Represiones en Tabasco anteceden a “Ley Garrote”

Represiones en Tabasco anteceden a “Ley Garrote”

En lo que va del año, el Comité de Derechos Humanos de Tabasco documentó y acompañó al menos siete casos de represión en manifestaciones. Ese es el contexto en el que el Congreso tabasqueño aprobó la modificación de los artículos 308 bis y 196 bis del Código Penal, que de acuerdo con defensores de derechos humanos pone en riesgo el derecho a la libre manifestación

Texto: María Ruiz de Pie de Página
Foto: Queso / Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social

En lo que va del año el gobierno de Tabasco reprimió al menos siete manifestaciones, según información del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (CODEHUTAB). La primera represión documentada fue en enero, cuando un grupo de burócratas bloqueó una avenida en Villahermosa en protesta por cambios impuestos a sus tarjetas de despensa y 200 policías desalojaron a los manifestantes.

La última fue el 8 de julio:

“Padres de familia se inconformaron porque sus hijos no quedaron en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, mandaron 300 antimotines. No había ni 100 manifestantes” cuenta Leonor Ramírez, directora de CODEHUTAB.

Ese es el contexto en el que este lunes, el Congreso de Tabasco reformó el Código Penal con una redacción ambigua que, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, podría usarse para legitimar la reprresión en manifestaciones.

Leonor Ramírez acompañó de enero a julio varios de los casos. Recuerda uno en el que una empresa exploró pozos abandonados en Macuspana, lo que ocasionó daños en la comunidad. Los pobladores cerraron el paso a los trabajadores.

“Esta modificación al Código Penal de Tabasco es precisamente para quiénes hagan este tipo de manifestaciones”, señala la activista en entrevista telefónica.

Para ella, los cambios aprobados por el Congreso legalizan la represión: “es como preparar el terreno a lo que viene, recordando que está el proyecto de Dos Bocas”.

Está preocupada. Dice que muchas de las manifestaciones se han dado por el tema de los impactos ambientales y que el gobierno de Tabasco tiene antecedentes de represión y encarcelamiento a opositores.

“Hemos acompañado a gente con denuncias en la fiscalía; casos donde mandaron a antimotines a manifestaciones de madres pidiendo mejores aulas para sus niños. Esa fue hace como dos meses, en la comunidad de Ixtacomitán. En la ranchería La Corregidora se mandaron antimotines y se detuvieron a dos personas. En Montelargo hubo 4 personas denunciadas por empresas. Con estas reformas vemos que el gobierno está de lado de empresarios sin importar qué pase con los ciudadanos”, expresa.

TABASCO HOY@TabascoHOY


Exigen padres de familias que se construya una escuela en y realizan bloqueo, antimotines llegan a desalojarlos.

Video insertado

El CODEHUTAB lleva 30 años de trabajo en defensa de derechos humanos en Tabasco. Surgió en las luchas de defensa del medio ambiente con los problemas y afectaciones a las comunidades por parte de Pemex; en esas primeras luchas estuvo activo el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, menciona la directora de la asociación.

Proceso opaco

Este lunes, el Congreso de Tabasco aprobó con 24 votos a favor y uno en contra el dictamen de las reformas y adiciones al código penal. La iniciativa la presentó el gobernador, Adán Augusto López. Las reformas a los artículos sanciona con 13 años de prisión a quienes “impidan o traten de impedir, por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras públicas y privadas”.

La iniciativa se conoció desde el viernes 26 y durante el fin de semana, las reformas al Código Penal en Tabasco se viralizaron hasta llegar a ser trending topic con el hashtag #LeyGarrote. Según Leonor Ramírez, esto presionó al Congreso de Tabasco y los legisladores argumentaron que las modificaciones son para evitar extorsiones que sindicatos acostumbran hacerle a empresas.

En ese mismo sentido habló este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Conferencia matutina del presidente, lunes 29 de julio 2019

“No es para reprimir libertades, es para que no haya sobornos, que no se instaure el moche como forma de gobierno”, dijo el presidente en su conferencia matutina.

También el gobernador Adán Augusto López Hernández, expresó que estas modificaciones “acabarán con el reino de la impunidad” de la extorsión y el chantaje que condicionó operaciones de empresas privadas, de Pemex e incluso de CFE.

Pero a Leonor Ramírez el argumento de los políticos le causa dudas:

“Se nos hace raro porque siempre han negociado con estos tipos de sindicatos, además, ¿ quiénes aprueban estos sindicatos? Ahora salen con su discurso de que es solo para sindicatos, obvio que no, las represiones anteriores dan cuenta que lo que no quieren es que la gente se inconforme, se manifieste o diga en dónde están siendo vulnerados sus derechos, eso es lo que quieren en realidad. Este discurso sale a raíz de la molestia, de que no están bien vistas las modificaciones”, dice.

Para Luis Knapp, integrante del área legal de Artículo 19, el proceso legislativo fue opaco, sucio y nada transparente. Y tiene problemas tanto de forma como de fondo:

“El documento de la iniciativa no se subió a la página del Congreso. Yo lo busqué dos veces el fin de semana y no estaba. La iniciativa se presentó el 24 de julio por el ejecutivo local y el 26 de julio se aprobó en comisiones el dictamen, que es de lo que nos enteramos el fin de semana. En redes anunciaron que iban a sesionar a partir de las 11 de la mañana pero el link que puso el Congreso no dirigía a la sesión en vivo. Este problema de forma habla de una falta de pulcritud y transparencia de un espacio que debe ser abierto al debate y a la participación ciudadana”

En cuanto al fondo, Knapp menciona que la redacción del dictamen aprobado el viernes es muy ambigua, lo que se presta a interpretaciones arbitrarias:

“Quedó un artículo que refiere que quién carezca de facultad legal y trate de impedir, por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras, ya sea públicas o privadas, amerita prisión o multa. Como sucede en el país, si una empresa o el gobierno tratan de ejecutar un obra pública o privada y con esta obra afecta el medio ambiente o la propiedad de alguna persona, si las personas salen a protestar, esto ya sería motivo de un proceso penal” explica el activista.

El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social se pronunció públicamente en contra de estas reformas y denunció que criminalizan la protesta social. En un comunicado pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos de Tabasco que impugnen las normas aprobadas por el Congreso.

FLEPS |Frente por libertad de Expresión y Protesta@Frente_Libertad

COMUNICADO del FLEPS ante el contenido de la que criminaliza y menoscaba el ejercicio de derechos como la y http://libertadyprotesta.org/wp-content/uploads/2019/07/ley_garrote_comunicado_fleps_2019.pdf 

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“Respecto a los gobiernos locales hemos visto que siguen excediendo sus funciones, lo vimos en Jalisco este fin de semana. Nos preocupa que a partir de lo sucedido en Tabasco otros estados pretendan meter estas iniciativas de leyes e impacta mucho lo que dijo AMLO, que apoya las manifestaciones que tienen una causa justa, ¿quién define cuál es justa y cuál no?”, cuestiona Knapp.

La importancia de la protesta, dice el abogado, radica en que es una herramienta de expresión en contra de injusticias o de impunidad cuando los canales institucionales están cerrados o no funcionan:

“A través de ella las personas tienen una herramienta de expresión, para que madres y padres de personas desaparecidas exijan que autoridades hagan su trabajo, para que no haya más tortura, para que haya seguridad, es una herramienta fundamental de la sociedad ante la omisión de las autoridades” por lo que es un derecho fundamental.

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