Estado mexicano negó respuesta a relatora de la ONU por caso de Versaín Velasco

Versain Velasco
Ilustración: Front Line Defenders

Mary Lawlor, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, informó la omisión del Estado mexicano de responder a la petición del traslado del defensor tsotsil Versaín Velasco García de ser trasladado a San Cristóbal de las Casas; debido a la cercanía con su familia.

Lawlor, fundadora de la organización internacional “Front Line Defenders” destacó la petición hecha el 8 de marzo al gobierno de México. No obstante, tras permanecer 60 días en confidencialidad; durante el cual se esperaba que la institución respondiera.

Lamentablemente, el Gobierno no respondió dentro de este plazo. Si se recibe una respuesta, se publicará en la base de datos de los Procedimientos Especiales de la ONU, comunicó la Relatora.

La Unidad Especial visibilizó la detención de Velasco García en el Centro de Reincersión Social para Sentenciados 16 en Ocosingo. No obstante, las autoridades se han resistido a su traslado hacia la ciudad de San Cristóbal de las Casas; donde la mayoría de su familia se encuentran refugiada.

A mismo tiempo, la Unidad expresó su profunda preocupación por la sentencia del Sr. Velasco García, la cual temen esté relacionada con su activismo en favor de los derechos humanos en la comunidad de Nueva Palestina.

Antecedentes

Versaín Velasco García es defensor de derechos humanos y campesino indígena maya tzotzil, conocido en su comunidad de Nueva Palestina, en el municipio de Ocosingo, por haber denunciado públicamente varios abusos relacionados al crimen organizado por parte de las autoridades locales.

El 17 de noviembre de 2021, el Sr. Velasco García fue privado de su libertad en la comunidad de Nueva Palestina, presuntamente debido a sus acciones de defensa de los derechos humanos de las personas de la comunidad. Se desconoce la duración exacta de su detención.

Tras su liberación, entre finales de noviembre e inicios de diciembre de 2021, Velasco García y su familia habrían sido víctimas de actos de intimidación y de violencia verbal.

El 14 de diciembre de 2021, Velasco García habría denunciado ante el Ministerio Público del Distrito Selva la detención en condiciones inhumanos de varios jóvenes privados de su libertad en las cárceles comunitarias de la comunidad de Nueva Palestina. El día siguiente, el 15 de diciembre de 2021, tres miembros de la familia del Sr. Velasco García habrían sido detenidos por hombres armados y privados de libertad en una cárcel de la comunidad, acusados de robo agravado. Dos de los tres familiares fueron puestos en libertad el 14 y 24 de octubre 2022, respectivamente.

El 16 de diciembre de 2021, después de una asamblea comunitaria en la que Velasco García habría sido acusado de defender delincuentes y declarado persona non grata, el defensor de derechos humanos y miembros de su familia habrían sido atacados violentamente por un grupo de aproximadamente 300 personas, incluidos hombres armados y miembros de la policía comunitaria, en su casa en la comunidad de Nueva Palestina. El ataque habría dejado tres personas muertas y tres miembros de la familia del Sr. Velasco García y el defensor de derechos humanos heridos, y dejado la casa de la familia destruida. Un miembro de la familia habría sido desaparecido durante el ataque y una de las mujeres de la familia del Sr. Velasco García habría sufrido abuso sexual. Tras este incidente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas (CEDH) emitió medidas cautelares a favor del Sr. Velasco García y su familia el mismo día.

Como consecuencia del ataque del 16 de diciembre de 2021, Velasco García y su familia, juntos con entre 20 y 30 otras personas, se vieron forzados a tomar la decisión de desplazarse de la comunidad de Nueva Palestina, refugiándose en San Cristóbal de las Casas.

El 20 de diciembre de 2021, Velasco García y un miembro de su familia presentaron una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público en San Cristóbal de las Casas por los hechos de lesión y desplazamiento.

El 25 de diciembre de 2021, Velasco García presentó una denuncia ante la Oficina Foránea de la Comisión Nacional en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en relación con la privación de libertad de los miembros de su familia en la comunidad de Nueva Palestina el 15 de diciembre de 2021.

El 29 de diciembre de 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió medidas cautelares en favor Velasco Garcia y su familia.

El 10 de enero de 2022, cuando el Velasco García y un miembro de su familia se presentaron a la Agencia del Ministerio Público de San Cristóbal de las Casas para ratificar su denuncia del 25 de diciembre de 2021, fueron detenidos sobre la base de una orden de aprehensión por los delitos de homicidio en grado de tentativa y homicidio calificado contra un policía comunitario el 16 de diciembre de 2021. El 11 de enero de 2022, el juez encargado del caso ordenó su detención preventiva por la duración del proceso. Fueron detenido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 16 “El Encino”, en Ocosingo, Chiapas.

El 31 de agosto de 2023, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en relación con la violación de los derechos humanos del Velasco García y los miembros de su familia el 16 de diciembre de 2021 (recomendación 157/2023). La CNDH constató varias violaciones de los derechos humanos del defensor y de su familia, entre ellos, violaciones de sus derechos a la seguridad jurídica y libertad personal, a la igualdad y la no discriminación, y al acceso a la justicia y debido proceso.

El 8 de enero de 2024 inició la audiencia del juicio contra el Sr. Velasco García en el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ocosingo. Cuando empezaba la audiencia, más de 20 personas de la comunidad de Nueva Palestina llegaron al Juzgado para intimidar a la familia del Velasco García, quien estaban presentes como testigos de la defensa.

El 12 enero de 2024, a dos años de su detención, el juez sentenció el defensor de derechos humanos a 58 años y 4 meses de prisión, sin haber tenido en cuenta la recomendación de la CNDH.