La guerra contra el EZLN, las otras víctimas (Parte 1)

 

 

Tratando de romper la solidaridad y apoyo de las comunidades hacia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Estado mexicano implemento a través del “Plan Chiapas 94“, una estrategia que operó la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para crear grupos paramilitares. En los municipios del norte de Chiapas, considerada “zona de expansión” del grupo insurgente, los paramilitares dejaron un saldo de más de 3,500 desplazados, 81 ejecuciones extrajudiciales, y 37 desapariciones forzadas. 20 años después, los sobrevivientes aún viven bajo el temor y la acción de estos grupos.

 

Susuclumil, Tila. Para Mateo López, originario de la comunidad Miguel Alemán, en el municipio de Tila, pasar al lado de la que fue su vivienda, y encontrar en el camino a los integrantes del grupo Paz y Justicia –quienes en 1995 lo expulsaron, luego de asesinar a dos campesinos de su poblado- sigue causándole escozor en el estómago, y un nerviosismo, mezcla de indignación y coraje.

En esta región habitada por indígenas de la etnia chol, que comprende los municipios de Tila, Sabanilla, Yajalón y Salto de Agua, nadie que simpatice con el EZLN se siente seguro. Los desplazamientos, desapariciones forzadas y homicidios que se cometieron con mayor intensidad entre los años 1995 y 1998, nunca fueron castigados; y los autores materiales siguen libres, impunes, y habitando las casas y sembrando los terrenos de quienes –creen-son sus adversarios.

La preaudiencia que sostuvo el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), en la comunidad de Susuclumil, Tila, los pasados 6 y 7 de diciembre, fue para quienes fueron señalados por el Estado mexicano como bases de apoyo del EZLN, una oportunidad para replantear su demanda de justicia por los crímenes cometidos en su contra.

Ante los jurados María Estela Abarca, Guillermo Villaseñor, Alejandro Martínez, Gloria Angélica Fernández y Eréndira Sandoval, las y los indígenas de la región explicaron con detalle cada una de las acciones que soportaron, cuando el gobierno mexicano implementó el Plan Chiapas 94, un manual de guerra contrainsurgente, que consistía en romper el tejido social para impedir la expansión del EZLN.

 

A mi hijo José Tila lo mataron Sabelino Torres Martínez y su grupo de paramilitares de Paz y Justicia. Él era católico, tenía 26 años y 5 hijos”. Foto: Ángeles Mariscal/Chiapas PARALELO

A mi hijo José Tila lo mataron Sabelino Torres Martínez y su grupo de paramilitares de Paz y Justicia. Él era católico, tenía 26 años y 5 hijos”. Foto: Ángeles Mariscal/Chiapas PARALELO

“A mi hijo José Tila lo mataron Sabelino Torres Martínez y su grupo de paramilitares de Paz y Justicia. Él era católico, tenía 26 años y 5 hijos”, “Mi sobrino Mateo Vázquez fue emboscado cuando los caminos estaban bloqueados y no podíamos salir ni a recoger la milpa. Lo mataron de 8 disparos porque era simpatizante del EZLN”, “No puedo olvidar a mi esposo Emiliano Martínez, los paramilitares nos invadieron nuestros terrenos y luego lo mataron”, “A mi papá Nicolás Mayo lo descuartizaron los paramilitares, lo agarraron en un retén en el camino. Mi mamá, mi hermanito de brazos y yo, logramos correr al monte y escapar. Mi mamá no lo supera y vive sufriendo”.

Las historias se repiten una tras otra. En todos los casos hay culpables plenamente identificados. Se trata de indígenas de la región, quienes al igual que en el municipio de Chenalhó, donde murieron 45 personas en la masacre de Acteal de diciembre de 1997, fueron entrenados y armados por el Ejército mexicano; y protegidos por las autoridades estatales y municipales.

“Fue Sabelino (ex militar) y su gente, unos 100 que iban con él porque era el comandante de los paramilitares que nos emboscaron”, “Diego Vázquez encabezó personalmente al grupo que secuestro, violó y desapareció a mi hija”, “El teniente coronel de apellido Bautista, era el que daba las órdenes para protegerlos”, “Mi hermano pidió al convoy militar que lo llevara para poder salir de la comunidad. Pensó que iba a estar seguro, pero en vez de eso los militares lo fueron a entregar a los de Paz y Justicia”, “Mi casa estuvo cercada por el Ejército, no nos dejaban salir, me preguntaban si yo era de los rebeldes, y yo les decía que sólo era catequista”; “Nuestra comunidad (Masojá Shujá) estaba cercada por cinco poblados de paramilitares, pero resistimos, fuimos los únicos que no nos desplazamos. Entonces llegó el Ejército mexicano y me detuvo, pero yo le dije que no teníamos armas”.

Las y los indígenas presentaron ante el TPP los detalles de las agresiones, los nombres, las fechas precisas. No titubean, lo tienen presente, como si los hechos hubieran sido apenas, y no hace más de 15 años.

Indígenas agraviados por la estrategia contraninsurgente, durante la preaudiencia del TPP. Foto: Ángeles Mariscal/Chiapas PARALELO

Indígenas agraviados por la estrategia contraninsurgente, durante la preaudiencia del TPP. Foto: Ángeles Mariscal/Chiapas PARALELO

Lo tienen tan presente, como presente tienen el temor y la alerta constante con la que se mueven día a día. Para algunos psicólogos, se trata del llamado “trauma de guerra”. Para los habitantes de esta región, es sólo su realidad diaria, porque a diario se siguen topando con quienes formaron parte del grupo Paz y Justicia, y ahora, con otras siglas, siguen congraciados con las autoridades municipales y estatales, de las que incluso forman parte.

La audiencia con el TPP, también fue un reto para quienes, reconocen, aún siguen teniendo simpatía hacia las causas por las que lucha el EZLN. “Cada que nos reunimos, cada que conmemoramos a nuestros muertos y nuestros desaparecidos, cada que pedimos la indemnización por las tierras y los bienes que nos robaron los paramilitares, corremos el riesgo de que piensen que estamos reactivando el conflicto, y que se reactiven las agresiones y las muertes”, explicaron.

Para la reunión, en la comunidad Susuclumil, montaron guardias día y noche, para alertar por si algún integrante de lo que fue Paz y Justicia se acercaba al lugar. A quienes no eran habitantes del poblado, pidieron no alejarse de la sede del encuentro. Al término del evento de dos días, se fueron en grupo, de día, alertas siempre, como lo están desde hace casi 20 años.

Esta región del norte de Chiapas –ubicada a 6 horas de la capital- no figura en los escenarios mediáticos a los que turistas, curiosos y “zapatólogos” acuden para conocer sobre el movimiento del EZLN.

Sin embargo, aquí se sigue viviendo el ambiente que organizaciones no gubernamentales llaman como de “guerra de baja intensidad”. Aquí las y los habitantes continúan viviendo en medio del ambiente de impunidad y miedo creado por el Estado mexicano para, de acuerdo a los manuales castrenses, mantener “a raya” una posible “zona de expansión” del EZLN.

 

Paz y Justicia

Paz y Justicia se formó durante el segundo trimestre de 1995, en los municipios de Salto de Agua y Tila. El entonces líder de este grupo, quien en ese mismo periodo fue diputado local priísta, Samuel Sánchez  Sánchez señaló que la creación de Paz y Justicia obedeció al proceso de “radicalización en la orientación de los simpatizantes de zapatistas y perredistas en los ejidos y comunidades (de Tila, Sabanilla, Salto de Agua y Tumbalá).”

Para su formación recibieron recursos económicos y formación por parte de la Sedena. Entre 1995 y 1997 participaron en el desplazamiento de 3,500 personas, la desaparición de 37, y la ejecución de 81 indígenas –hombres y mujeres- que creían simpatizante del EZLN.

Pese a las denuncias de que se trataba de un grupo de personas armadas de acuerdo a la lógica de los grupos paramilitares, el Estado mexicano negó su existencia, hasta que la masacre de Acteal lo obligó a reconocer la existencia de los grupos de civiles armados.

La masacre también obligó a Paz y Justicia a cambiar de siglas y aparentemente desaparecer. En 2003 el gobierno estatal implementó la detención de algunos de sus líderes, sin embargo en los hechos la estructura del grupo sigue vigente, aunque aparentemente inactiva.

 

 

Plan Chiapas 94

Se trata del “Plan de Campaña” de la comandancia general de la VII Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para romper la “zona de expansión” del EZLN . El plan establece que el objetivo estratégico-operacional es destruir la voluntad de combatir del EZLN, aislarlo de la población civil, logrando el apoyo de ésta en beneficio de las operaciones, en tanto que el objetivo táctico es destruir y/o desorganizar la estructura política militar de esa organización.

Entre la estrategia plantea: “1.- Suspensión de garantías individuales en la entidad: a) desplazamiento forzado de la población bajo la influencia zapatista hacia albergues o zonas de refugio oficiales; b) neutralización de la organización y actividades de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas; c) captura y consignación de mexicanos identificados con el E.Z.L.N.; d) captura y expulsión de extranjeros perniciosos; (…) g) muerte o control de ganado equino y vacuno; h) destrucción de siembras y cosechas; i) empleo de la autodefensa civil…1.- Romper la relación de apoyo que existe entre la población y los trasgresores de la ley”.

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