones y una de las personas que más ha acompañado a víctimas de feminicidio, que por ahí no es. Otra vez, hacer las mismas cosas tendrá los mismos resultados, ningún avance sustantivo”, remarcó.

Aunque reconoció como una novedad y una posibilidad el que se haya incorporado la problemática de mujeres desaparecidas en un contexto de criminalidad, Cruz advierte que “se queda muy corto con respecto a lo que las propias instituciones en el estado ya saben y ya conocen respecto a la problemática”.

También dice advertir de las recomendaciones “harta ignorancia en las propuestas que van haciendo, y me parece que muy poco conocimiento de las condiciones estructurales de lo que es prevención, atención, sanción, acceso a la justicia”.

Por lo pronto, al gobierno de Diego Sinhue lo primero que le preocupó, según mostró en la ficha informativa que se envió a medios al recibir el informe de manos del Conavim el 24 de mayo, fue aclarar que “este informe NO ES una declaratoria de alerta”.