Cesan a cuatro funcionarios menores de Prospera por acarrear beneficiarias de ese programa a informe de Albores Gleason

Evento masivo que llenaron con beneficiarias de Prospera

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) dio a conocer hoy que destituyó de sus cargos a cuatro funcionarios federales del programa Prospera por estar implicados en el acarreo condicionado de miles de beneficiarias que fueron llevadas al “informe ciudadano” del senador y líder estatal del PRI, Roberto Albores Gleason.

 

Luego de que el pasado sábado, miles de mujeres fueron llevadas bajo presión de ser sacadas del programa federal, al informe del senador prísta, hoy la Sedesol dijo que cesó de sus cargos a cuatro servidores públicos de Prospera en Chiapas por quebrantar los principios de transparencia en el uso y operación de los programas sociales

 

Señaló que Héctor Augusto Rivera Ordoñez, Pamela Ortiz Uscanga, Juana Sosa Martínez y Priscila Cruz Chávez fueron destituidos de los cargos que desempeñaban en la Coordinación del Programa de Inclusión Prospera, en el estado de Chiapas.

 

En su misiva, la Sedesol dijo que se les atribuye su participación “en convocar, mediante presiones, a beneficiarias del mencionado programa a un evento político realizado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el sábado pasado”.

 

Que dicha medida de cese se determinó como resultado de las investigaciones realizadas con base en los reportes de las propias beneficiarias de Prospera, que conforman la Contraloría Social, y las informaciones difundidas por algunos medios de comunicación.

 

La Secretaría de Desarrollo Social reiteró que “en la operación y administración de los programas sociales se conduce y conducirá con apego a la ley, a fin de evitar que en lo sucesivo se repitan este tipo de acciones”.

 

Y que de la misma forma se seguirá fortaleciendo en todo el país los mecanismos de control y vigilancia, a través de los Comités de Contraloría Social que desarrollan tareas de seguimiento y vigilancia de los recursos que reciben las titulares.

 

La denuncia se hizo pública luego de que los dos periodistas, Nehemias Jiménez y José David Morales, ingresaron al evento masivo y empezaron a entrevistar a las mujeres que indignadas hablaron en la transmisión en vivo para denunciar que habían sido llevadas bajo la condición de que sino iban serían sacadas del programa federal.

 

Esto encolerizó a los operadores políticos del evento que le robaron se equipo de trabajo a los periodistas, quienes fueron encerrados en los baños, les robaron sus terjetas de memorias, les formatearon los celulares, los amenazaron de muertos y fueron echados a empujones del estadio Víctor Manuel Reyna y puestos a disposición de la policía municipal.

 

Entre los agresores identificados por los periodistas está uno de los ahora cesados, Héctor Augusto Rivera Ordoñez, funcionario del programa federal de Prospera. Otra de las personas identificadas y presuntamente funcionaria de este mismo programa es Liliana Guadalupe Cabrera Urbina, del cual nada ha dicho la Sedesol. Otro de los agresores es Hiber Gordillo, representante del PRI ante el órgano estatal electoral.

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