Indígena preso por impedir que un policía federal disparará dentro de poblado

Tila, Chiapas.

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Casi diez años después que Salomón Vázquez Sánchez impidiera en su calidad de autoridad comunal, que el policía federal Israel Darik Díaz Martínez efectuara disparos dentro del poblado Suclumpa, municipio de Salto de Agua, el indígena chol fue detenido y acusado de secuestro.

Por estos hechos el indígena lleva ya un año detenido, a pesar que autoridades y pobladores del lugar explicaron que  Salomón Vázquez Sánchez actuó en función de autoridad comunal, y aplicó el reglamento que prohibe realizar disparos de armas de fuego dentro del poblado.

Esta mañana, catequistas y promotores de derechos humanos de la diócesis local y familiares exigieron la liberación de Salomón Vázquez. En rueda de prensa en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), explicaron que en 2006 Salomón se desempeñaba como agente rural municipal del ejido Suclumpa.

Fue el 19 de enero de 2006 cuando dos agentes de la Policía Federal llegaron al poblado para ejecutar una orden de aprehensión en contra de Floriberto Vázquez Montejo. Al no encontrarlo, intentaron llevarse a su hermano José Oliverio, quien corrió para evitar se llevado. Los policías lo persiguieron y le dispararon con sus armas de fuego.

Autoridades comunales detuvieron al policía Israel Darik Díaz Martínez, y por haber violado las reglas comunitarias, le cobraron una multa de cinco mil pesos.

“Como promotores de derechos humanos decimos que no hay delito porque la actuación de Salomón fue en calidad de autoridad comunitaria fundamentada en los acuerdos internos del ejido, los usos y costumbres que prohíben disparos de arma de fuego y por la Ley Orgánica Municipal”, afirmó Nicolás Méndez Arcos, coordinador del Comité Comunitario de Derechos Humanos Valle Tulijá, dependiente de la parroquia ubicada en el municipio de Salto de Agua.

Añadió que Vázquez Sánchez “cumplió con la ley porque puso a disposición de un agente del Ministerio Público al agente federal”, además de que se firmó un acuerdo en el que Díaz Martínez y funcionarios federales, estatales y municipales se comprometieron a no interponer demanda penal alguna en contra habitantes de la comunidad.

Méndez Arcos manifestó que a Salomón, quien está recluido en el penal de El Amate, ubicado en el municipio de Cintalapa, “se le acusa de que los cinco mil pesos que se le cobraron fueron como rescate y no es así, pues se trató de una multa basadas en los usos y costumbres que sancionan los disparos de arma de fuego en la comunidad”.

Isabel López Sánchez, esposa del acusado, exigió su liberación porque “no cometió ningún delito”, y dijo que sus seis hijos “han truncado sus estudios por la falta de recursos económicos, ya que el único ingreso familiar era el que ganaba mi esposo”.

El catequista Agustín Peñate Jiménez expresó que “desde la palabra de Dios vemos que el encarcelamiento del hermano Salomón es injusto porque el delito del que se la acusa es totalmente falso”.

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