Dos capitanes de la SEDENA vinculados a proceso por muerte de mujer soldado

Foto: Cortesía

Dos capitanes del Ejército Mexicano fueron entregados a la Fiscalía General del Estado (FGE) como presuntos responsables del crimen de la mujer soldado raso, Brenda Orquídea Matuz Chacón, desaparecida el 4 de abril y hallada muerta más de 48 horas después días junto a la prensa Chicoasén.

Ambos capitanes del Ejército, José Antonio “N” y Agustín “N”, estaban arrestados, junto a otros dos soldados, desde el lunes 7 de abril en la base militar de Chicoasén, luego de que fuera hallada muerta la joven mujer soldado de 26 años, originaria de la comunidad Emiliano Zapata, municipio de Cintalapa.

El viernes 5 de abril, Brenda Orquídea Matuz Chacón, junto a dos soldados más de su mismo rango militar, un hombre y una mujer, así como los dos capitanes, tomaron su día franco y convivieron en una bar en la capital del estado.

De regreso a su base militar, la joven mujer soldado ya no amaneció en su dormitorio, y no respondía a las llamadas telefónicas de sus padres quienes le llamaban como cada fin de semana.

El domingo fueron a buscarla a la base militar, ubicada a la orilla de la presa hidroeléctrica de Chicoasén, y pudieron hablar con las cuatro personas con las que su hija había salido a divertirse, sin embargo, tres de ellos referían que la última persona con las que la joven mujer soldado se quedó fue con el capitán Agustín “N”, quien eran a su vez el propietario y conductor del vehículo Seat Ibiza en el que salieron a divertirse el viernes 5.

En todo momento, el coronel Constantino Ramírez Sánchez, dijeron los familiares, intentó obstaculizar las propias investigaciones que hacían los familiares entre sus elementos, es más, estos iban a ser trasladados de inmediato al cuartel de Rancho Nuevo, de no ser porque hicieron público en los medios este crimen e intervino de inmediato la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los cuatro militares fueron arrestados en la propia bases militar en tanto la FGE investigaba los hechos, fue así que el pasado sábado 13 de abril, el Ejército Mexicano entregó a la justicia local, a los dos capitanes implicados, Agustín “N” y José Antonio “N”.

Según la causa penal 139/2009, ambos elementos fueron puestos a disposición del juez Juan Carlos Alfaro Cruz, para que determine la situación legal de ambos inculpados por el delito de Homicidio Calificado. Ambos pues, ya están presos en el penal Número 14 de El Amate, en Cintalapa.

Jesús Matuz Montesinos, padre de la joven mujer soldado, exigió a la justicia chiapaneca que este crimen de su hija no quede impune. Pues su hija, con apenas preparatoria terminada, apenas tenía ocho meses de haber ingresado a las fuerzas armadas, dnde quería hacer carrera militar.

Y aunque no se han dado a conocer detalles de cómo ocurrió el crimen. El examen médico legista hecho en la autopsia encontró fractura de cuello.

Versión oficial de la FGE

Agustín “N” y Juan Antonio “N” son investigados por el homicidio calificado en agravio de Brenda Orquídea Matus Chacón.
• La causa de muerte se debió a fractura luxación de vértebras cervicales, provocada por acción violenta en la cabeza.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La Fiscalía General del Estado informa que policías ministeriales cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de los ciudadanos Agustín “N” y Juan Antonio “N”, quienes son investigados en la Carpeta de Investigación 012-079-0405-2019 iniciada por los hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado, en agravio de quien respondiera al nombre de Brenda Orquídea Matus Chacón, de 28 años.
Ese mandato de captura fue previamente estudiado y concedido por un Juez de Control con residencia en penal “El Amate”, dentro de la causa penal 136/2019, estableciendo que estaban reunidos todos los requisitos que establece la Constitución Federal para detener a estas personas y presentarlas ante la autoridad jurisdiccional para que se les formule la imputación y respondan por los hechos.
Tan pronto como fueron presentados ante el Juez de Control, de inmediato se abrió audiencia inicial, en la que la Fiscalía sustentó imputación por los hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado, señalándolos como probables autores de la privación de la vida ocurrida el día 6 de abril del presente año, a las 03:00 horas aproximadamente, en el embarcadero de la presa Chicoasén en el municipio de Osumacinta, según lo establecen las primeras investigaciones, ya que de las entrevistas realizadas a testigos y pruebas periciales, ha quedado en claro que la víctima fue vista por última vez con los inculpados, con quienes estuvo por espacio de 30 minutos en ese lugar, con quienes se encontraba en estado de ebriedad, dado que empezaron a ingerir bebidas alcohólicas desde el día anterior a las 15:00 horas.
Clínicamente la causa de la muerte se debió a fractura luxación de vértebras cervicales, provocada según el experto en medicina forense, por acción violenta en la cabeza; dos días después de haber sido vista con vida por última vez, es decir, el 8 del actual, a las 07:00 horas, fue encontrado el cuerpo sin vida flotando en las márgenes del embarcadero; y, sólo presentó un golpe en frontal parietal derecho, producido por objeto liso y duro, esto concatenado a que en la cajuela de un vehículo relacionado con los ahora ya detenidos, se encontraron pertenencias personales y otros indicios que establecen que el cadáver fue ocultado y después arrojado al río; el vehículo presenta un pequeño hundimiento en la cajuela el cual corresponde al golpe de la parte frontal de la víctima.
Por otra parte, de acuerdo con la necropsia de ley, el cadáver no presenta agua en pulmones y estómago, lo que permitió que flotara, siendo estos datos científicos de que la víctima no falleció por ahogamiento.
Tras formular la imputación en la audiencia y solicitar la vinculación a proceso, los imputados se acogieron al término constitucional de 144 horas, por lo que se señaló las 10:00 horas del 19 del actual para que el Juez de Control determine la situación jurídica de los inculpados y establezca en su caso una medida cautelar y el plazo de investigación que en ningún caso puede ser superior a seis meses.
Durante todo el proceso legal Agustín “N” y Juan Antonio “N” han estado legalmente asistidos de abogados y se ha respetado el debido proceso con la intención de proteger los derechos humanos de los señalados como autores, pero al mismo tiempo, con la finalidad de cuidar la legalidad de la investigación para esclarecer los hechos, que no exista impunidad, que se condene al pago de la reparación integral del daño y que los responsables sean sancionados.

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