Sexismo, discriminación y violencia sexual en marchas y detenciones

Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Foto: César Martínez.

Foto: César Martínez.

Activistas de Derechos Humanos (DH) coincidieron en que la respuesta de las autoridades a las manifestaciones tiene como fin silenciar la protesta social a través de la violencia, las detenciones arbitrarias y la criminalización de quienes participan en ellas, pero en el caso de las mujeres, la represión tiene elementos de carácter sexual y discriminatorios.

El secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (TDT), Fernando Ríos Martínez, recordó que esta forma de represión no es nueva en la historia de las movilizaciones en México, y que la violencia sexual ha sido una práctica común del PRI para enviar un mensaje intimidatorio a quienes se manifiestan, en particular a las mujeres.

Recordó el caso de San Salvador Atenco, en el Estado de México (Edomex) en 2006 cuando Enrique Peña Nieto era gobernador de la entidad y ordenó el operativo policiaco contra habitantes de este municipio que se oponían a la creación de un nuevo aeropuerto.

Como saldo, 26 mujeres denunciaron agresiones sexuales por parte de los elementos de seguridad quienes las increparon por “no haberse quedado en su casa”.

El objetivo, dijo en entrevista con Cimacnoticias, “es negar a las mujeres su derecho a la movilización, a la protesta y la libre expresión que tantos años de lucha les ha costado conseguir”.

Las mujeres enfrentan el riesgo de ser detenidas y que les inventen delitos por los que enfrentan juicios; pero la represión en su contra es discriminatoria y sexista: los agentes policiales consideran que “ellas no deben participar en las movilizaciones”,  y por tanto se refieren a ellas con frases despectivas como “viejas chismosas” o que “deberían estar en sus casas”.

Lo anterior lo señaló Edgar Cortez Morales, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia quien detalló que las manifestantes detenidas arbitrariamente durante las pasadas marchas fueron trasladadas a un penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, para dificultar la cercanía y el apoyo de sus familias y de su defensa legal.

Otro riesgo latente en cada movilización dijo Cortez, son las agresiones de carácter sexual, o  intimidaciones y amenazas en contra de sus hijos o familia.

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