Mecanismo de protección de la SEGOB desprotege a indígena de Chiapas

El grupo delincuencial Los Diablos, siguen operando en Pueblo Nuevo, Chiapas. Foto: Cortesía

Por Agencias

Un juez de distrito determinó que la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob) violó los derechos humanos de indígenas tzotziles desplazados por la violencia en Chiapas, denunciaron integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala- Movimiento Nacional (CNPA-MN).

En rueda de prensa, el dirigente de la organización Francisco Jiménez Pablo y el abogado Leonel Rivero destacaron que por primera vez el Poder Judicial de la Federación intervino para corregir un procedimiento de acceso al mecanismo de protección, toda vez que su junta de gobierno desconoció a Romeo Montejo Díaz, integrante de la CNPA-MN, su condición de indígena y de defensor, dejándolo en el desamparo a él y su familia.

Tras el resolutivo, Jiménez Pablo hizo un llamado a Roberto Campa Cifrián, presidente de la junta de gobierno del Mecanismo y subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, a acatar la resolución judicial y brindar protección a Romeo Montejo y su familia.

Montejo Díaz, indígena tzotzil presente en la conferencia, es familiar de Armando Montejo López y Celestino Montejo Díaz, líderes indígenas asesinados en diciembre del año pasado en Aurora Ermita, municipio chiapaneco de Solistahuacán por miembros de un grupo delincuencial conocido como “Los Diablos”.

Los Montejo eran reconocidos como defensores de los derechos a la vivienda, al medio ambiente y los recursos naturales, sobre todo en la reforestación, rehabilitación de cafetales y de afluentes naturales de agua, recordaron los denunciantes.

Tras el crimen, el expresidente municipal Enoc Díaz Pérez acudió al domicilio de Armando y Celestino, el 25 de diciembre pasado, “amenazando de muerte a los familiares de éstos diciéndoles que les daba una hora para que le entregaran todas sus propiedades (casa, cafetales y vehículos), y que en caso de negarse los matarían a todos”, razón por la que los deudos huyeron de sus tierras.

Expulsados, al igual que otras 150 familias de esa región, el 22 de enero pasado Romeo Montejo Díaz solicitó a Segob protección para él y al menos cinco de sus familiares, y pese a que se presentó como indígena no se le proporcionó intérprete, y una semana después se le anunció la negativa de integrarlo al mecanismo de protección.

De acuerdo con la organización, “el argumento esgrimido por los funcionarios del mecanismo” es que el solicitante “no había acreditado su condición de indígena y de defensor de derechos humanos, pasando por alto que en su solicitud de ingreso éste había establecido no sólo su condición de indígena, sino también había descrito de manera clara y precisa cuáles eran las labores de defensa de los derechos humanos que realizaban tanto él como sus familiares asesinados”.

La decisión de la junta de gobierno del mecanismo de no tramitar la solicitud fue ratificada el 26 de febrero anterior.

Ante ello, la familia Montejo y la CNPA-MN promovieron un juicio de amparo, en cuya sentencia el juez Martín Adolfo Santos Pérez resolvió que a Montejo Díaz se le violó “el derecho de acceso a la justica, al no proporcionarle al momento de la entrevista un traductor que conociera su lengua y su cosmovisión”, lo que impidió al solicitante “expresarse claramente y dar respuesta a las preguntas que le fueron efectuadas al momento de la entrevista de la evaluación de riesgo, lo cual impidió que el Mecanismo tuviera un conocimiento exacto de la situación de peligro que enfrentaba” la familia Montejo.

Por ello, el juez ordenó a la junta de gobierno “reponer el procedimiento “y proporcionar un traductor “que conozca su lengua y su cosmovisión, además del derecho a que en la entrevista también sea asistido por un representante legal”.

Francisco Jiménez exigió al subsecretario Roberto Campa que en la nueva valoración “se tomen en cuenta los elementos de riesgo inminente por las amenazas de muerte y desplazamiento forzado a que se vio orillado Romeo Montejo y su familia”.

Además, “que se le ofrezcan garantías no sólo para recuperar sus propiedades y regresar a su comunidad, sino para que continúe realizando su trabajo como defensor”.

Jiménez Pablo reconoció que los funcionarios que en su momento negaron la incorporación de Romeo al mecanismo no son los mismos que ahora están en el órgano, por lo que insistió en que Campa Cifrián debe acatar el amparo para corregir los errores de sus antecesores.

Leonel Rivero, quien encabeza la organización Litigio Estratégico en Derechos Humanos, lamentó que activistas “en situaciones tan claras de vulnerabilidad y situaciones de riesgo sean atendidos por burócratas que no tienen sensibilidad” y aplican cuestionarios que contienen “preguntas capciosas” que no son comprensibles ni para quienes hablan español.

Rivero, reconocido litigante que defendió al maestro Alberto Patishtán, consideró que el Mecanismo de Protección “no se fortalece si se tiene que recurrir a la judicialización de una petición de protección, y que tenga que ser un órgano del Poder Judicial el que determine que se han violado derechos humanos y que se ha puesto en situación de riesgo a defensores”.

También explicó que después de la resolución del juez tercero, el mecanismo puede interponer un recurso de revisión en un plazo máximo de diez días, o bien, “de manera sensata, el presidente de la junta, en este caso el subsecretario Campa, podría implementar de manera inmediata el amparo y tomar las medidas necesarias para que no vuelvan a ocurrir las violaciones”.

Traducido por un intérprete, Romeo Montejo explicó que desde que salieron de su comunidad la situación de violencia continúa, pese a que en enero de este año fue detenido el exedil Enoc Díaz Pérez, a quien responsabilizan de las muertes de los indígenas tzotziles.

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Comunicado

México, D. F. a 30 de Noviembre de 2015

A la opinión pública

A los medios de comunicación

A las organizaciones democráticas e independientes

A los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales

POSICIONAMIENTO DE LA COORDINADORA NACIONAL PLAN DE AYALA, MOVIMIENTO NACIONAL, (CNPA-MN) SOBRE LA RESOLUCIÓN DE AMPARO QUE ORDENA A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN A DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS  REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN DEL DEFENSOR ROMEO MONTEJO DIAZ AL MECANISMO DE PROTECCIÓN.

ANTECEDENTES
El compañero Romeo Montejo Díaz al igual que su padre Armando Montejo López y su hermano Celestino Montejo Díaz, indígenas Tzotziles originarios de la comunidad de Aurora Ermita, municipio de Pueblo Nuevo, Solistahuacán, estado de Chiapas, desde hace varios años venían participado activamente en labores de defensa de los derechos humanos, a través de actividades encaminadas a hacer efectivo el derecho a la vivienda, al medio ambiente y los recursos naturales (reforestación, rehabilitación de cafetales y cuidado de afluentes naturales de agua), en los últimos años esa labor la realizaron participando en el Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI) adherido a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPA MN).

El clima de inseguridad e ingobernabilidad que prevalece desde hace varios años en el municipio de Pueblo Nuevo, Solistahuacán, estado de Chiapas, ha generado el desplazamiento forzado de al menos 150 familias pertenecientes  a la localidad de Aurora Ermita, esta situación había sido denunciada  por el compañero  Armando Montejo López ante distintas instancias del gobierno del estado de Chiapas, sin que las autoridades efectuaran alguna acción encaminada a resolver el clima de ingobernabilidad y zozobra.

Como consecuencia  de su labor de defensores de los derechos humanos los compañeros  y su familia fueron objeto de diversas amenazas  por los grupos de poder que vieron afectados sus intereses económicos y políticos.

El 19 de diciembre de 2014, las amenazas se materializaron al ser asesinados Armando Montejo López y Celestino Montejo Díaz, en la cabecera municipal de Pueblo Nuevo, por varios  sujetos pertenecientes al grupo delincuencial denominado “Los Diablos”, es importante señalar que al momento de su asesinato el compañero Armando Montejo López tenía el cargo de Presidente del Comisariado Ejidal de Aurora Ermita del municipio de Pueblo Nuevo, Solistahuacán, estado de Chiapas.

En los días siguientes los perpetradores del Homicidio intentaron privar de la vida aRomeo Montejo Díaz, dicho propósito no pudieron llevarlo a cabo debido a que vecinos de la comunidad hicieron del conocimiento del compañero Romeo Montejo las intenciones de los Diablos, lo que permitió que éste pudiera salir huyendo de la comunidad.

El 25 de diciembre del 2014, el ex – Presidente Municipal, Enoc Díaz Pérez,  se presentó en el domicilio que habitaban de los señores Armando Montejo López y Celestino Montejo Díaz, amenazando de muerte a los familiares de éstos, diciéndoles que les daban una hora para que les entregaran todas sus propiedades (casa, cafetales, vehículos), y que en caso de negarse los matarían a todos, ante esta situación las esposas e hijos de los compañeros Armando Montejo López y Celestino Montejo Díaz decidieron abandonar la comunidad y buscar refugio en un lugar seguro.

El 22 de enero de 2015 el compañero Romeo Montejo Díaz  a nombre propio y en representación de sus familiares de nombresDionisia Díaz Montejo (madre), Marisela Montejo Díaz (hermana), Eduardo Montejo Díaz (hermano); Fidelia Montejo López (cuñada), Rigoberto Montejo Montejo (sobrino), solicitó  por escrito su incorporación al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ya que  su integridad física y la de sus familiares se encontraba en peligro inminente debido a sus actividades como defensores de derechos humanos en la comunidad de Aurora Ermita, Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Estado de Chiapas.

El mismo día 22 el compañero fue entrevistado por un funcionario del área de Recepción de Casos y Reacción Rápida, no obstante que en la solicitud se había señalado su condición de indígena tzotzil, al momento de la entrevista no le fue proporcionado un traductor que conociera la lengua y costumbres de su etnia.

El 29 de enero de 2015, el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas,  a través del Director General Adjunto y Titular de la Unidad Recepción de Casos y Reacción Rápida del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, le informó  al compañero Romeo Montejo Díaz la determinación de NO DAR TRAMITE a la solicitud de análisis para la incorporación al Mecanismo de Protección.

El argumento esgrimido por los funcionarios del mecanismo era que el compañero Romeo Montejo Díaz no había acreditado su condición de indígena y de defensor de derechos humanos, pasando por alto que en su solicitud de ingreso éste había establecido no solo su condición de indígena sino también había descrito de manera clara y precisa cuales eran las labores de defensa de los derechos humanos que realizaban tanto él como sus familiares asesinados.

Ante la decisión del Mecanismo, el compañero y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional emprendieron una batalla legal en búsqueda de que el Mecanismo revocará su decisión de no incorporación; en primer lugar a través de la interposición de un Recurso de Inconformidad, ante la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El mencionado recurso fue resuelto el 26 de febrero de 2015 por los integrantes de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas  quien por unanimidad de votos confirmaron el ACUERDO DE NO TRÁMITE DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN. Ratificando los mismos argumentos que en su momento esgrimió el Director General Adjunto y Titular de la Unidad Recepción de Casos y Reacción Rápida del Mecanismo.

Convencidos de que la decisión de los integrantes de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas era no solo lamentable sino también ilegal el compañero Romeo Montejo Díaz y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional a través de sus abogados decidieron promover un juicio de amparo, ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.

RESOLUCIÓN DEL JUEZ ANTE EL JUICIO DE AMPARO
El  24 de noviembre de 2015 el licenciado Martín Adolfo Santos Pérez, Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa, concedió al compañero Romeo Montejo Díaz el amparo y protección de la justicia federal al considerar que los integrantes de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, habían violado los derechos humanos del compañero, de manera concreta su derecho de acceso a la justicia al no proporcionarle al momento de la entrevista un traductor que conociera su lengua y cosmovisión, a juicio del juez, la violación de derechos que realizó el Mecanismo le impidió al compañero expresarse claramente y dar respuesta a las preguntas que le fueron efectuadas al momento de la entrevista de evaluación de riesgo, lo cual impidió que el Mecanismo tuviera un conocimiento exacto de la situación de peligro que enfrentaban el compañero Romeo Montejo y sus familiares.

La concesión del amparo obliga al Mecanismo a reponer el procedimiento y por ende a proporcionarle al compañero un traductor que conozca su lengua y cosmovisión además el derecho a que en la entrevista también sea asistido por un representante legal.

La Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional, considera que la decisión del Juez de Distrito es esencial en tanto que ordena al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas reponer el procedimiento de evaluación de riesgo e incorporación, también porque genera un precedente judicial, al ser el primer caso en el cual un juez de amparo revoca la decisión de un órgano cuya labor primordial es proteger a los defensores de derechos humanos y periodistas.

La Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional, tiene conciencia plena que la decisión de no incorporación al Mecanismo de protección, en su momento fue  asumida y defendida ante la Junta de Gobierno por funcionarios distintos a los que hoy encabezan la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, por lo que la organización insta al Subsecretario de Derechos Humanos Roberto Campa Cifrián para que en su calidad de Presidente de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de cumplimiento inmediato a la sentencia de amparo y por ende como autoridad cumpla con la obligación constitucional de proteger y garantizar los derechos humanos de todos los gobernados.

La Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional, considera que existen elementos suficientes para establecer el grado de riesgo inminente que enfrentan el compañero Romeo Montejo Díaz y sus familiares por las amenazas de muerte y el desplazamiento forzado de que fueron objeto, lo cual hasta la fecha no solo les impide retornar a su comunidad sino también recuperar todas las propiedades que les fueron arrebatadas por el grupo delincuencial que a través del asesinato de los compañerosArmando Montejo López y Celestino Montejo Díaz, impidió que éstos continuaran con su labor de defensa de los derechos humanos.

Por lo anterior, MANIFESTAMOS:

1.    Nuestra total CONDENA a los anteriores funcionarios que encabezaban la Subsecretaría de Derechos Humanos pues violaron los Derechos Humanos del compañero Romeo Montejo Díaz.

2.    Seguiremos insistiendo en la protección de Romeo Montejo Díaz y sus familiares por parte del Mecanismo pues consideramos existen suficientes elementos para ello.

3.    Por lo anterior, Instamos al Subsecretario Roberto Campa Cifrián de cumplimiento inmediato a la sentencia de amparo y en su momento se dé protección de parte del Mecanismo a Romeo Montejo Díaz y sus familiares.

Atentamente
Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional CNPA MN)
Defensa Estratégica en Derechos Humanos (DEDH)
Frente Indígena y Campesino de México (FICAM)