Cómo las comunidades chontales se organizaron para derrotar a una minera

*Este trabajo fue publicado originalmente en Zona Docs que forma parte de Territorial Alianza de Medios. Aquí puedes consultar su publicación.

En 2014, la población de Santa María Zapotitlán, en Oaxaca, supo que habían concesionado gran parte de su territorio durante 50 años para un proyecto minero. Nadie les pidió permiso ni fueron notificados; tampoco a otras comunidades afectadas. Pero lograron alejar esta amenaza mediante una estrategia organizativa y jurídica. 

Por Diana Manzo / Periodismo de lo Posible

“Pueblo de Zapotitlán, quiero cantarte primero
Para resaltar tu lucha frente al proyecto minero”

Así inicia el corrido que Armando de la Cruz Cortez compuso para recordar cómo esta comunidad chontal de mil 300 habitantes derrotó a una empresa minera que, sin su autorización, había obtenido el permiso de las autoridades para explotar durante 50 años el oro, plata, cobre, zinc y plomo de sus montañas.

Cuenta María Belén Sánchez, una joven de 23 años de Santa María Zapotitlán, en Oaxaca, que desde pequeña creció con temor,  preocupada por cómo la minería amenazaba su territorio. Las familias chontales viven del campo, disfrutan el sol y el canto de los pájaros, y al caminar por las cañadas sienten cómo las nubes se enredan en sus pies.

La comunidad fue celebrada en un corrido porque no solo luchó por la defensa de sus tierras, sino por todos los pueblos indígenas que en México se enfrentan a las concesiones mineras. Fue el 25 de junio de 2016 cuando quince comunidades acordaron crear la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio. Uno de sus acuerdos más importantes fue integrar a las mujeres en la toma de decisiones y los cargos directivos, reconocer su titularidad sobre las tierras, y formar a los jóvenes en temas agrarios y en la defensa de derechos.

En los años previos se había organizado una decena de asambleas informativas en distintas comunidades, en las que participó activamente el abogado chontal —y compositor del corrido— Armando de la Cruz Cortez, integrante de la asociación civil Tequio Jurídico, que los ha acompañado en diversos procesos. Armando se centró en crear mecanismos de defensa: cómo articularse con otras organizaciones que se oponían a proyectos extractivos, qué acciones jurídicas iniciar.

Reyna Cruz López y Silvia Ramírez Nolasco, delegadas comunitarias de Zapotitlán, vivieron de cerca estas jornadas. Visitaban cada pueblo, recorrían largas distancias para concientizar a sus habitantes sobre la importancia de detener la concesión. “Era de que vamos a cancelar la mina; la lucha fue eso”, afirma Reyna.

Para Silvia, lo más difícil fue “salir fuera” para compartir la información en las asambleas locales. La geografía accidentada, la falta de transporte público, y las tormentas que dejaban intransitables los caminos de terracería, complicaban los traslados.

Reyna aceptó ser delegada porque en su comunidad todavía “hay mucho machismo”. “Al darme el cargo, yo entré con más valor de decir que las mujeres ya no deben estar bajo las suelas de los huaraches de los varones”, recuerda.

Como parte de su estrategia, también crearon una escuela agraria, un proyecto itinerante que capacitó a los jóvenes en la defensa del territorio.

“Oro, plata, cobre y zinc el título establecía
Por eso sin consultarle, al pueblo desconocía
Por eso sin consultarle, el territorio ofrecía”.

En 2011, la Secretaría de Economía otorgó el título de concesión 238447, denominado Zapotitlán 1, a la Minera Zalamera, operada por la canadiense Acapulco Gold Corp y la australiana Oz Minerals, para explotar una extensión de 5 mil 413 hectáreas. Afectaba a las comunidades de San José Chiltepec, Guadalupe Victoria, San Juan Alotepec, Santa Lucía Mecaltepec y San Matías Petacaltepec, pero principalmente —más del 60 por ciento del área que abarcaba estaba en su territorio— a Zapotitlán, en el municipio de Santa María Ecatepec, en la región Sierra Sur. Las autoridades nunca consultaron a los pobladores, que tampoco fueron notificados de la concesión, lo que vulneró su derecho constitucional a la libre determinación y la autonomía.

Fue hasta tres años después, en 2014, que los habitantes supieron del proyecto por la organización Tequio Jurídico, y solo en 2018 tuvieron conocimiento oficial de la concesión, después de que el Comisariado de Bienes Comunales de Zapotitlán solicitó la información a la Dirección General de Regulación Minera en la Ciudad de México.

“La verdad, se siente feo saber que subastan tu territorio sin que ni siquiera te avisen”, dice Belén. 

Según un informe sobre la minería en Oaxaca, elaborado en 2025 por la organización Educa, existen al menos 261 licencias mineras en el estado, de las cuales el 30% corresponden a empresas extranjeras. Registran, además, 42 proyectos mineros, la mayoría en fase de exploración y desarrollo.

El documento señala que tres minas están en explotación, de las que se extrae oro y plata: Arista y Alta Gracia, en San Pedro Totolápam, y San José, en San José del Progreso, ambos municipios ubicados en la región de los Valles Centrales. Calculan que, en promedio, desde 2010 han generado ingresos anuales por 226 millones de dólares.

“Para obtener una onza de oro”, dice Belén, “se utilizan 40 kilos de explosivos, se consumen de 150 mil a 200 mil litros de agua, y se mueve al menos una tonelada de tierra y piedras que queda contaminada con químicos altamente tóxicos como el mercurio y el cianuro. Cuando entendimos de qué se trataba, decidimos que no queríamos una mina en nuestro territorio chontal”.

Como presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Eufrosino Martínez Flores convocó en 2014 a las y los ciudadanos para advertirles del peligro que representaba la minera. “Entonces, ellos me dan más fuerza, la gente, para que lucháramos, pues”, recuerda. “Y también me da gusto porque mi gente quiere participar en mi tierra, vamos a defenderla”.

El pueblo chontal, formado por cerca de 70 comunidades habitadas por más de 5 mil 600 personas, sabe lo que implica una mina a cielo abierto: la destrucción de bosques de pinos y encinos, de cultivos y cafetales, de jaguares y venados.

“O sea que el cerro, todo se lo iban a echar, se iba a sepultar a una comunidad”, resume Rolando Eleuterio Calderón, un campesino de Santa María Candelaria. Y familias como la de Albino Zárate, de San José Chiltepec —una de las comunidades que serían afectadas por la minera—, ya no iban a poder comer los camarones, “hasta cangrejos”, que pesca en el río de Sanja.

“Asombra y asusta saber que actualmente una décima parte del territorio mexicano está concesionado para exploración y explotación minera”, afirma Belén. 

“Ya comenzó la revuelta, los pueblos se organizaron
Para defender su tierra una asamblea formaron”.

Luchar, organizar, defender y resistir fueron los verbos más usados en Zapotitlán. “Las mujeres participamos y aportamos de manera importante a nuestros procesos comunitarios”, cuenta Belén. “Hay jóvenes que ahora servimos a nuestras comunidades con la claridad de que somos quienes heredamos estos territorios”.

En diciembre de 2018, los pobladores de Zapotitlán, con apoyo de Tequio Jurídico, acordaron, en primer lugar, promover un amparo contra la concesión minera, y en segundo, una denuncia de inconstitucionalidad de los artículos 6, 10, 15 y 19, fracción IV, de la Ley Minera, por considerar que atentan contra los derechos de los pueblos indígenas al no garantizar su derecho constitucional a la libre determinación. Cinco años después, en 2023, se agregó a la ley un párrafo que establece la consulta en los territorios indígenas como un requisito previo al otorgamiento de la concesión, y se disminuyó a treinta años su duración.

Hubo muchos obstáculos, demoras y viajes de hasta diez horas de camino desde la sierra a la ciudad de Oaxaca para sacar adelante el proceso contra la Minera Zalamera. “Era peligroso porque andábamos por donde quiera”, dice Eufrosino. “Siempre fuimos con el juez”.

Una escena que no olvida el abogado Armando es cuando el 29 de noviembre de 2019 se presentaron en la audiencia constitucional trece hombres de la región, que dijeron en su lengua: “Nink’i tzomé (Somos chontales])”. 

“El secretario del juzgado detuvo la diligencia, miró al juez y le dijo: ‘¿Qué hacemos?’. Constitucionalmente, el juez tiene que nombrar en todos los procesos a un intérprete”, precisa.

El juez decidió nombrar a uno de los hombres como perito traductor. Cuando llegó su turno, el abogado chontal Juan Cruz logró transmitir el sentir de su pueblo ante la amenaza de la minera. Quienes estuvieron presentes explican que fueron momentos de muchos nervios, estrés y orgullo, pues hablar su lengua en un tribunal significó para ellos una verdadera defensa del territorio.

Durante una diligencia, ocurrió un temblor, y todos salieron juntos del despacho del tribunal. “Ese temblor generó también un temblor en el corazón del juez porque hubo una experiencia bonita de diálogo”, recuerda Armando. “El temblor ayudó”, agrega Belén, “a que el juez y el secretario pudieran ir más allá de todo ese papeleo y palpar el sentir de la gente que nos representaba”. “’Es un caso padre’, decía ”, cuenta el abogado, “pero para nosotros no lo era tanto porque estaba en riesgo el territorio”.

Estaban en pleno proceso cuando sobrevino en 2020 la pandemia de covid-19. Pero eso no los detuvo. Silvia explica que las reuniones eran virtuales, a veces se cortaba la comunicación y otras no había señal. Terminaron por acudir al tribunal y conectarse por videoconferencia: los jueces en una sala, y los representantes chontales en otra.

“Pueblo de Santa Lucía, Candelaria y San José
Guadalupe Victoria, San Juan Alotepec
La concesión cancelaron, por mantenerse de pie”.

El 28 de febrero de 2020, el Juzgado Cuarto de Distrito, con sede en el municipio de San Bartolo Coyotepec, concedió el amparo a la comunidad de Zapotitlán, y ordenó revocar la concesión minera.

Fue una victoria parcial porque se les negó la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley Minera, por lo que impugnaron la decisión; lo que no sabían los pobladores es que un mes antes, en enero, la empresa Zalamera había solicitado el desistimiento de la concesión.

Casi dos años después, reunidos en asamblea, los habitantes de Zapotitlán esperaban el dictamen del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en la ciudad de Oaxaca. El mensaje de Araceli Olivos, abogada de Tequio Jurídico, les llegó por WhatsApp; alguien activó su celular para que todos lo oyeran:

“Después de haber escuchado la sesión de hoy viernes, 10 de diciembre , los dos magistrados y la magistrada decidieron por unanimidad, es decir, estuvieron de acuerdo los tres, que por el desistimiento de la minera, el juicio se queda sin materia”.

Para los pobladores, la decisión del tribunal no estaba clara. “¿Qué significaba? ¿Ganamos o perdimos?”, se preguntaban. Otro mensaje aclaró que el desistimiento de la empresa beneficiaba a las comunidades. “A partir de la resolución, no habrá actividad minera amparada por la concesión”, afirmó en un comunicado la Secretaría de Economía.

“Es un importante antecedente para todos los pueblos indígenas que defienden su territorio ante concesiones mineras. De ahora en adelante, ningún proyecto minero puede entrar a nuestro territorio sin nuestra autorización”, se escuchó la voz de Araceli en la asamblea. 

Pero el triunfo no fue completo. No lograron que se reconociera que la Ley Minera atenta contra los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. Belén, la joven que temía de pequeña perder su territorio, celebra la aportación de las mujeres a la lucha comunitaria, que aún no termina, porque una radio en la que participó como coordinadora del Equipo Semillero, Jlijualay Tzomé (Cerros Chontales) —que desde el 29 de julio de 2024 transmite en la sintonía 95.9 FM—, se ha unido a la estrategia de defensa.

“Yo les invito a que estén alertas”, dice Silvia, “porque el gobierno está buscando la manera de seguir concesionando nuestros territorios”.

“Ya me voy a despedir, quiero dejarles muy claro
 Una lucha no se gana si no estás organizado”.

Con estas palabras, Armando termina su corrido, mientras en el viento se escucha como un latido: “¡Gay mama laypitine jlamat’s! (¡Mi madre, mi vida, es la tierra!)”.  

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Esta historia es la versión escrita del pódcast “Oaxaca: Pueblos chontales unidos para defender la vida”, cuya investigación y guion fueron realizados por Guillermo Monteforte, María Belén Sánchez Martínez, Mauricio Builes y Rolando Eleuterio Calderón. Forma parte de la serie “Periodismo de lo Posible: Historias desde los territorios” —proyecto de Quinto Elemento Lab, Redes A. C., Ojo de Agua Comunicación y La Sandía Digital—, que también puede ser escuchada aquí: https://periodismodeloposible.com/.