Extorsión, soborno y asesinatos, detrás de “la mayor mina de barita del mundo”, en Chicomuselo, Chiapas

Altar en memoria de Mariano Abarca. Foto: blog ewwaunel

Altar en memoria de Mariano Abarca. Foto: blog ewwaunel

 

La extorsión, soborno, criminalización de la protesta social y asesinato, son los componentes que presionan a la población serrana del municipio de Chicomuselo, para que acepte la extracción en “la mayor mina de barita del mundo”, señala la investigadora Lucero Ángeles Rojas, en el libro Ecología Política del Extractivismo en América Latina: Casos de Resistencia.

En su análisis, la académica detalla el caso de la muerte por asesinato de Mariano Abarca (noviembre de 2009), quien se opuso a la afectación medio ambiental y a la salud que implicaba permitir la extracción minera en la zona de Chicomuselo.

Explica la lucha que dio Mariano Abarca, mismos que trastocaron los intereses multimillonarios que se encuentran detrás de las empresas que buscan explotar los recursos, en especial de la candience BlackFire Exploration.

En la investigación, Ángeles Rojas deja claro el tamaño de la ambición de los empresarios extractivistas, quienes ven en la mina del Ejido Grecia, “la mayor mina de barita del mundo, que alcanzaría en unos ocho meses un ritmo de producción de 360.000 toneladas anuales de esta piedra utilizada para la perforación petrolífera, cuya vida útil es de cien años”, según cifras que en su momento dio Artemio Ávila Cervera, director general de Blackfire en México.

En el análisis que hace del caso, la investigadora en principio detalla la magnitud del auge que tiene la minería contemporánea en México, y los componentes económicos que hay detrás:

Las concesiones mineras en el gobierno de Felipe Calderón desde el 2006 hasta el primer semestre de 2012 según el VI Informe de gobierno, cuenta con un total de 32 millones 573 mil hectáreas equivalente a un 16.58% del total de todo el territorio mexicano, superando en su totalidad a varios estados de la República; concesionó 11 millones 325 mil hectáreas, 4 millones de ellas en el primer semestre de 2012, a través de mil 343 títulos, siendo un aumento de más del 300% por ciento respecto al mismo lapso de tiempo que el año anterior, localizándose la mayor concentración de mineras en el sur del país en el estado de Oaxaca con una superficie de 9 millones 395.2 mil hectáreas. Se han registrado los mayores montos de inversión en el sector minero-metalúrgico: 22,696 millones de dólares, 339.9% superior en comparación a los 5,159 millones de dólares que se reportaron en todo el sexenio anterior. Con este nivel de inversión se ha logrado superar en 54.6% la meta establecida para el periodo 2007-2012 (14,682 millones de dólares).

El mismo informe señala que se disminuye el tiempo de expedición de permisos mineros en un 40% con respecto al 2011, pasando de 15.8 a 6.5 días. De acuerdo al número de empresas mineras inscritas en el registro público del 2012 hasta junio habían 2 mil 611 compañías, 48.5 % de capital nacional y el 41.5% de capital extranjero un incremento considerable ya que cuando empezó el sexenio en el 2006 solo existían mil 755 empresas.

Como señala Delgado (2012) “algunos de los beneficios de las empresas mineras en México es que tienen un plazo de amortización de pérdidas fiscales por 10 años, o la excepción de pago por derechos o tasa de exportación” lo que hace más atractiva la inversión extranjera al país.

Debido a la flexibilidad de las leyes mexicanas para otorgar permisos a las concesiones, México es por segundo año consecutivo el cuarto lugar mundial y el primero en América Latina en atracción a los capitales destinados a la exploración. Sólo lo superan Canadá, Australia y Estados Unidos.

Este incremento acelerado en la industria ocasiona una mayor inversión en la investigación del territorio permitiendo “identificar 110 nuevas localidades con potencial minero, ubicadas principalmente en los estados de Puebla, Oaxaca, Sinaloa, Baja California Sur, Sonora, Zacatecas, Coahuila, Hidalgo, Baja California, Durango, Jalisco, Chiapas, Chihuahua, San Luis Potosí, Michoacán y Guanajuato”.

En el libro Ecología Política del Extractivismo en América Latina: Casos de Resistencia, Ángeles Rojas explica que ante esos intereses, la población que se opone a ver afectado su entorno y su salud, tiene que enfrentarse con la respuesta de las mineras, quienes recurren a la extorsión, soborno, criminalización de la protesta social y asesinato.

El caso del asesinato de Mariano Abarca y la investigación que organizaciones de la sociedad civil emprendieron al respecto, ejemplifica lo anterior. La autora muestra a grandes rasgos este proceso de resistencia que se dio en Chicomuselo.

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