Éxodo migrante, evidencia incapacidad del gobierno mexicano: ong´s en informe

Estás en tu casa, hermano migrante – Por Darinel Zacarías (3)

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, conformado por una red de organismos defensores de los derechos humanos, dieron a conocer hoy a seis meses del éxodo migrante en la frontera sur, el gobierno mexicano fue rebasado en todas sus capacidades y evidenció la ausencia de mecanismos y protocolos para atender una crisis humanitaria que primero debería reconocer.

En el marco de la presentación del “Informe del monitoreo de derechos humanos del éxodo centroamericano en el sureste mexicano: octubre 2018-febrero 2019”, la red de organismos civiles denunciaron hoy la nula sensibilidad de servidores públicos e instituciones públicas para atender el flujo migratorio que se agudizó en los últimos meses.

En el documento de más de 70 páginas, la red de apuntó que las personas desplazadas forzadamente desde Centroamérica salen y seguirán saliendo de sus países de origen, mientras persistan un contexto social, político y económico de represión, corrupción, violencia, pobreza y despojo que les niega las oportunidades para sobrevivir y llevar una vida digna.

Y que estas personas seguirán buscando diversas estrategias y rutas de tránsito por territorio mexicano, en tanto las medidas de contención, falta de atención humanitaria y condicionamiento a la detención del anterior gobierno; y algunas acciones puntuales del nuevo gobierno bajo un enfoque de “migración ordenada, segura y regular” no han dado respuestas integrales a sus necesidades y garantías de respeto y protección de sus derechos humanos.

Dijo que prueba de ello son algunos hechos y acciones que han afectado a las personas que transitan en los grupos del Éxodo y hacia organizaciones y personas que han acompañado como defensores de derechos humanos.

Destacó que, por ejemplo, la implementación de medidas coyunturales, a corto plazo, y con limitada claridad y transparencia como el “Programa emergente de emisión de tarjetas de visitante por razones humanitarias” que al generar un efecto llamada conllevo a la saturación de la resolución de los tramites, la agudización de la crisis humanitaria y favoreció un contexto de mayor riesgo por las acciones violentas de rechazo y xenofobia hacia las personas migrantes y defensores de derechos humanos en los dos lados de la frontera.

Por otro lado, también les resulta preocupantes las acciones gubernamentales de hostigamiento, detención y deportación tanto a personas migrantes organizadas, como a defensores de derechos humanos y personas acompañantes del Éxodo, así como la progresiva regeneración de redes de interés especulativo, engaño y mercado ilegal de servicios y documentos para migrantes, que en anteriores ocasiones se ha demostrado que están articuladas por intermediarios, miembros del crimen organizado y servidores públicos corruptos.

“Ante estas y otras acciones mencionadas a lo largo del informe que vulneran los derechos humanos de miles de personas que transitan por México de forma individual, familiar y colectiva en el marco del Éxodo Centroamericano, y dada la gravedad y magnitud de la emergencia humanitaria que conlleva; a partir del trabajo de sistematización del Colectivo en la región sureste de México, hacemos una serie de recomendaciones y llamados a diversos actores para asegurar el respeto, garantía, protección y promoción de los derechos humanos de las personas que buscan establecerse dignamente en el país, acogerse a los mecanismos de protección internacional o transitar de forma segura hacia la frontera norte para solicitar asilo en Estados Unidos”, dice el documento.

Recomienda a las instituciones del Estado mexicano Desarrollar una política integral en materia de migración y asilo. Es decir, que el gobierno federal debe generar políticas apegadas a los estándares internacionales, así como respetar las existentes, con la finalidad de garantizar, promover, respetar y proteger los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.

Piden implementar mecanismos de transparencia que aclaren cuáles son las opciones que tienen las personas para regularizar su estancia en el país, o bien para seguir su camino de manera segura. Armonizar las leyes y políticas para el respeto de los derechos humanos: Urge la revisión, modificación y/o derogación de contenidos de la legislación migratoria inconstitucionales como el plazo de 30 días para solicitar refugio, y aquellas leyes que perpetúan un paradigma basado en el control, detención y deportación de las personas

Demandan también cesar el hostigamiento, la intimidación y la detención de personas migrantes. Pues si bien los cuerpos de seguridad pública deben velar por el orden y funcionamiento de los servicios, de ningún modo deben responder con el uso de la fuerza contra grupos conformados por personas en situación de extrema vulnerabilidad y con necesidades de protección internacional.

Destacaron que la presentación/detención de personas en condición irregular solo puede realizarse por el Instituto Nacional de Migración y debe ser una medida de último recurso.

Por el contrario, refieren, las instituciones gubernamentales deben disponer de todas las capacidades para prevenir situaciones que coloquen a las personas en riesgo de ser víctimas de secuestro, extorsión y trata.

Es por eso que piden también establecer un sistema/protocolo federal de atención humanitaria integral. Pues ha quedado claro queel Éxodo de centroamericanos evidenció la falta de protocolos en los distintos niveles de gobierno para dar una respuesta humanitaria efectiva. Aunque es un fenómeno que sorprendió y rebasó las capacidades individuales de instituciones y organizaciones; la movilidad humana de carácter forzada se ha dado históricamente en la región.

Señalaron que es urgente que se trabaje en protocolos interinstitucionales con respuestas integrales que puedan resolver las problemáticas que representan las migraciones en masa, tanto a nivel de las personas que migran, como de la sociedad que les acoge.

Los organismos pidieron en el informe que se coordinen los tres niveles de gobierno. Que se debe mantener una coordinación que les permita accionar siempre con la misma información y líneas de atención.

Que el gobierno federal debe tomar el liderazgo y no delegar en los gobiernos estatales y municipales las obligaciones que le corresponden para que se lleven a cabo las medidas que garanticen un tránsito con goce de derechos, así como el acceso a una vida digna y protección a la integridad física y emocional.

Indicaron que es importante no cerrar el diálogo y seccionarlo, sino generar espacios de vinculación e intercambio que permitan retroalimentar desde las diferentes visiones y percepciones de la problemática.

“Lo anterior en pro de mejorar y dar soluciones adecuadas, integrales, incluyentes, y que fomenten cambios estructurales. Sin embargo, como acción inicial para generar confianza, urgimos a que se brinden todas las garantías de protección, reconocimiento y no estigmatización a la labor de las y los defensores de derechos humanos”, dice el documento presentado hoy.

Sugieren que se requiere abordar las necesidades particulares de cada persona y familia en condiciones dignas. Recomendaron al Estado mexicano no ignorar las causas particulares por las que cada persona sale de su país, ya que consideramos se ha invisibilizado en la mayoría de los casos la petición de refugio por causas como la seguridad y violencia de género.

Y que dado el elevado número de niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados que transitan en el Éxodo, es fundamental el respeto a su interés superior para hacer valer y respetar sus derechos, así como brindarles un trato que haga prevalecer su dignidad y su seguridad.

Exhortaron a que se respete la no separación de las familias, el principio de no detención migratoria, así como el cese de las deportaciones que violan el derecho a recibir protección internacional a niñas, niños y adolescentes.

Recomendaron también mantener a todo el personal de las diferentes instituciones de atención a personas migrantes y solicitantes de asilo, capacitado en un enfoque de derechos humanos con el objetivo de que puedan brindar una atención sin discriminación y culturalmente apropiada.

“Entendemos que existen carencias dentro de las instituciones que van más allá de la voluntad del personal, por lo que se requiere un cambio estructural en el que prime el análisis de las situaciones, modelos y lineamientos a seguir de acuerdo a la particularidad de los flujos y perfiles migratorios”, refieren.

Mencionaron que el Estado en su conjunto tiene la obligación de favorecer la convivencia y combatir la discriminación por sus efectos de segregación, exclusión, violencia y limitación del acceso a los derechos y libertades a las personas. Por tal razón es importante generar acciones inmediatas de sensibilización y prevención de violencia xenófoba principalmente en las localidades de tránsito del Éxodo.

Y que es importante que se garantice el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la CNDH, las recomendaciones de la CIDH y del Comité de Trabajadores Migratorios en relación con la protección de las personas migrantes en Éxodo.

En este sentido, recomendaron a la CNDH y las Comisiones estatales de Derechos Humanos mantener la labor de acompañamiento, vigilancia y monitoreo al tránsito de los diferentes grupos del Éxodo y a la situación de las personas detenidas en Estaciones Migratorias.

Asimismo, urgieron la investigación y sanción de hechos de corrupción y violaciones de Derechos Humanos por parte de servidores públicos y recomendaron a las Instituciones gubernamentales de la región mesoamericana y a la comunidad internacional reconocer que la migración y los desplazamientos forzados responden a un contexto de violencia, pobreza y desigualdades sociales.

“El Éxodo de migrantes centroamericanos es consecuencia de las condiciones estructurales de empobrecimiento, débil institucionalidad democrática, altos índices de corrupción, violencia generalizada, desigualdad, falta de empleos, así como de la ausencia de gestión de riesgos ambientales y políticas públicas que no permiten a las personas vivir en condiciones dignas y seguras enfrentándolas al desplazamiento forzado en todas sus dimensiones. Estas condiciones son vigentes en los países centroamericanos, y se extienden hasta la frontera sur de México e incluso en todo el territorio nacional”, dice el informe.

Es por eso que pidieron que se reconozca las causas profundas y estructurales del desplazamiento forzado por parte de los gobiernos de Centroamérica, Mexico y Estados Unidos, para después garantizar una articulación y coordinación entre sectores y países para una respuesta adecuada e integral.

A la población en general pidieron  promover acciones de solidaridad y una cultura de hospitalidad.

“Es necesario que como sociedad nos solidaricemos con las personas migrantes, refugiadas y todas aquellas que se ven forzadas a dejar sus lugares de origen en busca de una vida digna, y promovamos desde nuestros entornos, muestras de empatía compartiendo a medida de sus posibilidades con quienes caminan, promuevan espacios de acogida y ayuda humanitaria para construir y fortalecer una cultura de hospitalidad en nuestras comunidades”, dice el documento.

Pidieron a la sociedad en general a informarse sobre las causas por las que las personas se ven forzadas a migrar y a conocer sus experiencias a través de los propios testimonios de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, así como a acercarse a las organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos para conocer más acerca de nuestra labor.

El colectivo lo conforman American Friends Service Committee – Oficina regional para América Latina y el Caribe Centro de Derechos Humanos Bety Cariño A.C., el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C., el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., el Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec A.C., el Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello A.C., Formación y Capacitación A.C. Iniciativas para el Desarrollo Humano A.C., Medicos del Mundo España y Francia Red Jesuita con Migrantes – Centroamérica y Nortemaerica, Servicio Jesuita a Refugiados, Una Mano Amiga en la Lucha contra el Sida A.C. y Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C.

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  1. Nacional/Internacional: OSC presentan el “Informe del monitoreo de derechos humanos del éxodo centroamericano en el sureste mexicano: octubre 2018-febrero 2019” | Blog SIPAZ - 3 mayo, 2019

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