A Sabines, se le teje manto de impunidad

Aún con todas las pruebas documentales de corrupción exhibidas al exgobernador Juan Sabines Guerrero, en Chiapas se hace todo para dejarlo en la impunidad. Foto: Archivo/Chiapas PARALELO

Aún con todas las pruebas documentales de corrupción exhibidas al exgobernador Juan Sabines Guerrero,  en Chiapas se hace todo para dejarlo en la impunidad.

Desde su sucesor Manuel Velasco Coello que se lava las manos y turna la investigación al ámbito federal, hasta la red de complicidades que dejó el exmandatario y ahora las “desapariciones” de auditorías “insolventables”, ya dictaminadas y que deberían  ser turnadas a las instancias judiciales pero no se ha hecho.

Desde antes de que dejara el cargo de gobernador en diciembre pasado, el “cochinero” sabinista ya salía a flote. Denuncias, documentos y pruebas de la corrupción sexenal empezaron a filtrarse. Desde el endeudamiento público más alto en la historia de Chiapas con unos 22 mil millones de pesos hasta los desvíos de recursos por obras pagadas y no realizadas a lo largo y ancho de la entidad.

No hay dependencia alguna del gobierno estatal que se salve de la corrupción que imperó en el sexenio de Juan Sabines Guerrero, quien ahora vive en una casa de Acapulco, Guerrero, con su esposa y sus tres hijos.

Sabines y su red de complicidades

Antes de partir, Sabines dejó a toda una estructura incrustada en el aparato de gobierno local que hace todo por cuidarle la espalda en cuanto a las investigaciones y conocer más sobre la corrupción sabinista.

El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno local, sigue siendo César Corzo Velasco, nombrado en el cargo por Sabines Guerrero; de igual forma en el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE) sigue ahí Humberto Blanco Pedrero, nombrado también por el exgobernador Juan Sabines Guerrero.

En la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado sigue un excolaborador y amigo del exmandatario, José Ángel Córdova Toledo.

Ni hablar de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), quien sigue en su puesto Raciel López Salazar, el mismo que trabajo en el sexenio sabinista y se ha prolongado en el gobierno de Velasco Coello.

Es lo que le han criticado líderes políticos locales a Velasco Coello, el hecho de que tenga a casi medio gabinete  de su antecesor.

Walter León Montoya del PRI y Valdemar Antonio Rojas López del PAN, han sido algunos líderes políticos locales que ha reprochado la tibieza de Velasco Coello para sacudirse a los excolaboradores sabinistas.

El gobernador Velasco Coello se ha lavado las manos en más de una ocasión y asegura que no será él quien ordene a Sabines Guerrero que rinda cuentas por el cochinero que le dejó. Foto: Isaín Mandujano/Chiapas PARALELO

Aunado a esta red de complicidades que tejió antes de partir, el gobernador Velasco Coello se ha lavado las manos en más de una ocasión y asegura que no será él quien ordene a Sabines Guerrero que rinda cuentas por el cochinero que le dejó, sino las instancias federales.

“Lo hemos estado solicitando, el Órgano Superior de Fiscalización quedó ya de emitir como van esas auditorias, también se han dicho a través de medios nacionales y funcionarios federales que la Auditoría Superior de la Federación  también está viendo las auditorias propias de los recursos federales igual como se hizo en Tabasco que hay que decirlo, fue la PGR la que actuó”, dijo el mes pasado de forma reiterada Velasco Coello.

Auditorías finiquitadas y “desaparecidas”

Chiapas PARALELO tuvo acceso documentos de la Secretaría de la Función Pública Estatal que preside César Corzo Velasco, donde ya algunas auditorías han “desaparecido”.

Una de estas auditorías es la SAG: 227-00-10-12-12 con número de orden de auditoría 070/2012. Este expediente contiene la “Auditoría Específica Extraordinaria de la obra pública, ejecutada por la Secretaría de Infraestructura, por los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011 y del 1 de enero al 19 de septiembre del 2012”.

El monto irregular al no presentar documentación probatoria por el ejercicio de los recursos asciende a un monto de 695 millones 954 mil 305 pesos con 9 centavos. A decir del documento, los responsables del quebranto tenían de plazo hasta el 12 de diciembre del 2012 para solventar las graves observaciones que van desde inexistencia de documentación comprobatoria, falta de estimaciones de pago, hasta la exigencia de reintegrar esos recursos a la Tesorería del Estado de Chiapas.

Para Corzo Velasco, fue más fácil desaparecer el expediente que solventar las observaciones de las auditorías, “por la sencilla razón de son insolventables”, dijo a Chiapas PARALELO una fuente de la propia oficina.

El documento enlista decenas de obras como puentes, red de agua potable, planta de tratamiento de aguas residuales, hospitales, caminos rurales, construcción de presidencias municipales y hasta la planta de biodiesel en Puerto Chiapas.

En otro expediente, pero ahora con nueve auditorías federales, es decir, a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se detectaron irregularidades por un monto de 796 millones 96 mil 702 pesos con 23 centavos. Estas están vencidas, dictaminadas y concluidas desde diciembre del 2012 sin que hayan sido solventadas.

Los rubros auditados son los recursos del Programa de Infraestructura Básica para la Atención a los Pueblos Indígenas (PIBAI), el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), el Fideicomiso para la Infraestructura en los. Estados (FIES), FONREGION, Fondo de Inversión para Entidades Federativas y otros.

De forma inexplicable, el Auditor Superior de la Federación ha venido autorizando al gobierno del estado de Chiapas, prórroga tras prórroga reabriendo una y otra vez las auditorías que habiendo sido ya dictaminadas, lo procedente sería turnarlas ya a la Procuraduría General de la República (PGR) sin embargo eso no ha ocurrido.

Al contrario, la penúltima prórroga fue concedida al 30 de agosto del 2013, sin que hasta la fecha se vean avances en sus solventación. Ante esa negligencia por comisión en todas las auditorías estatales y federales, la ASF ha concedido un nuevo aplazamiento, ahora hasta el 30 de noviembre del 2013.

Mediante el oficio número SFP00808 de fecha 28 de junio del año en curso, Corzo Velasco pidió al Secretario de Infraestructura, Bayardo Robles Riqué, atender a los auditores federales Raúl Sánchez Kobashi, titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social y a Francisco A. Ordaz Hernández, director general adjunto, ambos de la ASF.

En el oficio le pide a Robles Riqué “determinar criterios y estrategias para definir con ellos cómo resarcir los recursos a la Tesorería de la Federación.

De igual forma, le pide que se pongan de acuerdo con los auditores para que ayuden a gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que el gobierno de Chiapas no devuelva el dinero que corresponde al quebranto del erario público federal como resultado de las auditorías realizadas a la administración de Sabines, por “el impacto financiero” que podrían causar a la administración de Velasco Coello.

Por doquier salen los reclamos al gobernador Velasco Coello para llamar a cuentas a Sabines Guerrero.

Apenas el miércoles 14, los senadores y diputados pidieron a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación que solicite información sobre el proceso de auditorías practicadas a los procesos de contratación de obra pública en Veracruz, Jalisco y Chiapas.

En cuanto al estado de Chiapas solicitaron un reporte a la ASF de las auditorías practicadas a los procesos de contratación de obras públicas en los años 2011 y 2012.

En el dictamen aprobado por el Pleno se subraya que “el órgano auditor de la Federación debe rendir un informe específico a la Cámara de Diputados y fincar las responsabilidades correspondientes en caso de detectar irregularidades”.

Los legisladores mencionaron que los procesos de comprobación del ejercicio de los recursos públicos debe realizarse conforme a la normatividad vigente y atendiendo los principios de transparencia y rendición de cuentas.

Y estimaron que la ASF debe informar sobre cada caso en lo particular de los diversos procesos de contratación de obras públicas en esas entidades y el ejercicio de los recursos públicos, según una misiva oficial emitido la semana pasada.

Culebro Borrayas y su denuncia ante la PGR

Presentó a la PGR “las pruebas fehacientes del saqueo que se realizaron a los recursos estatales durante la administración de Sabines Guerrero en contubernio con una centenar de sus colaboradores”. Foto: Isaín Mandujano/Chiapas PARALELO

Por su parte, Horacio Culebro Borrayas, el principal demandante contra del exmandatario ante la PGR, indicó en entrevista que el pasado nueve de agosto concluyó la entrega de pruebas totales en contra de Juan José Sabines Guerrero.

Dijo que ahora esperará un tiempo prudente de cuarenta y cinco días naturales para que la dependencia a cargo de Jesús Murillo Karam, consigne la averiguación previa correspondiente y en su caso se ejercite la acción penal contra quien gobernó Chiapas, durante el mandato 2006-2012.

Culebro Borrayas, explicó que pasado ese plazo en caso de no haber ningún resultado alguno contra la demanda interpuesta en contra de Juan José Sabines Guerrero, vía amparo solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en acato a los mandamientos constitucionales instruya a la PGR el ejercicio de la acción penal.

Culebro Borrayas dice que presentó ya “las pruebas fehacientes del saqueo que se realizaron a los recursos estatales durante la administración de Sabines Guerrero en contubernio con una centenar de sus colaboradores”.

El abogado informó que de las obras pagadas al cien por ciento y no ejecutadas figuran las del grupo de constructoras propiedad de José Manuel Flores Ríos, quien podrías ser únicamente un prestanombre de José Murat Casab, ex gobernador de Oaxaca y Fidel Herrera Beltrán, ex gobernador de Veracruz, entre las que destacan Compañía Constructora del Sureste, S.A. de C.V., Grupo Constructor Universal S.A. de C.V. , Constructora Samper S.A. de C.V., Construcciones Flogo S.A. de C.V., Construcciones Savaz S.A. de C.V., Constructora Bernard S.A. de C.V., Construcciones Goli S.A. de C.V., Construcciones Moraza S.A. de C.V., así como Construcciones Alzurio S.A. de C.V.

De la misma manera indicó que las constructoras locales beneficiadas o en su caso privilegiadas y que de la misma manera incurrieron en el mismo supuesto de cobrar algunas obras sin ejecutarlas se encuentran: Técnicos Especializados de Chiapas S.A. de C.V., Trituradora Soconusco S.A. de C.V., Precisa, Constructora y Arrendadora S.A. de C.V., en las cuales aparecen como propietarios Rafael Cancino Serrano, Abel Barrios Lozano, Rodrigo Ulises Astudillo Constantino, de las que han sido socios el ex secretario de infraestructura Ricardo Alberto Serrano Pino, así como Jesús Sarmiento Toledo, quien fungió como coordinador de delegaciones y coordinador general operativo en la asignación de la obra pública en la gestión de Ricardo Alberto Serrano Pino, entre otras.

Dice que “las adjudicaciones siempre se llevaron a cabo por asignación directa, violando así lo establecido en la ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, en virtud de que en su totalidad los importes de los contratos rebasan por mucho los importes para que se pudieran asignar de manera directa, lo anterior en virtud de que la gran mayoría de los contratos son recursos otorgados por la federación, tarea que siempre estuvo a cargo de los ex coordinadores de delegaciones y coordinadores generales operativos; Jesús Sarmiento Toledo y Ricardo Juárez Ovando.

Dijo que tan solo en el ejercicio del 2009 el gobierno federal otorgó novecientos millones de pesos al gobierno del estado para conservación de caminos rurales que fueron asignados de manera directa a las nueve constructoras propiedad de José Manuel Flores Ríos, por el ahijado de Nemesio Ponce Sánchez, Jorge Antonio Ramos Castrejón quien fungía como director de caminos rurales y puentes de la Secretaría de Infraestructura.

“Lo más grave de este asunto es, que nunca hicieron los trabajos, solamente cobraron los novecientos millones de pesos, que ha decir del propio José Manuel Flores Ríos, fueron para Juan José Sabines Guerrero, porque él únicamente había prestado el nombre de las empresas”, dice Culebro Borrayas.

Se teje un manto de impunidad a Sabines: Soriano Ruiz

Exige la diputada local del PRD, que la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado haga pública la Cuenta Publica del exgobernador Sabines. Foto: Isaín Mandujano/Chiapas PARALELO

Otro detalle que ha llamado la atención del manto de impunidad que favorece a Sabines lo dio a conocer la diputado local del PRD, Alejandra Soriano Ruiz, quien denunció que el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE) pretende encubrir al exgobernador Juan Sabines Guerrero, por lo que le exigió “dejar de tapar su corrupción” y fincarle responsabilidades por presuntos desvíos de recursos públicos y uso indebido del ejercicio público.

Dice que el viernes 6 de julio el titular del OFSCE, Humberto Blanco Pedrero, entregó al Congreso del Estado un dictamen de revisión y fiscalización de la última cuenta pública sabinista, pero hasta ahora se mantiene en absoluto hermetismo.

“Al estilo del exgobernador del estado Juan Sabines fue entregada de manera silenciosa la cuenta pública de los primeros tres trimestres del ejercicio de 2012 de su administración, y todos los chiapanecos esperamos conocerla en muchos rubros”, dijo la diputada local.

Exigió la diputada, que se llame a Sabines Guerrero a rendir cuentas de por qué entregó a la nueva administración un estado sin liquidez y hundido en su peor crisis económica, social y política de la que tengamos memoria”.

Soriano Ruiz comentó que conforme van pasando los días, los chiapanecos han visto cómo surgen nuevas y múltiples evidencias del saqueo, de la desaparición de los recursos del pueblo de Chiapas en manos de unos cuantos que, al amparo de la cercanía del exgobernador, improvisaron fortunas y amasaron grandes cantidades de dinero a cambio de hipotecar el futuro de los chiapanecos en los siguientes 20 o 30 años.

Tanto es la secrecía para proteger a Sabines, que la diputada Soriano Ruiz tuvo que interponer un recurso de amparo número 1106/2013 ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) para poder tener acceso al informe del resultado de revisión y fiscalización de la cuenta pública realizado por el OFSCE y entregado ya al Congreso del Estado a través de la Comisión de Vigilancia que dirige Córdova Toledo, amigo del exmandatario.

Pero con “artilugios legaloides”, dice le han dilatado la entrega de dicho informe: «Me pregunto, cual es el interés de hacer dilatoria la entrega del informe, porqué pretende retrasar el cauce normal del amparo y que bajo argumentos legaloides desea ganar tiempo, al señalar que no poseo un interés jurídico o interés legítimo para promover el amparo por ser integrante del cuerpo colegiado del H. Congreso del estado».

En la imagen, diputados locales que conforman la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado. Foto: Chiapas PARALELO

Además de Córdoba Toledo, otros examigos y excolaboradores del exgobernador que forman parte y controlan la citada Comisión de Vigilancia, estos son Noe Castañón Ramírez del PRI, Isabel Ancheyta Palacios del Partido Orgullo Chiapas (POCH) –partido fundado por Sabines-, Francisco Javier Morales Hernández del PAN y Emilio Salazar Farías del PVEM.

Según la diputada, el tema central del amparo que interpuso es transparentar las acciones de gobierno y someterlas al escrutinio público. Dice que el documento lo ha pedido como ciudadana y legisladora pues está dentro de su derecho, así como también lo tiene el pueblo de Chiapas para conocer en qué gastó el recurso público el ex mandatario Juan Sabines.

Para Soriano Ruiz no hay duda de que en Chiapas, más que castigar o sancionar la corrupción sabinista, lo que “se teje un manto de impunidad” sobre el exmandatario que encabezó “el saqueo más grade de la historia de Chiapas”.