Munícipe de Jitotol agrede a campesinos que piden transparentar obra

Alcalde de Jitotol es acusado de negarse a responder por deficiencias de obra de alcantarillado por la que se cobró más de 13 millones de pesos. Foto: www.osadiainformativa.com

Policías municipales y personal administrativo a cargo del munícipe de Jitotol, Fredy Camilo López Trejo, agredieron a un grupo de 15 personas de la comunidad Carmen Zacatal, quienes habían acudido a la presidencia municipal a darle seguimiento a la demanda para la realización de una auditoría a la obra de drenaje del poblado.

Los denunciantes explicaron que desde principios de 2014 gestionaron ante el Congreso y la Auditoria Superior del Estado de Chiapas la revisión de la obra de alcantarillado en la que López Trejo dijo se invirtieron más de 13 millones de pesos, pero que presenta graves anomalías.

“Pacíficamente estábamos entrevistando al presidente municipal Fredy Camilo López Trejo, quien se había comprometido de ir a la comunidad  de Carmen Zacatal personalmente para atender el asunto en mención; sin embargo, al salir del edificio de la presidencia municipal fuimos interceptados con violencia por policías municipales y administrativos obligándonos al enfrentamiento físico y al mismo tiempo impidieron que el presidente municipal cumpliera con el compromiso”, denunciaron.

Antecedentes

Explicaron que este hecho tienen su origen cuando unos 5 mil habitantes de Carmen Zacatal denunciaron que en este lugar ubicado a 11 kilómetros de la cabecera municipal, se construyó una primera etapa del sistema de alcantarillado, cuyo costo –de acuerdo a las autoridades locales- fue de 6 millones 776 mil ochocientos 77 pesos.

Sin embargo la obra tuvo deficiencias como tuberías mal instaladas, domicilios sin conexión de descargas y registros mal hechos.

Para pedir la reparación de las obras se solicitó la presencia del presidente municipal, Fredy Camilo López Trejo, “nunca fue atendida dicha petición”. Por el contrario, sobre las primeras obras deficientes, anunció de iniciaría la segunda etapa a fin de ejercer un monto de 7 millones 750 mil pesos.

“La lucha por transparentar la administración  de los recursos es cada vez más remota, toda vez que se nos niega el expediente técnico y esto es básico para la ejecución de toda obra”.

Ante la opacidad en la ejecución de la obra, los habitantes de Carmen Zacatal lograron que el Congreso local pidiera a la Comisión de Vigilancia -mediante el núm. De oficio HCE/PMD/350/2014- una investigación.

Mediante oficio núm. HCE/DEESF/017/2014 fechado el 03 de Marzo de 2014, el diputado Emilio Salazar, pidió a Jorge Manuel Pulido López, Auditor Superior del Estado, una auditoría a la obra en la que de acuerdo a López Trejo, se gastó más de 13 millones de pesos.

Cuatro meses después, cuando vieron que la auditoria no se ha realizado, los habitantes de Carmen Zacatal fueron a hablar con el munícipe, quien el pasado lunes los habría mandado golpear a fin de no llegar a la localidad y enfrentar los problemas por la obra deficiente.

Viola López trejo leyes estatales e internacionales

Los pobladores denuncian que en este acto de complicidad, las autoridades del Congreso y municipales han violado los derechos de petición y de información consagrados en el artículo 6º. Y 8º. De la constitución Federal y demás aplicables de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos.

Se han violado los artículos 33 de la Ley de Coordinación fiscal donde textualmente dice: Hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos que reciban y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. Y promover la participación de la comunidad beneficiaria en su destino, aplicación, y vigilancia; así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar.

Se han violado la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos Indígenas,  en su artículo 2 Fracción I que textualmente dice: Ser instancias de consulta para la formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas y proyectos de las dependencias y entidades de administración pública federal desarrollen en la materia.

También el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de la Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.