Más de 80 organizaciones civiles defensoras de derechos humanos, rechazan incremento de la gendarmería en la frontera sur

Organizaciones de Derechos Humanos del Sureste, instalan un mecanismo coordinado y permanente de observación, ante la militarización de la frontera sur
Frontera sur mexicana, a 19 de agosto 2014
El Programa Frontera Sur anunciado por el Gobierno Federal viene a incrementar la securitización de la frontera sur, reforzando el despojo y las violaciones a los derechos humanos que se cometen por diferentes autoridades en la zona.
Ante estos anuncios y medidas, las organizaciones del sureste hemos decidido poner en marcha acciones coordinadas de monitoreo, para exigir responsabilidades ante el incremento que puede darse de violaciones de derechos.
El pasado 7 de julio el presidente Peña Nieto anunció en Playas de Catazajá la puesta en marcha del llamado Programa “Frontera Sur”, donde se anuncia la construcción de más infraestructura fronteriza, mayor coordinación entre autoridades de diferentes entidades gubernamentales en el control fronterizo, se avala una mayor presencia del Ejército y la Marina en la zona y se crean los Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF).
Este plan contiene a nuestro juicio numerosas ambigüedades y mantiene una visión de seguridad nacional, anteponiendo la gestión y control de flujos migratorios por encima de la seguridad humana. Sigue así sin haber en la política migratoria mexicana una visión de derechos humanos que fomente la no discriminación y la multiculturalidad que conlleva todo flujo migratorio. No existe mención alguna a como se van a respetar los derechos humanos de las personas afectadas por estas medidas, ni cómo se va a evaluar su efectividad o se van a rendir cuentas. En definitiva, no hay atención a las causas estructurales de la migración, sin que una mayor seguridad en la región vaya a ser una solución a sus consecuencias.
Este enfoque no es nuevo ni una consecuencia de la llamada “crisis de la niñez migrante”. Ya desde el año pasado, las organizaciones que trabajamos por la defensa de los derechos humanos hemos venido observando numerosos movimientos en esta frontera sur tendentes a militarizar la zona, elevar la presencia de la Policía Federal, reforzar controles aduanales y biométricos y relanzar a la par proyectos extractivos y ecoturísticos, generadores de desplazamiento en la zona y divisiones en las comunidades. Y esta militarización continúa hoy día, con o sin Programa Frontera Sur, como vemos por los operativos constantes y violentos que se están dando contra migrantes en Tabasco y en la costa de Chiapas.
A pesar de todos estos obstáculos, personas migrantes y refugiadas siguen tratando de llegar o transitar por la zona en busca de protección y mejores condiciones de vida, viéndose afectadas por este incremento de las medidas de control, las cuales solamente están lucrando más a las redes de tráfico y reforzando la corrupción de autoridades coludidas. A lo que se suma el nombramiento desde la entrada del nuevo gobierno federal de autoridades encargadas de tema de seguridad y migración con perfil militar y policiaco y la extensión de estas medidas de control a países vecinos.
Ante esta realidad y el reciente anuncio del Gobierno federal, organizaciones de los estados de Chiapas y Tabasco hemos decidido constituirnos en un observatorio permanente de esta realidad, para monitorear los efectos que se deriven de esta política de seguridad.
En nuestra experiencia, estas medidas solamente van a provocar el incremento de las violaciones a los derechos humanos y el despojo, por lo que hemos decidido coordinar las acciones de monitoreo en nuestras zonas de influencia, constituyéndonos de esta manera en un observatorio permanente de la frontera sur y de los efectos que genere esta política, perfilada únicamente en motivos de seguridad y de alineación con los intereses del gobierno de los Estados Unidos de América.
La situación que vive la frontera de crisis económica, desplazamiento forzado, corrupción e impunidad no va a solucionarse desde una mirada de seguridad e incremento del control, sino atendiendo a las causas estructurales que generan esta realidad y cambiando de modelo económico hacia un sistema más sustentable y respetuoso de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su nacionalidad.
Los resultados que arroje este monitoreo coordinado serán publicados periódicamente para conocimiento de la población y la exigencia de responsabilidades por los hechos violatorios de derechos que puedan documentarse. Invitamos igualmente a otras organizaciones del sureste preocupadas por estas acciones y anuncios a sumarse a este esfuerzo.
Organizaciones firmantes:
Albergue de la 72 – Tenosique, Tabasco; Casa del Migrante San Francisco de Asís – Huixtla, Chiapas; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas – San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova – Tapachula, Chiapas; Enlace Comunicación y Capacitación – Comitán de Domínguez, Chiapas; Hermanas de Palenque – Palenque, Chiapas; Mesa Transfronteriza Migraciones y Género (Guatemala-Me´xico); Servicio Jesuita a Migrantes – Comitán de Domínguez, Chiapas; Voces Mesoamericanas-Acción con Pueblos Migrantes – San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Foto: Chiapas PARALELO

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana, rechazó el plan estratégico del gobierno federal y estatal para reforzar la seguridad en la frontera sur con el incremento de la gendarmería y otros cuerpos policiacos.

En el pronunciamiento conjunto firmado por las decenas de organizaciones civiles, se señala que Chiapas es el principal estado expulsor de población migrante centroamericana en México. Que en esta entidad se realiza el 45 por ciento de las detenciones a personas migrantes en el país, lo que significa que no se les reconoce como personas sujetas de refugio para salvar su vida, violando el derecho internacional humanitario. En el 2017, se detuvieron a 37, 819 personas migrantes.

 Es por eso que las organizaciones rechazaron el reforzamiento de una política migratoria mexicana subordinada a los intereses de control territorial de Estados Unidos.

Y que el aumento de la Gendarmería Nacional en la frontera sur de México significa mayor violencia hacia la población migrante centroamericana, en un contexto de militarización que vulnera derechos humanos. Que esta acción no privilegia la atención integral sino la criminalización a la migración forzada y de quienes defienden derechos humanos.

“Demandamos un modelo de seguridad integral, con visión de derechos humanos y exigimos se cancele la decisión de reforzar la presencia policiaca en la frontera sur con más elementos de la Gendarmería Nacional”, dice el documento.

Señalaron que el pasado 10 de abril el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, junto con el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, anunciaron públicamente el reforzamiento de las estrategias de seguridad en la Frontera Sur de México; mediante el envío de más elementos de las fuerzas del Estado a través de la Gendarmería Nacional.

Esto luego de la exigencia del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al gobierno federal de frenar el flujo de migrantes en México como condición para promover un acuerdo de renegociación sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Es por eso que las organizaciones y redes de la sociedad civil que trabajan en la defensa y protección de los derechos humanos, rechazaron el envío de más agentes armados a la frontera sur ya que, -como se ha documentado ampliamente- el aumento de las fuerzas del Estado no garantiza la seguridad y además afecta los derechos de la población migrante y local.

“Esta decisión del gobierno mexicano muestra que no existe una estrategia de atención integral, definida ni clara en torno a la movilidad humana, persistiendo en una estrategia que criminaliza la migración forzada centroamericana. Más bien, se realiza exactamente en los mismos días en que se da el despliegue de la Guardia Nacional de Estados Unidos en nuestra frontera norte para replicar este reforzamiento fronterizo entre México y Centroamérica”, dijeron las organizaciones civiles.

Destacaron que dicha decisión, tomada desde el pasado 3 abril, se contrapone al mensaje emitido por el presidente Peña Nieto en respuesta a Trump el pasado 5 de abril, en el cual hacía un supuesto llamado a la unidad nacional en defensa de la dignidad y soberanía de México, discurso que fue aplaudido por amplios sectores sociales del país, sin contemplar acciones concretas para revertir la decisión de Trump.

“Es importante señalar que el envío de la Gendarmería Nacional a la frontera sur de México fortalece un modelo de seguridad y de militarización contrario a los derechos humanos, que coincide con el recrudecimiento de la política migratoria restrictiva que ha sido denunciada por organizaciones de la sociedad civil desde hace años, y que se reforzó con la implementación del Programa Integral Frontera Sur (PIFS) a partir de mediados de 2014”, alegaron los activistas de esas organizaciones. .

Indicaron que a raíz de dicho Programa se ha documentado un incremento en las persecuciones contra migrantes y detenciones, así como delitos y violaciones a derechos humanos de la población en contexto de movilidad humana que continúan impunes.

“En este sentido, preocupan las similitudes entre la decisión actual de Segob de desplegar las fuerzas de la Gendarmería Nacional y el anuncio del Programa Integral Frontera Sur en su momento, pues ambas acciones se anunciaron de forma reactiva sin ningún documento público que las sustente, permitiendo así su ejecución de forma discrecional y bajo total opacidad. Hasta el momento se desconocen los detalles de la decisión tales como su temporalidad, el número de agentes, sus facultades, las dependencias implicadas en esta nueva estrategia ni las otras áreas de seguridad que se pretenden fortalecer”, precisaron.

Mencionaron que en medio de un contexto nacional donde la política de seguridad se ha caracterizado por implicar violaciones graves a los derechos humanos que también han quedado impunes, y del contexto actual en el estado de Chiapas de criminalización a la migración y a las organizaciones que defienden derechos humanos, aunado a la coyuntura electoral actual, es evidente la manera paulatina en la que se están ampliando las facultades de las fuerzas del Estado y su reforzamiento.

Tal es el caso de la Ley de Seguridad Interior -rechazada por amplios sectores en México y por diversos organismos internacionales-, que ha venido acompañada de nuevos protocolos de actuación del uso de la fuerza por agentes estatales. A estas estrategias, apuntan, se suma la escalada de la militarización en la región fronteriza entre México y Centroamérica, tras el anuncio de la posible instalación de una base de apoyo militar del Comando Sur de Estados Unidos en el departamento de Petén, Guatemala en abril 2017.

Agregan también que esta política de seguridad fallida se vincula con una política migratoria cuya principal preocupación continúa siendo la seguridad nacional por encima de la protección de derechos humanos y de justicia.

Por lo tanto, las organizaciones, redes y colectivos, consideraron que la decisión de reforzar la frontera sur de México, mediante el envío de agentes de la Gendarmería Nacional, pone en grave riesgo la integridad de las personas en contexto de movilidad humana, que sin duda resultará en un nuevo incremento de la violencia, la xenofobia y criminalización de las personas migrantes, refugiadas y quienes les defienden, así como la población en general.

“Por lo tanto, demandamos un replanteamiento del modelo de seguridad de forma integral, de manera que la política migratoria se rija por una visión de derechos y no se subsuma a la seguridad nacional, al mismo tiempo que exigimos se revierta inmediatamente la decisión de reforzar la presencia policiaca en la frontera sur con más elementos de la Gendarmería Nacional”, concluye el llamado que hacen las 84 organizaciones civiles.

 

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