Comunidad indígena de San Lorenzo de Azqueltán denuncia en FIL agresiones y exige ayuda

*Este trabajo fue publicado originalmente en Zona Docs que forma parte de Territorial Alianza de Medios. Aquí puedes consultar su publicación.

La comunidad indígena de San Lorenzo de Azqueltán alertó un inminente riesgo de un ataque armado mayor tras el asesinato de su autoridad agraria, Marcos Aguilar Rojas, y el intento de homicidio contra Gabriel Aguilar. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que, en solo un año de gobierno federal y estatal, han sido asesinadas 10 personas defensoras en Jalisco y 37 en todo el país, en medio de una impunidad estructural que profundiza el despojo territorial.

Por Mario Marlo / @Mariomarlo

Guadalajara, Jalisco, 6 de diciembre 2025.- La Comunidad Indígena Autónoma Wixárika y Tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán lanzó un llamado urgente a la solidaridad nacional e internacional ante el asesinato de su autoridad agraria, Marcos Aguilar Rojas, y el ataque armado contra Gabriel Aguilar Rojas, ocurridos el 26 de noviembre en el predio comunal El Caracol, en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco.

“Venimos a decirles lo que está sucediendo con nuestra comunidad y con muchas otras. No solo es Azqueltán. El 26 le quitaron la vida a un compañero, un representante agrario que nos defendía”, señaló Mario González, representante de la Asamblea de San Lorenzo de Azqueltán.

El ataque fue perpetrado por un grupo armado mientras Marcos y Gabriel retiraban ganado que había invadido territorio comunal. De acuerdo con testimonios, las personas responsables forman parte de un grupo que desde hace años mantiene una violenta disputa por la posesión del predio El Caracol. La comunidad identificó a los hermanos Esteban, Manuel y José Aguilar Herrera, así como a Víctor Hugo Pérez, como presuntos agresores directos.

La comunidad advirtió que existe un grave peligro de un ataque armado mayor contra Azqueltán si persiste la impunidad. “La impunidad hacia Manuel Aguilar Herrera abriría la puerta para nuevos crímenes. Es falta de atención del Ministerio Público y de las autoridades en la región. Nos están matando por nuestras tierras y no es justo”, denunció Ramiro Ruiz Márquez, representante agrario de la comunidad tepehuana–wixárika de San Lorenzo de Ascensión.

El conflicto gira en torno a un territorio que, según el título virreinal de 1733, comprende 94,400 hectáreas de tierras ancestrales. Actualmente la comunidad reclama judicialmente 39,000 hectáreas ante el Tribunal Agrario, un proceso que lleva años paralizado y que ha detonado una respuesta violenta de supuestos pequeños propietarios y caciques locales.

“Somos una comunidad indígena con título virreinal de 1733, pero al pasar el tiempo nos han ido despojando. Desde 2015 llevamos el juicio en el Tribunal Unitario Agrario y lo único que hemos visto es desorden. Mientras el tribunal no resuelva, los caciques se aprovechan”,explicó Ruiz Márquez.

Las y los representantes subrayaron que el asesinato de Marcos y el ataque contra Gabriel son el episodio más violento de una estrategia de despojo territorial que Azqueltán enfrenta desde hace décadas. Hablaron de invasiones de tierra, agresiones paramilitares, amenazas y una estructura de impunidad que protege a los agresores. “Este crimen busca exterminar nuestra organización para apropiarse de miles de hectáreas de territorio ancestral”,sostuvo la comunidad.

Organizaciones acompañantes recordaron que la violencia contra Azqueltán se ha expresado en torturas, secuestros, levantones y desplazamiento forzado de defensores del territorio. “Hay carpetas de investigación por tortura, desapariciones temporales y ataques armados que han quedado sin castigo. Operadores judiciales, policías y funcionarios bloquean las investigaciones y encubren los crímenes”, denunciaron.

Durante la conferencia, se cuestionó además el papel de la Fiscalía del Estado de Jalisco y del Poder Judicial. Las organizaciones señalaron que la carpeta 468/2025 debe integrarse con rigor, con perspectiva de defensa de derechos humanos y del territorio, y no minimizarse como un conflicto entre particulares. “No es un conflicto entre particulares. Es un conflicto derivado de la defensa de la tierra y del territorio de la comunidad indígena de San Lorenzo de Azqueltán”, enfatizaron.

Las violencias en Azqueltán se inscriben en un patrón más amplio que también alcanza a la comunidad indígena de Ayotitlán, en el sur de Jalisco. “Las violaciones a los derechos humanos en Ayotitlán son múltiples y graves. Están intrínsecamente ligadas a la defensa del territorio contra la minería y la tala ilegal”, explicó una de las defensoras durante la conferencia.

María González, directora del Instituto Méxicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), recordó a líderes y autoridades comunitarias que han sido asesinados o desaparecidos por defender su territorio: Nazario Aldama Villa, asesinado en 2004; Aristeo Flores Rolón, asesinado en 2007; Celedonio Monroy Prudencio y Agustín Mancilla Partida, desaparecidos en 2012; Rogelio Rosales Ramos, asesinado en 2020; J. Santos Isaac Chávez, desaparecido y asesinado en 2021; Ceferino Ciprián Prudencio, asesinado en 2022, e Higinio Trinidad de la Cruz, desaparecido y encontrado muerto en 2023.

Organizaciones como CEPAD, IMDEC y AJAGI señalaron que Ayotitlán es otra de las comunidades gravemente afectadas por amenazas constantes, intimidaciones y desapariciones forzadas temporales, en las que se ha señalado la participación de la policía municipal y del crimen organizado, particularmente del Cártel Jalisco Nueva Generación, interesado en la minería ilegal de hierro. “La complicidad de autoridades municipales y estatales, sumada a la inacción en las investigaciones, ha perpetuado un ciclo de impunidad”, denunciaron.

De acuerdo con datos de la organización EDUCA, en el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum han sido asesinadas 37 personas defensoras de derechos humanos en México. En el mismo periodo, el IMDEC ha documentado 10 personas defensoras asesinadas en Jalisco, cinco mujeres y cinco hombres.

“De las 10 personas cobarde e impunemente asesinadas en Jalisco, seis son defensoras de la tierra y el territorio, tres son personas buscadoras y una es defensora de los derechos trans y de la diversidad. Seis pertenecen a comunidades y municipios del interior del estado y cuatro al Área Metropolitana de Guadalajara”, detallaron las organizaciones.

Entre los casos registrados se encuentran los de Abraham Alejandro Gobel, defensor ambiental asesinado en noviembre de 2024; Juan Pablo Alonso Estrada, defensor por la paz comunitaria, asesinado en marzo de 2025; Teresa González Murillo, María del Carmen Morales y Jaime Daniel Ramírez Morales, personas buscadoras asesinadas en abril de 2025; Karina Ruiz Ocampo y Judith Alvarado Rodríguez, defensoras del agua asesinadas en mayo y agosto de 2025; Katia Daniela Medina Rafael, defensora de los derechos trans y LGBTI+, asesinada en agosto de 2025; Cándido Esaú Román Pérez, defensor del territorio asesinado en noviembre de 2023, y Marcos Aguilar Rojas, defensor tepehuano–wixárika del territorio de Azqueltán, asesinado en noviembre de 2025.

“Todos los casos se mantienen en impunidad y a ninguno se le ha juzgado desde los riesgos de su labor ni desde el reconocimiento como personas defensoras de derechos humanos. No es lo mismo encarcelar a alguien que hacer justicia”, subrayaron.

Para ejemplificar la falta de reconocimiento a la labor de defensa y la impunidad en Jalisco, se recordó el asesinato de Abraham Alejandro Gobel. “A 13 meses de su asesinato, las autoridades no han informado avances en las investigaciones. El colectivo Afinación Sí, Verificación No sigue exigiendo castigo a los autores materiales e intelectuales del crimen. Es el primero de diez activistas asesinados en Jalisco en menos de doce meses”, señaló Raúl Arcaés.

Las organizaciones insistieron en que el marco normativo y jurídico en Jalisco para la protección de personas defensoras y periodistas es insuficiente y deficiente. “No existen instancias especializadas que asuman el mecanismo de protección. La perspectiva de género e interseccionalidad es limitada, no hay enfoque feminista de protección ni de libertad de expresión, y las instituciones están desvinculadas. No existe un área especializada contra delitos a la libertad de expresión y derechos humanos y la labor de defensa no aparece en el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024–2030”, denunciaron.

Frente a este contexto, la comunidad de Azqueltán y las organizaciones exigieron justicia integral para Marcos y Gabriel, incluyendo el castigo a los responsables materiales e intelectuales y garantías de no repetición. Reclamaron seguridad inmediata y presencia permanente de cuerpos de seguridad federales en la zona para evitar nuevos ataques armados.

También demandaron que el gobierno federal asuma su responsabilidad histórica y titule de forma definitiva los bienes comunales de San Lorenzo de Azqueltán, desmantelando la red de impunidad que protege a caciques, invasores y asesinos. “La titulación urgente del territorio no es solo un trámite agrario, es una condición para que cese la violencia”, señalaron.

Las organizaciones llamaron a crear un mecanismo estatal robusto para la protección de personas defensoras y periodistas que garantice prevención, investigación, atención, protección, reparación y garantías de no repetición, así como el establecimiento de una Fiscalía Especializada en defensoras y periodistas y una visitaduría especial en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco para el derecho a defender derechos humanos.

“Es indispensable reconocer social y legalmente la labor de defensoras, buscadoras, defensores del territorio y periodistas. Mientras su trabajo siga siendo invisibilizado, seguirán en máxima vulnerabilidad”, advirtieron.

Como parte de la respuesta colectiva, se anunciaron las Jornadas por la Vida de Azqueltán, que se llevarán a cabo del 6 al 10 de diciembre de 2025. El programa incluye una velada por Azqueltán este 7 de diciembre a las 18:00 horas en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde se invita a llevar veladoras y flores, así como dos movilizaciones el 10 de diciembre: una en la Torre del Caballito, en la Ciudad de México, y otra en el Santuario de Guadalajara, ambas a las 11:00 horas.