Protegen autoridades a policía que golpeó a una mujer en la vía pública en SCLC

Valeria Valencia/Mirada Sur

Catedral de San Cristóbal de las Casas, sede de la Diócesis que alberga a la comunidad indígena de Chiapas. Foto: Elizabeth Ruiz

En un caso calificado por la abogada de los derechos de las mujeres Martha Figueroa como “paradigmático” por la forma en que se subestima la violencia hacia la mujer, se protege a los policías municipales, y se devela la xenofobia, la impunidad y el poder de ciertas familias coletas empoderadas, la joven Jessica Moreno Almaraz sigue exigiendo justicia al ser víctima de violencia física en plena vía pública por parte del policía municipal Luis Ángel Aguilar López por la cual perdió a su bebé.
Hasta el momento, a la denuncia de Jessica y su esposo Alejando Gaytán González, quien también fue golpeado, se le ha dado largas bajo una serie de argumentos burocráticos que más bien parece tener el objetivo de cansarlos, ya que al agresor de la pareja se le castigó con 15 días de suspensión laboral y fue reinstalado en el área de Protección Civil, por lo que los agredidos denuncian la complicidad de las autoridades policiales así como la intervención de la familia política del policía violento para que este caso hoy se encuentre en total impunidad.
Han pasado 8 meses luego de que Jessica y Alejandro fueron agredidos físicamente por Luis Ángel Aguilar, cuando ellos dejaban el local que le rentaban para un negocio, a Paula Catalina Montoya Cameras junto con una casa que habían dejado un mes antes debido al acoso y hostigamiento constante de Luis Ángel así como de Iván ¿? Montoya, hijo de la casera quien los amedrentó diciéndoles que “era judicial, poco tolerante y cargaba pistola”. Ante ese clima hostil, decidieron ponerle fin y mudarse a otra casa.
Sin embargo, esta decisión no fue bien vista por Luis Ángel quien vestido con su uniforme de policía municipal se acercó a ellos el día que terminaban de limpiar el local para entregarlo a su dueña y proliferó una serie de insultos a Gaytán quien prefirió ignorar los ataques verbales y junto con Jessica decidieron alejarse del lugar. Cuando iban doblando por la calle Isabel la Católica, relatan los afectados, el agresor se acercó a Gaytán y le soltó un golpe en la nariz –que le provocó una fractura- y lo dejó tirado, puesto que el agredido sufre de insuficiencia respiratoria.
Al acercarse Jessica al policía agresor y reclamarle su acción, éste le agarró por los cabellos y la empezó a bofetear hasta que ella cayó al suelo donde la pateó y le siguió dando golpes a puño cerrado. El agresor salió huyendo y luego de quererse esconder en varios comercios vecinos, que le negaron la entrada, la pareja decidió acudir a las instancias correspondientes para interponer la denuncia.
Empieza el otro calvario
Jessica relata los hechos con voz suave y serena, sin embargo no oculta su coraje porque esta agresión haya cambiado los planes y sueños que ella junto con su esposo traían a cuestas cuando llegaron a esta ciudad. Originarios del Distrito Federal, la pareja tenía entre sus planes echar andar un negocio de ensaladas, sin embargo esa mañana del 29 de diciembre del 2014, la vida les cambió.
A Jessica se le quiebra la voz y pierde la serenidad cuando recuerda que por esa agresión física, perpetrada en plena vía pública y por la cual no se ha hecho justicia, ella perdió al bebé que llevaba en sus entrañas.
“No soy ciudadana coleta, y acá he encontrado a gente ventajosa, que piensan que por no ser de acá, te pueden exprimir. Mi caso no se ha movido ni para atrás ni para adelante. Aunque querramos justicia no es pronta ni expedita porque hay corrupción, son personas ciegas”, apunta Moreno Almaraz.
“Los derechos para las mujeres no son respetados, puedes estar embarazada y no importa… a mi bebé lo perdí por las agresiones físicas, tal vez para los hombres no les importa. Ahora no sé en qué condiciones está mi útero porque no hemos podido concebir”.
Señala que durante el proceso de denuncia, no se le permitió en un principio rendir su declaración ya que la Ministerio Público sólo se la tomó a su esposo argumentando que era el mismo hecho; tampoco se le dio importancia a su estado de gestación ya que en la elaboración del expediente, el encargado de la Unidad de asuntos internos de la policía municipal Gustavo Hernández Cancino vio la prueba de embarazo y dijo que no era necesaria.
En esta difícil etapa de ir y venir a las oficinas de gobierno municipal y de esperas que parecen eternas, la pareja reconoce que sólo han recibido apoyo del Fiscal del Distrito Altos Rogelio Estrada Helerías y de la abogada Martha Figueroa quien intervino en enero para que el MP le tomara la declaración a Jessica como víctima también de agresión por parte del policía Luis Ángel Aguilar López.
Como si no fuera suficiente el calvario que les ha significado el encubrimiento de las autoridades al agresor, la pareja sufrió también la difamación de parte de la familia Montoya Nájera quienes a través de las redes sociales se dedicaron a “hacer apología de la violencia señalando a mi esposo de pedófilo, enfermo de sus facultades mentales, que nos corrieran porque no éramos de acá, en dos periódicos salieron notas apareciendo ellos como las víctimas y también pagaron un perifoneo incitando a la violencia contra nosotros”.
Jessica lo único que pide es que se atienda su caso y se haga justicia: “Pido justicia, que le quiten el cargo de policía porque daña la imagen de la institución, es una persona que –ahora como integrante de Protección Civil- es capaz de dejar morir a la gente; es un delincuente en potencia protegido por la policía municipal.
“Terminé desmoralizada, odiando a este lugar por la poca o nula justicia que hay. Queremos recuperarnos, seguir trabajando y estamos esperando la justicia porque perdí a mi bebé, porque mis derechos humanos fueron pisoteados por las autoridades que están para protegerlos”.
Nepotismo y corrupción en la policía municipal
Para Martha Figueroa, abogada defensora de los derechos de las mujeres, el caso de Jessica debe verse y resolverse con perspectiva de género debido a la saña con la que el policía violentó a la joven mujer. Lo que le preocupa a la abogada es que, con base a su amplia experiencia, “el sistema de justicia no tiene perspectiva de género ni políticas a favor de las mujeres”.
Además señala que deben tomarse en cuenta en el juicio, la personalidad agresiva del policía municipal, ahora miembro de Protección Civil municipal, que repetidas veces señaló su esposa al ser víctima de violencia física por parte de Luis Ángel.
Este caso, en opinión de la abogada quien intervino para que el Ministerio Público le tomara la declaración a Jessica, devela muchas particularidades de las formas en que se hace justicia en Chiapas, y en particular en San Cristóbal de Las Casas, donde no hay una policía municipal capacitada ni mucho menos sensibilizada respecto a los derechos de las mujeres.
En primer lugar, a la policía municipal sancristobalense entran por compadrazgos o amiguismos, no por medio de una preparación que debería de seguir cualquier persona que aspira el cargo de policía. Esta situación genera impunidad hacia los integrantes del cuerpo policiaco, como es el caso de Luis Ángel quien presuntamente fue recomendado del anterior presidente municipal para ingresar a la Policía Municipal.
Como abogada, ha llevado casos de mujeres violentadas por policías en los que la constante son la misma: extorsiones, violencia sexual y una gran carga de xenofobia, “o todos son indios o son locas”, esa es la forma de actuar de los policías, señala Figueroa.
Asimismo, este caso deja ver cómo se invisibiliza la violencia hacia la mujer, en el que “los hombres coletos en el poder son los que deciden” y por tanto no ven los antecedentes del agresor y se le asigna sólo 15 días de suspensión y luego se le re asigna a Protección Civil Municipal, lo cual no corresponde al grado de agresión cometida por Luis Ángel.
También hizo un llamado al Consejo Municipal contra la violencia hacia las mujeres, instaurado durante la administración de Cecilia Flores, el cual dejó de funcionar en la pasada administración ya que “el alcalde Francisco Martínez Pedrero no tenía ni idea del tema de género”, por lo que opinó que reactivarlo y hacerlo funcionar para lo cual se le creó, sería de gran ayuda para la resolución de casos como los de Jessica y de otras mujeres violentadas que siguen esperando justicia.