Organizaciones denuncia patrón histórico de desapariciones forzadas contra manifestantes

*Este trabajo fue publicado originalmente en Zona Docs que forma parte de Territorial Alianza de Medios. Aquí puedes consultar su publicación.

Tras las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta duración de cuatro jóvenes el 10 de enero, finalizada la Marcha contra el Tarifazo en Jalisco. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), junto con otras organizaciones como el colectivo 5 de Junio Memoria, señalaron que este no es un caso aislado, sino un patrón que el Estado de Jalisco presenta desde hace varias décadas. 

Una conducta común de criminalizar y deslegitimar el derecho a la protesta social. Además de violar la garantía a la no repetición.

Por Karen García / @karen_gdlt 

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (CEPAD), junto con organizaciones y colectivos locales y nacionales como Artículo 19, la Asamblea Estudiantil Interuniversitaria de la UDG, Comité de víctimas #9N, 5 de Junio Memoria, entre otros; emitieron un comunicado en contra de la criminalización y detención arbitraria suscitada en la “Marcha contra el Tarifazo”, a cuatro jóvenes quienes, finalizada la protesta, se dirigían a tomar el transporte público para llegar a sus hogares.

Tras la aprehensión por parte de elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco (SSPEJ), en las inmediaciones del Museo de las Artes (MUSA), a más de un kilómetro del punto donde se finalizó la marcha; no se brindó ninguna información acerca de su paradero durante tres horas. 

Mediante este, externaron la preocupación ante las violaciones a derechos humanos por parte del Estado y la inacción de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), quien se rehusó a ejercer su facultad a acudir a los posibles lugares de detención debido a “la falta de personal”.

En entrevista para ZonaDocs, Denisse Montiel, Directora del CEPAD expresó que la criminalización al derecho a la protesta y las detenciones arbitrarias no son una coincidencia, sino un patrón que el Estado de Jalisco ha mostrado durante este siglo.

“Esto no es un caso aislado. Esto se circunscribe dentro de un patrón que ya hemos documentado desde hace muchos años atrás. La actuación principalmente de la Secretaría de Seguridad Pública, que ha estado involucrada en diversos actos de represión de protesta social y que nuevamente vuelve a ejercer.”, expresó Denisse. Debido a que, otro denominador en común es la total impunidad con la que operan.

Denisse comentó que, la justificación que ha brindado la SSPEJ es que “fueron detenidos debido a una supuesta actitud agresiva durante la movilización”, aun cuando las detenciones con uso excesivo de la fuerza, se dieron finalizada la protesta. De esta forma las autoridades abrieron una carpeta de investigación 1604/2026, en contra de los jóvenes, por delitos contra la salud, portación de armas y objetos prohibidos. 

“Se vivieron desapariciones forzadas de corta duración. Fueron casi tres horas a partir de su detención en las que no se supo a dónde fueron detenidas las personas, en qué lugar se encontraban, en qué estado se encontraban. No se les permitió ningún tipo de comunicación.”, explicó Denisse Montiel.

De las cuatro personas detenidas, sólo una fue debidamente registrada ante el Registro Nacional de Detenciones. Una herramienta preventiva creada para evitar las desapariciones forzadas y actos de tortura.

“Pareciera que el mensaje que ha brindado de manera constante el Gobierno de Jalisco, sin importar la administración, porque ha trascendido décadas, ha sido la misma. En Jalisco, la protesta social no se puede ejercer. No hay garantías para ejercer este derecho sin que seas víctima de una grave violación a los derechos humanos. Es un mensaje colectivo que busca desalentar las movilizaciones sociales.”, comentó Denisse.

Y es que días después de la protesta, elementos policiacos se presentaron nuevamente en la Asamblea Popular, en la que se discutieron acciones en torno al tarifazo y que orillaron a las personas asistentes a cancelar la actividad debido al hostigamiento.  

Asimismo, señaló el fallido actuar de la CEDHJ, quienes  justificaron su inacción en “la falta de personal”, aun cuando tienen un gran presupuesto.

“Recordar el amplio presupuesto con el que cuenta este organismo público de Protección de Derechos Humanos y que solamente se está limitando a realizar actas de investigación, de las cuales no se han visto cuáles son los resultados.”, declaró Denisse.

Por otro lado, señaló la deslegitimación por parte del Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, como otra forma de tolerancia gubernamental hacia estos actos de represión y criminalización a la protesta social. 

El patrón de estas violaciones a los derechos humanos tiene antecedentes en el estado de Jalisco, desde el 2004, en la Marcha contra la Globalización, así como en la manifestación “Yo soy 132” en diciembre de 2012. Las recientes protestas en contra del cierre al Parque Rojo, contra la “Marcha de la Generación Z” y la represión, criminalización, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas del 5 de junio de 2020, en la marcha “Justicia para Giovanni López”. En todas, las autoridades han actuado con total impunidad.

Inés, Jaime y Flavio Pinedo, miembros del colectivo 5 de Junio Memoria, en entrevista para ZonaDocs, coincidieron en que las represiones son un patrón de violencia del Estado. De gobernantes que, en cada campaña, prometen acabar con estas acciones, pero continúan repitiendo las violencias, tanto en contra al derecho a la protesta, como al olvido en contra de las desapariciones forzadas de corta duración, pero, sobre todo, a las de larga data.

“Estas desapariciones forzadas de corta duración que se hubieron el 5 de junio, tienen que ver con ese mismo patrón de violencia, sin embargo, escalado a una represión por parte del gobierno para impedir que la organización colectiva siguiera escalando en torno a la gran indignación.”, compartió Inés, quien reconoció la gran capacidad de organización que tiene Guadalajara.

La violencia que comete el Estado, como respuesta a estas movilizaciones, deja secuelas en lo individual y en lo colectivo, por la persecución, amenazas y criminalización. Orillando a que por “instinto de preservación y supervivencia”, las personas se desmovilicen.

“No fue un caso único, no fue un caso aislado. El Estado sigue siendo un ente violento que utiliza la policía como un brazo represor.  Lo estamos viendo ahora con Lemus, que es el mismo partido, diferente sujeto. Vuelve a sacar a la policía a la calle para reprimir y detener a cuatro personas que fueron torturados y también desaparecidos en corta duración.”, expresó Inés.

Tras 5 años de las manifestaciones del 4, 5 y 6 de junio, se han detectado los patrones con los que opera el Estado, una violencia estructural y sistemática por parte de las instituciones, principalmente de la Fiscalía del Estado. Sobre todo, la impunidad. Inés recordó que, durante las represiones de la marcha de 2004, el Procurador General de Justicia de Jalisco era Gerardo Octavio, quien, en el año 2020, también era el encargado de la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Además, reiteraron en recordar que Enrique Ibarra, Secretario de Gobierno en 2020, se comprometió a realizar una serie de peticiones tras las represiones del 5 de junio, entre ellas la garantía de no repetición. Garantía que, en la actualidad, sigue sin ser atendida. 

“Mismos personas que brincan de una institución a otra, que operan con total impunidad, que violan de derechos humanos y no reciben un castigo. ¿Qué nos dice eso del estado de derecho? Que cualquier persona puede hacer cualquier cosa y no hay ley que se cumpla.”, expresó Flavio.

Estas mismas acciones, no solo se han visto en las manifestaciones, sino en la impunidad ante la gran crisis de desapariciones de Jalisco. Tal como lo señala Jaime: “A mí en entrevistas me han preguntado, “¿A quién le temes más, si el crimen organizado o al gobierno?” Y lo vuelvo a decir, al poder, a la maquinaria del gobierno, porque ellos van a trabajar con una impunidad total”, afirmó Jaime.

“Pablo Lemus es responsable de no haber sabido dialogar hasta la fecha. Entró y dijo que ya todo iba a ser distinto y sigue con la misma línea que tenía.  Por lo menos, de no escuchar a los colectivos y de tener mano dura contra quienes estén en la calle manifestándose. Viene lo del tarifazo que impacta muchísimo a las familias trabajadoras y eso sí es un asunto de privilegio. A los políticos no les afecta, ellos están en sus coches y están en sus carros y no tiene ningún problema.”, insistió Jaime.

Finalmente, coincidieron también en la importancia de “no perder la esperanza”. Aun cuando el Estado intenta reprimir, callar y violentar a la sociedad organizada, a las personas trabajadoras que exigen sus derechos humanos, la justicia y dignidad. 

Lee el comunicado y exigencias de CEPAD aquí.