Presentan propuesta de Ley que busca terminar con la criminalización del aborto en Chiapas

Presentan propuesta de Ley que busca terminar con la criminalización del aborto en Chiapas

* Esta propuesta buscar terminar  el clima de confusión e incertidumbre jurídica entre el personal de salud y de procuración de justicia, sobre la legalidad de la interrupción del embarazo en los supuestos establecidos por la ley.

Yuliana del Carmen Cruz López y Guadalupe Monserrat Contreras Díaz, quienes fungieron como diputadas por un día en el  9º Parlamento  Juvenil “Rosario  Castellanos” en el Congreso del Estado, presentaron  una  propuesta conjunta de iniciativa de Ley de Salud Mental para el Estado de Chiapas y el Decreto para reformar los artículos  178, 179, 180 y 183 del Código Penal para el Estado Chiapas, esto con el objetivo de aumentar causales en la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Cruz López y Contreras Díaz mencionaron que Chiapas se ha colocado como el estado con mayores índices de pobreza y pobreza extrema con una inmensa brecha de desigualdad para costear un proceso de atención a la salud mental, lo que incrementa los índices de violencia cometida en contra de las mujeres.

En este rubro, Chiapas se ubica entre los primeros ocho estados con mayor número de defunciones por suicidio en su mayoría de adolescentes y jóvenes entre los 15 y 29 años de edad, aumentó el consumo de drogas ilegales en población de 12 a 25 años, ocupa  los  primeros  lugares  a  nivel  nacional  con  un  mayor  número  de  población  con limitaciones en la actividad mental, para moverse, ver, escuchar, hablar y comunicarse, para  atender  el  cuidado  personal  y  para  poner  atención  o  aprender.

Por tanto, Cruz López manifestó que la entidad no cuenta con una Ley de Salud Mental, que tenga el objetivo de regular las bases y  modalidades  que  garanticen   el  acceso  a  los  servicios  de  salud  mental  a  toda  la población del Estado, con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

Asimismo, dijo que es necesario establecer mecanismos  adecuados  para  la  promoción,  prevención,  evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y fomento de la salud mental en instituciones de educación, procuración de justicia   y salud pública,  así́ como  para personas físicas o morales del sector social y privado, que coadyuven en la prestación de servicios en salud mental.

A su vez,  a  través  de  Contreras Díaz y  a  casi  10  años  de  las  últimas modificaciones del Capítulo IV del Código Penal en materia de derechos humanos y acceso de las mujeres a la interrupción del embarazo en los servicios públicos de salud, se propuso reformar los artículos 178, 179, 180 y 183 que permite renunciar a la criminalización del personal de salud que brinda  atención médica convencido de que el aborto es un servicio médico que garantiza los derechos humanos de las mujeres y el acceso a una vida libre de violencia, por lo que quedaría de la siguiente forma.

• Artículo 178.- Comete el delito de aborto quien cause la muerte del producto en cualquier momento de gestación, sin el consentimiento de la mujer embarazada.
• Artículo 179.- Se deroga.
• Artículo 180.- Al personal médico, médicos cirujanos, de enfermería, comadronas o parteras,  y  demás  personas  que  intervengan  en  la  práctica  del  aborto,  sin consentimiento de la mujer menor o mayor de edad, la sanción será de 3 a 6 años y si mediare violencia física o moral, de 6 a 8 años de prisión, con suspensión de la profesión, cargo u oficio, por el término de la duración de la pena. Para el caso de menores se requiere el consentimiento de madre, padre o persona tutora.
• Artículo 183.- Se deroga.

Ambas participantes comentaron que estas modificaciones permitirán accionar de manera oportuna y eficaz el artículo 35 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como de la NOM-046-SSA2- 2005.