Denuncian impunidad ante desplazamientos forzados y despojo en Chiapas

 

El despojo y desplazamiento forzado se ha incrementado en Chiapas debido a la impunidad, acusan afectados. Foto: Archivo Sipaz

El despojo y desplazamiento forzado se ha incrementado en Chiapas debido a la impunidad, acusan afectados. Foto: Archivo Sipaz

Representantes del Grupo de Familias Desplazadas de Busiljá y Reforma en el municipio de Ocosingo, y de Grupos Adherentes de La Sexta en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, denunciaron acciones de impunidad y complicidad por parte de las autoridades estatales responsables de la administración de la justicia.

 

Despojan a familia por oponerse al PROCEDE

En septiembre de 2012, un grupo de ejidatarios y posesionarios encabezados por Daniel López  Hernández, comisariado ejidal de Reforma, en Ocosingo, despojaron violentamente a la familia de Salvador Pathistán Agoval, de 10 hectáreas de terreno y de los bienes ahí presentes.

Una casa y todo el cercado fueron destruidos, el bosque también fue talado. La familia fue desplazada y refugiada en la cabecera municipal de Ocosingo.

Salvador compró entre los años 1998 y 2002 una superficie de 13 hectáreas en el Ejido  Reforma, mediante Actas de Acuerdo Comunitario debidamente firmadas por la Asamblea de Ejidatarios.

Explicaron que a la familia  la despojaron por oponerse al programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) y ser miembro del Frente de Ejidos en  Resistencia Genaro Vázquez Rojas, adherente de La Sexta.

“Las presiones contra la familia en  resistencia empezaron desde el año 2009, y por eso se levantaron denuncias ante la Secretaría General de Gobierno, sin lograrse solución alguna”. En 2010 se denunció a las autoridades ejidales en turno ante la Fiscalía del Ministerio Público de Ocosingo, pero éstas hicieron caso omiso a los citatorios de la Fiscalía.

“Desde entonces, las amenazas de muerte y las presiones por parte del Comisariado Ejidal no han cesado contra la familia de Salvador Pathistán. Los pasados meses de mayor, julio y agosto de 2013, se solicitó formalmente y mediante oficios la intervención del Lic. Manuel Velasco Coello y del Lic. Raciel López Salazar, como Gobernador Constitucional y Procurador General de Justicia del Estado, respectivamente, sin tener respuesta alguna al día de hoy por parte de las instituciones estatales.

 

Los desplazados de Busijá

Otro caso fue el de las familias desplazadas del Ejido Busiljá en el municipio de Ocosingo y refugiadas en la cabecera municipal del mismo. “Después de más de 15 años, las familias desplazadas del Ejido Busiljá el 13 de junio de 1997, permanecemos refugiadas en la cabecera municipal de Ocosingo, y vemos cómo se sigue agravando a situación de impunidad y violación de nuestros derechos humanos”, señalaron.

En este caso,  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  ductó medidas cautelares a favor de la niña Gabriela Sánchez Morales, de 8 años de edad, quien permanece en esa situación desde el 17 de julio de 2011.

“Las averiguaciones previas por los delitos de violación de dos mujeres desplazadas, ocurrida el 15 de  enero de 2011 en el Ejido Busiljá, no han sido consignadas ante el Juez Penal localizado en Tuxtla Gutiérrez. Tampoco han sido consignadas las averiguaciones previas por la violación a otras dos mujeres desplazadas, ocurrida el 7 de diciembre de 2011.

“El pasado 24 de agosto de 2013 se cerró el período de instrucciones y el día 27 de septiembre del  año en curso, se dictará la sentencia contra Elías Sánchez Gómez, acusado falsamente de despojo de tierras de uso común por las autoridades ejidales de Busiljá, que son miembros paramilitares de la  Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC)”.

Explicaron que Elías Sánchez  Gómez está encarcelado en el Cereso 17 de Playas de Catazajá desde el 7 de diciembre de 2011.

 

Vendedores ambulantes despojados por policías de San Cristóbal

Otro caso es el de las y los vendedores ambulantes que durante años  han ocupado la calle para mantener a sus familias, y quienes  fueron víctimas de presiones y del despojo de sus bienes de trabajo.

“Desde febrero de  2013 aumentaron las presiones contra trabajadores ambulantes. Juan de Dios Gómez Gómez fue  detenido violentamente en la calle Lázaro Cárdenas de esta ciudad de San Cristóbal de Las Casas el  pasado 19 de febrero de 2013, y liberado después de 36 horas tras pagar una multa de 600 pesos.

Añaden que hasta el momento, la Policía Municipal tiene retenida una carretilla y una vitrina que presenta daños, pero solicita 390 pesos para poder sacarla.

Juan de Dios es estudiante de secundaria y trabaja los fines de semana para poder cubrir los gastos del estudio. Su delito es trabajar dignamente en la  calle como vendedor de frutas preparadas”.

 

Despojo y destrucción de reserva de San Cristóbal

Por su parte, posesionarios del predio Molino Los Arcos demandan se recuperen 102 hectáreas de la  Reserva Gertrude Duby y Casco Grande. Las familias posesionarias del predio Molino Los Arcos localizado al oriente de la ciudad de San Cristóbal, “demandamos que no se nos involucre con el grupo de invasores de la Reserva Gertrude Duby y Casco Grande”.

Explican que no están en contra de los Barrios y Colonias de San Cristóbal, que luchan por recuperar las 102 hectáreas tomadas en el 2011. “El pasado 4 de septiembre de 2013, llegaron a este sitio en una camioneta blanca funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para decir que van a realizar modificaciones a la Casa Grande donde  vivimos cuatro familias posesionadas pacíficamente en el predio desde 1973.

“Dicho personal se  presentó sin documentos informativos; por eso no le permitimos la entrada al edificio. Denunciamos  que estas acciones son parte de las amenazas de desalojo y las presiones por parte de Marcos Sántiz Shilón -participante en la masacre de Acteal de diciembre 1997-, para entrar y ocupar el predio de la Casa Grande.

“Las familias posesionarias aceptamos modificaciones y mejoras a la Casa, siempre y  cuando se respete su uso para servicio del pueblo mediante proyectos de desarrollo comunitario, y para habitación de las familias que necesitamos la vivienda y ejercemos nuestros derechos básicos de protección y seguridad”, añadieron.

 

Piden termine la impunidad

Los denunciantes de los cuatro casos demandan se inicien averiguaciones previas por los hechos de despojo de tierras y del patrimonio de Salvador Pathistan Agoval, denunciados en las Actas Administrativas 546/IN95-T1/2010 y 113/IN95-TI/2012.

Que cesen las amenazas y presiones contra la familia del Sr. Salvador Pathistan Agoval, refugiada en la cabecera municipal de Ocosingo, para que pueda regresar al Ejido Reforma y recupere las 10 hectáreas de terreno compradas debidamente mediante Actas de Acuerdo de la Asamblea Ejidal, así como los bienes que fueron destruidos y robados en septiembre de 2012 por orden del Comisariado Ejidal.

También que se cumplan efectivamente las Medidas Cautelares dictadas por la CIDH con Referencia  MC-485-11, y sea presentada y entregada con vida a sus padres la menor Gabriela Sánchez Morales.

Que se dicte sentencia absolutoria a Elías Sánchez Gómez, injustamente detenido en el  Cereso 17 de Playas de Catazajá, y sea liberado inmediatamente.

Que se cancelen las 8 órdenes de aprehensión contra los representantes de las familias  desplazadas de Busiljá, dictadas por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito  Judicial de Playas de Catazajá.

Que sean consignadas las averiguaciones previas Av.Previa240/IN95-T1/2011, Av. Previa 770SE-74-T2/2009, Av. Previa No. 59/IN95/2011, Av. Previa 655/INTA-T2/2011, Av. Previa 344/2012; Acta Ad. 374/2010, correspondientes a los delitos de desalojo forzado y violación sexual de mujeres desplazadas de Busiljá.

Que paren las amenazas y presiones contra las familias posesionarias de los predios Molino  Utrilla, y que sean informadas y consultadas sobre las acciones planeadas en relación al  casco de la Casa Grande Molino Utrilla.

Que sean devueltos los bienes de trabajo del joven Juan de Dios Gómez Gómez, retenidos injustamente por la Policía Municipal y se reparen los daños a los bienes y las pérdidas ocasionadas que suman un total de 2,700 pesos.

Que sean castigados los responsables de los delitos de desplazamiento forzado, despojo de  tierras y bienes patrimoniales, detenciones arbitrarias, daños a la integridad física y moral,  secuestro de menores, violaciones sexuales contra mujeres, presiones y amenazas de  desalojo. Entre ellos, las autoridades y personal administrativo del estado de Chiapas que  está coludido o que protege a los perpetradores de las violaciones a nuestros derechos humanos.

Que sean presentados con vida los detenidos y desparecidos por motivos políticos y sociales, y que sea liberado inmediatamente el profesor Alberto Pathistán Gómez.

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