Sin presupuesto ni voluntad política, Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Chiapas podría quedar en letra muerta

El 2 de junio, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas, sin abrir el debate para revisar y discutir proyecto de Ley propuesto por el poder ejecutivo del estado.

• Prevalece la omisión de responsabilidades y el mantenimiento de los vacíos institucionales para atender y transformar la política pública dirigida al sector

El 2 de junio del presente año, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas (LDNNACH), dando cumplimiento al plazo  establecido para su creación en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes(LGDNNA), publicada en diciembre del año anterior.

El jueves 28 de mayo se presentó el proyecto final y cuatro días después se aprobó sin oportunidad de debatir el proyecto final y sin procedimientos claros de participación y transparencia que impidieron incluir aspectos fundamentales para la efectiva garantía de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el establecimiento de una nueva institucionalidad que considerara los principios y enfoque de derechos de la infancia.

Desde nuestra participación en las mesas de trabajo con la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez, en febrero pasado, advertimos sobre la necesidad de una adecuada asignación de recursos públicos para la operación del Sistema de Protección Integral y el desarrollo de un marco normativo, institucional y de políticas públicas pertinente y de calidad, por lo que en su momento exhortamos a los legisladores que fuera considerado en el dictamen final y en el proceso de planeación del presupuesto. En ese sentido, resaltamos nuestra preocupación por la eliminación del capítulo sobre presupuesto y cualidades del mismo (progresivo, hasta el máximo de posibilidades) ya que sin recursos, niñas, niños y adolescentes no verán avances reales en la garantía de sus derechos en su vida cotidiana.

Asimismo, lamentamos la decisión de colocar al máximo órgano de autoridad del propio Sistema Estatal de Protección como un órgano administrativo de la Subsecretaría de Gobierno y Derechos Humanos, omitiendo especificar el perfil de su titular y sin garantía de recursos propios para operar. Ello implica una disposición inconstitucional al contradecir lo establecido en la LGDNNA, y significa que la secretaría Ejecutiva tendrá un bajo perfil con poco peso político y sin capacidad de coordinación lo que a la postre obstaculizará el arranque y funcionamiento del Sistema.

Insistimos en la importancia de que la Procuraduría de Protección estuviera adscrita a una institución de alto nivel diferente de aquella que brinda asistencia social (Sistema DIF), sin embargo se estableció la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familiaque al estar adscrita al DIF y no ser específica de infancia, carecerá de los elementos necesarios para hacer efectivas las medidas de protección especial,ya que no cambia en su enfoque ni favorece el tránsito hacia una nueva institucionalidad.

Con especial inquietud observamos que omitieron establecer la corresponsabilidad y obligación del Estado de asignar recursos etiquetados para garantizar el derecho a la alimentación, vivienda, salud y educación de las niñas, niños y adolescentes privados del cuidado parental o familiar atendidos en los Centros de Asistencia Social, recayendo inadecuadamente dichas responsabilidades únicamente en las organizaciones de la sociedad civil.

De la misma manera, advertimos la supresión de todo lo relativo a las garantías de sobre el debido proceso, y sobre todo lo referente a la prohibición de detención y la aplicación de medidas alternativas, con lo que las niñas, niños y adolescentes migrantes y refugiados seguirán sin ser protegidos de detenciones arbitrarias y objeto de deportación sin respeto a su interés superior.

Las organizaciones de la sociedad civil presentes, integrantes del Frente Nacional por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reiteramos nuestro compromiso para promover la correcta implementación de la LDNNACH y revertir la grave situación de vulneración de derechos de los casi 2 millones de niñas, niños y adolescentes que habitan en el estado, de los cuales el 84% vive en pobreza, y 1 de cada 3 habla alguna lengua indígena.  Chiapas es punto de entrada de cientos de niñas, niños y adolescentes centroamericanos que están huyendo de la violencia en sus países, por lo que demandamos respeto a los más altos estándares internacionales de derechos humanos y mecanismos para la participación activa de la sociedad civil en los procesos de reglamentación y armonización legal e institucional.

Exhortamos a las autoridades correspondientes para que respondan al mandato de cumplir y hacer cumplir los derechos establecidos en la Convención de los Derechos de la Niña y del Niño y no legislar por debajo de lo establecido en la LGDNNA, lo cual incluye garantizar la participación informada y efectiva de niñas, niños y adolescentes en los procesos de toma de decisiones que les afectan en su entorno inmediato y futuro y generar mecanismos amplios, transparentes e inclusivos.

Si bien esta Ley significa un gran avance para atender el rezago, consideramos fundamental contar con inversión y con la voluntad política del Ejecutivo del Estado, el poder Legislativo y los ayuntamientos municipales para desarrollar y construir a nivel estatal un marco normativo, institucional y de políticas públicas capaz de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Chiapas.

Atentamente:

Alianza por la Salud, Alimentación y Nutrición en Chiapas (ASAN); Aldeas Infantiles SOS México en Chiapas, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, AC; Red por los Derechos de la Infancia y Adolescencia en Chiapas (Chantik Taj Tajinkutik, AC – Desarrollo Educativo Sueniños, AC – Melel Xojobal, AC – Save The Children – SYJAC, AC); Voces Mesoamericanas – Acción con Pueblos Migrantes, AC; Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)