“Es preocupante que los recursos para buscar a personas desaparecidas se destinen a instituciones sin facultades claras”: CEPAD

*Este trabajo fue publicado originalmente en Zona Docs que forma parte de Territorial Alianza de Medios. Aquí puedes consultar su publicación.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) denunció que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de Jalisco para 2026 presenta una mala planeación en los recursos destinados a la búsqueda de personas desaparecidas, pues prioriza la seguridad policial y la videovigilancia pese a la narrativa oficial de un “presupuesto histórico”.

Por Karen García / @karen_gdlt

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), tras el análisis del Proyecto de Presupuestos de Egresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2026, denunció que este tiene una mala planeación del presupuesto destinado a la búsqueda de personas desaparecidas. Todo lo contrario a la narrativa que el gobierno ha manejado, pues, en realidad, el presupuesto está enfocado a la seguridad policial y videovigilancia.

Denisse Montiel, codirectora de CEPAD, expresó para ZonaDocs que, si bien, en el anexo transversal en materia de desaparición se observa un aumento nominal en comparación con el año anterior, esto no se traduce a un fortalecimiento real de las capacidades de las instituciones encargadas en la materia. Puesto que, más que velar por la identificación, investigación y atención integral de las familias de personas desaparecidas, la mayoría de recursos se concentran en instituciones como la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas (SIYBP) y el C5 (con el 63%). 

“Resulta sumamente preocupante que se le esté otorgando mayores recursos a esta institución que no tiene facultades claras ni específicas en los marcos normativos. Mientras que las demás instituciones que se encargan de realizar acciones de búsqueda o investigación se les redujo el presupuesto”, expresó Denisse Montiel con respecto a la SIYBP, pues esta dependencia ha sido señalada por su falta de transparencia y la carga burocrática que conlleva a los procesos. 

Desde el primer informe del Gobernador Pablo Lemus, se ha presumido este aumento como un “presupuesto histórico”, en el que se aumentó un 172% al rubro de las desapariciones, además de presumir la baja estadística en esta crisis. Para CEPAD, esto es una narrativa errónea: “Son preocupantes los discursos que se han generado en las últimas semanas en torno a esta problemática”, expresó Denisse, pues el aumento no beneficia a la atención de las familias, ni tampoco ha habido una disminución, ya que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas no ha sido actualizado. 

“De acuerdo a estos datos, Jalisco sigue ocupando el primer lugar a nivel nacional en cuanto a desaparición. Entonces sí hay una tendencia en querer manipular los discursos. No solamente a la situación que se vive en Jalisco, sino a las respuesta y medidas que se están llevando a cabo”, comentó la codirectora de CEPAD. 

Muestra de ello son las reducciones al presupuesto del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas. Dos instituciones que han sido señaladas por familias buscadores debido a las graves deficiencias en los procesos de identificación y atención. Por lo que, el decremento resulta preocupante, pues puede agravar aún más esta situación.

“Varias de las acciones que se han llevado a cabo en esta administración han sido para mejorar la percepción en materia de seguridad, pero que no necesariamente son respuestas efectivas que ayuden a mejorar la seguridad de las personas y reducir la violencia.”, compartió Denisse, quien señaló que durante el primer informe, el Gobernador  Pablo Lemus expresó que: “las familias de personas desaparecidas serían la prioridad antes que el Mundial de fútbol”. 

Es por esto que CEPAD exige que el Congreso del Estado de Jalisco revise este proyecto presupuestaría mediante una mesa con familias buscadoras y diputadxs, para plantear las preocupaciones y observaciones, y que las acciones se traduzcan en cambios efectivos. 

Asimismo, insistió en la urgencia de revisar y replantear el plan de presupuestos en materia de tortura, una problemática con una gran deuda pendiente por parte del Estado.

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