Denuncian discriminación y cobro indebido de la CFE

medidor de CFE

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, denunció hostigamiento, discriminación y cobro indebido de las tarifas de energía por parte  de personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contra una usuaria indígena del municipio de Amatenango del Valle.

El organismo detalló que el pasado 12 de diciembre la afectada María Isabela López Gómez, recibió un recibo de consumo por la cantidad de 4 mil 663 pesos, advirtiéndole que de no pagarlo le cortarían el servicio.

El Frayba afirmó que seis meses antes comenzaron los problemas para la familia tseltal ya que en varias ocasiones “personal de la CFE visitó el domicilio de María Isabela, introduciéndose a la casa para revisar y tomar foto al medidor, mientras la acusaban de haberlo  alterado”.

Los activistas aseguran que en diversas comunidades, la CFE “está hostigando y amenazando a los pobladores con cobros indebidos por las altas tarifas de la energía eléctrica, aunado a un mal servicio”.

Relataron que María Isabela se ha documentado a partir del 17 de junio pasado cuando ella acudió a las oficinas de la CFE en el municipio de Teopisca “para pedir que resolvieran la situación de los cobros tan altos que le llegaban a su hogar porque desde el mes de septiembre de 2011, le instalaron en toda la casa un medidor de tarifa 2, por lo que, sin ninguna explicación, estaba recibiendo cobros excesivos que posteriormente aumentaron desproporcionadamente hasta llegar a la cantidad de 903.00 pesos” cada recibo bimestral.

El 19 de junio se presentó a la casa de María Isabela, un empleado de la CFE que se identificó como Erik Noel Cruz Urbina, “quien le exigió el pago por el adeudo de 4,134 pesos, diciendo que en las revisiones habían encontrado facturas anteriores las cuales, por error de medición y contabilización, no le habían presentado”.

La denunciante aseguró que la actitud del empleado de la CFE fue exigir el cobro de la cantidad mencionada con amenazas y trato discriminatorio e inadecuado, incluso, denunció: ‘el de la CFE me tocaba las bolsas del mandil y me decía de darle el dinero, me empezó a llamar chaparrita para ofenderme, diciéndome que si no pagaba me iba a visitar a la cárcel y que firmara a la fuerza un documento donde querían que pagara”.

La agresión se documentó el 24 de junio cuando María Isabela “presentó una queja ante las oficinas de San Cristóbal de Las Casas con la encargada Rocío Gordillo quien se negó a recibirla. Luego ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el 24 de julio, se convocó a una reunión con la paraestatal para resolver el asunto”.

Sin embargo, “en lugar de cancelar la deuda, la acusaron de haberse robado la energía eléctrica y como solución conciliatoria, recomendación por parte de la misma Profeco, se le propuso que pagara en dos exhibiciones el adeudo. Ante esta exigencia María Isabela rechazó suscribir el documento por ser injusto”.

El Frayba, consideró que la denunciante “ha sido sometida por parte del personal de la misma paraestatal, en violaciones a sus derechos: a la integridad personal, al respeto a la honra y reputación, a la inviolabilidad de domicilio; los derechos de las mujeres a no ser objeto de violencia psicológica por su género; además de otros derechos económicos, sociales y culturales, todos incluidos en tratados y convenciones de derechos humanos que el Estado mexicano promovió y se comprometió a respetar, proteger y garantizar frente a la comunidad internacional”.

El organismo que preside el obispo Raúl Vera, recordó que ante el “hostigamiento” de la población ha respondido conformando la agrupación  Pueblos Unidos por la Defensa de la Energía Eléctrica (PUDEE), “exigen y reivindican que la energía eléctrica es un derecho humano, parte de su territorio, como pueblos que habitan en la región”.

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