Organizaciones exigen a la Cámara de Diputados protección a personas migrantes

*Este trabajo fue publicado originalmente en Zona Docs que forma parte de Territorial Alianza de Medios. Aquí puedes consultar su publicación.

México, uno de los principales países de tránsito migratorio, donde familias enteras cruzan en busca de refugio, seguridad y mejores condiciones de vida, enfrenta un panorama incierto ante el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, el cual no sólo plantea recortes a instancias como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) sino que también contempla aumentos de hasta 101% en trámites migratorios, todo esto alertó a más de 50 organizaciones que exigen fortalecer la protección de personas en situación de movilidad humana.

Por Karen García / @karen_gdlt

México, por su posición geográfica, es uno de los principales países de tránsito para la movilidad humana. En su territorio, personas adultas, familias, adolescencias e infancias transitan en búsqueda de una mejor calidad de vida, una mejor estabilidad económica, educativa y seguridad. Por lo que, la protección a las personas migrantes mediante comisiones, leyes y organizaciones es vital. Sin embargo, el panorama para el 2026 no es alentador, debido a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, presupone varios recortes y limitaciones operativas a instituciones encargadas de velar por los derechos migratorios. 

Ante eso, más de 50 colectivos, organizaciones y fundaciones exigen a la Cámara de Diputados, el cual en los próximos días aprobará el PEF 2026, se fortalezcan instituciones como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), eliminar aumentos de tarifas por la emisión de tarjetas migratorias, la cual será del 101%, así como asegurar la suficiencia de recursos para la protección de infancias y adolescencias en movilidad humana, entre otras.

Esto debido a que, la COMAR no sólo recibe financiamiento federal, sino también de agencias de la ONU, como lo es Agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados(ACNUR). Mismo que enfrenta incertidumbre financiera debido a recortes internacionales derivados de la reducción de ayuda de Estados Unidos y sus políticas.

¿Qué es el PEF?

Es el documento que autoriza y detalla el gasto público del gobierno federal mexicano durante el año. Es elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismo que necesita ser aprobado por la Cámara de Diputados. Este tiene el objetivo de planificar la estrategia económica para atender las necesidades de la sociedad.

Con los recortes presupuestales, la federación ¿no considera necesaria la protección de las personas en movilidad humana?

Puesto que esta disminución se ha visto directamente interpuesta a instituciones como La Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos relacionado con Personas Migrantes y Refugiadas y la COMAR. Si bien, ha habido aumentos a SIPINA (Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes) con el 0.5% y a el Presupuesto para la Atención Consular de Personas Mexicanas en el Exterior con el 4.0%, estos no son significativos, lo cual representa un gran obstáculo para las personas migrantes, en situación de vulnerabilidad o con recursos limitados.

Las organizaciones, colectivos y fundaciones, expresaron que el PEF 2026 no responde a la urgencia de construir una sociedad incluyente que garantice los derechos de las personas que buscan protección internacional en México, ni impulsa la integración de personas retornadas y migrantes internacionales. Al contrario, este presupuesto dirige aumentos representativos a instituciones que contienen, criminalizan, dirigen estaciones migratorias y traslados forzados por vía terrestre, como lo es el Instituto Nacional de Migración, con un incremento del 11 .0%

¿Cuáles son las exigencias de las organizaciones a la Cámara de Diputados?

• Asignar el aumento presupuestal destinado a la COMAR específicamente al fortalecimiento de sus servicios profesionales, con el fin de mejorar su capacidad operativa y garantizar una atención oportuna y adecuada a personas solicitantes de asilo y refugiadas. En particular, se sugiere trasladar en su totalidad el presupuesto asignado a la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur a la COMAR, considerando la posibilidad de fusionar programas presupuestarios, con el fin de priorizar y fortalecer las funciones de esta última.
• Eliminar el aumento del 101% en las tarifas por la emisión de tarjetas migratorias, incluyendo la Visa de Visitante sin Permiso para Realizar Actividades Remuneradas, la Tarjeta de Visitante Temporal y la Tarjeta de Residente Permanente, ya que este incremento representa una barrera económica que limita el acceso a la regularización migratoria.

• Asegurarse de que los recursos del Instituto Nacional de Migración no se destinen prioritariamente a tareas de contención migratoria, como el mantenimiento de estaciones migratorias, operativos de revisión o traslados forzados al sur del país. En su lugar, el INM debe contribuir al desarrollo de una política migratoria centrada en la protección, garantía y el respeto a los derechos humanos, mediante la simplificación y accesibilidad de los trámites de regularización y el fortalecimiento de sus procesos administrativos.

• Asegurar suficiencia de recursos para los servicios de protección y asistencia social para niñas, niños y adolescentes en movilidad humana, transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos asignados a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como a los Centros de Asistencia Social, cuyos programas presupuestarios fueron fusionados a pesar de sus funciones diferenciadas.

• Incrementar significativamente el presupuesto asignado al Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SE-SIPINNA), de modo que pueda cumplir con sus funciones de coordinación interinstitucional y protección integral de la infancia, especialmente de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad.

• Aumentar el presupuesto asignado a las representaciones de México en Estados Unidos, en particular para fortalecer las labores de protección —como el programa de asistencia jurídica para personas mexicanas— y los servicios de registro y atención a la comunidad que brindan los consulados.