Suspensión definitiva garantiza permanencia de la organización de Invidentes Unidos de Jalisco

Suspensión definitiva garantiza permanencia de la organización de Invidentes Unidos de Jalisco
Foto: Zona Docs

*Este trabajo fue publicado originalmente en Zona Docs que forma parte de Territorial Alianza de Medios. Aquí puedes consultar su publicación.

La Organización de Invidentes Unidos de Jalisco fue desalojada en mayo de 2024 de su sede en la calle Belén 457, pese a que el inmueble pertenece al Gobierno del Estado desde 1980. Tras casi 15 meses de resistencia y la reocupación del espacio en abril de 2025, el Poder Judicial de la Federación concedió una suspensión definitiva que garantiza su permanencia y obliga a restituir la posesión al Estado. 

La resolución abre la posibilidad de consolidar el inmueble como un centro comunitario para personas con discapacidad visual y plantea el reto de que las autoridades cumplan con el exhorto legislativo que exige reparación del daño y protección jurídica.

Por Vanessa Briseño / @nevervb

Foto: Gabriel Trujillo / @gabrieltrujg / @gabrieltrujo (IG)

El 16 de mayo de 2024, el Juzgado Noveno de lo Civil ordenó el desalojo de la Organización de Invidentes Unidos de Jalisco de su inmueble ubicado en Belén 457, pese a que la propiedad pertenece al Gobierno del Estado desde 1980. El lanzamiento, realizado con irregularidades procesales, dio inicio a más de un año de movilizaciones, exigencias y resistencia comunitaria.

José Antonio García Casal, abogado e integrante del colectivo OKUPA GDL, quien también brindó acompañamiento político, describió en diálogo con ZonaDocs que el proceso que llevó a la suspensión definitiva fue largo y lleno de obstáculos institucionales.

El lanzamiento ocurrió en mayo de 2024 y después de meses sin respuesta institucional, la organización decidió recuperar el inmueble de manera directa en abril de 2025, ocupándolo nuevamente, recibiendo apoyo social y mediático. “Nos organizamos y fuimos en bola, llevamos un cerrajero y abrimos la puerta”, relató José Antonio, quien subrayó que desde entonces se establecieron guardias permanentes para resguardar el espacio.

Pese a las advertencias de la supuesta propietaria, la presión pública y las gestiones políticas comenzaron a visibilizar el caso, el Poder Judicial de la Federación concedió una suspensión definitiva que garantiza la permanencia de la organización y abre la discusión sobre las obligaciones del Estado en la reparación del daño. 

Igualmente, consideró que el otorgamiento de la suspensión definitiva debe leerse como un reconocimiento de la responsabilidad estatal frente al despojo que sufrió la organización. “El gobierno del Estado le tocaba desde el día uno; desde el lanzamiento y previo al  lanzamiento le tocaba haber defendido su casa, su propiedad desde 1980”, destacó. En ese sentido, el fallo judicial no solo protege el derecho de Invidentes Unidos de Jalisco a permanecer en el inmueble, sino que también exhibe las omisiones de las autoridades que permitieron un desalojo sin sustento legal.

José Antonio reiteró que ya está confirmada la suspensión definitiva a favor de la organización, más de un año después. Explicó que la resolución ordena al Juzgado Noveno de lo Civil restituir la posesión jurídica y material del inmueble al Gobierno del Estado, acreditado como propietario legítimo, y esté a su vez reconocer a la organización como usuaria del espacio.

Con respecto a sus efectos inmediatos, José Antonio señaló que lo primero es la seguridad jurídica. Explicó que antes existía una mínima incertidumbre de que el desalojo pudiera repetirse, pero ahora con la suspensión, ordena al “propio juzgado violentador” a detenerse y entregar la posesión, “hoy ya tenemos el 100% de la certeza de que eso es imposible, por lo menos desde la misma causa”, añadió.

También comentó que esa certeza permite que se concreten apoyos prometidos durante meses, como renovaciones del inmueble y respaldos económicos, ya que ahora existe la garantía de que llegarán directamente a la organización y no a terceros. Además, destacó que dicha situación abre la posibilidad de proyectar el espacio como un verdadero centro comunitario para personas con discapacidad visual, fortaleciendo la labor social que la organización ha sostenido por más de cuatro décadas.

Recordó que el fallo fue recibido en un encuentro al que asistieron alrededor de 40 integrantes de la organización, acompañados por representantes de sociedad civil y medios de comunicación. Enfatizó que esta experiencia deja la enseñanza que “no necesitamos padrinos en el poder”, puntualmente comentó:

“Nosotros como ciudadanía podemos hacer lo correcto en nuestras manos, hacerlo público, hacerlo con periodistas y medios de comunicación, hacerlo público y hacerlo eficiente y sin consecuencias”.

Como resultado, el exhorto aprobado por el Congreso fue dirigido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al Gobierno del Estado y al Consejo de la Judicatura, sin embargo, ninguno de estos órganos ha respondido de manera suficiente. José Antonio remarcó que el gobierno estatal sólo actuó cuando se le presionó, que la comisión argumentó falta de facultades en lugar de generar recomendaciones que quedarán como precedente y que el Consejo de la Judicatura no se ha pronunciado.

Agregó que, aunque la fiscalía anticorrupción admitió la causa desde abril, no ha habido avances. En este escenario, consideró que la obligación de las autoridades es atender el exhorto, investigar y garantizar mecanismos que protejan a las personas con discapacidad visual en el futuro, aunque reconoció que dentro de la propia organización existe un debate sobre si dar prioridad a la reparación del daño o al seguimiento de responsabilidades.

José Antonio reiteró que, con la suspensión definitiva, la organización cuenta con la certeza necesaria para continuar en el inmueble y esperar que el amparo anule el juicio de origen, lo que cerraría la vía a nuevas reclamaciones. Indicó que, más allá de los procesos legales, la verdadera seguridad de las personas con discapacidad visual está en la comunidad que se ha formado alrededor de ellas, en las alianzas con la sociedad civil y en las muestras de solidaridad recibidas:

“La seguridad fáctica cierta y real (…) es la comunidad, son las alianzas que hemos ido creando, son las personas que se preocupan por nosotros. Es el cariño que nos ha demostrado la gente”.

Para finalizar, José Antonio recordó la próxima movilización el 20 de septiembre contra la gentrificación y el despojo. Explicó que la marcha surgió a partir de la articulación entre OKUPA GDL (la idea de un sindicato de inquilinos) y la participación activa de la comunidad que apoyó la causa desde el inicio, lo que dio paso al Frente Unido por la Vivienda Digna y el Territorio, del que OkupaGDL es parte

Destacó que la asamblea de la organización de personas invidentes decidió encabezar la movilización lo que, puntualizó, representa “un hecho significativo” para visibilizar la lucha contra la gentrificación y el despojo, enviando un mensaje a las nuevas generaciones.