Jueves Negro: la CEDH exhibe corrupción de autoridades del Cereso de Ciudad Juárez, pide sanción

DICIEMBRE 27 2023
CERESO
REY R. JÁUREGUI

*Esta nota fue realizada por La Verdad, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.


La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación donde ordena a la SSPE de Chihuahua que se inicie un procedimiento administrativo en contra de los funcionarios involucrados en la reyerta del 11 de agosto del 2022 en el interior del penal, tras la cual se desató una jornada violenta que culminó con 11 personas asesinadas, dos en el interior del Cereso

POR BLANCA CARMONA / LA VERDAD

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) acreditó que personal del Centro de Readaptación Social número 3 (Cereso) de Ciudad Juárez y la autoridad penitenciaria estatal violentaron e incumplieron disposiciones legales al practicamente permitir que el 11 de agosto del 2022, el llamado jueves negro, un grupo de internos ingresara a un área del penal para asesinar a otros reos.

Ante los resultados de su indagatoria, el organismo emitió una recomendación donde pide a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Chihuahua, actualmente responsable de los penales en la entidad, que inicie y resuelva un procedimiento administrativo en contra de las personas servidoras públicas adscritas a la autoridad penitenciaria estatal y del Cereso involucradas en esos hechos.

En la recomendación CEDH:5s.1.055/2023, emitida el pasado 29 de diciembre, la Comisión documentó que la autoridad penitenciaria estatal, así como el personal directivo y de custodia cometieron actos de corrupción y violaron los derechos a la seguridad jurídica y a la legalidad, el derecho a la integridad personal y al derecho humano a la vida en perjuicio de la población penitenciaria.

Esas violaciones provocaron el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Artículo 7 fracción I, V y VII, y el Artículo 49, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades, que señala que las personas servidoras públicas deberán observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia, actuando conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas correspondientes a su empleo cumpliendo con sus funciones y atribuciones encomendadas, se establece en el documento.

El 11 de agosto del 2022 se desató una reyerta en el Cereso número 3, tras la cual líderes de los grupos delictivos que operan desde el interior del reclusorio ordenaron realizar ataques contra la población civil.

Lo que derivó en una jornada violenta en la ciudad, que dejó 11 personas asesinadas, entre ellas un adolescente de 12 años, incendios intencionales en varios negocios y ataques a balazos contra la población, hechos que prevalecen en la impunidad.

De acuerdo con lo documentado por la Comisión, el 11 de agosto del 2022 un comandante del Cereso, quien también estaba a cargo de un grupo de celadores conocido como “La Patrulla”, y de identidad reservada, le dio un arma de fuego a un líder de la pandilla “Los Mexicles”, al parecer a Ernesto Piñón de la Cruz, mejor conocido como “El Neto”, abatido en un enfrentamiento con la autoridad casi cinco meses después, en enero del 2023.

El comandante y su personal, además, dieron acceso y acompañaron a “Los Mexicles” al módulo 2, habitado por internos que pertenecían a una pandilla contraria.

Ese día fueron asesinados dos internos, identificados como Kevin Alan C. A., y Raúl Abraham S. O., y otros cuatro resultaron lesionados.

“Yo estaba despidiendo una visita de un compañero, en eso me percato que va ingresando al área un grupo de “Los Mexicles” acompañados por “La Patrulla” y el comandante “JJ”, yo me hice de palabras con uno de ellos porque querían subir al módulo 5.

Pero entre varios compañeros se los impedimos. Yo alcancé a ver que “JJ” sacó un arma de la cangurera y se la dio al líder de “Los Mexicles” que le dicen KK” que trae un parche en el ojo, pero se le encasquilló el arma…”, declaró un interno cuyo nombre fue reservado por la CEDH al igual que identidad de todos los reos y funcionarios a quienes se les asignaron letras de forma indistinta para identificarlos en la versión pública de la recomendación.

Otro reo también confirmó la irrupción de integrantes de la pandilla “Los Mexicles” acompañados por personal de custodia del Cereso.

“Llegaron personas del área cuatro, alrededor de 20, dirigiéndose al módulo donde estaba el encargado del área, no se les permitió entrar y comenzaron a golpear gente, cabe señalar que iban acompañados de oficiales que conocemos como “La Patrulla”, quienes dejaron que los que ingresaron salieran y dispararan sus armas para dispersar a quienes nos encontrábamos ahí…”, dijo el interno.

La CEDH también señaló que la autoridad incuplió con las obligaciones establecidas en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, en los artículos 65, fracción XIII, 173 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que los obliga a velar por la vida e integridad física y los derechos de las personas que se encuentran privadas de la libertad,.

“Resulta procedente instaurar procedimiento administrativo en el que se determine el grado de responsabilidad en que incurrió personal de la Autoridad Penitenciaria del Estado, así como el personal directivo y operativo, de seguridad y custodia, del Centro de Reinserción Social Estatal número 3 de Ciudad Juárez, con motivo de los hechos materia de la presente resolución”, se indica en la recomendación de la CEDH.

La Comisión también documento que actualmente el penal de Ciudad Juárez presenta las mismas problemáticas que en esa fecha del jueves negro y años anteriores: sobrepoblación y hacinamiento, déficit en personal de seguridad y custodia, precariedad en el equipamiento de seguridad, autogobierno y actividades ilícitas, y falta de capacitación del personal operativo para prever y atender situaciones de riesgo.

En la recomendación, el organismo también establece que las víctimas indirectas, es decir, quienes sean del círculo familiar cercano los dos reos asesinados, así como las víctimas directas que resultaron lesionadas “C”, “D”, “E” ,“F” y “GG”, tienen derecho a la reparación integral del daño sufrido atribuido al Estado.

También establece que a fin de cuantificar el monto de la compensación, deberán atenderse los parámetros de daño material – la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos– y daño inmaterial – los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa y a sus allegados–.

HECHOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2022

De acuerdo con datos periodísticos, el enfrentamiento a balazos ocurrido el 11 de agosto de 2022 sucedió cuando era hora de la visita y afuera de las instalaciones varios familiares fueron testigos de que un grupo armado ingresó al Cereso con el apoyo del personal de seguridad del mismo.

“Entraron como 10 o 15 personas vestidas de civiles, con seis o siete cabrones de verde, con armas largas, uniformados como policías como los del Border de Estados Unidos. Ya de repente se fueron hasta allá, a la cafetería, dialogaron, yo creo no estaba el encargado y de repente se empezaron a pelear los civiles con los de ahí y ya de ahí pues nomás alcanzamos a salir como 10 personas… Alcanzamos a salir y se oyó la balacera”, dijo un hombre que en ese entonces pudo salir corriendo del penal.

“Entraron ahí”, dijo ese día una mujer apuntando a la entrada del penal, “yo los miré, llevaban (puesto) otro que no era (uniforme), no estaba vestido como era. Son como unos siete u ocho los que iban”.

Tras la agresión a balazos en el Cereso, se desataron horas de pánico por distintos rumbos de la ciudad dejando otras nueve personas asesinadas entre atentados a comercios, balaceras que pusieron en jaque a las autoridades y en zozobra a los ciudadanos.

Entre las víctimas están dos mujeres que murieron en una tienda de la cadena comercial Oxxo, María del Refugio Gómez Ramírez, gerente de la tienda, y Saira Janet de Santiago Castro, joven que acudió a una entrevista de trabajo.

También cuatro empleados de Mega Radio: Alán González, locutor; Armando Guerrero, jefe de Mercadotecnia; Lino Flores, de Controles; y Alejandro Arriaga, escolta, quienes murieron en un ataque a balazos ocurrido en una pizzería ubicada en la Ejército Nacional, donde hacían una transmisión comercial.

Así como un adolescente de 12 años, identificado como Christian Omar Zúñiga Morales, murió tras ser baleado en una tienda de la cadena comercial Circle K, ubicada en la avenida Óscar Flores, en la colonia Melchor Ocampo, donde se encontraba acompañando a su papá que trabajaba en ese lugar.

José Manuel Balderas Ruiz, de 54 años, también fue asesinado ese día en un ataque a balazos en el cruce de las avenidas Teófilo Borunda y Oscar Flores, por donde circulaba, en tanto que otro hombre, identificado como Yovanni Varo Otano, de 22, un empleado maquilador que pereció en un ataque a otro negocio ubicado en la colonia Parajes de Oriente.

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