Gases invisibles, veneno que nadie registra

Gases invisibles, veneno que nadie registra

¿Un ciudadano común puede tener acceso a información sobre los gases nocivos que genera un pozo al lado de su escuela o una refinería cerca de su ciudad? ¿Quién revisa las emisiones en la extracción de hidrocarburos en México? ¿Cómo se monitorean sus consecuencias ambientales? ¿Hay alguna relación entre esos gases y las enfermedades de una comunidad?

Son preguntas urgentes en un momento en que la reactivación de la industria extractiva de Pemex se plantea como eje detonador del desarrollo económico del país.

Las imágenes de los gases que salen de pozos, captadas por la cámara infrarroja del equipo de Earth Works en Poza Rica, Veracruz, dan miedo. Pero es aún más aterrador comprobar que, por ahora, el gobierno mexicano no tiene posibilidades de responder qué es lo que vemos en ellas.

Lo sabemos después de una amplia revisión hemerográfica, la sistematización de 46 solicitudes de información y los testimonios de la gente de Poza Rica, una de las zonas del país con mayor extracción de hidrocarburos y donde hay instalados pozos que usan fractura hidráulica.

Esta investigación, realizada con el apoyo de la Fundación Boël, Cemda, Fundar y Cartocrítica, documenta las fallas en el sistema de medición y monitoreo de gases contaminantes en la extracción de hidrocarburos, así como la inexistente investigación sobre los impactos en la salud de una localidad. Muestra, además, el aumento en las emisiones de metano, un potente gas de efecto invernadero que contribuye al Calentamiento Global.

¿Qué es lo que hay en esas emisiones que no vemos? ¿De qué tamaño es el costo ambiental y de salud que estamos pagando por el desarrollo económico?

Saberlo, es un derecho de todos.

¿Quién revisa las fugas?

Les llaman “emisiones fugitivas”. Es decir, gases que se escapan en los procesos de exploración, extracción, procesamiento y distribución de hidrocarburos, ya sea petróleo o gas natural. ¿Qué gases son los que salen de ahí? No lo sabemos. Y lo peor es que el gobierno mexicano, tampoco

Texto y video: Daniela Pastrana y Arturo Contreras Camero
Fecha: 14 de febrero 2019

POZA RICA, VERACRUZ.-La imagen, a través de la cámara infrarroja, es dantesca: densas nubes negras y grises se extienden y dan giros encima del pozo, que apenas hace unos segundos se veía inofensivo. De hecho, si no fuera por el olor a huevo que nunca se va de esta ciudad y el ruido de las bimbas, parecería que no está funcionando. Porque a diferencia de la Refinería, aquí no salen llamas de lo alto de las instalaciones. Solo es un veneno incoloro.

Es noviembre de 2017. En Poza Rica hace un día normal. Los niños van a la escuela y los centros de salud lucen llenos. Pero cuando el equipo de Earth Works saca su cámara y comienza a dirigirla hacia los pozos petroleros que hay por toda la ciudad, el cielo que aparentemente está claro se satura de humos que crecen y se alargan.

¿Qué son esos gases? Nadie aquí puede respondernos. Y meses después, sabremos que nadie podrá hacerlo. Porque en México, las instituciones responsables de controlar las emisiones no monitorean ni registran con metodologías claras las “emisiones fugitivas” (o contaminantes que se escapan) en el proceso de exploración y explotación de hidrocarburos.

* * *

Todas las empresas emisoras de contaminantes tienen la obligación de hacer dos trámites: la licencia ambiental única, que es el permiso de instalarse y emitir gases, y la Cédula de Operación Anual, más conocida como COA, un formato para reportar cuantas emisiones hace.

Las COA alimentan el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, a través de dos instrumentos: el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) y el Registro Nacional de Emisiones (RENE).

La diferencia entre ambos es sutil, pero importante: el RENE registra emisiones de cambio climático y las empresas sólo tienen la obligación de reportar sus emisiones cuando son arriba de 25 mil toneladas al año de gases de efecto invernadero. En cambio, el RETC incluye todas las emisiones (también las que no rebasan 25 mil toneladas al año), e incluye emisiones contaminantes en agua y suelo, no sólo de aire. Es decir, tiene un universo más amplio.

Sin embargo, todos los registros tienen el mismo problema de origen: basan sus datos en las COA. Y una COA es algo que cada empresa presenta de manera unilateral.

“Es como la declaración de impuestos, tú presentas tu información y mientras no te caiga una auditoría, Hacienda la da por buena”, dice Manuel Llano, de Cartocrítca.

El marco legal regulatorio para las emisiones contaminantes de la industria está en La ley General de Cambio de Climático (LGCC), la Ley General de Equilibro Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y los reglamentos en materia de registro de emisiones. De ellos se desprende que los organismos encargados de regularlas son el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), creada en 2015 y que concentra varias atribuciones que antes estaban en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Cuando decidimos seguir la pista a los gases de Poza Rica rápidamente descubrimos que es un rastro difícil y que requiere mucha precisión técnica. Así que pedimos ayuda a un grupo de expertos en solicitudes de información, ambientalistas y abogados. La Fundación Heinrich Böll nos llevó a Fundar, Fundar a Cartocrítica y Cartocrítica a Cemda. Durante meses, nos ayudaron a definir y sistematizar medio centenar de solicitudes de información que, para efectos de organización, se dividieron en tres grupos: INECC/Semarnat, Asea y Pemex.

INECC: un inventario hecho con estimaciones

El Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero es una obligación del INECC, pero no tiene una frecuencia fija: las emisiones de fuentes fijas se miden al año, y las que no son de fuentes fijas son cada dos años. Aunque tiene la obligación de hacer pública la información, se presenta como “actualización” y el link del sitio web donde se integra la información tiene documentos incompletos.

En el proceso de la investigación, el INECC fue el menos serio para contestar. Aprovechó cualquier falla en la pregunta para dar largas en sus respuestas. Pero el dato principal que surgió de esas respuestas fue la inconsistencia metodológica para construir un inventario.

En la solicitud 1612100007918, por ejemplo, sobre emisiones que le entregaron estados y municipios. La respuesta incluyó datos de transporte (estimación de la flota vehicular en circulación a nivel municipal) y residuos (encuesta sobre los sitios de disposición final), y “para el resto de las categorías del Art.7 de la LGCC no se recibió información de los Estados y Municipios, ya que se estimaron las emisiones con las estadísticas nacionales”.

“No dudo que el inventario esté construido con estimaciones muy serias, pero sin datos reales de los estados y municipios. ¿Cómo lo están calculando?”, preguntó asombrada Carla Flores, de Fundar, al recibir la respuesta.

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Asea: “¿Emisiones qué?”

La Asea (Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos) fue creada marzo de 2015 y es la encargada de regular los gases contaminantes, por lo que a la pregunta de si existe un procedimiento para el monitoreo de emisiones fugitivas, respondió que no, pero que el emisor lo registra en la COA. De hecho, a pesar de que la agencia está obligada a emitir formatos y lineamientos propios, en prácticamente todas sus respuestas remitió a las COA.

En esta investigación no hubo ninguna respuesta positiva de la Asea. A la pregunta de si Pemex hace verificación o vigilancia y respondieron que no tienen reportes y “no están obligados”; a la solicitud del listado de emisiones en caso de accidentes, contestaron que no la tienen, que no es su obligación, que el emisor debe entregar de forma voluntaria y ellos apenas empezaron. En relación a si los emisores están obligados a presentar esa información respondieron: “Sí”; y en relación a si hay un reporte de esas verificaciones dijeron “no”. La perla de todas las respuestas estuvo en la solicitud 1621100016818, sobre las emisiones fugitivas en caso de contingencias o accidentes. “¿A qué se refiere con emisiones fugitivas?», respondió el enlace.

Al final solicitamos también un listado de las licencias ambientales únicas de Pemex en Veracruz. Nos remitieron a Semarnat. Lo pedimos a Semarnat y respondió que ya no son sus atribuciones, sino de la ASEA.

“Los peor -dice Manuel Llano- es que esta falta de transparencia y de operatividad y flujo de información no sólo es de la autoridad a la ciudadanía sino es interdependencias e intradependencias”.

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Pemex: información inexistente

Pemex es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero en México, así que fue a donde se dirigieron más solicitudes de información, para distintas áreas.

En una de las solicitudes, la paraestatal entregó un html que no está en formato de tabla y resulta ilegible. En otra, al pedirle las bitácoras de información y mantenimiento, que está obligado a tener, entregó 11 discos con COAs. En otros casos dijo que la información es inexistente o reservó la información por cinco años argumentando seguridad nacional.

En la solicitud 1857500042718, a la pregunta sobre la frecuencia con que se realizan mediciones de las emisiones fugitivas de las instalaciones de Pemex Exploración y Producción, respondió que sólo realiza “estimaciones de las emisiones a la atmósfera” y no se realizan mediciones directas.

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Aunque el objetivo inicial de este reportaje fue conocer el registro que hay de las emisiones fugitivas, durante la búsqueda de información fue evidente que, incluso en las emisiones de proceso, no hay un registro eficiente.

Así que si una persona quiere saber cuánto contamina la fábrica de su municipio o la refinería más cerca de su ciudad, no tiene ninguna posibilidad. Después de meses de preguntar, tampoco sabemos qué gases son los que circulan en los pozos extractivos de Poza Rica.

 

El peligroso metano

El metano es uno de los causantes del calentamiento global y el gobierno mexicano se ha comprometido a disminuir sus emisiones, sobre todo reduciendo el venteo y la quema de gases de los pozos petroleros. Sin embargo, el país ignora cuánto de ese gas emiten sus instalaciones petroleras y carece de una estrategia clara para reducir su nivel

Texto: Emilio Godoy y Daniela Pastrana
Imagen: Archivo / Carlos Manuel Juárez
Fecha: 14 de febrero 2019

Jonathan Banks es asesor de políticas climáticas de Clean Air Task Force (CATF) y trabaja directamente con gobiernos, empresas y sociedad civil de todo el mundo para desarrollar políticas y capacidad de reducir la contaminación provocada por metano y carbono negro.

En 2017, fue testigo de la grabación que el equipo de Earth Works hizo con la cámara infrarroja en Poza Rica. En una breve entrevista realizada entonces, planteó una hipótesis que parece de simple sentido común: es más fácil controlar las emisiones fugitivas de gas metano que salen de la industria, que hacer que las vacas caguen menos.

“México podría reducir muchas de sus emisiones si controla las fugas”, dijo el experto estadunidense, convencido de que buena parte de las emisiones que fueron grabadas con la cámara infrarroja sobre los pozos pudieran ser fugas de metano.

El gas metano (CH4, por su composición química: una molécula de carbono por cuatro de hidrógeno) es entre 72 y 86 veces más potente para capturar calor que el dióxido de carbono (CO2), ambos responsables del aumento de la temperatura del planeta.

Este gas invisible atrapa la luz solar y la irradia a la tierra, lo cual deriva en temperaturas más altas. En el aire, las fuentes principales del metano son la obtención de hidrocarburos, la ganadería y la porcicultura (la ganadería vacuna y ovina produce casi una cuarta parte de las emisiones de metano en el planeta) y en menor medida los residuos y la deforestación.

México es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, con tormentas cada vez más intensas, sequías, olas de calor y subidas del nivel del mar.

Por eso, el Estado mexicano y Pemex se han comprometido a disminuir las emisiones de metano ante diversas instancias internacionales. Sin embargo, el país carece de mediciones integrales, regulación y hojas de ruta para alcanzar las metas asumidas.

Compromisos sin mapa

En 2015, en su contribución determinada a nivel nacional (objetivos voluntarios de reducción de emisiones contaminantes) entregada ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, México se comprometió a la contracción de 25 por ciento de emanaciones de metano.

Pemex, por su parte, se sumó en 2014 a la Alianza para la Reducción de las Emisiones de Metano Provenientes de la Producción de Petróleo y Gas (OGMP, por sus siglas inglesas) de la Coalición del Clima y Aire Limpio, que busca fortificar las medidas para reducir las emisiones de metano y el venteo de gas a la atmósfera. También integra la Iniciativa Climática de Petróleo y Gas, lanzada en 2015 y abrazada por 10 de las mayores petroleras del mundo, en la que uno de sus ejes es la baja de las emisiones de metano.

Pero estos ofrecimientos adolecen del camino para llegar a esa suerte de Olimpo ambiental.

Al inicio de esta década, Pemex y las secretarías de Medio Ambiente y Energía diseñaron, con apoyo del gobierno canadiense, una Acción Nacional Apropiada de Mitigación (NAMA, por sus siglas inglesas). La NAMA-MX-001, llamada “Programa de reducción de emisiones en sistemas de procesamiento, transporte y distribución de gas natural a través de la reducción de emisiones fugitivas”, contempla un potencial de reducción entre 1.3 millones de toneladas de CO2 por año. Pero no ha arrancado.

Para Adrián Fernández, director ejecutivo de la Iniciativa Climática México, la reducción de metano es fundamental para alcanzar la meta de estabilizar el aumento de la temperatura planetaria por debajo de los 2 grados centígrados, decidida por los Estados miembros de la cumbre climática de París en 2015.

“La reducción de emisiones es tecnológica y económicamente posible. México debe destacar ahora por la aplicación de medidas climáticas. La disminución de metano ahorrará dinero al país y ayudará a cumplir las metas” adoptadas por México.

Desde 2016, al menos tres estudios han demostrado la viabilidad técnica y económica de disminuir esas emisiones en el sector. Pero es previsible que el aumento de la exploración y explotación de hidrocarburos propiciado por la reforma energética de 2014 incremente los niveles de metano.

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Emisiones al alza

En años recientes, las emisiones de metano de Pemex Exploración y Producción (PEP), filial de Pemex, han aumentado, según datos obtenidos vía transparencia.

En 2016, PEP indicó que sus emisiones de metano totalizaron 641 mil 517 toneladas, lo que representaba un 36 por ciento más que el año previo y más del doble de las registradas en 2013. La mayor parte de esas emisiones (578 mil 642 toneladas) provino de la extracción en aguas marinas poco profundas. En campos terrestres, se emitieron 46 mil 592; en almacenamiento y distribución de hidrocarburos, 10 mil 376; en campos de gas, 5 mil 848; en campos no convencionales, 57 toneladas. Y de acuerdo con los cálculos de PEP, el gas metano reportado en la Región Marina del Noreste es 16 veces más alto que la región sur.

Sin embargo, a partir de 2016, Pemex cambió el esquema de reportar el CO2 y otros gases de efecto invernadero, pues previamente lo hacía por regiones productivas. Esto dificulta cualquier análisis comparativo.

Además, sus estadísticas no concuerdan con las del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), que en 2013 también cambió su metodología de medición de las emisiones.

Un ejemplo: en 2015, PEP calculó 409 mil 740 toneladas del gas; el INECC, en cambio, reportó sólo 7 mil toneladas de metano, aunque el rubro titulado “Otras emisiones” asciende a 32.23 millones de toneladas e incluye también “otras fugitivas”; es decir, aquellas que se fugan de la infraestructura hidrocarburífera.

En todo caso, desde 2001, las emisiones de metano se han comportado de forma oscilatoria, con crecimiento y decrecimiento pronunciados, vinculado al venteo y quema de gas. Es decir, al no aprovechamiento del gas que despide un pozo de extracción de petróleo, el cual, en vez de capturarse y procesarse, se quema.

Desde acuerdo con una base de datos propia, elaborada a partir de solicitudes de información, entre 2012 y 2014 las emisiones aumentaron 329 por ciento, un salto atribuible al incremento del venteo y quema de gas, al carecer Pemex de la tecnología necesaria para capturarlo y utilizarlo.

En 2015, México lanzó a la atmosfera 537 millones de toneladas de CO2 y 157 millones de toneladas de metano, de las cuales 74 millones provinieron del sector agropecuario, 44 millones de residuos; 32 millones del petróleo y gas. El resto se originó en generación eléctrica, la industria y la deforestación.

Ese mismo año, México quemó 5 mil millones de metros cúbicos de gas, que lo sitúa en el octavo puesto mundial, según cifras de la Asociación Mundial para la Reducción de la Quema de Gas, promovida por el Banco Mundial.

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Si Pemex carece de mediciones efectivas de la contaminación por instalación petrolera, ¿cómo puede reducir sus emisiones?

Según fuentes conocedoras, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente prepara ya la normativa sobre el gas, que abarcará fuentes existentes y nuevas, para las emisiones en tierra firme y cubrirá 80 por ciento de las emisiones totales. Ese marco se centrará en la detección y reparación de fugas y prohibirá el venteo.

Para 2025, la meta de achicamiento de emanaciones oscilaría entre 40 y 45 por ciento de las emisiones, según el compromiso adoptado en 2016 por Canadá, Estados Unidos y México de acotar en ese margen el metano proveniente de la industria de petróleo y gas. De materializar ese arreglo, México cubriría 10 por ciento de su compromiso voluntario.

Pero el futuro no es claro. “Si cubrimos el crecimiento de la demanda eléctrica con gas natural, nunca alcanzaremos el pico de emisiones. Seremos un país lleno de promesas incumplidas”, alerta Fernández.

Una ciudad que enferma

Tos, asma, falta de aire y picazón son padecimientos con los que la gente de Poza Rica se ha acostumbrado a vivir; una ciudad que parece tener más pozos que bancos y que creció alrededor de ellos. En la ciudad, como en el resto del país, no se mide ni se tiene ningún registro epidemiológico al respecto.

Texto y imágenes: Arturo Contreras Camero
Fecha: 14 de febrero 2019

POZA RICA, VERACRUZ.- La casa de Mara Elizabeth Céspedes está en la colonia Perlas de Oriente, donde es común ver calles que se llaman Pozo número 17, e incluso que la gente los use como referencia (“De ahí en el pozo, la siguiente calle a la izquierda”). Los pozos han estado ahí desde antes de que la zona se poblara, pero poco a poco la mancha urbana se los fue tragando.

Mara Elizabeth tiene asma, lo padecía desde pequeña, pero el tiempo se lo había amainado. Sin embargo, cuando llegó a vivir a Poza Rica le regresó el achaque. En contraesquina de su nueva casa hay un pozo petrolero de donde se extrae gas natural. Ella no es la única con la enfermedad, en casa vive su nieto de seis años, quien también tiene asma.

“Pues sí nos molesta (el pozo), luego se siente feo, como que nos afecta. Hay días en los que siento que me falta el aire, como que me fatigo más rápido”, asegura la señora, de unos 60 años. “En el hospital me dijeron que respirar eso me afecta, pero qué puede hacer uno, ni modo que me cambie de casa otra vez”.

Cuando uno camina por la ciudad, los comercios, escuelas, farmacias, restaurantes y talleres mecánicos conviven por igual en el paisaje con pozos de extracción. Cómo habría de ser diferente, si la ciudad fue creciendo a la par y gracias a la explotación petrolera. Aquí, tener un pozo en la esquina de la casa o de la escuela, o a la vuelta del centro de salud, es lo más normal. También es usual tener tos, o sentir picazón en la garganta, a pesar de que esto pareciera propio de grandes ciudades donde se reconoce que la contaminación provoca severos problemas de salud.

En los hospitales de esta región del norte de Veracruz se atienden, en proporción, casi la misma cantidad de enfermedades respiratorias que en la Ciudad de México, la megalópolis que lleva más de tres décadas luchando contra la contaminación ambiental. Y su tasa de enfermedades respiratorias (12 enfermos por cada 100 mil habitantes), está muy por encima de ciudades donde se han desarrollado grandes complejos industriales, como Monterrey, de acuerdo con los datos de egresos hospitalarios de 2015 de la Secretaría de Salud federal (los más recientes disponibles).

Pero eso no es suficiente para que los médicos del lugar se preocupen por el problema. En la Unidad de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana, una de las más reconocidas en el Estado, los alumnos no creen que la extracción de hidrocarburos en la ciudad traiga consigo problemas de salud. Los maestros encargados de la investigación epidemiológica de la unidad tampoco consideran que sea importante o significativo hacer un análisis epidemiológico de lo que provocan las enfermedades respiratorias en la región.

En el resto del país, tampoco parece importante.

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Las evidencias de los efectos de la contaminación del aire sobre la salud están sustentadas por descubrimientos médicos sobre los mecanismos de relación entre la partícula y el daño fisiológico. Múltiples estudios indican que la contaminación del aire es un factor potencial de riesgo, en el corto y en el largo plazo, en el desarrollo y agudización de eventos de irritación en los ojos, dolores de cabeza, tos, infección de las vías respiratorias, fatiga, inflamación de las vías respiratorias, lesiones en la corteza blanca del cerebro, desarrollo de enfermedades como el Alzheimer, Parkinson, y Diabetes; también puede ser causante de defectos al nacer, osteoporosis y disminución en la calidad del esperma, entre otras cosas. Los niños menores de cinco años, las mujeres embarazadas y las personas de la tercera edad constituyen los grupos más vulnerables a los efectos de esta contaminación, aunque estos efectos están mediados por el estado previo de salud de las personas, sus niveles de ingreso y los niveles de exposición a los contaminantes, y por su roles de género.

¿Por qué, entonces, las instituciones médicas y de investigación no le han dado prioridad en Veracruz, al estudio de las partículas contaminantes del aire relacionadas con la actividad extractiva, cuando es una zona donde predomina esta actividad?

Es la pregunta que deja el rastreo que realizaron para este reportaje Sandra Gallegos y Alejandro Barroso, investigadores independientes y doctorantes en Ciencias en Salud Colectiva de la UAM Xochimilco.

Entre sus conclusiones destacan que, en México, la frecuencia de información que permita relacionar la contaminación del aire con enfermedades “está condicionada directamente por los desequilibrios con relación a las ciudades, las actividades, las partículas y los efectos sobre la salud estudiados”. Así, mientras en algunas ciudades se han encontrado estudios sobre los efectos de la contaminación del aire en la salud, en otras no aparecen evidencias de investigaciones publicadas. Jerárquicamente se han estudiado los efectos de la contaminación del aire sobre la salud en la Ciudad de México, Ciudad Juárez y Mexicali, y con menor frecuencia en Santiago de Querétaro, Sonora y Veracruz.

Este desequilibrio también ocurre con relación a las partículas, los daños a la salud y las poblaciones estudiadas: “Las actividades contaminantes más estudiadas han sido el uso de los autos y camionetas, el empleo del carbón y leña en los hogares, así como actividades industriales como la producción de energía eléctrica, de hierro, y la ganadería. Sin embargo, hay una subrepresentación en el estudio de la contaminación del aire y sus efectos en la salud, de otras actividades como la quema de desechos, la minería y la extracción no convencional de gas y petróleo (fracking)”.

Como ocurre a nivel mundial, las partículas contaminantes del aire más analizadas en México han sido PM2.5 y PM10, seguidas del CO y el O3, aunque en los inventarios de emisiones contaminantes registrados en los programas oficiales, como ProAire, las emisiones de O3 no aparecen caracterizadas.

Un dato importante es que en el mundo se han encontrado efectos dañinos sobre la salud de sustancias que tienen una baja frecuencia de aparición entre las investigaciones en México, como el Benceno, Etilbenceno, Propano, Metano, Xileno, Tolueno, y Mercurio. Además, en México se han encontrado efectos dañinos para la salud relacionados a otras partículas menos estudiadas como NO2, SO2, NH3, níquel, y cobre. “Esto pudiera estar relacionado, en parte, al vacío de investigaciones científicas que existen sobre áreas que deben ser prioritarias para el caso mexicano, como son el fracking y la minería”.

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En la Universidad Veracruzana de Poza Rica se enseña Enfermería, Odontología, Medicina y Psicología. Justo al lado del plantel, en lo que parece un terreno baldío, una bimba sube y baja continuamente, empujando y sacando un pistón de la tierra que bombea hacia la superficie hidrocarburo.

Cecilia Mendoza, una estudiante de Enfermería que lleva tres cuartos de la carrera, asegura que durante sus prácticas ella no ve un pico inusual de enfermedades respiratorias. “Pues lo normal”, asegura mientras detrás de ella la bimba no deja de subir y bajar. “A los hospitales la gente va mucho porque padecen de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), pero es porque fuman o por la exposición a la contaminación de tantos coches aquí en Poza Rica”, dice.

Para ella, como para muchos, el olor a sulfuro (un penetrante aroma parecido al del huevo podrido) es algo que ya ni siquiera registra. Ese aroma está asociado a las actividades extractivas, sin embargo, es más escandaloso, a diferencia de la fuga de gases como el metano u otros hidrocarburos, que no tienen aroma. “Sí, pues a veces huele fuerte, pero uno está acostumbrado”, dice.

La falta de estudios médicos o epidemiológicos en el país impide saber, por ejemplo, que en ciudades donde hay refinerías, como Minatitlán o Salamanca, las tasas de enfermedades respiratorias superan los 100 casos por cada 100 mil habitantes.

En Poza Rica, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, el 56 por ciento de quienes visitaron un hospital por algún padecimiento respiratorio no tenían más de 10 años.

Nora Aída es maestra de la escuela primaria Venustiano Carranza, que está exactamente a lado de un pozo de extracción, y a menos de 500 metros del Centro Procesador de Gas Poza Rica. La maestra, que vive a unas cuadras, no cree que sea muy seguro tener una escuela ahí.

“Es muy riesgoso trabajar aquí por los gases que emite el pozo – asegura-. En ocasiones yo no sé si les escapen gases, pero hay veces en las que el ambiente es insoportable, hasta hemos tenido que hablar a Protección Civil, para saber qué pasó. Nada más es percibir el aroma del azufre, y a veces otro tipo de gas que no reconozco”.

Entre las reacciones que sus alumnos de primer y tercer grado de primaria presentan está el dolor de estómago, náuseas y mareo; sobre todo “cuando sacan esos gases”.

Fracking no… pero sí

¿México podría convertirse en uno de los pocos países que prohíben el fracking? Según el presidente del país, sí. Pero para sus operadores no está claro. Por lo pronto, el controvertido método es campo de conquista para Petróleos Mexicanos y empresas que tienen campos concesionados para la extracción de hidrocarburos

Texto: Emilio Godoy José Ignacio De Alba

Imágenes: Arturo Contreras Camero

Fecha: 14 de febrero 2019

En julio de 2018, luego de ganar las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México no se usará el fracking para extraer gas o petróleo. Un par de meses después, en San Luís Potosí repitió la promesa. Y el pasado 4 de febrero, ya como presidente en funciones, lo confirmó categórico en su conferencia de prensa matutina:

“No al fracking. Es un compromiso (…) Somos ambientalistas, de verdad. Auténticos”, aseguró, desautorizando a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien un par de días antes había dicho a empresarios que se usaría la última tecnología en la fractura hidráulica. La funcionaria tuvo que dar marcha atrás: “yo nunca lo dije”.

Pero el deslinde no es tan sencillo como un dicho presidencial.

En el presupuesto de 2019, Pemex tiene asignados 6 mil 603 millones de pesos para la exploración y extracción de shale en las cuencas de hidrocarburos de Sabinas, Burro Picachos, Burgos, Tampico-Misantla, Veracruz y Chihuahua, así como en el Proyecto Aceite Terciario del Golfo en Veracruz y Puebla.

La paraestatal tiene 25 asignaciones vigentes para la exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales —que requieren fracking— en seis estados del país, según un informe de CartoCrítica. Además, tiene un contrato (CNH-M5-MIQUETLA/2018) compartido con la empresa Operadora de Campos DWF, S.A. de C.V., para el sondeo y obtención de gas y petróleo shale en un lote situado entre Veracruz y Puebla.

Y este 11 de febrero, apenas una semana después de que López Obrador insistió en que no se usará la técnica en su gobierno, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó una solicitud de Pemex para modificar asignaciones y porder explorar no convencionales usando fractura hidráulica masiva en Veracruz.

En la sesión extraordinaria de la CNH, el comisionado Gaspar Franco Hernández puso el acento en el problema: “Mi voto está dentro del marco legal (…) estamos todos dentro del marco legal”.

 

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Los opositores al fracking argumentan que la técnica es muy agresiva con el medio ambiente y que sus consecuencias no son previsibles. El método consiste en extraer el gas y el petróleo shaleo esquisto alojados en las rocas sedimentarias muy profundas inyectando grandes cantidades químicos tóxicos y agua dentro de la tierra.

La fractura hidráulica deja masivos volúmenes de residuos líquidos que deben tratarse para su reciclaje y de emisiones de metano, más contaminante que el dióxido de carbono, el mayor responsable del calentamiento planetario.

Cada taladramiento requiere de entre nueve millones y 29 millones de litros de agua. Además, los fluidos de fracturación contienen unos 750 componentes químicos, entre ellos varios nocivos para la salud humana y el ambiente, según coinciden organizaciones ambientales y académicos estadounidenses. Una de sus mayores secuelas es la filtración de metano y los desechos hacia los acuíferos.

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La entrega de campos petroleros inició en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, en el marco de la Reforma Energética aprobada en 2013. Pemex subastó y repartió lotes para la extracción de hidrocarburos. Pero la realidad es que desde 1996 se ha practicado la fracturación hidráulica. En los años posteriores se han fracturado 7 mil 879 pozos (casi una de cada cuatro perforaciones petroleras se hizo con esta técnica).

Pemex opera los pozos con empresas privadas bajo la figura de contratos integrales de exploración y producción, mediante los cuales reciben dinero por los trabajos realizados. Para apegarse a los cambios legales de la reforma energética, esos contratos deben migrar a figuras como licencias de extracción o utilidad compartida, autorizadas por la CNH —instancia facultada para convocar a licitaciones de hidrocarburos y de velar por la recuperación de las reservas petroleras nacionales—.

Esa migración ha quedado en el limbo desde diciembre, cuando empezó el sexenio de López Obrador. También se frenó la subasta de campos petroleros. Sin embargo, hay 183 polígonos con potencial para ser licitados y adjudicados en un futuro, identificados por el Plan Quinquenal de Hidrocarburos vigente a noviembre de 2018, una superficie de 53 mil 72 kilómetros cuadrados.

La Administración de Información de Energía de Estados Unidos sitúa a México en el sexto lugar mundial en reservas de gas de lutitas —que sólo se extrae por medio de fracking—. El país se ubica detrás de China, Argentina, Argelia, Estados Unidos y Canadá, con un volumen de 545 billones (millones de millones) de pies cúbicos.

La CNH maneja estimaciones de reservas probables más moderadas, del orden de 81 billones de pies cúbicos, repartidos en seis provincias petroleras.

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En diciembre pasado, la Comisión Nacional de Hidrocarburos canceló la subasta de bloques, programada originalmente para septiembre y pospuesta para este 14 de febrero, dentro de la Ronda 3.3, que ofrecería nueve áreas contractuales, con una superficie promedio de 300 kilómetros cuadrados, ubicadas al norte de Tamaulipas, en la Cuenca de Burgos.

Esos bloques se ubican en el estado de Tamaulipas y totalizan una extensión de 2 mil 700 kilómetros cuadrados, donde se encuentran asentadas 158 comunidades en los municipios de Méndez, Burgos, San Fernando, San Carlos, San Nicolás y Cruillas.

La Secretaría de Energía asignó en 2014 a Pemex los bloques AE-0392-M-Pánuco y AE-0391-M-Ébano, vigentes por 25 años y que abarcan dos polígonos con nueve campos en San Luís Potosí, Tamaulipas y Veracruz, según las fichas consultadas por Pie de Página. Pobladores de las comunidades afectadas han denunciado que Pemex utilizaría fracking para extraer gas shale en esos lotes, aunque Pemex y las autoridades estatales lo niegan. En el caso de San Luís Potosí, ambos polígonos se ciernen sobre los municipios de Ébano, San Antonio, San Vicente, Tamuín, Tanlajás y Tancuayalab.

El 31 de julio último, pobladores de 12 municipios de la Huasteca potosina rechazaron en una asamblea comunitaria la aplicación del fracking en la región. Además unos 120 ejidos y comunidades han prohibido el uso de esa técnica.

Una de las mayores preocupaciones de las comunidades se basa en el riesgo de que la explotación gasífera acapare el agua, en zonas donde el líquido es escaso debido a la sobreexplotación de los acuíferos y los efectos del cambio climático, como la sequía. Además, temen carencia del recurso para su consumo y sus actividades productivas.

El “Compendio de hallazgos científicos, médicos y de medios de comunicación que demuestran los riesgos y daños del fracking, lanzado por primera vez en 2014 por las organizaciones estadounidenses Concerned Health Porfessionals of New York y Physicians for Social Responsability, resume los efectos ambientales, económicos, geológicos, laborales, sanitarios y sociales de la técnica.

¿Hay salidas?

En el 2014, diputados de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza presentaron una iniciativa de Ley General para la Prohibición de la Fractura Hidráulica en la exploración y explotación de hidrocarburos, que terminó engavetada. Desde entonces se han elaborado otras tres iniciativas, que también terminaron archivadas.

Organizaciones civiles han planteado rutas para impedir el uso de la técnica. Una de ellas es el veto legal por parte de la Cámara de Diputados, controlada por el partido Morena.

Otro atajo involucra a la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (Asea), que podría negar su aval a cualquier Manifestación de Impacto Ambiental que involucre la fracturación hidráulica.
En 2017, la Agencia —responsable de vigilar la operación del sector de hidrocarburos —, publicó normas sobre la exploración y extracción de petróleo y gas sale, que imponen medidas a las empresas como verificar la integridad del pozo, aplicar procedimientos para la prevención de escape de gases, revelar la composición de los fluidos de perforación, vetan el venteo de gas y restringen su quema. Pero no define cómo se apegarán los operadores a esas normas.

También, la Secretaría de Energía podría decretar como zonas de salvaguarda para cuidado ambiental la totalidad de las áreas con recursos no convencionales. Y la Comisión Nacional del Agua podría revocar los lineamientos para la autorización del uso de agua para el fracking.

Finalmente, Pemex podría no ejercer y devolver el presupuesto asignado para la exploración y extracción de hidrocarburos mediante la fracturación hidráulica.

Todo ello, sin embargo, requiere de una voluntad política que no sea solo del presidente.

Un comentario en “Gases invisibles, veneno que nadie registra”

  1. Luis Manuel Antonio Vázquez
    3 mayo, 2020 at 19:50 #

    Hola buenas noches disculpe, estoy más interesado en el tema me gustaría saber más del tema en cuanto a los datos de Poza Rica; soy estudiante de Medicina en la UV y estoy realizando mi tesis y me gustaría poder a contribuir de alguna manera, de ante mano muchas gracias.

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