Inauguran Escuela Escazú para fortalecer la defensa del territorio en México y América Latina

Inauguran Escuela Escazú para fortalecer la defensa del territorio en México y América Latina
Foto: Zona Docs

*Este trabajo fue publicado originalmente en Zona Docs que forma parte de Territorial Alianza de Medios. Aquí puedes consultar su publicación.

El Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y Medio Ambiente del Valle Central de Oaxaca (OCCAMA), la Universidad IBERO Puebla y Article 19 México inauguraron la “Escuela de Escazú: Herramientas para la Aplicación Ciudadana y Comunitaria”, esto en un contexto donde miles de defensores del territorio se ven en riesgo por su labor y donde proliferan megaproyectos extractivistas que amenazan la vida, el territorio y el medio ambiente. Con este proyecto se busca fortalecer e instrumentalizar a personas defensoras en su labor.

Por: Alondra Angel Ro / @AlondraAngelRo

El Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y Medio Ambiente del Valle Central de Oaxaca (OCCAMA), la Universidad IBERO Puebla y ARTICLE 19 México inauguraron la “Escuela de Escazú: Herramientas para la Aplicación Ciudadana y Comunitaria”, un espacio formativo basado en el Acuerdo de Escazú que busca dotar de herramientas a personas defensoras del territorio y el medio ambiente.

La iniciativa surge en un contexto de alto riesgo: entre diciembre de 2018 y octubre de 2024 fueron asesinadas 225 personas defensoras, de las cuales 94 murieron por su lucha ambiental y territorial, de acuerdo con datos de Alas y Raíces. Estas cifras colocan a México entre los países más peligrosos para el activismo ambiental en la región.

Tres principios de la Escuela

En entrevista con ZonaDocs, Alejandro Sandoval Torres, coordinador operativo de OCCAMA, explicó que la Escuela de Escazú se funda en tres ejes:

1. Difundir y aplicar el Acuerdo de Escazú en México como herramienta de justicia ambiental.

2. Promover el acceso a la información y la transparencia, pilares del tratado.

3. Responder a la violencia contra personas defensoras, particularmente en Oaxaca, el estado con mayor número de agresiones.

“Oaxaca no es un orgullo en este sentido. Somos el estado con el primer lugar en discriminación, hostigamiento, amenazas y asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente”, señaló Sandoval.

Participación regional

La convocatoria, lanzada en junio, recibió 120 solicitudes. Entre 50 y 60 personas fueron seleccionadas de distintos estados de México y de países como Chile, Perú y Bolivia. La mayoría son mujeres defensoras, periodistas en riesgo, abogadas comunitarias y activistas.

La Escuela contempla 15 sesiones en cinco módulos temáticos:

• Historia y alcances del Acuerdo de Escazú.
• Derecho a defender y mecanismos de protección.
• Documentación de violaciones y herramientas de seguridad.
• Justicia ambiental y experiencias de gobernanza comunitaria.
• Laboratorio de casos para aplicar conocimientos en conflictos reales.

En palabras de Alejandro Sandoval Torres: “Queremos aportar herramientas sustantivas para la defensa y protección de los derechos humanos y la justicia ambiental”.

 Redes de acompañamiento y futuro itinerante

Además de la formación, la Escuela busca ser un espacio de cuidado colectivo:

“En muchos contextos las y los defensores están solos frente al poder de las empresas o del propio Estado. Esta escuela también es un espacio de protección colectiva”, subrayó el coordinador.

Por su impacto, se espera que la “Escuela de Escazú: Herramientas para la Aplicación Ciudadana y Comunitaria” no se limite a Oaxaca, sino que se convierta en una experiencia itinerante en distintas regiones de México

“Vamos a hacerlo regional, vamos a dar apoyo a las comunidades y barrios comunales, porque en muchos contextos las personas defensoras no se sienten respaldadas de ninguna manera en su accionar”, concluyó Sandoval.

El Acuerdo de Escazú

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, firmado por 33 países de la región. Establece lineamientos para garantizar el derecho a un medio ambiente sano, la participación ciudadana y la protección de personas defensoras, especialmente en torno a derechos indígenas, agua y territorio.