Continúa impunidad en casos de tortura en Chiapas

El gobierno mexicano y de Chiapas realizaron ayer un acto protocolario en desagravio a Ananías Laparra Martínez, quien fue detenido en 1999 por un homicidio que no cometió. El 14 de octubre de 1999, Laparra Martínez, su esposa Rosa Godínez, y sus hijos José Ananías y Rocío Laparra Godínez, de 14 y 16 años de edad, respectivamente, fueron detenidos y torturados.

En Chiapas existen más casos de tortura, algunos de ellos fueron presentados al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Cuestión de la Tortura, Juan E. Méndez, quien en mayo pasado estuvo en la entidad.

De acuerdo al informe que entregó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas al relator en el periodo que corresponde de marzo del 2013 a marzo del 2014, en Chiapas se registraron 18 eventos en donde se cometieron actos de tortura.

Los municipios en donde se llevaron a cabo estos actos son Tuxtla Gutiérrez (7), Tapachula (2), Chenalhó (2) y con un acto cada uno en Simojovel, Maravilla Tenejapa, Arriaga, San Cristóbal de Las Casas, Palenque, Sabanilla, Acala.

En cuanto a las víctimas, 15 son hombres -uno de ellos menor de edad- y 3 mujeres. Dos de las víctimas murieron bajo custodia policial, presumiblemente a causa de los golpes recibidos, uno en el municipio de Acala: José Rolando Pérez de la Cruz y otro en Tapachula: Carlos Alberto Trujillo Ramos.

Cabe señalar que en los actos de tortura cometidos contra mujeres los métodos utilizados tienen una connotación sexual: “La violencia sexual es una de las armas privilegiadas y elegidas por los perpetradores para degradar moralmente a las mujeres, humillarlas y aplicar un castigo diferencial de acuerdo a su género, de tal manera violenta también derechos específicos de las mujeres”.

De acuerdo al informe del Frayba hay personas, que fueron víctimas de tortura, que ya han obtenido su libertad, después de enfrentar procesos judiciales largos e injustos que violentaron sus garantías judiciales y protección judicial.

Además de otros, también están pendientes los casos de: Miguel Ángel Rosette Méndez (Miguel Ángel) y su hijo Carlos Alberto Rosette García (Carlos Alberto), quienes fueron detenidos y torturados el 27 de abril de 2011 por elementos de la Policía Estatal Preventiva, en el municipio de La Concordia. El 28 de abril los trasladaron a la Fiscalía de Distrito Metropolitano, en Tuxtla Gutiérrez, para rendir declaraciones bajo la continuidad de la tortura, lugar donde encontraron dos familiares más también golpeados. Miguel Ángel y Carlos Alberto fueron arraigados en la Quinta Pitiquitos y puestos en libertad el 6 de mayo de 2011, sin embargo, siguen recibiendo amenazas y hostigamientos por parte de agente estatales.

Gabriel Domínguez Escobedo, fue privado arbitrariamente de la vida el 11 de abril del 2012 como consecuencia de tortura bajo custodia, perpetrada por 13 elementos de la Policía Especializada y Policía Municipal de Reforma en presencia del Ministerio Público del mismo municipio, Esgar Benjamín Estrada Cervantes, quien sigue ejerciendo como fiscal del ministerio público.

Las organismos de derechos humanos consideraron que es necesario que se le de seguimiento a todos estos casos.