Proponen aumentar penas para líderes religiosos, maestros y funcionarios que cometan violencia sexual en contra de niños y niñas

 

No al abuso sexual infantil

 

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Gloria Luna Ruíz propuso ayer al pleno del Congreso del Estado de Chiapas aumentar las penas en contra de líderes religiosos, maestros y funcionarios públicos, que valiéndose de su cargo, cometan violencia sexual en contra de niños y niñas.

La legisladora presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Chiapas en materia de protección de niñas, niños y adolescentes en contra de la violencia sexual.

Las reformas pretenden castigar con penas de cinco a nueve años de prisión y multa de mil días de salario a quienes cometan este delito, con lo que ya no se alcanzaría fianza y es que actualmente se puede salir bajo fianza.

Además, en las penas previstas para los delitos de violación y abuso sexual, se aumentarán en una mitad más, cuando el delito fuera cometido por un funcionario público, docente o ministerio religioso, que valiéndose de su cargo, se aprovechará de una persona menor de edad. La iniciativa fue turnada a comisiones para su estudio y dictamen.

La violencia sexual no sólo se refiere al coito sexual intentado o forzado, si no también al contacto sexual no deseado, obligar a una mujer o una niña o niño a participar en el acto sexual sin su consentimiento, hacer comentario u ofensas sexuales, mutilación genital, acoso sexual, incitación sexual forzada, insinuaciones, la trata con fines sexuales, entre otros.

En México la violencia sexual está tipificada como un delito grave y a pesar de esto, se estima que sólo una de cada diez agresiones sexuales en el país se denuncian, debido a la falta de certeza de que el agresor será castigado y al estigma social que persiste principalmente en torno a las mujeres, adolescentes y niñas; por el miedo de represalias del agresor y la ausencia de apoyo para las víctimas y a la desconfianza hacía los sistema de procuración de justicia.