Amenazas, desplazamiento y sangre: el costo de la lucha por el territorio

Amenazas, desplazamiento y sangre: el costo de la lucha por el territorio
Por Raíchali

Sigue nuestra #AlianzadeMedios

Por Raíchali 

 

El peor enemigo de un cacique -explica la activista Isela González- es un pueblo indígena dispuesto a luchar por el reconocimiento de su territorio ancestral. Amenazas, desplazamiento y la vida: el costo que deben pagar las comunidades.

Ese precio lo conocen muy bien los habitantes de Coloradas de la Virgen y Choréachi, quienes en 20 años de batalla legal contra el despojo se han enfrentado a un sin número de agresiones a niñas, niños y adolescentes, violencia sexual contra sus mujeres, cientos de familias desplazadas y, de 2010 a la fecha, el asesinato de nueve personas.

Quedarse callados tampoco es una opción. Ante sus ojos han arrasado con sus bosques, ríos y aguajes; la inseguridad les impide transitar libremente e incluso se les ha limitado el cultivo de sus tierras.

Ambos asentamientos fueron noticia la semana pasada. Choréachi se convirtió en la primera comunidad rarámuri de Chihuahua a la cual se le reconoce el derecho a su territorio. Coloradas de la Virgen se vistió de luto por el asesinato de su líder Julián Carrillo.

Julián Carrillo, ícono de la lucha por el territorio

Dos días después de la noticia de Choréachi, el 24 de octubre, integrantes de la Organización Alianza Sierra Madre recibieron una llamada telefónica: Julián había sido asesinado.

Antes de su crimen, narraron en un comunicado de prensa, Julián huyó a un cerro para informar que varios sicarios lo estaban persiguiendo.

Fue uno de los hijos de Julián quien volvió a comunicarse, desde el teléfono satelital que tienen como parte de las medidas de protección, para informar que había escuchado una balacera y creía que habían asesinado a su papá. Una hora más tarde, se encontró el cuerpo de Julián.

Carrillo Martínez era beneficiario del Mecanismo Nacional de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaria de Gobernación desde febrero de 2014, sin embargo, tardaron 17 meses en otorgarle la protección ya que no se trasladaron a Coloradas de la Virgen por las condiciones de orografía e inseguridad que enfrenta la comunidad.
En décadas de trabajo por la defensa del bosque, acompañó a varios de los líderes indígenas que también han sido asesinados en Chihuahua, entre ellos Julio Baldenegro y su hijo Isidro Baldenegro.

Además de sus compañeros de lucha, En febrero de 2016, Julián presenció a corta distancia el asesinato de su hijo Víctor Carrillo Carillo y sólo libró el ataque porque se encontraba fuera de la vivienda donde sucedió el crimen.

La tragedia no terminó ahí. En julio del mismo año mataron a su sobrino Guadalupe Carrillo, en septiembre de 2017 a su sobrino Alberto Quiñones Carrillo y en julio de 2018 a su yerno Francisco Chaparro.

Organizaciones civiles del país se unieron para denunciar que el riesgo en el que vivía Julián era conocido tanto por la Secretaría de Gobernación, como de la Fiscalía General de Chihuahua, y por ello, su muerte se podía prevenir.

En un posicionamiento conjunto, las organizaciones lanzaron cuatro puntos de acción a las autoridades estatales y federales, las cuales, “bajo las obligaciones internacionales, constitucionales y legales, las autoridades mexicanas tienen el deber reforzado de prevenir, atender, proteger, procesar, sancionar y erradicar los ataques contra personas de derechos humanos”.

Primero: Expresamos nuestro total repudio ante el asesinato de Julián Carrillo Martínez, líder indígena defensor de derechos humanos que estaba bajo la protección del Mecanismo de Protección.

SegundoSolicitamos a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección que agende la revisión urgente del caso y una evaluación sobre el actuar del mismo, en el marco de siguiente reunión ordinaria a celebrarse a los días 30 y 31 de octubre.

TerceroUrgimos a la Fiscalía General del Estado a investigar oportuna y diligentemente el caso, con el fin de identificar a todos los autores materiales e intelectuales, con el fin de procesarles y sancionarles respetando las garantías del debido proceso.

CuartoSolicitamos se revise, a la brevedad, la implementación del plan de contingencia tendiente a la identificación y erradicación de las causas estructurales que permiten los ataques a personas defensoras de derechos humanos, con miras a fortalecer las medidas necesarias para garantizar el trabajo de personas defensoras de derechos humanos colectivos en regiones con alta presencia del crimen organizado y ausencia de las autoridades competentes.

Amenazas, desplazamiento y sangre: el costo de la lucha por el territorio
Por Raíchali

Sin comentarios aún.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Comparta su opinión. Su correo no será público y será protegido deacuerdo a nuestras políticas de privacidad.