Los caminos del aborto en Jalisco desde su despenalización
Los caminos del aborto en Jalisco desde su despenalización
Ilustración: Zona Docs
*Este trabajo fue publicado originalmente en Zona Docs que forma parte de Territorial Alianza de Medios. Aquí puedes consultar su publicación.
¿Clínica, institución o autogestión? En octubre de 2024 el aborto dejó de ser un delito en Jalisco hasta la semana 12 de gestación. Este cambio diversificó los caminos que una persona puede tomar cuando decide interrumpir un embarazo y dio nuevas responsabilidades a las instituciones públicas. Sin embargo, el estigma y la falta de una política pública sólida aún complican que todas las personas vivan experiencias seguras y respetuosas sin importar la opción que elijan.
Texto y fotografías por Ximena Torres / @ximena_tra
Ilustraciones por Diana Espinoza / @weirdu_u
“¿Opciones? Aquí no hay opciones”. Esa fue la respuesta que la ginecóloga le dio a Carmen en la clínica del Seguro Social a donde acudió porque sentía cólicos y una punzada que le recorría la espalda cuando intentaba caminar. Para entonces, ya sabía que estaba embarazada y por eso había dejado de tomar las medicinas que le permitían moverse sin dolor. Bastaron un par de semanas para darse cuenta de que no quería ni podía seguir con ese embarazo de alto riesgo que le exigía reposo total. ¿Quién llevaría a sus tres hijas a la escuela? ¿Cómo se mantendrían si ella, como madre autónoma, no podía trabajar? Fue entonces que preguntó por las opciones que tenía para abortar y recibió la respuesta inapelable de la doctora.
Carmen no es el nombre real de esta mujer, pero su historia sí lo es, y no es única. También Belén, Andrea y Carla habían reflexionado sobre la maternidad antes de estar embarazadas. Desde niña Belén descubrió que es algo que no desea para su vida. Andrea y Carla no descartan convertirse en madres en algún momento, pero definitivamente no querían combinar su tarea de la universidad con todo lo que implica el cuidado de una vida. Todas ellas descubrieron que estaban embarazadas y, desde sus circunstancias personales, decidieron abortar.
Aun cuando la interrupción del embarazo dejó de ser un delito en Jalisco, las personas gestantes y mujeres que deciden no asumir un trabajo de crianza se ven obligadas a abrirse camino ellas mismas y a costear las consecuencias de eso, porque en las instituciones públicas siguen oponiéndose a ofrecer servicio. Defensoras e investigadoras que dan seguimiento al tema denuncian que en los contados hospitales del estado designados para realizar interrupciones legales de embarazos falta todo: personal, capacitaciones, insumos médicos y presupuesto. Por eso la mayoría de las personas terminan por hacerlo en su casa, con medicamentos, acompañadas por activistas feministas capacitadas o solas. Y aunque la autogestión del procedimiento está recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la falta de información completa y verídica lleva a muchas personas que experimentan embarazos no deseados por vías desafortunadas, por ejemplo: provoca que se enfrenten a complicaciones, estafas e incluso a ser emboscadas por grupos de personas que pretenden cambiar su decisión.
El aborto como consecuencia de otros derechos no garantizados
La noche del viernes 4 de octubre de 2024 había una congregación inusual afuera del Congreso del Estado de Jalisco. No era exactamente un grupo de personas que había decidido empezar su fin de semana con un paseo por el Centro de Guadalajara. Estaban ahí porque adentro se estaba votando la despenalización del aborto.
La decisión de discutir el tema ese día se había tomado con muy poca anticipación entre las y los legisladores. Incluso a Susana de la Rosa le avisaron un día antes. Ella era una de las diputadas locales en turno que había presentado una iniciativa para la despenalización al inicio de la LXIII Legislatura en noviembre de 2021. Desde entonces intentó negociar para que el tema se discutiera en el pleno del Congreso, pero la mayoría de las bancadas partidistas no accedieron a ponerlo en la agenda hasta tres años después. Por eso, cuando le pasaron la nueva iniciativa en octubre de 2024, aunque era una reforma mucho menos integral que la que se había preparado inicialmente, Susana y su equipo dijeron: “Sí estamos de acuerdo, pero que salga ya”.
“Hoy se puede aprobar el aborto en Jalisco, ¡necesitamos mucha de su ayuda para que esto sea una realidad!”, publicó Susana en su cuenta de Instagram. Este fue uno de los varios públicos que convocaron a la marea verde en Jalisco. En pleno viernes por la noche las mujeres feministas y los grupos religiosos en contra del aborto llegaron hasta las puertas del Congreso.
La jornada de protestas no había tomado por sorpresa a ninguno de los dos grupos. La discusión legislativa sobre la interrupción del embarazo era un pendiente que las y los diputados tenían desde noviembre de 2021, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentenció que era inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta y llamó a todas las y los jueces del país a atender la decisión. “Esta es una decisión histórica en la lucha por los derechos y libertades de las mujeres, particularmente de las más vulnerables”, destacó el Ministro Presidente en la sesión de la Corte.
Aunque esa sentencia no obligaba directamente a los congresos locales a despenalizar las interrupciones del embarazo, sí les generaba presión para actualizar sus códigos penales, que habían quedado inválidos en cuanto a la regulación del aborto.
Las activistas agrupadas en la Red de Defensoras de los Derechos de las Mujeres de Jalisco recurrieron a esta y otras sentencias judiciales como herramientas para exigir la despenalización, por la que habían luchado desde muchos años antes. Además de la sentencia de la SCJN de 2021, en septiembre de 2023 la Suprema Corte había dictado inconstitucional la penalización del aborto en el Código Penal Federal, y como consecuencia, en todos los códigos penales estatales. Luego, en abril de 2024, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito insistió en la inconstitucionalidad específica del Código Penal de Jalisco, por lo que ordenó, directamente al Congreso del Estado, derogar el delito de aborto voluntario. Esta última sentencia llegó gracias a un amparo interpuesto por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y otras organizaciones locales.
Las defensoras de Jalisco incluso tuvieron que dar un ultimátum al Congreso para que acatara lo mandatado por el Tribunal Colegiado. Establecieron como fecha límite el 31 de octubre de 2024, el último día de trabajo de la LXIII Legislatura. Exigían no solo sacar el tema del Código Penal, sino también legislar para garantizar el servicio de aborto en instituciones públicas.
Desde adentro del poder legislativo, Susana de la Rosa entendió que sus compañeros sí tenían en cuenta que era su obligación reformar el Código Penal local, pero no lo harían antes de las elecciones de 2024. Por eso fue que esperaron y un mes antes de terminar sus funciones, el 4 de octubre de 2024, el Congreso de Jalisco despenalizó el aborto hasta la semana 12.6 de gestación. Lo hicieron a través de votos por cédula, que permitían mantener en secreto la decisión de cada diputado y diputada. Jalisco se convirtió en el 14° estado del país en despenalizar el aborto voluntario.
Mariana Espeleta, investigadora especializada en estudios de género y académica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), comparte postura con la Suprema Corte de Justicia. “No tendríamos por qué tener una excusa para no querer ser madres, pero en nuestra realidad la interrupción legal del embarazo es un derecho en tanto que sucede cuando ya sucedieron otra serie de violencias. Es la consecuencia de una cadena de derechos que no han sido del todo respetados”, dice la académica.
De acuerdo con el Instituto de Investigación Estadística y Geográfica (INEGI), durante 2024, en Jalisco se iniciaron 555 investigaciones por violación y 5 mil 323 por abuso sexual infantil. Una de las consecuencias más preocupantes de esta violencia es el embarazo adolescente. De enero a septiembre de 2024, 345 niñas de entre 10 y 14 años, así como 11 mil 528 adolescentes de 15 a 19 años, se convirtieron en madres según la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de Jalisco (SISEMH).
Sumado a lo anterior, de acuerdo con la organización internacional en defensa de los derechos reproductivos, Ipas México, el 30% de la población joven en México se enfrenta al difícil acceso a los anticonceptivos por razones económicas o de distribución.
“No estamos en un estado de bienestar que nos pueda proveer lo necesario para criar. Mientras se siga limitando la educación sexual, no haya métodos anticonceptivos gratuitos y libres, mientras siga habiendo violencia sexual, el acceso al aborto tiene que ser absoluta y doblemente garantizado. El derecho a decidir está inevitablemente relacionado con tener opciones. Opciones reales”, agrega Mariana Espeleta.
Entonces, ¿qué opciones existen en Jalisco para decidir en libertad?
Continúa la negación del servicio
Desde 2017, el Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Jalisco atiende a mujeres que necesitan abortar a través del Programa para la Interrupción Legal del Embarazo, también conocido como PILE. Antes de la despenalización, sólo era posible acceder a este servicio si el embarazo era consecuencia de una violación o si la salud de la mujer corría peligro. Del 2017 al 2021, los casos atendidos por año no pasaban de 15.
A finales de 2024, con el cambio en el Código Penal, el PILE se actualizó para incluir la ruta de atención para interrupciones por “autonomía reproductiva” y para designar los siete hospitales públicos donde se atenderían estos procedimientos: el Hospital General de Occidente, mejor conocido como Zoquipan; el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos; el Hospital Materno Infantil San Martín de las Flores; el Hospital Comunitario de Colotlán; y los hospitales regionales de Puerto Vallarta; Ciudad Guzmán; y La Barca. En total, de 2017 al 6 de junio de 2025, se han realizado 595 abortos dentro de estas instituciones públicas.
A Flourish chartUna de las limitantes más notables del programa del OPD es que está dirigido exclusivamente a personas sin seguridad social. Según datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, esto excluye a dos terceras partes de las mujeres jaliscienses en edad reproductiva por estar afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Aunque el IMSS es una de las instituciones coautoras de la guía nacional más importante para realizar abortos seguros —el Lineamiento Técnico para la atención del Aborto Seguro en México—, no ofrece el servicio abiertamente. Mediante una solicitud de información pública presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (folio: 330018025009426), el Seguro Social informó que de 2017 a abril de 2025 solo se realizaron 24 interrupciones en las distintas en las unidades médicas de la Delegación Estatal Jalisco.
El ISSSTE, por su parte, tiene poco tiempo de haberse comprometido a garantizar el servicio para sus derechohabientes. En febrero de 2025 se dio a conocer que el Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías, en Zapopan, sería el centro de salud responsable de atender las interrupciones del embarazo en Jalisco, aunque hasta abril de 2025 reportaron que no habían realizado ningún procedimiento (solicitud de información pública con folio: 330017125001780).
Entre las persona que se han enfrentado a estas limitantes se encuentra Carmen, quien se dio cuenta de que estaba embarazada en enero de 2025. Entonces trabajaba como contadora y estaba afiliada al IMSS. En su clínica, la Unidad Médica 184 en Tonalá, solicitó un aborto por motivos de salud.
Carmen vive con una serie de enfermedades crónicas —radiculopatía lumbar, anemia e hipertensión arterial— que desarrolló, confiesa, a partir de la pérdida del papá de sus tres hijas, que murió hace más de tres años en un accidente durante unas vacaciones. Desde entonces, ella tiene que tomar una serie de medicamentos para sobrellevar el dolor que implica su radiculopatía, de lo contrario, el padecimiento la deja totalmente inmovilizada. El embarazo le impedía tomar las medicinas y la obligaba a guardar reposo total. Como único sostén de su hogar y de sus hijas, eso le era imposible. Aun así, el director de su Unidad Médica del IMSS le dejó claro que ahí no la ayudarían: “¿Sí te das cuenta de que aquí afuera (del consultorio) tengo a dos mujeres con riesgo de aborto? Están aquí porque están luchando por la vida de su bebé y tú eres una intolerante”, le dijeron.
En búsqueda de otras opciones, pasaron las semanas y Carmen tuvo que renunciar a su trabajo por el dolor que sentía y que le impedía moverse; sus hijas dejaron de ir a la escuela porque no podía llevarlas. Tuvo que vender su televisión y otras pertenencias para sobrevivir.
Un día, gracias a una búsqueda en internet, supo de la existencia del Centro de Reunión y Atención para las Mujeres (CREA) de la SISEMH. Ahí le ofrecieron iniciar un amparo para obligar al Seguro Social a realizarle aborto por motivos de salud, pero Carmen necesitaba el procedimiento con urgencia, no quería que el embarazo pasara de las 10 semanas de gestación. Entonces, en la Secretaría de Igualdad le recomendaron acudir con una ginecóloga particular, quien le ayudó a realizar la interrupción del embarazo con medicamentos y su acompañamiento.
“Para mí, la vivencia fue súper sencilla. Lo más cansado fue todo lo que tuve que pasar, la desinformación y que me dijeran: ‘Eres mujer y es tu obligación tener a tu bebé’. También me dolió mucho dejar mi trabajo. Me gustaba mucho. Ahora que ya no tengo seguro social, tengo que pagar seis mil pesos al mes por mis medicinas. En algún momento, después de la interrupción, sí tuve remordimiento, pero luego me di cuenta de que fui responsable y eso era más viable”, cuenta.
Estructuras públicas sin soporte
El otro tercio de las mujeres jaliscienses en edad reproductiva que sí pueden acceder al programa de interrupciones de Servicios de Salud Jalisco no están libradas de obstáculos. Silvia Loggia es una investigadora y defensora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, quien en 2023 recibió el premio Irene Robledo otorgado por el Gobierno Municipal de Guadalajara. El 25 de marzo de 2025, Loggia ofreció una conferencia en la Universidad de Guadalajara (UdeG) en la que compartió un análisis de los servicios ofrecidos a través del PILE. Señaló que en los hospitales de Servicios de Salud Jalisco, el personal dispuesto a realizar abortos —llamado no objetor de conciencia— es insuficiente, faltan de medicamentos y el presupuesto es limitado. “¿Cómo queremos generar cambios si oficialmente se crea una estructura y no se da el soporte para que funcione?”, dijo.
Sobre el personal no objetor disponible, la coordinadora de Salud Reproductiva de Servicios de Salud Jalisco, Verónica Pinto Torres, asegura que “no han tenido rebasada la demanda con relación a la oferta”, aunque también reconoce que el Hospital Regional de Tepatitlán tuvo que dejar de ofrecer interrupciones desde julio de 2024 porque el único médico dispuesto a hacer abortos renunció.
Respecto a las otras unidades médicas, Servicios de Salud Jalisco reportó que el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos es el que tiene el equipo más grande, con siete ginecobstetras y un médico general no objetores. En los demás hospitales hay entre dos y cinco médicos (solicitud de información pública con folio 1412965250000749).
El problema, según Silvia Loggia, es que en la mayoría de los centros de salud, aunque hay personal, no se cumple ni siquiera un turno completo —de lunes a viernes— en el que se ofrezca el servicio. Por ejemplo, en los hospitales de Colotlán y La Barca, el horario de atención para las interrupciones es por las noches de 20:00 a 8:00 horas y sólo está disponible los lunes, miércoles y viernes.
“No hay personal exclusivo para el programa. Atienden con el personal que está en el hospital. En toda la región de la Costa Sur, la Sierra Occidental y Sierra de Amula, no hay cobertura. Entonces parece que dicen: ‘que las mujeres viajen, es su responsabilidad’”, agregó Loggia con un tono de sarcasmo.
La falta de personal también fue señalada por la Juez Cuarto de Distrito en Materia de Administrativa en el Estado de Jalisco, que el 29 de enero de 2025 sentenció que los hospitales Materno Infantil Esperanza López Mateos y San Martín de las Flores incumplen con su compromiso de realizar interrupciones del embarazo por violación en cualquier etapa de la gestación. Esta es una obligación de ambos centros de salud porque, además de formar parte del PILE de Jalisco, también se encuentran en el directorio de Servicios Aborto Seguro. Este es un programa federal que se desprende de la norma NOM-046-SSA2-2005, que establece que no hay tiempo límite para realizar una interrupción si el embarazo es consecuencia de violencia sexual.
La sentencia del Juzgado Cuarto de Distrito se hizo realidad debido a un amparo que inició el Grupo de Información en Reproducción Asistida (GIRE). En dicho amparo, GIRE presentó como evidencia el caso de la niña de 12 años que, en abril de 2024, tuvo que ser trasladada hasta la Ciudad de México porque en Servicios de Salud Jalisco fueron incapaces de interrumpir el embarazo de aproximadamente 25 semanas que la niña experimentaba como producto de una violación. La coordinadora de Salud Reproductiva de Servicios de Salud Jalisco confirma que el único hospital con personal capacitado para realizar una interrupción de más de 24 semanas de gestación es el Zoquipan.
Además del personal, los hospitales públicos no siempre cuentan con los insumos para realizar una interrupción bajo los regímenes indicados en la normativa de Jalisco: con medicamentos o a través de una aspiración manual endouterina (AMEU).
En una solicitud de acceso a la información pública hecha por Silvia Loggia (folio 14129655000138), el OPD Servicios de Salud Jalisco reconoció que, hasta el 17 de febrero de 2025, cuatro de sus siete hospitales habilitados para realizar interrupciones no contaban con una sola pieza de misoprostol. El problema es que, sin dicho medicamento, no es posible realizar un aborto, porque el manejo clínico con medicamentos combinados —mifepristona y misoprostol, combinación conocida como el “estándar de oro” por la Organización Mundial de la Salud (OMS)— requiere una unidad de mifepristona y al menos cuatro de misoprostol. Para el régimen sólo con misoprostol usualmente se necesitan entre ocho y 12 pastillas.
En un nuevo corte de información a marzo del 2025, la dependencia gubernamental informó que en los hospitales Esperanza López Mateos, San Martín de las Flores, Colotlán y Ciudad Guzmán ya tenían medicamento disponible. En Zoquipan y en el Hospital Regional de Puerto Vallarta seguían sin una sola pieza de misoprostol, mientras que en el municipio de La Barca solo tenían cuatro piezas. “Los medicamentos se compran a demanda del número de solicitudes”, informó Servicios de Salud.
Las compras posibles para atender la demanda dependen de un tercer elemento: el presupuesto asignado para el programa. Como parte de un ejercicio ciudadano, Loggia y otras investigadoras estimaron que para la operación del PILE durante un año, en el que calcularon la atención de mil abortos, se necesitan al menos $3 millones 810 mil pesos. En 2024 el recurso asignado al programa fue de $163 mil 339 pesos, mientras que se recibieron otros $506 mil 295 pesos de parte del convenio SaNAS (Convenio Específico en materia de Transferencia de Insumos y Ministración de Recursos Presupuestarios Federales). En 2025, el presupuesto estatal fue de solo $75 mil pesos, pero, sumado al subsidio de SaNAS, alcanzó los $3 millones 385 mil pesos.
Persisten las técnicas desactualizadas y no recomendadas
En Jalisco, como explica Silvia Loggia, hay un compromiso por garantizar el acceso al aborto, pero aún no es suficiente. Muchas mujeres y personas gestantes no tienen esta información, pero tampoco confían en que las instituciones públicas puedan ofrecerles un servicio digno. Como Belén, quien en 2024, a sus 23 años, supo que estaba embarazada.
“Enterarme fue un bajón emocional. Desde que tengo memoria, creo que desde los 9 años, para mí tener hijos fue un rotundo no. Hubo un tiempo en el que tuve que cuidar a mi hermana menor. Lo hacía con gusto, pero experimentar ese cuidado me hizo darme cuenta de que la decisión de traer un hijo al mundo implica más que sólo querer ser mamá. Me daba mucho miedo que mi procedimiento (de aborto) saliera mal.”.
Cuando llegó la hora de interrumpir su embarazo, Belén decidió no ir a un centro de salud pública, aun cuando la interrupción electiva ya estaba despenalizada en Jalisco. Prefirió hacerlo con mifepristona y misoprostol, en su casa, acompañada de activistas feministas y de su pareja. Tenía miedo de ir a un hospital porque en redes sociales había leído denuncias contra médicos que ejercían violencia obstétrica contra quienes decidían abortar.
También porque conoce a dos mujeres que vivieron abortos espontáneos. A consecuencia de ello, les practicaron un legrado en diferentes hospitales públicos. Ambas le contaron a Belén que durante ese procedimiento les provocaron lesiones, cuyas consecuencias sufren hasta la actualidad.
“Mi amiga fue al hospital de San Martín de las Flores y le practicaron mal todo el proceso. Dice que sintió un dolor como que se estaba muriendo y ahorita tiene la cadera mal por eso, porque la lastimaron. Otra prima perdió a su bebé por estrés. Se atendió en el hospital 180 del IMSS. Al momento de practicarle el legrado también la lastimaron y no pudo salir de ahí caminando. Sí volvió a caminar, pero hasta la fecha ella dice que quedó mal de la cadera”.
Un legrado es un procedimiento quirúrgico que consiste en raspar la superficie interna del útero con una cuchilla de acero para retirar tejido. La OMS desaconseja el uso de esta técnica porque es dolorosa e implica más costos y complicaciones que los abortos farmacológicos o las AMEU. Sin embargo, el procedimiento se ha aplicado en 18.8% por ciento de los casos de interrupciones del embarazo en el estado de acuerdo con información entregada por Servicios de Salud Jalisco en una solicitud de acceso a la información pública (folio 1412965250000749). La mayoría de ellos —71 de 112 legrados— se practicaron en el hospital Zoquipan, incluyendo los de 12 niñas de entre 12 y 15 años que estaban en el primer trimestre de gestación como consecuencia de una violación.
El temor a ser maltratadas en los hospitales públicos es algo que Patricia Ortega identifica en los casos de muchas de las mujeres que acuden a la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Jalisco (Ddeser). “Todavía a finales de 2024, un 90 o 95 por ciento de la gente que venía con nosotras prefería tomar las pastillas por su cuenta antes que acudir a la institución. Conocemos a personal médico que dice: ‘A mí en la universidad me enseñan a hacerle legrados, entonces voy a seguir haciéndolos’. Por eso lo vinculamos al tema de formación, porque las universidades y escuelas de medicina ya tendrían que estar enseñando a usar la AMEU”, agrega Patricia Ortega, líder de Ddeser en Jalisco.
Constanza Alcolea, quien egresó de la escuela de medicina en la Universidad de Guadalajara (UdeG) en 2024, confirma que durante su licenciatura, en el material de estudio que utilizaron, el legrado era la única conducta terapéutica —es decir, el tratamiento a ofrecer— para un aborto. Después, en su internado en una clínica del IMSS, asistió un sinfín de estos procedimientos realizados a mujeres que tenían abortos espotáneos, pero nunca una AMEU a personas que solicitaran una interrupción voluntaria.
Esquivar las instituciones públicas no evitó a Belén todas las molestias. El fin de semana en el que realizó su interrupción se sintió muy débil, tuvo fiebre, muchos escalofríos y todos los síntomas previstos durante un procedimiento con fármacos.
“Desde el día que supe que estaba embarazada y hasta que llegó el día del aborto, lloré todos los días. Me daba miedo que otras personas se enteraran y juzgaran mi decisión. Me cuestioné mucho si estaba haciendo lo correcto. Sí fue un proceso doloroso y con mucho miedo, pero no cambiaría nada. Creo que fui muy bendecida. No soy católica pero sí creo en un Dios que me acomodó el camino para que todo saliera bien. Hoy me siento muy feliz de haberlo hecho y de no haberme rendido con lo sabía que quería hacer”.
Mejor autogestionado y en casa
La historia de Belén se repite con muchas personas que no se han detenido a esperar a que las instituciones públicas ofrezcan un servicio seguro y amable. Carla comprobó la seguridad de las interrupciones autogestionadas por primera vez en 2012, diez años antes de que la OMS las marcara como una práctica recomendable en sus “Directrices sobre la atención para el aborto”, publicadas en 2022.
En ese entonces, ella estudiaba la universidad en Lagos de Moreno y trabajaba como mesera. Cuando descubrió que estaba embarazada recordó las jornadas en las que tenía que cuidar a sus hermanos menores, mientras que sus papás se encargaban de la salud de otro de sus hijos, que vivía con una discapacidad. A Carla le parecía que en su familia no podían sostener una vida más, así que contactó a su profesora de sexualidad, quién le explicó cómo podía abortar con misoprostol. Un fin de semana tomó las pastillas y todo salió como se esperaba, pero su experiencia no terminó ahí. En los siguientes nueve años tuvo que recurrir al procedimiento ocho veces más: estaba en una relación en la que su pareja insistía en no usar métodos anticonceptivos y por la noche forzaba las relaciones sexuales sin su consentimiento.
Ipas México nombra coerción sexual a experiencias como la de Carla, y señala que en muchas ocasiones van acompañadas de amenazas, aislamiento y abuso emocional. Lo más preocupante es que, para muchas personas, es difícil reconocer estas prácticas como violencia porque no forman parte de los delitos perseguidos por las autoridades.
Tres años después de haber terminado la relación en la que vivió los abortos, Carla cuenta: “En el momento hubo muchas justificaciones para la violencia física. Hoy me siento afortunada porque a pesar de tantas réplicas nunca hubo una complicación en la que yo corriera riesgo. He reflexionado y ahora pienso que el aborto es un proceso que te brinda autonomía. Para mí siempre fue la respuesta para no cargar con más responsabilidades de las que podía”.
En todo México existen grupos de activistas que han tomado la responsabilidad de acompañar a las mujeres y personas gestantes que deciden interrumpir su embarazo al margen de las instituciones públicas. Ddeser es uno de los más antiguos en Jalisco, inició con sus actividades en 2010. Patricia Ortega es su representante y dice que conoce, al menos, otros nueve colectivos que facilitan procedimientos autogestionados en Guadalajara, además de aquellos que trabajan en otras regiones del estado, como Marías Anticoncepción, en Lagos de Moreno, donde acompañan entre 10 y 12 personas al mes. En Guadalajara, Ddeser recibe dos o tres solicitudes por día, igual que la colectiva Mis Amigxs Me Acompañan. Con la despenalización en 2024, algunas colectivas empezaron a ofrecerle a las usuarias la opción de ir a un hospital público, mientras que otras dicen que “no van a exponerlas a que vayan y les hagan un legrado”.
Las interrupciones acompañadas por activistas siempre se realizan con medicamentos. Eso es posible porque el misoprostol se vende sin receta en las farmacias, con un costo que oscila entre 300 y 700 pesos. La distribución de la mifepristona aún es exclusiva en hospitales aunque, con la despenalización, algunas defensoras consideran que el acceso debe extenderse a la población en general.
La mayoría de las activistas consiguen las pastillas a través de otras asociaciones o tienen tratos directos con proveedores farmacéuticos. Así pueden conseguir precios especiales para que el “estándar de oro” le cueste a las usuarias entre 800 y mil 700 pesos, aunque siempre existe la oportunidad de hacer donaciones. “Quienes llegan con nosotras son mujeres precarizadas y también mujeres de la ruralidad, que están en las rancherías. También muchas estudiantes e incluso adolescentas de 15 años. Nuestro acompañamiento no va a estar condicionado por la cuestión económica, porque esto no es un negocio. Nosotras donamos los kits y si la mujer está en la posibilidad de retribuir, bienvenida”, dice Johanna Sosa, coordinadora de Marías Anticoncepción en Lagos de Moreno.
La mayoría de las colectivas dan a conocer sus actividades y servicios en redes sociales como Instagram y Facebook, pero su mejor referencia es la anécdota de una mujer que vivió una interrupción acompañada, quien luego se la cuenta a otra que está en la misma situación.
A través de esas redes entre mujeres es como Andrea llegó a Mis Amigxs Me Acompañan. Ella recuerda que a los 19 años, cuando se mudó a Guadalajara desde Chihuahua, la información que tenía sobre derechos reproductivos era limitada. A partir de las relaciones que estableció con otras mujeres, su panorama sobre sexualidad se expandió. Para el verano de 2023, cuando se enteró de que estaba embarazada, tenía muy claro que podía interrumpir su embarazo de manera segura y en su casa.
“No tenía ninguna cosa que ofrecerle a un ser humano en la crianza. Pero, más que nada, no tenía deseos de criar. Yo ya había pensado en ese escenario muchas veces, y no desde el pánico, sino como una morra que tiene una vida sexual activa desde hace años. La manera en la que viví todo fue la punta de la pirámide, como lo más chido que pudo haber sido algo que no es chido. Una amiga estuvo acompañándome en mi casa durante el proceso y hubo tantas cosas que hicieron de ese momento algo tierno. Me sentí muy orgullosa de mí porque no sabía que podía cuidarme así de bien. Descubrí que hay una vida que me emociona mucho vivir y que en ella la maternidad todavía no figura”, cuenta Andrea.
El acompañamiento de colectivas permite experiencias como la de Andrea, porque no se trata simplemente de repartir medicamentos: las activistas se han capacitado y tienen protocolos para identificar situaciones de violencia, reconocer contraindicaciones médicas, atender complicaciones y, principalmente, ofrecer seguridad a las mujeres en su decisión. Sin embargo, ese trabajo no se realiza sin obstáculos.
Iván forma parte de Mis Amigxs Me Acompañan. Es quien se encarga de la logística para que las usuarios puedan acceder al medicamento. Entre sus experiencias hay persecuciones y una detención policial en noviembre de 2023. “Después de la entrega, el policía empezó a decirme: ‘¿Sabes que lo que tú estás entregando es para matar a un bebé? Está prohibido que tú lo traigas. Esto ya es delito contra la salud y cuenta como portación de drogas’. Llegaron ocho patrullas, cerraron la calle y nos llevaron detenidos, aunque desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva ya les habían explicado que no podían llevarnos por eso”. Después de varias horas, lo dejaron en libertad. Al fin y al cabo, el misoprostol es un medicamento que se vende sin receta y él estaba haciendo una donación.
“Yo tengo audios donde personas servidoras públicas nos están pidiendo permiso para derivarnos casos que no van a atender. Entonces nos echan trabajo y al mismo tiempo nos criminalizan públicamente”, dice Vero, activista de Mis Amigxs Me Acompañan.
Además, no todas las personas que consideran interrumpir sus embarazos tienen acceso a una red de acompañantes que las guíe. A veces ese acceso está condicionado por el estigma, que provoca que los embarazos no deseados se lleven en el mayor secreto posible. Mariana González-Márquez es periodista y actualmente desarrolla una investigación académica sobre los itinerarios de la interrupción del embarazo en Jalisco. Explica que su trabajo le ha demostrado que “quienes tienen menos información, tienen más complicaciones”.
A partir de ese hallazgo, Mariana problematiza la manera en la que la información es regulada por las instituciones públicas. “Tienen esta visión de que las mujeres que quieran abortar tienen que pasar forzosamente por ellos, para ellos decirles qué hacer. En ese sentido, no hay reconocimiento de la autonomía”.
Uno de los problemas del no acceso a la información es el desconocimiento de las contraindicaciones del misoprostol. Por ejemplo, el medicamento se desaconseja para personas que tienen un cuadro de anemia, problemas de coagulación, quienes tienen un dispositivo intrauterino (DIU) o cuyo embarazo es ectópico (implantado fuera del útero). La manera en la que se atienden esas complicaciones está atravesada por la clase socioeconómica, explica la misma investigadora de la UdeG. “Para quien tuvo dinero para pagar la atención privada, las complicaciones fueron relativamente sencillas de resolver, pero quienes no tuvieron, se enfrentaron a la negación del servicio”, dice, a partir de los testimonios que ha recopilado.
Clínicas engañosas y pastillas falsas
Otra experiencia muy desafortunada es caer en la emboscada de los falsos centros de acompañamiento, manejados por grupos de personas antiderechos en contra del aborto, que tienen como objetivo disuadir a las mujeres de su decisión. Uno de esos lugares es el llamado “Mujeres decidiendo”. Quienes operan el centro, pagan publicidad en Facebook para invitar a las personas a que los contacten vía WhatsApp. Luego ofrecen “acompañamiento, orientación y canalización”, además de una cita de valoración en un establecimiento ubicado en avenida Patria, en la colonia Dr. Valentín Gómez Farías de Guadalajara. Ahí tienen una pequeña puerta metálica pintada de morado y encima un letrero que dice: “Estamos contigo. Juntas podemos. Te apoyamos y acompañamos”. Estos son signos de sospecha según las verdaderas defensoras, pues ellas nunca usarían estos guiños del feminismo, que les implicarían hostigamientos.
Una vez dentro de “Mujeres decidiendo”, el acompañamiento consiste en hacerles a las usuarias una ecografía falsa. Les muestran imágenes de un embarazo muy adelantado en semanas de gestación, las cuestionan, les dicen que lo que quieren hacer está mal y amenazan con denunciarlas. “Es todo el tiempo una tortura psicológica”, dice Patricia Ortega de Ddeser, una de las organizaciones que ha denunciado al centro.
Otra modalidad de fraudes registrados es la venta de pastillas falsas a sobreprecio. “Hay quien vende la mifepristona en cinco mil pesos, cuando cuesta 790 pesos. Supimos de otro caso en el que una persona supuestamente mandaba pastillas para interrumpir, pero en realidad era paracetamol. Hay muchas situaciones en donde la gente trata de sacar provecho” cuenta Vero de Me Cuidan Mis Amigxs. Patricia Ortega suma otro testimonio de un hombre que vendía 12 pastillas sueltas, supuestamente de misoprostol, en un cono de papel dentro de un centro universitario de la Universidad de Guadalajara.
La apertura de un mercado
Tras la despenalización, se abrió un nuevo camino para acceder a la interrupción legal del embarazo: las clínicas privadas. La primera en Guadalajara fue Ginecea, con experiencia previa en Ciudad de México y Culiacán. Fue inaugurada el 15 de febrero de 2025 en la colonia Arboledas de Zapopan. Su discurso retomó elementos del activismo feminista, promoviendo el ejercicio libre e informado de los derechos reproductivos.
El atractivo de estas clínicas es que ofrecen la atención de médicos especializados, con precios que van desde 4 mil 500 pesos por una ILE con medicamento, hasta 8 mil 500 por una AMEU. Es precisamente por los precios que algunas organizaciones de activistas tienen reservas sobre las clínicas. “Están privatizando un derecho que ni siquiera se ha otorgado. Si tu procedimiento cuesta siete mil pesos, estás atendiendo sólo al mismo segmento de población que antes podía irse a Ciudad de México. Mientras a los privados con dinero les dan permisos, a nosotros nos criminalizan”, dice Vero, de Mis Amigxs Me Acompañan.
Pero, incluso en el “privilegio” de ser una clínica que cobra por los servicios de interrupción del embarazo, Ginecea ha recibido amenazas de grupos que se oponen de manera rotunda al acceso al derecho a abortar. El 18 de marzo los representantes de la clínica denunciaron que alguien había llenado de ácido la chapa de su puerta y que habían recibido un pastel simulando restos humanos con sangre, acompañado del mensaje “Cierra tu clínica de muerte. Aviso #2. Recuérdame 2503”. Aunque denunciaron los hechos, las intimidaciones continuaron: el 26 de marzo apareció en su entrada una lona con la leyenda “Clausurado”, con la misma firma; tres días después, el Gobierno de Zapopan realmente clausuró el establecimiento por no mostrar cédula de licencia municipal de desarrollo de actividades comerciales, por no contar con extintores, con señalética de evacuación, ni con constancia para manejo de residuos. Semanas después de la clausura el equipo de Ginecea manifestó su intención para reabrir la clínica, pero hasta ahora no ha sucedido.
En el establecimiento también se presentaron otras personas a rezar en contra de las interrupciones del embarazo. Lucy de Anda cuenta que ella y otras dos amigas fueron a orar por primera vez el día de la inauguración. Decidieron convocar a más personas y así fue como entraron en contacto con la organización internacional 40 Días por la Vida, que tiene presencia en Guadalajara desde 2017. Frente a Ginecea el grupo de católicos armó un altar: colgaron de un árbol un pañuelo azul junto con cruces rosas y azules. Luego acomodaron cajas de zapatos en el suelo que representaban ataúdes.
Semanas después de rezar frente a Ginecea, decidieron acudir también a la Unidad Médica de la Mujer —un establecimiento en la colonia Independencia que tuvo una vida efímera durante el mes de marzo— y después a Profem Guadalajara en la colonia Ladrón de Guevara. En este último caso estuvieron difundiendo mediante WhatsApp un cartel que decía:
“¡Protejamos nuestra colonia! ¿Sabías que la instalación de una clínica de aborto en nuestra zona puede afectar directamente el valor de nuestras propiedades y la seguridad del entorno? ¡Te invitamos a sumarte y escribir un mensaje de inconformidad vía WhatsApp a la inmobiliaria que les renta a esta clínica abortiva”, seguido por el número de teléfono de Office Haus, una empresa que se dedica a rentar oficinas y consultorios en diferentes domicilios de Guadalajara. El pasado 5 de septiembre de 2025 el edificio en donde se encontraba Profem fue clausurado por la Dirección de Inspección y Vigilancia de Guadalajara. El motivo fue que la licencia con la que contaba el establecimiento solo era solo para oficinas administrativas, aunque en él había consultorios de nutrición, cardiología y ginecología (solicitud de información con expediente DTB/08150/2025).
Conforme las clínicas privadas abren su mercado, las campañas de oración les siguen el paso. Y aunque inicialmente sus integrantes aseguraron que su única arma era la oración, se han articulado para poner en marcha otras estrategias de presión social y legal contra las clínicas. En Profem, además de la campaña de “protección a la colonia”, iniciaron demandas, guiados por Carlos Ramírez, líder de la organización Abogados Cristianos México
Alejandra González Polo, coordinadora de 40 días por la Vida en Jalisco, explica que su misión es que el aborto se vuelva “impensable” mediante campañas de oración pacífica de 40 días frente a clínicas y hospitales. “No se lastima a nadie, no se critica a nadie, no se exige nada. Tenemos un pacto de paz”, dice ella. Entre sus logros alrededor del mundo enlistan 159 centros de aborto cerrados y más de 25 mil procedimientos evitados.
“Muchas mujeres abortan por no tener la ayuda necesaria”, dice Alejandra y explica que 40 Días por la Vida es un eslabón en la cadena de “la cultura de la vida”. En esa estructura es donde entran en contacto con otras organizaciones como Vida y Familia México (Vifac), que en su sitio web se describe como una asociación de asistencia para mujeres embarazadas en situaciones vulnerables.
Aunque usan estrategias distintas, las diferentes asociaciones que trabajan en torno a la interrupción del embarazo coinciden en que la sociedad ha dejado solas a las mujeres en la crianza. De esa manera se complica que el deseo de ser madres sea una opción real.
Muchas mujeres y personas gestantes siguen sin poder atenderse en instituciones públicas ni tienen la información necesaria para realizar un procedimiento seguro por su cuenta. A pesar de ello, su determinación para interrumpir sus embarazos no disminuye y algunos grupos se han aprovechado de eso para lucrar y sacar provecho.
La reforma al Código Penal en octubre de 2024 no eliminó automáticamente el estigma social, sino que abrió la puerta para entrar de lleno a un trabajo de formación y sensibilización en los servicios de salud pública, que de acuerdo con expertas como Patricia Ortega, es el camino para generar un cambio real en las vivencias de las personas.
“Comprendamos que las personas crecimos con ideas bastante negativas del aborto, entonces la estrategia es entender dónde nace el rechazo y cómo se construyen las convicciones alrededor de este tema para trabajar en la sensibilización y en aclarar las dudas. La labor es bastante ardua, pero en los hechos hemos comprobado que vale la pena salir a buscar a estas autoridades dispuestas”, dice la subdirectora de fortalecimiento en Ipas Latinoamérica y el Caribe, Mara Zaragoza.
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